La Segunda República y la sociedad española (1931-1936)

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Manuel Tuñón de Lara[1]
El Gobierno provisional estaba integrado por representantes de toda la gama de partidos republicanos -incluidos los catalanes nacionalistas- y del Partido Socialista -tres ministros de los doce-. Fundamentalmente, era un gobierno de intelectuales procedentes de la pequeña burguesía, con tres representantes de un partido obrero (PSOE) y una central sindical (UGT). Había también dos propietarios que podían ser calificados de “burgueses”: Alcalá Zamora y Miguel Maura. El Partido Radical -representado por Lerroux y Martínez Barrio- representaba también a sectores importantes de la burguesía media.[2]
Este gobierno fue acogido con esperanza por los más diversos sectores de la sociedad, incluso por los que no habían votado republicano; había un amplio consenso, pero sobre bases poco sólidas. Por eso ha podido decirse que aquello era “la república de las ilusiones”. Ese “estado de gracia” de la República no duraría más de tres o cuatro semanas. El régimen republicano llegaba tras una prolongada crisis, al borde ya de una crisis de sociedad, y despertaba, en efecto, una serie de ilusiones en los más diversos sectores, algunas de ellas contradictorias: desde los burgueses y militares, siempre críticos del viejo régimen, hasta los obreros, muchos más radicalizados, los estudiantes de la clase media, los muchos intelectuales que admiraban a la Institución Libre de Enseñanza, etc.
La República tenía ante sí un repertorio de grandes problemas, que no eran más que las contradicciones de la sociedad española, agudizadas a través de una crisis de varios decenios y de algunos problemas estructurales que eran de carácter secular. La mayor contradicción se daba, en términos generales, entre el inmovilismo del Estado y las nuevas aperturas del desarrollo económico y tecnológico, los nuevos temas políticos, etc., en su entorno europeo.
Los problemas estructurales eran varios, empezando por el agrario: arcaísmo, inmensas desigualdades en la propiedad, exceso demográfico que frenaba el progreso tecnológico; mercado interno con bajo nivel de demanda y capacidad de oferta exterior limitada básicamente a frutos, aceites, vinos y minerales; prepotencia de la gran banca sobre las industrias de cabecera; y en la cúpula del sistema, las “grandes familias” de las empresas oligopolistas, de la gran burguesía agraria, la financiera, la industrial y de negocios... Todos estos grupos manifestaban un repertorio ideológico y unas pautas de comportamiento marcadas aún por el Antiguo Régimen señorial -lo bueno y lo malo, lo que está bien o no, lo que debe hacerse, las relaciones con la gente humilde, las ideas sobre el trabajo, la familia, etc.-, fuertemente respaldadas y legitimadas por la Iglesia y sus diferentes aparatos -desde el confesionario hasta los colegios religiosos para hijos de la burguesía-. Esa tupida red del “orden moral” que emanaba de arriba se proyectaba verticalmente hacia capas más bajas de la sociedad con el fin -nunca logrado por completo- de obtener la hegemonía ideológica.
Sobre eso planeaba la vetustez del Estado y de sus aparatos, que acarreaba otros problemas y malformaciones: un Ejército sobrecargado de mandos, pero con material obsoleto, espíritu de casta y colonialista; una Iglesia acostumbrada a identificar orden social y religión y a mantener relaciones privilegiadas con el Estado; una Administración continuista; un desarrollo de las nacionalidades históricas que chocaba con las prácticas centralistas del estado durante los dos últimos siglos. Como remate, el atraso educativo, las carencias escolares -el 33% de la población mayor de diez años estaba sin alfabetizar-, la escasísima ayuda a la investigación científica..., en abierta contradicción con el esfuerzo cultural de minorías en total disentimiento con el sistema, de las que emanaban personalidades cimeras como Unamuno, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Antonio Machado, Manuel Azaña, Valle Inclán, etc.
Estos problemas de orden estructural acarreaban, obviamente otros de orden coyuntural: aspectos económicos derivados de la situación exterior -caída de las exportaciones-, inmigración y aumento del paro, urgencia de la reforma educativa, política de autonomías -a la que se oponía la derecha con el lema de la “unidad nacional”-. Todo esto ocurría en un clima europeo de crisis económica -que, desde luego, alcanzó a España menos que a otros países-, de tensión política -subida de Hitler al poder y contraofensiva desigual de la izquierda-, de crisis de la Sociedad de Naciones.
Las elecciones fueron convocadas para el 28 de junio; sin embargo, algunos problemas, añejos o nuevos, tuvieron que abordarse sin demora por decretos, que luego refrendaría el Parlamento. Estos decretos se refirieron fundamentalmente a tres áreas básicas: el trabajo en el campo, el Ejército y la educación, y fueron obra, respectivamente, de Francisco Largo Caballero, Manuel Azaña y Marcelino Domingo. El primer “paquete” se ocupaba principalmente de la situación de los trabajadores del campo -jurados mixtos, jornada de ocho horas, laboreo forzoso de tierras no cultivadas, prioridad de empleo de los trabajadores de cada término municipal-. A ello se sumaría la ley del contrato de trabajo. También se presentó, en octubre de 1931, el proyecto de ley de intervención obrera en a gestión de las industrias, que fue bloqueado por la presión de las derechas. Largo Caballero pretendía una penetración pacífica de los sindicatos, una forma de llegar a una “emancipación” muy sui generis de los trabajadores a través del sindicato. No obstante, la reacción de la patronal fue virulenta y obstinada, creyendo ver una revolución donde no había sino una forma más o menos original de reformismo. La patronal agraria fue la que más activamente reaccionó contra todo proyecto reformador, sobre todo en el campo -jurados mixtos, jornada máxima, ley de términos municipales- y, a la vez, contra la posibilidad, que todavía no era ni proyecto, de una reforma agraria. La patronal creó una asociación de propietarios de fincas rústicas que llegó a decir que la reforma agraria sería un ataque a la civilización (sic). Hay que comprender que de los 3,7 millones de población agraria activa, casi dos millones eran obreros agrícolas y 750.000 arrendatarios y aparceros.
Los decretos de Marcelino Domingo creaban más de 6.000 escuelas primarias y 7.000 puestos de maestros -cuyos sueldos aumentaban entre el 20% y el 40%-, y fundaban las Misiones Pedagógicas para las zonas rurales presididas por Manuel B. Cossío, una de las más importantes obras de extensión cultural que tuvo la República en su haber.
Las medidas de reorganización del ejército supusieron la supresión de las capitanías generales y su transformación en divisiones orgánicas; de la Ley de Jurisdicciones y del Consejo Supremo de Guerra y Marina y de los ascensos “por méritos de guerra” de tiempos de la dictadura que retrogradaron, entre otros al joven general Francisco Franco quien, al mismo tiempo, vio como se suprimía la Academia General Militar de Zaragoza que él mismo dirigía, también obra de la Dictadura de Primo de Rivera.
A los militares se les pidió una promesa de fidelidad al nuevo régimen; en caso de no querer prestarla, podían retirarse con su mismo grado y el sueldo total. estos decretos causaron malestar en los medios castrenses.
Los tres haces de decretos reflejaban gran parte de la problemática del país. A ellos había que unir la cuestión de las autonomías, que en el caso de Cataluña había iniciado ya su institucionalización por la vía del diálogo y de un proyecto de Estatuto votado por referéndum; y, sobre todo, la tensión con las autoridades eclesiásticas que tradicionalmente habían cumplido función legitimadora del poder público e intervenido en él. La tensión se agravó por el simple hecho que el Estatuto jurídico del 15 de abril estableció la separación de la Iglesia y el Estado. Hoy en día se sabe ya con base documental cómo transcurrieron los hechos: el Vaticano dio instrucciones a través de su secretario de Estado cardenal Pacelli -futuro Pío XII- el día 29 de abril, que fueron reproducidas por el cardenal primado Pedro Segura en carta “confidencial” a los obispos con objeto de defender “la religión y el orden social”. Coincidieron con las reuniones convocadas por Ángel Herrera, presidente de la ACNP, que dieron lugar a la formación, también a finales de abril, de Acción Nacional, “asociación que tendrá por objeto la propaganda y acción política bajo el lema de Religión, Orden, Trabajo y Propiedad”.
Los acontecimientos se precipitaron. Segura publicó el 2 de mayo en el Boletín de su diócesis una pastoral de transparente hostilidad al nuevo régimen y, al mismo tiempo, adoptó medidas para salvar los bienes de la Iglesia, situándolos en el extranjero mediante simulación de transferencias -esto sólo se supo el 15 de agosto cuando la policía española interceptó en la frontera al vicario de la diócesis de Vitoria-. Entretanto, el tradicional reflejo anticlerical de los medios populares y tal vez alguna provocación dieron lugar el 11 y 12 de mayo al incendio de numerosos conventos en Madrid, Andalucía y País Valenciano, lo qe produjo no sólo la indignación de la derecha sino también el temor de ciertos católicos. La tensión ya no cedería. Segura se marchó a Roma, pero al volver fue expulsado por el ministro de la Gobernación, Miguel Maura. El descubrimiento del proyecto de evasión de bienes hizo que el Vaticano obligase a dimitir a Segura en el mes de septiembre. Pero ninguna de las dos partes trató de acortar distancias; más bien, al contrario. Y la derecha “sociológica” se aprovechó de la falsa identificación entre religión y “orden social”.
CORTES CONSTITUYENTES
El 28 de junio de 1931, el 70,14% de españoles varones mayores de 23 años fueron a las urnas y otorgaron una indiscutible victoria a los candidatos republicanos y socialistas. La derecha, atemorizada, no consiguió resultados importantes. Sólo 26 diputados formaron un grupo parlamentario al que improvisadamente se le denominó agrario y cuya cabeza visible fue el joven abogado y catedrático de Acción Católica, José Mª Gil Robles. Los nacionalistas de izquierda catalanes -Esquerra- obtuvieron una gran victoria, mientras que los nacionalistas vascos, católicos y moderados, compartieron los escaños con sus compañeros de candidatura, los tradicionalistas o carlistas, con quienes romperían un año más tarde.
Las Cortes constituyentes eligieron presidente al profesor Julián Besteiro, del sector moderado del PSOE. A finales de agosto, una comisión parlamentaria por el profesor Jiménez de Asúa presentó el proyecto de Constitución que se discutió durante tres largos meses. Votada el 9 de diciembre, pero sin que la derecha participase en la votación, declaraba en su artículo 1º que todos los poderes emanan del pueblo y que “España es una república de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”. La Constitución contenía una amplia declaración de derechos y disposiciones tan importantes como la igualdad de todos los españoles -de ambos sexos, naturalmente- ante la ley, el sufragio universal, el divorcio vincular y la posibilidad de expropiación y socialización de bienes mediante indemnización. Sin embargo, los artículos más controvertidos fueron aquellos que admitían las autonomías regionales y los artículos 26 y 27, que suprimían toda subvención a la Iglesia, disolvían -sin nombrarla- la Compañía de Jesús y prohibían el ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas. El debate, muy apasionado y en el que brilló a gran altura Azaña, evitando que se aprobase la propuesta de disolver todas las congregaciones religiosas, dio lugar a la inmediata dimisión de Alcalá Zamora y de Miguel Maura. Sin embargo, el 10 de diciembre Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República. El 12 de diciembre, Azaña formó un gobierno de coalición de republicanos de izquierda y socialistas -los mismos representantes del PSOE que ya había-. Los radicales de Lerroux pasaron a la oposición.
GOBIERNO DE AZAÑA
Los grandes temas durante los veintidós meses que gobernó Azaña fueron la reforma agraria y el Estatuto de Cataluña. Y también los intentos de ruptura violenta por parte de los extremistas de uno u otro lado. Había también que votar las leyes fundamentales; y para eso se contaba con un gobierno de izquierda y un jefe del Estado católico y moderado.
La derecha no aceptó nunca el texto constitucional y, apoyada por la Iglesia, postuló su revisión. Desde el primer momento actuó con dos estrategias; una era la lucha frontal, la conspiración que desembocó en la sublevación de Sanjurjo y otros militares el 10 de agosto de 1932. Es la línea que seguirán tradicionalistas, falangistas y militares de cuartos de banderas. La otra era la estrategia de penetración pacífica en el sistema republicano, que logró su máxima expresión en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Una parte del alto clero optó por esta vía, pero el nuevo primado, cardenal Gomá, elegió desde 1934 la vía del integrismo.
La tensión social se agudizó desde el primer momento, y no sólo por las huelgas violentas de anarquistas y comunistas en Sevilla o en la metalurgía de Barcelona, etc., sino por el simple y permanente conflicto entre los trabajadores de la tierra y los patronos agrarios. Estos vieron aumentados sus costes de producción sin una compensación en los precios. Este sector no podía mantener sus beneficios con la política salarial de los jurados mixtos, la ley de laboreo forzoso, etc.; iba, pues, exasperándose progresivamente, tanto como los jornaleros, cuya fuerza de trabajo había sido pagada al mínimo hasta entonces.
Hay que decir que la distribución de la renta pareció favorecer, por vez primera, a los asalariados; según las estimaciones de los historiadores de economía [Francisco Comín: Hacienda y economía en la España contemporánea 1800-1936, Madrid, 1988, p. 827; Francisco Comín: “Economía española en el periodo de entreguerras”, en Jordi Nadal (dir): La economía española del siglo XX, Barcelona, 1987; Tortella y Palafox “Banca e industria, 1918-1936”, Investigaciones Económicas, núm. 20 (1983); Albert Carreras: Estadísticas económicas de España, Madrid, pp. 497-522] los salarios reales subieron un 7% den el bienio 1931-1933, y bajaron tres puntos en 1934-1935. Estos aumentos fueron más destacados en el sector agrario, el más conflictivo.
En un nivel más elevado, el de los grandes terratenientes, lo que se teme son los cambios estructurales y, por consiguiente, cunde el temor a la reforma agraria. Por añadidura, todo el gran empresariado -agrupado en la Unión económica-, ve en cualquier reforma agraria una brecha peligrosísima que puede abrirse en el orden social. Para ellos la defensa de la propiedad empieza por la del sector agrario.
Los diputados de la derecha obstaculizaron sistemáticamente los debates sobre el estatuto de Cataluña y la reforma agraria. Sin embargo, ambos fueron votados el 9 de septiembre de 1932, porque Azaña supo aprovechar la onda emotiva del rechao al golpe frustrado de Sanjurjo. En Cataluña, las elecciones autonómicas de noviembre confirmaron la hegemonía de la Esquerra y la presidencia de Macià. En cambio, la reforma agraria era asunto más complejo, con dificultades técnicas, de presupuestos, etc. Para evitar que la lógica impaciencia de los campesinos acarrease conflictos de orden de orden público, el Gobierno publicó el Decreto de intensificación de cultivos, aplicado primero a Badajoz, y luego a otras ocho provincias. El decreto permitió el acceso inmediato a tierras laborables sin explotar a campesinos que careciesen de ellas, para cultivarlas en un ciclo bieneal. Mas de 32.000 junteros -así llamados por tener la yunta y aperos, pero no la tierra- fueron asentados antes de la primavera de 1933; no obstante, la resistencia de los propietarios por un lado y la roturación por vía extralegal -salvaje, diríamos ahora- por otro, fueron causa de numerosos y violentos conflictos.
No cejaron los conflictos sociales. El año 1933 fue el más conflictivo, no sólo por el número de huelgas, sino porque los anarquistas protagonizaron dos sublevaciones armadas; una, en enero, que no hubiera tenido particular trascendencia, a no ser por la cruel represión de campesinos de un pueblecito de la provincia de Cádiz, Casas Viejas, llevada a cabo por guardias de asalto al mando del capitán Rojas -condenado a 20 años de prisión por aquellos hechos y liberado por los franquistas en 1936-. Los sucesos de Casas Viejas dieron pie a una campaña de protestas procedente tanto de la extrema izquierda como de la derecha.
Azaña, practicando la equivocada táctica de la “lucha en dos frentes”, promulgó poco después la Ley de Congregaciones Religiosas -privándolas del derecho a enseñar- que motivó la airada protesta del Vaticano y de la jerarquía española. El Gobierno se fue desgastando por estos y otros motivos, entre ellos los errores en la política triguera, que le enajenaron simpatías de los campesinos medios y pequeños. Por otra parte, la subida de Hitler al poder enardeció a los grupos de extrema derecha y aparecieron los imitadores del fascismo italiano y del alemán; los grupos de las JONS provocaron incidentes y, por último, en octubre de 1933, entró en liza Falange Española, acaudillada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del desaparecido dictador.
Pero, sobre todo, fue la disgregación de uno de los partidos del Gobierno, el Radical-Socialista -cuyas bases de pequeña burguesía agraria cedieron a la presión ideológica de la derecha y acabaron pidiendo “un gobierno sin socialistas”-, una de las principales causas de desgaste que, unida a otras de escasa monta, parecieron a Alcalá Zamora pretexto suficiente para disolver las Cortes.
Un gobierno dirigido por Martínez Barrio presidió unas elecciones a las que las derechas acudieron unidas -y a veces con el centro de Lerroux-, mientras que la izquierda se presentó en orden disperso, merced, sobre todo, a la “radicalización” de dirigentes tan prominentes como Largo Caballero. Desengañado de la etapa de colaboración, Largo Caballero ya no buscó sino rupturas violentas de la nueva situación dominada por el centro-derecha.
El resultado en número de diputados fue más favorable al centro-derecha que el recuento de votos -entonces votaron las mujeres por vez primera-. Las derechas -CEDA, tradicionalistas y Renovación Española-obtuvieron 3.365.700 votos; el centro -donde los radicales eran hegemónicos-, 2.051.500, y las izquierdas, 3.118.000 -de los cuales 1.700.000 eran socialistas y 453.000 de la Esquerra catalana-.
Sin embargo, el reparto de escaños fue el siguiente: la derecha obtuvo 211 diputados; había también 17 diputados de la Lliga que bien podían calificarse como de derechas o de centro. En esta última hipótesis el centro tendría 144 diputados, de los cuales 102 eran radicales -varios de ellos se desgajarán del partido radical hacia la izquierda siguiendo a Martínez Barrio pocos meses después-. En cuanto a la izquierda, sólo contaba con 94 diputados, de los cuales 61 eran socialistas. Fue elegido un solo diputado comunista, el doctor Cayetano Bolívar, votado en Málaga por una coalición de izquierdas premonitoria del Frente Popular.El año terminó con un nuevo intento insurreccional anarquista, vencido en una semana. Tras ello, Lerroux formará nuevo gobierno con apoyo parlamentario de la CEDA y de los agrarios.
[1] TUÑÓN DE LARA, Manuel: “La segunda República y la sociedad española (1931-1936)”. En TUÑÓN DE LARA, Manuel, VALDEÓN, Julio, DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio y SERRANO, Secundino: Historia de España. Valladolid, Ámbito, 1999, pp. 571-577[2] El Gobierno provisional estaba compuesto por: Niceto Alcalá Zamora, de Derecha Republicana (Presidencia); Alejandro Lerroux, radical (Estado); Miguel Maura, de Derecha Republicana (Gobernación); Manuel Azaña, de Acción Republicana (Guerra); Santiago Casares Quiroga de la ORGA (Marina); Fernando de los Ríos, del PSOE (Justicia); Indalecio Prieto, del PSOE (Hacienda); Álvaro de Albornoz, radical-socialista (Fomento); Francisco Largo Caballero, del PSOE (Trabajo); Marcelino Domingo, radical-socialista (Instrucción Pública); Lluis Nicolau d’Olwe, de Acció Catalana Republicana (Economía); Diego Martínez Barrio, radical (Comunicaciones).

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