La crisis de la sociedad de la Restauración (1917-1930)

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"


Manuel Tuñón de Lara[1]


Los ritmos pausados con que España se despereza al comenzar el siglo XX se trocarán desde el tercer decenio del mismo en otros muchos más acelerados y. a despecho de la “corteza” de Antiguo Régimen que cubría al país, la realidad irá imponiendo muchos más rasgos de modernización. A partir de 1917 una serie de crisis van conmoviendo a la sociedad española, Se trata, en primer lugar, de una crisis de hegemonía -o ideológica-, que arrastra la del sistema de partidos, y ambas conducen a una verdadera crisis de Estado. Pero todo esto, que tiene raíces hondamente estructurales, se presenta con ocasión de una coyuntura, la de la primera guerra mundial desatada desde los primeros días de agosto de 1914.
En efecto, una guerra en la que España no participó, la de 1914-1918, ha condicionado toda su historia contemporánea; súbitamente, y sin quererlo, se encontrará inmersa en los grandes dilemas de la sociedad del siglo XX.
LA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. SALARIOS Y BENEFICIOS
La guerra dislocó el mercado mundial; las principales potencias pasaron a ser beligerantes y se convirtieron de exportadora en clientes de ilimitada demanda a los países neutrales como España. Como consecuencia, los precios de las materias primas, productos industriales básicos, mineros e incluso alimenticios subieron de manera vertiginosa; las compañías de navegación consiguieron beneficios fabulosos... Todo esto sin referirnos al mercado negro y a los negocios más o menos turbios que florecían al socaire de la guerra en las grandes capitales españolas. Ni que decir tiene que los beneficios de las empresas de los productos y servicios citados fueron exorbitantes; en duro contraste con la penuria de los que vivían de salarios y sueldos o de cualquier renta fija -pequeños rentistas, pensionistas, etc.- El profesor Pabón comentaba así aquella situación: “los asalariados -obreros, empleados, funcionarios-, todos los que basaban sus ingresos en una renta fija, no podían vivir. El desnivel de favorecidos y perjudicados formaba en los segundos la conciencia de la injusticia y sembraba en sus almas un creciente rencor social. El problema, envenenado por la guerra, llenará la vida de la España de estos años y de los años venideros”. [Jesús Pabón: Cambó. 1876-1918, Barcelona, 1952, pp. 437-438]. Entre los factores principales de esa coyuntura de alta conflictividad pueden señalarse la acumulación de beneficios, los cambios demográficos y de estructura de ocupación profesional -en primer lugar, el desplazamiento de parte de la población agraria hacia la industria y los servicios concentrados en las ciudades- y el contraste entre beneficios y salarios reales, que puede comprenderse con la lectura de los siguientes datos: entre 1914 y 1920 -tomando como base 100 para el año 1913- los salarios nominales subieron hasta un índice de 179,3, los beneficios empresariales hasta otro de 214,0 y los precios hasta un 227,6. Si sobran los comentarios, pueden, en cambio, añadirse algunos datos: entre 1916 y 1920 se crearon 3.486 sociedades anónimas con un capital de 4.427 millones de pesetas. De aquellos años datan el Banco Central, el Banco Urquijo, la Compañía General de Carbones, la Babcock and Wilcox, la Auxiliar de Ferrocarriles en su nueva forma, la Compañía Transmediterránea de Navegación -del grupo de March-, la Ibérica de Construcciones Eléctricas, la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo del grupo Sota... En 1920 nace la minera Los Guindos, presidida por José Luis Oriol, pero con capital alemán; en el mismo año, y como secuela financiera de la Gran Guerra, se crea la multinacional de electricidad CHADE, presidida por Comillas, con Cambó de vicepresidente. Se asiste, igualmente, a una rápida progresión de la potencia eléctrica instalada, consolidándose este sector empresarial. En cuanto a las navieras, tan sólo en Vizcaya se crearon 52 nuevas compañías.
No es posible, dentro del limitado espacio de que disponemos, abundar más en el panorama económico de estos años, que termina en una crisis mundial y coyuntural, que alcanza de pleno a España en 1921 y 1922. La recuperación se inicia tan sólo en 1923. Apuntemos que las variaciones del consumo y la expansión de viejas industrias dieron lugar a lo que Maluquer de Motes ha llamado una “modernización de la estructura industrial” -transformados metálicos, material eléctrico, papel, cemento, material de transportes, así como las ya citadas en torno a construcción en aglomeraciones urbanas-. Todo ello supuso un aumento considerable de aplicación de la energía eléctrica.
El producto agrario español aumentó considerablemente, con lo cual queda desmentida la afirmación tópica del estancamiento agrario. Y eso, a pesar de que, por vez primera, los desplazamientos demográficos del campo a las ciudades cambian notoriamente la correlación entre población activa del campo y las ciudades; el porcentaje de población activa agraria había disminuido hasta el 57% del total cuando se confecciona el censo de 1920, es decir, 10 puntos desde 1910. Bien es verdad que la emigración a América quedó prácticamente cerrada durante la guerra pero, en cambio, se produjo una fuerte corriente emigratoria hacia Francia durante los mismos años, principalmente en zonas del País Valenciano y de Murcia.
La manifiesta disparidad entre salarios y beneficios y entre signos manifiestos de nivel de vida favoreció, sin duda el crecimiento e implantación de las organizaciones obreras, ya como actitud de simple protesta, ya como afianzamiento de lo que podría llamarse conciencia de clase. Que la UGT pasara en tres años de menos de 100.000 afiliados a 240.000, el PSOE de 15.000 a más de 50.000 y que la CNT iniciase una progresión vertiginosa hasta alcanzar los 650.000 en 1919, son signos netos de este cambio “subjetivo” de los trabajadores. En Barcelona, la tasa de afiliación sindical de la CNT sobre el censo laboral era ya del 50% en 1919, y la de UGT en Madrid, del 30%. Pero antes de entrar en las repercusiones que la Gran Guerra tuvo en la conflictividad social española, conviene aludir a la politización, no siempre muy rigurosa, que los grupos políticos hispanos hicieron de la contienda mundial. Una vez que se convencieron de que el equilibrio de fuerzas beligerantes ante el Estado español, así como la debilidad militar de éste, le obligarían a mantener la neutralidad, se envolvieron en las banderas beligerantes, en un caso de simplificación ideológica, haciendo de las potencias centrales o germánicas el paradigma de la autocracia y el militarismo, y de los aliados, el de la democracia -aunque entre ellos se contase la Rusia zarista-. Se adelantó Dato, jefe del Gobierno en 1914, a declarar la neutralidad española; desde la oposición, Romanones y Lerroux declararon sus simpatías por los aliados. Su planteamiento de identificar la causa aliada con la de la libertad y la democracia, fue muy bien acogida por la mayoría de los medios intelectuales.
En cuanto al Partido Socialista pidió en los primeros momentos “la más estricta neutralidad”. Esta postura fue notablemente matizada en un documento común del PSOE y de la UGT en el que se explicaban las razones de su opción a favor de la neutralidad; ello no implicaba negar sus simpatías hacia aquellos “cuya victoria sería beneficiosa para la causa de los pueblos”, sino reconocer, pura y simplemente, que España no estaba en condiciones materiales de entrar en guerra. Persistieron, pues, en el seno del PSOE dos corrientes: la aliadófila y la neutralista que se manifestaron en el Congreso del PSOE de 1915, cuyas resoluciones mayoritarias fueron favorables a los primeros.
En resumen, el debate entre aliadófilos y germanófilos cubrió en líneas generales la discusión entre izquierda y derecha en toda España, empezando por los mítines multitudinarios como los de la plaza de Toros de Madrid -Unamuno y los republicanos, por los aliados; Maura, por la “neutralidad”, lo que equivalía a decir “por Alemania”, lema que sólo usaban directamente los carlistas-; pero hasta el último pueblo estaba dividido y esto empezaba por la Corte: la reina era inglesa, la reina-madre, austriaca. La mayoría de los militares no ocultaban su germanofilia, mientras los intelectuales tomaban a Francia y Gran Bretaña como garantía de un porvenir democrático.
Esta batalla -más propagandística que ideológica, en la que todas las potencias beligerantes gastaron mucho dinero en España, como ha documentado Paul Aubett- retenía la atención de las gentes, mientras los salarios reales bajaban y faltaban en muchas ocasiones alimentos de primera necesidad, a causa de especulaciones fraudulentas. Fueron las mujeres quienes, con la sensibilidad que les daba el estar encargadas de la “cesta de la compra”, protagonizaron diversos “motines de subsistencias”, como se decía tiempo atrás en diversas regiones. Es muy significativo que el PSOE consumiera todo el tiempo de su Congreso de 1915 en discutir la actitud ante “la guerra europea” o el problema táctico-político de la conjunción de republicanos y socialistas, mientras que “no hubo tiempo para ocuparse del problema agrario del Partido”, tarea que quedó relegada hasta 1918.
Sólo en 1916 captaron la UGT y la CNT en todas sus dimensiones la realidad social del país y la naturaleza del conflicto principal.
SITUACIÓN DE CRISIS MÚLTIPLE. LOS CONFLICTOS SOCIALES
En diciembre de 1916 la UGT y la CNT llamaron a la huelga “contra la carestía de la vida” para el día 16; el paro fue total hasta en los más apartados lugares del país y sorprendió al Gobierno que presidía Romanones.
La huelga de diciembre de 1916 fue un toque de alerta que no supieron comprender las elites del bloque de poder. Y, sin embargo, la sociedad española estaba entrando en una coyuntura de múltiples crisis; el sistema político y representativo de la Restauración, ya tocado cuando las pérdidas de las últimas colonias y la reacción regeneracionista, estaba ahora mucho más desacreditado; y, en primer lugar, los partidos mayoritarios, fragmentados y entregados al caciquismo.
El Estado controlaba cada vez menos sus propios aparatos empezando por el de Defensa, es decir, el Ejército. Éste estaba descontento por las medidas internas, en als que creía ver un régimen de favoritismo -cuestiones de ascensos, escalas abiertas o cerradas, etc.-, todo ello sobre el telón de fondo del alza del coste de la vida que sufrían los militares, como todos los que cobraban un sueldo fijo. En esa atmósfera y como réplica a un Real Decreto de 1916, empezaron a crearse en Cataluña, y luego en todas las capitanías generales del país, unas Juntas de Defensa del Arma de Infantería, a las que siguieron las de Caballería. Las Juntas, que llegaron a plantear un ultimátum al gobierno de García Prieto -que tuvo que dimitir en junio de 1917, cediendo a sus pretensiones-, se convirtieron en verdaderos grupos de presión dentro del Ejército, que en aquel año derribaron dos gobiernos -uno, liberal, el citado de García Prieto; otro, conservador, el presidido por Dato-. Su protagonismo político, hasta que desaparecen en 1922, es prueba de la crisis de Estado que empezaba, imponiendo los militares su criterio a los órganos constitucionalmente decisorios, llegando a parlamentar directamente con el rey por encima del Gobierno. Si las Juntas perdieron al cabo de cinco años parte de su fuerza, no fue así con el militarismo; lo que ocurrió es que los militares se dividieron en “junteros” y “africanos”; estos últimos tachaban a los primeros de “politiquear” y de estar encerrados en las guarniciones de provincias. Su política era otra, más dura y belicosa: de prioridad a la guerra colonial -sus hombres más “selectos” mandan las fuerzas de la Legión y de Regulares-, con toda la deformación y el desprecio hacia “los políticos” que suponen largos años de campaña alejados de la vida civil.
Pero no acababan ahí los síntomas de crisis; los políticos de la burguesía catalana, partidarios de la autonomía, y otros de análogos medios sociales asturianos -entre éstos, Melquiades Álvarez es muy representativo- buscaban también un cambio pacífico para la vía constitucional y consideraron el momento bueno para abrir un debate a fondo en las Cortes. Pero Sánchez Guerra, que las presidía, de acuerdo con Dato, jefe del Gobierno, se negó a convocarlas. Los parlamentarios catalanes combinaron su acción reuniéndose el 5 de julio y recabando la autonomía de Cataluña. Pidieron al Gobierno que convocase Cortes en función de constituyentes. Al negarse Dato, convocaron una asamblea extraoficial de parlamentarios para el 19 de julio. El Gobierno ocupó militarmente Barcelona; del resto de España llegaron dos senadores y 21 diputados. La Asamblea empezó y se resistió a disolverse, hasta que acudió el gobernador civil, Leopoldo Matos, y procedió a una detención simbólica de los allí reunidos. Con todo, las mociones allí adoptadas, pidiendo Cortes Constituyentes y “un Gobierno que encarne y represente la voluntad soberana del país”, fueron difundidas por toda España. La crisis de Estado alcanzaba así a la impugnación de sus órganos legislativos.
Esta crisis múltiple se producía cuando el desnivel entre los beneficios empresariales y las retribuciones de salarios y sueldos adquiría proporciones intolerables. El PSOE y la UGT actuaron pronto de concierto para preparar una gran huelga que fuera, a la vez, de protesta contra las condiciones de vida y de propuesta de unas Cortes constituyentes que fueran convocadas por un gobierno provisional que asumiese los poderes legislativo y moderador -el de la Corona-. Esto equivalía a una propuesta de revolución democrática; los contactos que hubo entre republicanos y socialistas no garantizaban una verdadera participación de las clases medias.
LA HUELGA GENERAL DE 1917
La huelga general de agosto de 1917 -a la que se llegó por una madeja de conflictos, entre los que destacaban el de los metalúrgicos de Bilbao y de los ferroviarios del País Valenciano-, fue, en cierto modo, provocada por el gobierno Dato-Sánchez Guerra, sabedor de la inmadurez del proyecto revolucionario -o, más bien, de la huelga política pacífica, pues las diversas fuentes que se disponen tienen esas dos lecturas-. Fue, de todas maneras, la primera huelga general política que hubo en todo el país -porque la de 1909 se limitó a Cataluña y la de diciembre de 1916 era estrictamente reivindicativa-. Esa misma documentación permite sospechar que el Gobierno estaba interesado en dramatizar el “clima de revolución social” para mejor presentarse como eficaz paladín de ese orden social amenazado. Por otra parte, esa fue una constante en las actitudes mentales de quienes tenían a su cargo los aparatos de Estado durante el período 1917-1923.
La huelga, que comenzó el 13 de agosto, fue total en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Oviedo y cuenca minera asturiana, zonas industriales de Cataluña y País Valenciano, minas de Linares, Peñarroya, Riotinto, Cartagena, León, Palencia y en muy numerosas capitales de provincia. Fue menos seguida en el transporte ferroviario -varios sectores de las compañías del norte y andaluces-, pese a que su origen inmediato era la amenaza de huelga ferroviaria votada por el sindicato de la UGT en el ramo.
El Gobierno usó sin miramientos todos los medios coercitivos, en primer lugar el Ejército -que luego habría de quejarse de haber sido utilizado con esos fines, a través de las Juntas-. El saldo fue de casi un centenar de huelguistas muertos y centenares de heridos. En Asturias la huelga duró un mes en minas y ferrocarriles y hubo una verdadera movilización militar contra las poblaciones mineras; igual pasó en la zona de Riotinto, donde perecieron diez huelguistas. En Madrid, donde las ametralladoras del ejército tiraron contra los trabajadores, fue detenido el comité de huelga -que ya había perdido el contacto con sus enlaces-, formado por Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit, a quienes un consejo de guerra condenó a reclusión perpetua. En total, se efectuaron unas 2.000 detenciones.
La huelga general, pese a su fracaso, no dejó de constituir una demostración de fuerza de las organizaciones obreras que, por añadidura, no fueron desarticuladas por la subsiguiente represión. La prueba está en que en 1918, lejos de disminuir los efectivos de las organizaciones y el número de huelgas, aumentaron ambos.
Desde el punto de vista político, la campaña por la amnistía revitalizó los lazos de socialistas con republicanos, a pesar de que la participación de éstos en la huelga, faltos de base sindical y de organismos agilizados para estos enfrentamientos, fue harto limitada. Los cuatro presos del penal de Cartagena -Besteiro, Caballero, Anguiano y Saborit- se convirtieron en bandera común de las libertades en una petición de amnistía que abarcaba a sectores de las clases medias que en modo alguno habían participado en la huelga.
CRISIS DE ESTADO
La crisis de Estado salió de nuevo a la superficie en marzo de 1918, cuando Alfonso XIII estuvo a punto de no conseguir la formación de un gobierno. Ya en octubre, cuando las Juntas derriban el gobierno de Dato y se estaba celebrando en Madrid la II Asamblea de Parlamentarios, el rey consiguió que la Lliga se “descolgase” de la oposición y participase con ministros en el Gobierno central; esta colaboración, repetida dos veces hasta 1922, tendrá un precio muy caro para la Lliga: el de perder la hegemonía del nacionalismo catalán, reemplazada por los partidos de clases medias.
Pero el nuevo gobierno, presidido por García Prieto y llamado de “concentración” carecía de toda autoridad; la primera huelga en todo el país de los funcionarios de Correos y Telégrafos paralizaba las comunicaciones; el Ejército amenazaba con intervenir y La Cierva, ministro de la Guerra, más parecía actuar como portavoz de los militares que del Gobierno. En fin, las elecciones del 24 de febrero resultaron menos “fabricadas” que de costumbre, pues hasta el aparato caciquil se fragmentaba en facciones; resultaron elegidos 100 conservadores, 142 liberales, divididos en 4 grupos; 23 catalanes de la Lliga y 7 nacionalistas vascos; y 16 republicanos y 8 reformistas de Melquíades Álvarez. Pero lo más significativo fue la elección de los cuatro presos de Cartagena, además de Prieto por Bilbao e Iglesias por Madrid. El Partido Socialista constituyó por primera vez su grupo parlamentario.
Era difícil negar que el sistema canovista que había venido funcionando desde 1876, estaba saltando hecho añicos; carecía de partidos representativos y de líderes de prestigio -tal vez con la excepción de Maura, aunque muy escorado a la derecha-; el Gobierno no era obedecido; no ya por el Ejército, sino ni siquiera por los funcionarios. Sánchez de Toca, político conservador y hombre relevante de la plutocracia, declaró en la prensa que las juntas militares estaban creando el Estado postizo, que suplantaba todos los poderes y abolía la soberanía del Estado.
En la noche del 20 al 21 de marzo el rey sólo pudo formar un gobierno gracias a que siguió el consejo de Romanones de citar a cada líder por separado, pero en realidad a todos a la misma hora. En esa “encerrona”, el rey amenazó con partir en automóvil a la madrugada si inmediatamente no se formaba un gobierno de unión nacional. Se formó, naturalmente, con todos ellos y presidido por Maura. No duró mucho. España entera era un volcán. Aquel verano se produjo en el campo andaluz la primera llamarada de lo que luego se ha llamado, no sin cierta arbitrariedad, “el trienio bolchevique”. Ciertamente, las primeras noticias, un tanto imprecisas, de la revolución soviética en noviembre de 1917, si bien habían inquietado a los socialistas y republicanos -por lo que significaba de abandono de la lucha contra Alemania- suscitaron pronto las esperanzas de los medios libertarios: “los principios salvadores de la revolución rusa triunfarán”, escribía Solidaridad Obrera de Barcelona en diciembre de 1917. Un año después, cuando la guerra mundial haya terminado, la actitud de los socialistas hacia la nueva Rusia cambiará por completo. Empezará entonces el problema de las Internacionales, que demostrará que si la crisis de la sociedad española alcanzaba sobre todo al bloque de Poder, también la fuerza obrera de la oposición escondía una aguda crisis tras su crecimiento numérico. La revolución rusa y la de las potencias centrales de Europa (Alemania, Austria y Hungría), lejos de cohesionar, dividía más a las organizaciones de trabajadores e impedía que se presentase una alternativa al bloque de Poder, que forzosamente había de pasar por un entendimiento teórico y orgánico de las organizaciones obreras, para, en alianza con los republicanos, proponer una salida factible a la crisis política, ideológica y estatal de la sociedad española.
Pero lo único que creció por todas partes fue la violencia. Violencia pistoleril en Barcelona, donde no era posible distinguir entre el desbordamiento de la dirección más moderada de la CNT -Pestaña y Salvador Seguí-, las provocaciones policiales y las que habían sido iniciadas por agentes de las potencias en guerra. A ella se añadirá la réplica también pistoleril de los hombres de mano de la patronal, en connivencia con las autoridades. Póngase sobre todo eso la parte de violencia, directa o indirecta, que añadían algunas organizaciones patronales, sobre todo la virulenta Confederación Patronal Española. La patronal agraria, además de sus organizaciones específicas -Asociación de Agricultores de España, Asociación de Olivareros, etc.-, va cristalizando, a través de los “casinos de labradores” de las localidades agrarias de Andalucía, formas de réplica muy violenta a la oleada huelguística de los trabajadores del campo. Habría que citar también el Centro de Defensa Social, creado por el marqués de Comillas, que funciona como verdadero cuerpo supletorio de policía “para defender contra la revolución iglesias, conventos y edificios públicos”. Tan sólo para su filial de Madrid, el Centro de Defensa Ciudadana -instalado en los locales de los sindicatos católicos-, compró Comillas más de 6.000 fusiles, tercerolas y pistolas, que repartió gratis entre los afiliados de dicho Centro.
Inútil es señalar que la Iglesia española, que durante la guerra se había distinguido por su progermanismo, pasó rápidamente a una “defensa del orden social y del principio de autoridad”, movilizando para ello a toda la Acción Católica. La Iglesia había acrecentado su influencia en el campo mediante la extensión de la Confederación Católico-Agraria, creada en 1914 para Castilla la Vieja y transformada en 1917 en organización nacional que, según El Debate, contaba con 1.500 sindicatos y 200.000 afiliados. Su acción para “oponer un valladar a la ola revolucionaria” fue muy eficaz en regiones como Castilla, La Rioja, Navarra, Aragón y Valencia, con grandes efectivos de campesinos modestos; en cambio, fue prácticamente nula en regiones como Andalucía, Extremadura y La Mancha, donde el proletariado agrícola era netamente mayoritario.
CATALUÑA Y ANDALUCÍA. OTROS COFLICTOS
El final de la guerra mundial incidió en los problemas de las autonomías cuando ya Romanones -a quien se consideraba político más a tono con los vencedores- había formado gobierno: el 14 de diciembre se reunían en Bilbao los representantes de 111 ayuntamientos que reclamaban la autonomía del País Vasco. Desde un año antes Ramón de la Sota (hijo) presidía la Diputación foral de Vizcaya. El día 21 se celebró en Barcelona, convocada por la Mancomunitat, una asamblea de diputados provinciales y parlamentarios catalanes de las Cortes y del Senado, que consideró “inaplazable la instauración en Cataluña de una autonomía integral que reconozca la total potestad de un Parlamento y de un Gobierno catalanes que rijan su vida interior”. El 26 de enero de 1919 se volvió a reunir y aprobó el proyecto de Estatuto de Automía -refrendado por los representantes de 1.046 ayuntamientos, 98% del total-. Pero Romanones había presentado otro proyecto, elaborado por el Gobierno, mucho más restrictivo; la tensión fue aumentando y llegó hasta la retirada de los parlamentarios catalanes. Pero otra cuestión, también centrada en Cataluña, superó en tensión a todas las demás tras la declaración de huelga de la empresa eléctrica conocida como la “Canadiense”, a primeros de marzo, que llevó a la paralización de todo el sector eléctrico. Fracasó una negociación entre el Gobierno y los sindicatos, los militares se enfrentaron con las autoridades civiles y Romanones tuvo que dimitir. Maura formó un gobierno de “energía”, cuando la agitación social ganaba también todo el campo andaluz: más de cuarenta pueblos de la provincia de Córdoba estaban en huelga total. En Andalucía y Extremadura el crecimiento de las huelgas y de las organizaciones obreras del campo -al de la de la CNT sucedió luego el de la UGT, que se implantó para más tiempo- adquirió proporciones insospechadas. Los propietarios agrarios e incluso una parte del aparato del Estado fueron creando la idea de un peligro de revolución violenta en el campo andaluz. Existen suficientes documentos para probar que esta actitud, que no era nueva; tenía sus precedentes en el siglo XIX cuando el oscuro asunto de la Mano Negra, o cuando los sucesos de Jerez de mayo de 1892. Durante mucho tiempo el catastrofismo formó parte de la ideología de la clase dominante. Sin embargo, y contra las afirmaciones conservadoras, aquellos trabajadores apenas se preocupaban del viejo mito del “reparto”; sus reivindicaciones, que se intensificaban siempre que se aproximaba la época de la cosecha, y las huelgas tenían lugar por contratos colectivos de trabajo, aumento de salarios y disminución de jornada, abolición de destajos y en ocasiones eran apoyadas por huelgas generales de todas las localidades rurales. La reacción patronal fue más violenta en q919 y la provincia de Córdoba llegó a ser ocupada militarmente por una división del ejército en la primavera de 1919.
La escalada de la violencia no va a ceder en ninguna parte cuando, en 1920, los primeros síntomas de la crisis de posguerra crisparon todavía más al sector empresarial. Los gobiernos fueron ya todos conservadores -Sánchez de Toca, Allendesalazar y Dato- y si bien empleaban los aparatos coactivos para reprimir huelgas y protestas, no demostraban tener ideas claras sobre cómo salir de la situación. Estaban, además, cada día más preocupados por la situación en Marruecos, ya que el Gobierno francés les había hecho saber que si el Gobierno español quería permanecer en la zona del Protectorado que tenía asignada, su ocupación tenía que ser efectiva, lo que equivalía a redoblar el esfuerzo de guerra.
Omitimos cualquier detalle sobre la huelga de 30.000 mineros de Asturias, la de los de Riotinto, que duró seis meses, la de 19.000 metalúrgicos vizcaínos y 7.000 de Madrid; simples ejemplos de la conflictividad social hasta niveles hasta entonces desconocidos, y también de la mayor participación obrera en huelgas, protestas y manifestaciones. La represión en Barcelona alcanzó niveles trágicos bajo el mando del general Martínez Anido como gobernador civil, aplicando la “ley de fugas” desde enero de 1921, en cuyo mes perecieron por ese procedimiento 21 obreros en las calles de Barcelona. Así cayó Boal, secretario de la CNT -y en 1923 Salvador Seguí- y Layret, el republicano catalán. este descabezamiento de las direcciones sindicales facilitaba, además, la acción de los radicales de las bases anarquistas partidarios de la violencia, que propiciaban así el engranaje sangriento de acción-represión.
EL DILEMA DE LAS INTERNACIONALES
La revolución soviética trajo como consecuencia -en marzo de 1919, en plena guerra civil rusa- la creación de la Internacional Comunista o Tercera Internacional. En la estrategia leninista, la Internacional sería un partido único mundial, capaz de dirigir la revolución en los más importantes países capitalistas, empezando por Alemania y las naciones que integraban el antiguo Imperio austrohúngaro, siguiendo por Francia y todos los demás. La Tercera Internacional era concebida como un destacamento organizado de la clase obrera mundial que parte al asalto de las potencias capitalistas; las exigencias de los 21 puntos de admisión en la IC confirmaban esa estrategia, sin cuya victoria era muy difícil salvar la revolución soviética rusa.
Sin embargo, la otra ala de la antigua Internacional, la socialdemócrata, después de pactar con las fuerzas del antiguo ejército alemán, y de aplastar el prematuro intento revolucionario de los spartakistas (enero de 1919) en lo que está incluido el asesinato de Rosa Luxemburg y de Karl Liebcknect por los oficiales prusianos, opta por el camino del reformismo dentro de una democracia que no cambia las bases estructurales del dominio burgués. El viejo dilema “reforma o revolución” se convierte así en el estereotipo de dos proyectos de vía al socialismo: el de la revolución que lleva a la dictadura del proletariado y el del progreso gradual que va eliminando la dominación burguesa por las vías de la reforma social. Naturalmente, hay un sector más derechista -Bernstein, Macdonald, H. de Man, etc., etc.- que pretende renunciar por completo al marxismo y pactar con las clases dominantes las bases de un consenso social que, sin derribar políticamente el poder burgués, mejore la condición de vida de los trabajadores.
En torno a esos estereotipos se va a plantear toda la cuestión del protagonismo histórico de la clase obrera a lo largo del siglo XX. En España fue la CNT la primera que en su Congreso celebrado en Madrid en diciembre de 1919 decidió adherirse a la Tercera Internacional, declarando, al mismo tiempo, no sin paradoja, su fidelidad a los principios anarquistas. Lógicamente, aquello no podía durar y el acuerdo se anuló en la Conferencia de Zaragoza (junio de 1919). En abril de 1921, Joaquín Maurín y Andrés Nin, delegados de Cataluña a un pleno de Regionales de la CNT, consiguieron que se aceptase una invitación para participar en el congreso de la Internacional Sindical Roja -secuela sindical de la Internacional Comunista-, pero los delegados fueron desautorizados meses después. Pestaña, que también había sido invitado a Moscú, informó negativamente a su regreso.
En cuanto al PSOE, que era la primera fuerza política organizada de la clase obrera, se dividió completamente ante este problema, y perdió todas sus energías en esta lucha intestina que duró más de dos años, llegándose a un momento en que la Comisión Ejecutiva del Partido estaba compuesta por “terceristas”, a excepción de Iglesias, que no asistía a las reuniones, mientras que la ejecutiva de la UGT era partidaria a ultranza de la Segunda Internacional. Hay que remitirse a la historia especializada del movimiento obrero para seguir las vicisitudes de este debate: Congreso del PSOE de diciembre de 1919, que acuerda adherirse a la IC pero no sin enviar previamente dos delegados para informarse -Daniel Anguiano y Fernando de los Ríos, que lo hicieron de manera opuesta-; entrada en la IC de las Juventudes Socialistas (abril de 1920), constituyendo el primer partido comunista de España; y, en fin, el gran Congreso de abril de 1921 -celebrado en plena crisis económica y con descensos de efectivos en la organización- en medio de una violentísima polémica, en que se rechaza la propuesta de adhesión a la IC. Esta propuesta fue presentada por el fundador, Antonio García Quejido, que así se enfrentaba al otro fundador, considerado como el primero, Pablo Iglesias, pero no para adherirse a la Segunda Internacional, sino por un camino de gran “rodeo”, el de adherirse a la Comunidad del Trabajo de Viena -o Internacional “segunda y media” donde estaban los socialistas austriacos, los socialistas independientes de Alemania, la fracción de Longuet en Francia...- que, dos años más tarde entrará, a su vez, en la Segunda.
Los “terceristas” abandonaron el Congreso y formaron inmediatamente el Partido Comunista Obrero español. Sólo año y medio después la IC envió un delegado, el italiano Graziadei, que, reunido con Núñez de Arenas, en nombre del PCOE y con González Sanz, por el PCE o los “cien niños”, como se les solía llamar, consiguió la formación de un solo Partido Comunista con unos 4.000 afiliados, cifras sin duda abultadas, a juzgar por los resultados electorales de 1921.
El aislamiento de los primeros comunistas se mostró en sus pobres resultados electorales de 1923 y en su escasa implantación sindical. El PSOE tuvo una disminución drástica de afiliados, puesto que muchos de sus partidarios abandonaron la militancia activa; en cambio, la UGT guardó más de 200.000 afiliados. Pero el éxito electoral del PSOE -con una dirección moderada de Iglesias, Besteiro y Saborrit -confirmó su influencia; logró constituir un grupo parlamentario de siete diputados, de los cuales cinco obtuvieron las mayorías por Madrid; este triunfo, como el de Prieto en Bilbao, mostraba que, además de los obreros, había un sector popular -artesanado y oficios varios, baja clase media- que estaba pasando de votar republicano a votar socialista.
En cuanto a la CNT, con sus dirigentes encarcelados o abatidos a tiros y los sindicatos desarticulados, no puede controlar los “grupos de acción” terroristas como los encabezados por Durruti, García Oliver y otros. Cuando el terror arrecia en Barcelona, Besteiro interpela a Dato en las Cortes y como el jefe del Gobierno le responde que también caían muertos miembros de la fuerza pública, Besteiro replica con una frase de alta significación histórica: “¿Le parece al señor Dato que es igual que una banda de terroristas contra la ley ejecute actos que puedan merecer toda la reprobación que su señoría quiera, a que los agentes de la autoridad ejecuten los mismos actos?”. Toda una lección sobre el Estado de derecho que ha sido dura de aprender en España.
Finalmente, el propio Dato caía muerto un mes más tarde bajo las balas disparadas por los anarquistas. Cuando se detuvo a uno de ellos, Mateu, éste se explicó así: “Yo no disparé contra Dato, sino contra el gobernante que autorizó la ley de fugas”. El engranaje de las dos violencias, ambas sin respeto alguno por la ley ni por los derechos humanos, causaría aún muchas víctimas; el obispo Soldevilla, el gobernador Regueral y el secretario general de la CNT, Salvador Seguí, entre ellas.
RESUMEN DE LA COYUNTURA HISTÓRICA (1917-1921)
La fragmentación del movimiento obrero, tanto orgánica como ideológicamente, le incapacitó totalmente para ser en aquella coyuntura “la punta de lanza” de una oposición capaz de presentar una alternativa para salir de la crisis múltiple. Porque ésta existía, sin lugar a dudas: el estado controlaba cada vez menos sus aparatos, mientras que éstos se desplazaban para suplantar a quienes constitucionalmente debían tomar las decisiones; el caso del Ejército era evidente, tanto en la represión en Cataluña, como en la coacción ejercida por las Juntas; y muy pronto lo será en las anomalías del mando militar en Marruecos prescindiendo de los órganos gubernamentales para conectar directamente con la Corona. Pero, además, los funcionarios amenazaban con el desplome de otros aparatos -Comunicaciones, Hacienda-. El descrédito y la falta de operatividad de los partidos hace que desde 1918 sólo haya gobiernos de “concentración” o netamente conservadores. El desprestigio de unas Cortes que no mostraban nunca su cosoberanía se manifestaba a través de la abstención electoral creciente. Añádase a esto el alcance de los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, la reanudación de la guerra de Marruecos -que llevará en un año a la derrota de Annual, la mayor sufrida desde Cuba-, la influencia creciente de las organizaciones obreras y la oleada progresiva de huelgas y movilizaciones sociales en ciudades y campos. La elite política que emanaba del bloque social dominante durante todo el proceso histórico de la Restauración -es decir desde 1875 hasta 1921-perdía cada día prestigio y refrendo popular. Los siete jefes de los 16 gobiernos que salieron a escena durante ocho años, de 1915 a 1923 -cinco conservadores y dos liberales- y sus 75 ministros parecen pertenecer al pasado, aunque algunos como Santiago Alba o Cambó, den la impresión de cierta “modernización” burguesa. [En su etapa de ministro de Hacienda, Cambó preparó un plan de créditos a los ferrocarriles que sobrepasaba en veinte veces todos los acordados hasta la fecha. Las subvenciones a la Compañía Transatlántica en 1921 y 1922 se proyectan en la misma línea de política económica. Dos conjuntos decisorios más se deben a Cambó: la ley de Ordenación Bancaria de 1921, pactada previamente con el Consejo de administración del Banco de España, al que ya se le abría la vía para convertirse en banco de bancos; y los Aranceles de 1922, que, si por un lado refuerzan la política proteccionista, por otro o hacen de manera más selectiva. Además, como los Aranceles españoles tenían dos columnas desde 1877, sistema complejo que no podemos explicar ahora, pero que de hecho concedía la mayor importancia a los tratados negociados, se hizo necesaria una Ley de autorizaciones, que también preparó Cambó].
No se trata, empero, de identificar las elites del poder económico y las del poder político -aunque sean numerosos los ejemplos individuales de doble pertenencia o de trasvase de una elite a otra-; lo que sí hay es una simbiosis constante entre el poder económico y el poder político y, sobre todo, el hecho de vivir una amplia gama de representaciones mentales que les es común, así como una escala de valores de una cosmovisión común. Este complicado tejido social, económico y político se solapa con elites del mundo intelectual y religioso, con lugares de encuentro de la memoria que así se unifica y se hace tradición, o del arte y del “buen gusto”. Todos estos grupos minoritarios generadores de ideología o de modelos de vida son otros tantos lazos que unen, a modo de “zurcidores”, el tejido con que la historia va haciendo a las clases dominantes.
Para concluir digamos que en este país en que los intentos de modernización estaban todavía en agraz y las elites políticas en grave merma de prestigio, el enfrentamiento coyuntural de 1917-1920 acabará por transformarse en un desacuerdo con todas las estructuras y de todos los valores reinantes; en un par de años se irá de la crisis de hegemonía -“ideológica”- a la crisis de Estado. La incapacidad de las clases dominantes para poner fin a su crisis de autoridad, las lleva a no utilizar con eficacia los resortes del Poder y a perder la funcionalisad de los mecanismos constitucionales.
Finalmente, un hecho vino a cumplir la función de acelerador para que la crisis desembocase en una ruptura del sistema constitucional: la política militar de aquellos gobiernos sufrió un serio descalabro con la derrota iniciada en Igueriben y Annual en julio de 1921, que costó 14.000 bajas al ejército y produjo en brevísimos días el desplome detoda la zona oriental del Protectorado.
Dos años más y el sistema constitucional instalado por Cánovas en 1876 caía por tierra al primer embate, más bien suave, de una espada: la del general Miguel Primo de Rivero. Si la crisis de hegemonía no se solucionaba así, y la de Estado era “parcheada” para durar siete años, el bloque de poder salvaba el peligro de revolución. ¿Cuál fue la razón de este frenazo? Cabría pensar que esta crisis se descompuso en una serie de tempos, con sus respectivos desfases; uno, muy importante, fue el que separó la conflictividad por iniciativa del movimiento obrero en 1917 y la de los asalariados agrícolas, surgida con dos años de retraso. En la misma conflictividad obrera se produjo otro desfase al desplazarse el eje de la misma desde Asturias-Vizcaya-Madrid en 1917 al de Cataluña-Andalucía en 1919. Mientras tanto, la cuestión de optar por una u otra Internacional paralizó en gran parte la acción del PSOE y de la UGT y acabó en una escisión del primero. La división en tres sectores del movimiento obrero por un lado, y el temor de las clases medias hacia el mismo después de 1917 por otro, hacía imposible toda ofensiva revolucionaria. La endeblez de los lazos entre el movimiento obrero y la burguesía media catalana y vasca en sus respectivas aspiraciones autonómicas fue otro factor negativo. Y el último desfase se produce porque la derrota de Annual y la indignación subsiguiente en la Península tienen lugar en un momento de retroceso del movimiento obrero y de depresión económica. Puede decirse, en muy pocas palabras, que la crisis de hegemonía y los signos de crisis de Estado no tuvieron enfrente una alternativa coherente.
Ciertamente, frente a esa incoherencia, el descrédito de los partidos del bloque de poder y la utilización del ejército en los conflictos sociales facilitaron la tendencia de los centros de poder formal a ceder el paso a los del poder fáctico y la oferta del sector castrense al bloque dominante para conseguir una salida a la crisis.
HACIA LA DICTADURA
Maura, nombrado jefe del Gobierno, fue impotente para desbloquear la investigación del general Picasso, encargado de precisar las responsabilidades por la derrota de Annual. Sánchez-Guerra, que los sustituyó, tuvo la energía suficiente para procesar al general Berenguer, como mayor responsable, así como para destituir a los generales Martínez Anido y Arlegui de sus puestos policiales en Barcelona. Pero no pudo resistir el escándalo de las responsabilidades y cayó con el debate de Cortes en diciembre de 1922.
Habiendo así fallado una y otra vez los conservadores, Alfonso XIII intentó un gobierno de “concentración” liberal que abarcaba desde los romanistas hasta los reformistas. No puede decirse que este gobierno encontrase una acogida muy favorable: en los aparatos del estado se le miraba con desconfianza; el Ejército soportaba mal que el protectorado de Maruecos dependiese del Ministerio de Estado y que hubiese un alto comisario civil; la Iglesia se escandalizaba con el propósito de reformar el artículo 11 de la Constitución y admitir una modesta libertad de cultos. Por la otra banda, los extremistas de izquierda lo consideraban como un enemigo más; tampoco contaba con las simpatías de los intelectuales más significados, que se expresaban principalmente a través de El Sol, el diario de Urgoiti donde Ortega y Gasset ejercía de mentor de una burguesía liberal más renovadora, y del semanario España, que ahora dirigía Azaña, que había sustituido a Araquistain en el puesto y que vivía sus últimos meses de afiliado al Partido Reformista -abandonado hacía ya tiempo por Ortega, Fernando de los Ríos y otros más-.
Este gobierno carecía de medios para dominar la situación. Nadie lo sostenía. Tampoco en Palacio, desde luego, donde preocupaba más el temor a las influencias revolucionarias venidas del este y la resistencia que ofrecía en Marruecos la recién ceada República del Rif, dirigida por Abd-el-Krin, que estaba creando un embrión de ejército y de administración. Los militares “africanos”, a cuya cabeza estaba Millán Astray, que dimitió espectacularmente del mando de la Legión, no querían sino la ofensiva a ultranza, lo que no cuadraba con los propósitos del Gobierno, que nombró un alto comisario civil para el Protectorado. Asimismo, los trabajos de la Comisión de Responsabilidades designada por el nuevo Parlamento irritaban a los militares en inquietaban en altos lugares.
El 1 de septiembre dimitieron tres ministros -Villanueva, Chapapietra y Gasset- por disentir de la nueva ofensiva en Marruecos que el Gobierno había decidido, tras escuchar un informe del general Weyler. En aquel momento todo o casi todo estaba ya decidido. Los cabildeos militares no habían cesado durante el verano. Alfonso XIII consultó a Maura sobre la conveniencia de “constituir un Gobierno dictatorial bajo su presidencia, compuesto por los miembros de la Junta de Defensa Nacional”, cosa de que logró disuadirle el anciano político conservador. Pero muy poco después, en la primera semana de septiembre, el rey hizo un brevísimo viaje a Madrid y en cuarenta y ocho horas tuvo tiempo de entrevistarse con los generales Cavalcanti, Dabán y Saro, que e eran absolutamente fieles y estaban en la conjura de Primo, con quien también contactaron aquellos días. Todo esto está documentado hasta la saciedad y está suficientemente claro, en lo que se refiere al protagonismo de Alfonso XIII; que lo mismo se puede pecar por acción que por omisión y más cuando se es jefe de un estado cuya Constitución es pisoteada. No vale, pues, la pena insistir en la fragilidad de algunos textos historiográficos que demuestran mayor simpatía por un régimen o por un hombre -absolutamente respetables en ambos casos- que rigor científico [Para este tema es imprescindible la lectura de la obra de María Teresa González Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera. El Directorio Militar (Madrid, 1987). Puede completarse con el libro España entre la primera guerra mundial y la II República (II Coloquio de Segovia de Historia Contemporánea de España, ed. García Delgado, 1986)].
El llamado “sistema de Sagunto” estaba prácticamente agotado al empezar septiembre de 1923. No obstante, y considerándolo el autor como un primer paso hacia un reequilibrio de fuerzas sociales en el seno de la clase dominante, parece imprescindible una referencia a la obra de Cambó como ministro de Fomento (1918) y de Hacienda (1921-1922). Se observa la atención prestada a las compañías de ferrocarriles, que se extendía a éstos en un plan de estudios que llegaba a prever la nacionalización; además, autorizó un aumento del 15% de las tarifas y facilitó la electrificación de la rampa de Pajares para “comunicar la primera de nuestras cuencas carboníferas con la España cereal”, impulsó también los tendidos del ferrocarril carbonero de Villablino y de Baracaldo a Sestao, este último verdadero asunto clave para la buena marcha de Altos Hornos de Vizcaya.
¿POR QUÉ LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA?
Parece obvio que el sistema canovista había agotado todas sus posibilidades cuando llegaba al filo de medio siglo de existencia. Sin embargo, los historiadores se encuentran con un hecho preciso: el 12 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera decide dar el golpe que viene preparando. Cuenta con las guarniciones de Barcelona, Zaragoza y Madrid; cuenta, sobre todo, con los generales Saro, dabán y Cavalcanti, los tres favoritos del rey. En la madrugada da a conocer su proclama “Al país y al Ejército español”. El rey fue puesto al corriente durante las últimas horas de la tarde del día 12, y por el momento se limitó a permitir que Santiago Alba, que estaba con él de ministro de jornada en San Sebastián, pasase la frontera al día siguiente. También en la noche del día 12 el rey emprendió un lento viaje hacia Madrid, puesto que no llegaría a la estación del Norte hasta el día 14 por la mañana -durante esas 36 horas de viaje los sublevados habían ganado para su causa a muchos mandos militares- donde ya le dijo a Gracía Prieto, en el mismo andén, que iba a encargar a Primo de Rivera la formación de un gobierno.
No se formó gobierno, sino un directorio compuesto exclusivamente de militares. La Gaceta del 15 de diciembre daba la sanción regia al golpe de Estado. Desaparecían el Gobierno, los ministerios y las subsecretarías -con excepción de Estado, Guerra y Marina, a las que se sumaría Gobernación pocos días después-; quedaban disueltos el Congreso y el Senado -éste en su parte electiva-, destituidos todos los gobernadores civiles -sustituidos por los militares- y disueltos los ayuntamientos; un militar nombrado por cada partido judicial con la categoría de delegado gubernativo se encargaría de inspeccionarlos.
Hasta aquí los hechos. Podemos añadir que las fuerzas empresariales se adhirieron a la dictadura con tanta presteza como entusiasmo, lo mismo que las jerarquías eclesiásticas. En otras capas -populares y mesocráticas- apenas hubo reacciones, si dejamos aparte el aplauso fervoroso por parte de la Confederación Nacional Católico-Agraria. El del diario El Sol, que dice apoyar “leal y resueltamente” esta situación, no durará mucho, al contrario que El Debate, que durará hasta 1928. La sorpresa cegó a muchos de quienes estaban hartos de contemplar el desmoronamiento del seudoliberal sistema canovista. Limitándose a constatar hechos y sin juicios de valor, el mismo Ortega escribirá en El Sol del 27 de noviembre de 1923: “Si el movimiento popular ha querido identificarse con la opinión pública y ser plenamente popular, justo es decir que lo ha conseguido por entero”. Muy pronto, sin embargo, sus observaciones serán mucho más duras. En cuanto a la Lliga, que había abrigado grandes esperanzas en las promesas que le hiciera Primo de Rivera, mantuvo una simpatía nacional que duraría poco, en tanto que Cambó mismo se distanciaba no sólo política, sino geográficamente.
La reacción de la clase obrera fue mínima: una huelga general de 24 horas que levaron a cabo en Bilbao fuerzas minoritarias, como la CNT y el PC. El PSOE y la UGT se limitaron a publicar un manifiesto de denuncia extremadamente cauteloso pidiendo que no se entrase en el juego de ninguna provocación.
Parece, pues, que el régimen seudoparlamentario cayó de su propio peso; pero nadie cae en la historia “de su propio peso”, sino bajo la acción de ciertos factores determinantes. Sin incurrir en un esquematismo fácil, puede decirse que el advenimiento de la Dictadura de 1923 vine condicionado por dos haces de factores: uno, de carácter político, que en su aspecto coyuntural está centrado en el proceso de responsabilidades por Annual y el temor a que se convierta en un proceso al estado en crisis; y otro, de onda más larga, que es la quiebra de los mecanismos políticos puestos en marcha medio sigo antes y de la hegemonía legitimadora del bloque dominante.
El segundo haz de factores es de orden socioeconómico y, naturalmente, de onda más larga; el bloque socialmente dominante tiene que proceder, muy probablemente, a un reequilibrio interno de fuerzas, exigido por los progresos de la industrialización, a ampliar los mecanismos de acumulación del capital e iniciar una política de intervención económica del Estado.
Puede añadirse un tercer grupo, el del temor de las clases dominantes a las sacudidas revolucionarias, pero parece lógico pensar que ese peligro estaba ya superado.
Se ha convertido en un uso historiográfico dividir la historia de la dictadura en dos periodos, separados por la fecha de diciembre de 1925, cuando Primo de Rivera consigue la solución virtual del problema de Marruecos, tras haber abandonado su estrategia de repliegue ante las exigencias de los militares africanistas y obtenido una alianza con Francia, que terminaría con la República de Abd-el-Krim en 1927. Va a comenzar un periodo de relativa estabilización económica, con afluencia de capitales extranjeros y realizaciones varias de intervencionismo estatal. El dictador está rodeado de prestigio y se cree seguro en el poder. Sin embargo, ya han comenzado los enfrentamientos con el nacionalismo catalán y con los universitarios e intelectuales, de los que destacan como significativos los destierros de Unamuno y Jiménez de Asúa.
La victoria de Maruecos consigue estabilizar un ejército colonial, a base de tropas mercenarias -la Legión y los Regulares indígenas-, con jefes y oficiales enérgicos y expeditivos, propensos a confundir los mecanismos de la vida y organización militares con los de la vida e instituciones civiles, de cuya convivencia se hayan muy alejados. Sin embargo, Primo de Rivera no logra la completa cohesión del ejército; un sector minoritario conspira ya contra la dictadura -“Sanjuanada”, 1926- y, por otra parte, los enfrentamientos entre el cuerpo de Artillería y el dictador son cada vez más frecuentes, hasta que éste lo disuelve en 1929.
No parece desatanido decir que el proceso de implantación de la Dictadura -en el que interviene, desde 1924, el intento de la Unión Patriótica- cambia el signo positivo por el negativo a finales de 1927. En efecto, la Unión Patriótica -en parte, idea de Acción Católica y de su dirigente Ángel Herrera y, en parte, fruto del voluntarismo de Primo de Rivera, deseoso de imitar a Mussolini- resultó ineficaz, se nutrió de antiguos y nuevos caciques, de cuadros políticos del maurismo y, sobre todo, de los que suministraba la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), perdió pronto prestigio y no cumplió la función de partido único. En verdad, si la dictadura de Primo de Rivera fue arbitraria, no fue nada totalitaria. La sociedad civil, cada vez con más vida, acabó por rechazar lo que tan benévolamente había acogido en septiembre de 1923.
El Directorio transformado en “gobierno de hombres civiles” -en realidad, con Primo de Rivera de presidente y luego asumiendo la cartera de Exteriores, con Martínez Anido en Gobernación, otorgándole además la vicepresidencia del Gobierno, y también a militares los ministerios de Guerra y de Marina- convocó una Asamblea Nacional Consultiva que nació herida de muerte; de nada sirvieron los textos “legales” que preparó y nunca rigieron -un proyecto de constitución, un Código Penal, otro del trabajo-. El enfrentamiento con los universitarios se convirtió en conflicto abierto, mientras la Alianza Republicana reunía a personalidades de la cultura tan eminentes como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Gregorio Marañón, Juan Negrín, Manuel Azaña, etc. Pronto resultó claro que la crisis de hegemonía, lejos de resolverse, se había agravado al pasar cuatro años. El disentimiento obrero se mostró en 1927 con las huelgas de Vizacaya y de los mineros asturianos, y en 1928 con la de los trabajadores de la Exposición de Sevilla. Ese mismo año el PSOE pasó a la oposición.
La política financiera de Calvo Sotelo, conjugada con la de Guadalhorce en Obras Públicas, tuvo por consecuencia que la espectacular inversión en obras de infraestructura se pagase al precio de un gigantesco aumento de la Deuda púlica -que se quiso torpemente ocultar- y de una baja de la peseta. El pánico financiero se apoderó de los inversores extranjeros que, lo mismo que habían invertido antes, se llevaron sus capitales sin ningún control.
El año 1929 anunciará ya el final sin remedio de la Dictadura -que va implicando en su fracaso a la monarquía de Alfonso XIII-; ya está en ruptura abierta con los universitarios, tanto estudiantes como profesores, con los nacionalistas catalanes, con los sectores más liberales del Ejército y con los obreros. Fracasa la Asamblea Nacional y su proyecto de Constitución, fracasa el Somatén, concebido como milicia armada del régimen, fracasa la Organización Corporativa del Trabajo -cuyos comités paritarios se reducen a ser unos órganos de negociación entre patronos y obreros-, obligada a reconocer el pluralismo de organizaciones sindicales y los éxitos de la UGT. Tan sólo la Acción Católica continuaba sosteniendo a la Dictadura a través de la ACNP y de su poderosa Confederación Católico-Agraria.
La Dictadura había significado un intento de solucionar o paliar la crisis del bloque dominante durante todo el período de la Restauración: crisis de hegemonía y, al mismo tiempo, desajustes o crisis entre los diversos sectores de dicho bloque. Pero en 1929, la eficacia del remedio también se había agotado. Las capas superiores de la llamada clase “alta”, la elite de la aristocracia, de la banca, de las empresas de cabecera, se preocupan seriamente y piensan en la necesidad de sustituir a quien tan útil había sido en 1923. Desde el otoño de 1929 se ejercieron sobre el dictador toda clase de presiones y sugestiones para convencerle de abandonar el timón de mando. En los medios citados se temía, y no sin razón, que la oposición generalizada terminase no ya por derribar al dictador sino a las mismas instituciones en que éste se había sustentado.
Primo de Rivera resistía tenazmente y a lo más que accedió fue a ser sustituido por un gobierno-puente presidido por Guadalhorce, que no era sino la continuación en todo de la Dictadura, adornada de elecciones municipales y provinciales. Pero el rey, también convencido de la necesidad de apartar a Primo de Rivera, no aceptó la propuesta: “Me tomo unos días para estudiarla”, pretextó.
Pasadas las Navidades, el 2 de enero, el rey dio nuevas largas al asunto y aquella noche Primo de Rivera dirigió una carta a los ministros insistiendo en su plan para seis meses. Al darse cuenta de la situación dimitieron inmediatamente el mismo Guadalhorce, Calvo Sotelo y el conde de los Andes. Aquellos días se fraguaba una conspiración en Andalucía con el abanico más extenso de fuerzas políticas y militares y hasta el infante don Carlos, capitán general de la Región, no ignoraba ningún detalle de cuanto se tramaba. El pronunciamiento debía tener lugar el 28 de enero. Lo supo, sin duda, Primo de Rivera y en la madrugada del 26 cometió la torpeza de dirigirse a los capitanes generales y altos mandos del ejército, a la vez por medio de la prensa y por carta, pidiéndoles que “sin pérdida de minuto” le refrendasen su apoyo. La respuesta desautorizándole -es decir, afirmando que eran leales al rey- fue tan unánime como cabía suponer.
La Dictadura había llegado a su fin, precipitado por un acto irreflexivo de su vehemente protagonista. Aún se necesitaban tres días para que redactase una nota oficiosa despidiéndose del país. Cuarenta y ocho horas más tarde, tras una vana gestión cerca de su viejo amigo el general Barrera para incitarle a rebelarse, tomó el camino del exilio y falleció en París dos meses después.
La Dictadura había terminado, pero la crisis múltiple seguía sin resolverse.
LOS “FELICES” AÑOS VEINTE
Llegados a este punto vamos a hacer una inflexión en la línea cronológica “ortodoxa” que nos hemos marcado. Se trata, sencillamente, de que el decenio de los veinte y la temática que ocupa este capítulo no coinciden “al milímetro”; nos referimos a los temas socioeconómicos, tecnológicos, de vida cotidiana, de historia de la vida privada y de ese complejo que forman los medios de comunicación, de educación, etc. En suma, la argamasa con la que se va tejiendo la vida cotidiana y las actitudes mentales y las pautas de comportamiento que de ellas se desprenden. [...]
... Y LOS CONFLICTIVOS AÑOS 30
“Un fantasma recorre Europa”, podría haberse dicho parafraseando la célebre expresión de Marx. Pero este fantasma que recorría España, que hacía que las viejas familias cerrasen las puertas de sus casas, que el padre corriese a los bancos, que a la bolsa se le parase el pulso en pleno siglo XX, desde mediados de 1930, este fantasma no era el del comunismo -aunque éste bien pudiera manipularse por o para algunos obsesos- sino el de la república. “¡Que viene la República!” Una república que ya habían pactado todos los republicanos en San Sebastián aquel verano, cuando ya antiguos políticos monárquicos como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura arengaban a masas enfervorecidas adhiriéndose a un proyecto de democracia republicana que ellos veían como conservadora. Pero también el Partido Socialista, fuerte y cohesionado, limaba diferencias internas y se integraba en el Comité donde se gestaba la labor gubernamental de un futuro próximo. Y hasta los libertarios, más utopistas que nadie por naturaleza, dejaban momentáneamente sus proyectos de anarquía y al tiempo que rehacían sus filas -maltrechas durante la Dictadura- prestaban su colaboración para conseguir ese primer paso inmediato, esa república que iba sirviendo de denominador común a la esperanza de millones de españoles.
Las instituciones estaban al borde del abismo cuando se creó el vacío político de la caída de Primo de Rivera, sin que sirvieran ya para nada los viejos partidos de turno defenestrados en 1923 y olvidados por la opinión pública. Que el propio rey echase mano del jefe de su casa militar -el general Berenguer, condenado por la catástrofe de Annual y amnistiado por el propio rey-; que en el palacio de Liria, mansión de una figura de pro de la Grandeza de España, el duque de Alba, se reuniese el anfitrión con los más eminentes políticos del bloque dominante, y que allí se decidiese retornar a la vida constitucional de 1923, como si no hubiera pasado nada y poner al citado general al frente de un gobierno de hombres procedentes del conservadurismo y del mundo de los negocios; que la gobernación del Banco de España se confiara al banquero que participaba en más consejos de administración de todo el país -el conde de Gamazo-; que a otro grande de España, presidente de las Potasa de Suría y de Marismas del Guadalquivir -el marqués de Hoyos-, le designase el rey alcalde de Madrid y miembro del Consejo de Estado, mientras se hacía venir de Marruecos al general Emilio Mola para ocupar la Dirección General de Seguridad, y otro general “africano” José Sanjurjo, continuaba de director de la Guardia Civil; que el hombre de confianza del marqués de Comillas -vizconde de Güell- y de Acción Católica, Carlos Martín Álvarez, siguiese de gobernador civil de Madrid; yq ue el abogado de la Casa Real -y financiero- Leopoldo Matos y un profesor de los infantes -Tormo- fuesen también ministros daba al nuevo gobierno un aspecto que alguien definió como de “tertulia palatina”. Personalidades políticas y financieras como Francesc Cambó y Gabriel Maura Gamazo aportaron sus consejos y su aprobación a la formación del nuevo gobierno y hasta llegaron a proponerse la formación de un partido de “centro”. ¿Qué significaba todo esto? Que en realidad la formación del gobierno Berenguer no era un cambio de Poder, sino el relevo del equipo que ejercía cotidianamente el Poder.
Todo esto lo supo ver Ortega y Gasset varios meses después en su histórico artículo “El error Berenguer” publicado en El Sol del 14 de noviembre de 1930. “Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto”, se dice allí. El famoso artículo, que termina con las palabras Delenda est Monarchia, no es sino el diagnóstico de la crisis de Estado ya imparable: “La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. ¡Españoles, reconstruid vuestro Estado!”. En realidad, lo que Ortega advierte no es la ruptura de la continuidad legal -que se había producido no sólo en 1923, sino también en 1874 y en 1868, etc., puesto que nuestra historia constitucional está hecha de esas rupturas- sino la ineficacia y fragilidad del estado, cuyos aparatos podían quebrarse en cualquier momento y cuya hegemonía ideológica había descendido a cerca de cero.
Las memorias de Mola, como las del marqués de Hoyos, de Gabriel Maura o del general Berenguer son irrecusables testimonios de aquella crisis de estado. Las memorias del general amnistiado tienen, a veces, acentos de confesión: desamparados, como estábamos, de la opinión, discutido el supremo apoyo que habría de darnos la autoridad moral indispensable; sin ser dueños de los medios coactivos necesarios; entibiada la confianza en el Régimen, y contagiada la mayoría de sus servicios en la duda de su vitalidad...
Entre huelgas, manifestaciones y protestas, el Régimen caminaba visiblemente hacia el despeñadero.
Los partidos republicanos reunidos en San Sebastián en el mes de agosto, deciden crear un comité revolucionario, al que se adhiere después el PSOE. A su vez, el Comité -en el que también figuran los nacionalistas catalanes- enlaza con la CNT.
El mitin republicano en la plaza de Toros de Madrid fue un alarde de fuerza y de organización. Tal vez fue mayor la huelga general de Madrid, del 14 al 16 de noviembre -tras la agresión de la fuerza pública a los asistentes al entierro de los obreros muertos en un derrumbamiento de la calle de Alonso Cano, impuesta por la CNT y seguida por la UGT, que fue total e impresionante.
El drama estaba en el aire, cuando, el 12 de diciembre de 1930, el capitán Fermín Galán y sus hombres se adelantan a la fecha fijada por el Comité revolucionario y se alan en Jaca. Son derrotados antes de llegar a Huesca y el día 14 Galán y otro capitán, García Hernández, son fusilados, los ánimos se exaltan; el lunes 15 la huelga es general en toda España, pero por causas oscuras -denunciadas, no obstante, con energía por Largo Caballero en el primer Congreso del PSOE de 1932- la Casa del Pueblo de Madrid no dio la orden de huelga; los aviadores republicanos que tomaron el aeródromo de Cuatro Vientos tuvieron que replegarse hacia Portugal, después de sobrevolar Madrid y comprobar la falta de apoyo, mientras las columnas gubernamentales avanzaban hacia el aeródromo.
Al mismo tiempo, era detenida la mayoría del Comité revolucionario, con Alcalá Zamora, Maura, Caballero y De los Ríos a la cabeza; Prieto y Azaña pasaron a la clandestinidad.
La victoria de Berenguer tuvo mucho de pírrica; los mismos partidos del bloque dominante, con Romanones y Cambó en cabeza, se negaron a participar en el mecanismo preparado por Berenguer para unas elecciones legislativas. El 14 de febrero el rey sustituía al fracasado Berenguer por un gobierno presidido por el almirante Aznar y dirigido de hecho por Romanones, que detentaba la cartera de estado; gobierno -de “encerrona” lo calificó Gabriel Maura- que era como un microcosmos de las oligarquías políticas y socioeconómicas que habían dominado desde finales del siglo XIX.
A los pocos días, el Consejo supremo de Guerra y Marina ponía en la calle a los miembros del Comité revolucionario, recibidos entre aclamaciones. En Madrid, la batalla entre los estudiantes de la Facultad de San Carlos -Medicina- y la Guardia Civil dividió a los ministros. La Cierva quería que los guardias tomasen la Facultad por asalto, pero se opusieron el ministro de Instrucción -Gascón- y el de Gobernación, presionados ambos por el claustro de profesores. Este último ordenó a la fuerza pública que se retirase. Al día siguiente, la huelga ganaba en todas las Universidades del país y se recrudecían las manifestaciones de masas.
El Gobierno había convocado elecciones municipales. Se formaron candidaturas de conjunción republicano-socialista y la consulta electoral tomó enseguida el significado de un referéndum a favor o en contra de la monarquía.
En la tarde del 12 de abril ya se sabía que el resultado de las elecciones municipales celebradas aquel día en España había sido favorable a los republicanos en 41 de las 50 capitales de provincia y en todas las aglomeraciones importantes. Gobierno y aparatos del Estado se desplomaron en menos de 48 horas. Al atardecer del 14 de abril los miembros del Gobierno provisional de la República, que difícilmente se abrían paso entre una multitud enfervorizada que los aclamaba, entraron por la puerta grande del Ministerio de la Gobernación; la Guardia Civil presentó armas en posición de firmes.
El Gobierno quedó reunido toda la noche; su primer acto consistió en autolimitar su poder por el Estatuto jurídico del Gobierno provisional aparecido en La Gaceta del 15 de abril. Este mismo texto establecía la obligación de convocar Cortes constituyentes lo más rápidamente posible, ante las cuales el Gobierno respondería de todo lo legislado provisionalmente por decreto.
Al anochecer del 14 de abril y tras un acuerdo “técnico” entre Romanones y Alcalá Zamora, Alfonso XIII salía del Palacio Real por la puerta del Campo del Moro, acompañado por el duque de Miranda. El gobierno de la República sólo lo supo de madrugada, cuando don Alfonso había embarcado en el crucero Príncipe Alfonso que lo llevaba hacia el destierro.

[1] TUÑÓN DE LARA, Manuel: “La crisis de la sociedad de la Restauración (1917-1930). En TUÑÓN DE LARA, Manuel, VALDEÓN, Julio, DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio y SERRANO, Secundino: Historia de España. Valladolid, Ámbito, 1999, pp. 537-569

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