De la Revolución de Octubre (1934) al triunfo electoral del Frente Popular (1936)

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Manuel Tuñón de Lara[1]
Empezó de manera incierta el año 1934. El Gobierno era de centro, pero dependía parlamentariamente de la derecha, que estuvo presionando durante nueve meses para conseguir la rectificación -o, al menos, la no aplicación- de lo legislado entre 1931 y 1933. Con eso querían manifestar que acataban la legalidad, aunque no estaban de acuerdo con la Constitución y dejaban en la ambigüedad el tema de la legitimidad. Fueron muchos los españoles a quienes esos equívocos persuadieron de que la CEDA y su jefe, Gil Robles, no eran ni poco ni mucho republicanos, sino que practicaban el “entrismo” bajo el velo de la doctrina pontificia.
La realidad era más dura y en el campo los propietarios se consideraron de nuevo dueños y señores; discriminaron por dejar sin trabajo a los afiliados a la UGT o CNT; bajaron los jornales en cuanto pudieron y utilizaron con frecuencia a la fuerza pública; una vez más, la vieja España confundía lo laboral con el orden público.
En las ciudades menudearon las huelgas económicas, que a veces se transformaron en políticas. La Falange empezó a actuar con la violencia que caracterizaba a su jefe, quien ensalzaba “la dialéctica de los puños y las pistolas” y decía que “el mejor destino que podía tener una urna electoral era ser rota”. Por otra parte, Falange concertó un pacto con el partido monárquico Renovación española en el que se estipulaba que recibiría una subvención mensual de ésta. Era tiempo de pactos, cargados de duros presagios, el de aquel borrascoso año de 1934. En Roma, los representantes de la extrema derecha española -Goicoechea por Renovación Española y Olazábal por el tradicionalismo- firmaron un pacto con Italo Balbo, según el cual el gobierno fascista de Italia prometía ayudarles a derribar la República española con armas, dinero y preparación militar. Pero los puntos más conflictivos de aquel verano fueron las nacionalidades históricas -Cataluña y el País Vasco- y los no menos históricos y con muchos títulos para ello trabajadores de la tierra de toda España.
El Partido Socialista, desplazado del poder, reaccionó con una radicalización extremada, que se extendió a la UGT -en cuya dirección Besteiro fue reemplazado por Largo Caballero, que pasó a encabezar el ala izquierda- y le llevó a una estrategia de lucha frontal. En esa línea, su Federación de Trabajadores de la Tierra -que constituía el 47% de sus afiliados y contaba en sus filas con más del 25% de los asalariados agrícolas- organizó, bajo la presión de sus bases, una huelga general de campesinos para junio de 1934. Caballero y la Comisión Ejecutiva de la UGT, que preparaba ya una insurrección armada, quisieron en vano frenar aquella huelga, pero no consiguieron sino enfrentarse con la dirección de la FNTT que logró parar las faenas agrícolas, en plena recolección. Unos doscientos mil huelguistas fueron a la huelga, en un total de más de setecientos municipios. Hubo enfrentamientos con muertos y heridos en varias provincias andaluzas, en Extremadura y en La Mancha. Salazar Alonso se acreditó como el más duro de los ministros de Gobernación y la fuerza pública llegó a practicar unas 7.000 detenciones, de las que cerca de 2.000 se transformaron en procesos.
La huelga duró dos semanas y permitió a Salazar Alonso la destitución de numerosos ayuntamientos socialistas, la clausura de los locales sindicales de las zonas agrarias y el encarcelamiento de sus dirigentes.
En Cataluña, la situación era difícil porque, tras la muerte de Macià, las nuevas elecciones llevaron al Parlamento Catalán y al Gobierno autonómico a una mayoría de izquierda presidida por Lluís Companys. El Parlamento catalán votó una Ley de Contratos de Cultivo que fue promulgada el 14 de abril, el Gobierno central -que ahora presidía el radical Samper- presionado por los propietarios catalanes, y con el apoyo de la Lliga y de los tradicionalistas, recurrió ante el Tribunal de Garantías Constitucionales que, constituido por una mayoría de derecha y extrema derecha, declaró inconstitucional el decreto. No admitieron la decisión los catalanes, que se retiraron de las Cortes -secundados por los vascos- y votaron de nuevo el texto en su Parlamento, sin modificación. Sin embargo, la temporada de verano pareció propiciar una reconciliación -en la que intervino personalmente el presidente Alcalá Zamora-; el compromiso gestado -votar el contenido de la Ley en forma de decreto de aplicación- no llegó a ser puesto en práctica, porque se adelantó la insurrección de octubre.
Mientras tanto, en el País Vasco se había levantado una fuerte corriente de opinión contra un decreto del ministro de Hacienda, Marraco, considerado atentatorio para los “conciertos económicos” de las diputaciones con el Estado. La coyuntura unió contra el gobierno a nacionalistas y socialistas y se vio a Indalecio Prieto, junto a los diputados catalanes y los alcaldes vascos, en la asamblea de Zumárraga. Se iniciaba una época histórica; la política de la derecha empujó al nacionalismo vasco a una alianza prolongada con los socialistas. La cuestión se envenenaba porque la mayoría parlamentaria de centro-derecha seguía bloqueando el Estatuto vasco desde diciembre de 1933.
Llegó con el mes de octubre de 1934 la apertura de la sesión parlamentaria. Gil Robles no se cansaba de reclamar el Poder ante multitudes que su partido -un tanto heterogéneo en cuanto a sus componentes- reunía en lugares hispanos de regusto tradicional como El Escorial, Uclés o Covadonga.
Esta vez Alcalá Zamora cedió y encargó a Lerroux la formación de un gobierno que integrase a tres ministros de la CEDA. Para muchos, esto era una agresión contra la República del 14 de abril; para Largo Caballero y sus colaboradores era la ocasión esperada para asaltar el Poder. El comité revolucionario dirigido por Largo Caballero trabajaba en la sombra desde hacía ocho meses. Pero Prieto tenía confiadas misiones de importancia. ¿Qué para qué querían el Poder? Largo Caballero nunca lo dijo, pero sus portavoces de las Juventudes se encargaron de explicar que se trataba de la dictadura del proletariado para implantar el socialismo bajo la dirección de un Partido Socialista “bolchevizado”; es decir, con jerga bolchevique, depurado de “centristas” y “derechistas”. No es necesario decir que eso no es lo que quería Prieto, sino una república que renovase y mejorase la marcha de la de abril de 1931, gobernada en alianza con los republicanos de izquierda y, en primer lugar, con Azaña. Esta renovación comprendía la democratización del Ejército, de la Guardia Civil, de la administración, llevar adelante una reforma agraria, etc. ¿Y Caballero? ¿Acaso soñaba con una toma del Poder que permitiese llegar al socialismo por la vía de la integración pacífica de los sindicatos y el Partido? Personalmente, tiendo a creer que ese había sido su proyecto hasta 1932-1933, pero que dejó de serlo después. ¿Quizás, como sugiere Santos Juliá, estaba convencido de que Alcalá Zamora cedería en el último momento? La verdad es que para el historiador resulta difícil reconstruir lo que puede haber sido el pensamiento de Caballero con cierta coherencia y continuidad. Y, sin embargo, fue uno de los principales protagonistas de la historia contemporánea de España. Ahora bien, lo que no es dudoso es que los mineros asturianos y los estudiantes y obreros madrileños que se alzaron con las armas que pudieron en la madrugada del 5 de octubre querían la revolución proletaria. ¿Sabían acaso lo que era? A veces los hombres dan lo mejor que tienen por un imposible histórico.
Al amanecer del día 5 el paro era total en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, en Bilbao y su zona industrial y minera de la ría y en todas las localidades del País Vasco; también en Córdoba, Salamanca, Palencia y en su zona minera. Toda Asturias estaba paralizada y desde la madrugada los mineros asaltaban los cuarteliños de la Guardia Civil, que iban cayendo uno tras otro en su poder. Es lo que se ha llamado “la conquista del poder local”. Se constituía, al mismo tiempo, el primer Comité Revolucionario, presidido por González Peña y de mayoría socialista, pero con representantes de la CNT y del PCE, todos miembros de la Alianza Obrera de Asturias. En Madrid, los intentos de las milicias de jóvenes socialistas, mandadas por el capitán Condés y el teniente Moreno, de apoderarse de edificios oficiales o estratégicos, fracasaron tras algunos tiroteos. La huelga general duró ocho días más.
En Asturias, los revolucionarios eran virtualmente dueños de Oviedo tres días después, aunque los gubernamentales resistían en algunos puntos. Para entonces el Gobierno ya había llamado al general Francisco Franco -destinado en Baleares, pero ocasionalmente en Madrid- para confiarle el mando total de la lucha contra la revolución. Franco ocupó el despacho del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, ordenó trasladar de África a Asturias dos banderas de la Legión y dos tabores de Regulares y llamó también al teniente coronel Yagüe. Éste mandó las fuerzas que el 7 de octubre desembarcaron en Gijón del crucero Libertad. Mientras tanto, el general López Ochoa avanzaba con muchas dificultades desde Galicia a Oviedo, a cuyas afueras llegó en la noche del día 11.
En Cataluña, tras la huelga general iniciada por la Alianza Obrera -en la que no participa la CNT, que llega hasta a desautorizarla a través de la Radio- Companys proclama “el Estado catalán de la República Federal Española”, aunque sin dar armas al pueblo, y contando sólo con las fuerzas de Orden Público de la Generalitat. Ante el ultimátum del general Batet, en nombre del Gobierno central, Companys y su gobierno se rinden en la madrugada del día 7. En Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Tarrasa, Manresa y otras ciudades de Cataluña continuaba la huelga y los enfrentamientos armados. Sólo en la tarde del día 7, cuando la Legión y otras tropas desembarcan en Barcelona, puede considerarse dominada la situación en Cataluña. Aquel día era detenido Azaña en Barcelona, que se encontraba allí tras haber asistido al sepelio del ex ministro Carner, y desaconsejó el alzamiento a sus amigos catalanes.
Todavía tardó el Gobierno una semana en dominar la revolución en Asturias, cuenca minera de León, aglomeración industrial y minera de Bilabo, etc., y la huelga en las ciudades, mientras el campo permanecía inactivo -organizaciones, militantes, dirigentes, ayuntamientos, todo había quedado deshecho tras la huelga de los campesinos-. Una vez más, el desfase entre los trabajadores de la ciudad y los del campo sería fatal para los revolucionarios españoles.
Comenzó entonces una represión de amplitud y ferocidad desconocida en lo que iba de siglo XX. El saldo oficial de sangre fue de 1.335 muertos -78% de los cuales pertenecían al bando revolucionario- y casi 3.000 heridos.
A estas cifras oficiales hay que añadir las de fusilamientos y torturas después de la revolución, los doscientos fusilamientos ilegales en el cuartel de Pelayo y otros lugares. En toda España fueron detenidas unas treinta mil personas y varias decenas de millares fueron expulsadas de sus puestos de trabajo por haber participado en la huelga. la prensa de derechas pedía venganza y deformaba noticias en las Cortes. Calvo Sotelo aplaudía los fusilamientos y pedía más represión; Melquiades Álvarez evocaba elogiosamente la figura de Thiers, responsable de la matanza de communards en 1871. Se reorganizó el gobierno, expulsando a los considerados tibios: el mismo Hidalgo, Samper y Escofet -en un verdadero pulso contra Lerroux y Gil Robles, que querían su fusilamiento, como lo han dejado escrito en sus respectivas memorias-. Sólo se cumplieron dos sentencias de muerte en Asturias. Luego vinieron las condenas a la última pena de González Peña, de treinta mineros de Turón, etc. La sensibilidad popular, su protesta y presión masiva -de la que ha dejado testimonio el entonces presidente de la República-, la actividad de los comités contra la pena de muerte formados por todas las corrientes ideológicas, fueron consiguiendo frenar la represión, impedir que se ejecutasen las penas de muerte que dictaban los consejos de guerra, así como otras victorias, como fue la liberación, a finales del año, de Manuel Azaña, cuya detención había sido tan ilegal como torpe.
El gobierno de centro-derecha presidido por Lerroux -al que se incorporó Gil Robles como ministro de la Guerra en marzo de 1935-, prohibió la prensa socialista, mantuvo la censura, hizo votar una ley de contrarreforma agraria que privilegiaba enteramente a los terratenientes, expulsó a los yunteros de sus tierras, suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, bloqueó el proyectado para el País Vasco, aumentó la jornada laboral de los metalúrgicos y los salarios reales disminuyeron en 3% al año. El paro forzoso, ya muy considerable, sobre todo en el sector agrario, fue agravándose hasta llegar a cerca de setecientos mil trabajadores a finales de 1935.
La represión, el espíritu de desquite en los dos grandes boques políticos en que se dividía el país, fueron otros tantos semilleros de odios y rencores. Cada bando se dedicó a la creación de su repertorio de héroes y mártires -lo que no es buen camino para alcanzar la convivencia política-.
La primera consecuencia de la contrarrevolución que siguió a octubre de 1934 -guardando, desde luego, las formas de la república parlamentaria- fue el desplazamiento de personal en los centros de poder y altos cargos. El general Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central y casi todos los altos cargos militares recayeron en hombres de derecha, muchos de ellos implicados en la sublevación de agosto de 1932 y que fueron amnistiados. También lo fue el general Sanjurjo, que se instaló en Portugal, y Calvo Sotelo, que regresó a España y encabezó, con Goicoechea, el llamado Bloque nacional, de extrema derecha protofascista. El gobierno de mayo de 1935 sólo contaba con tres de sus miembros que ya eran republicanos el 14 de abril de 1931. En los más delicados aparatos se encuentran hombres de extrema derecha, pero no es menos verdad que igualmente se encuentran republicanos, emanados de medios burgueses -por ejemplo, los generales Núñez del Prado y Llano de la Encomienda, jefes respectivamente de la 2ª y 3ª División orgánica-. Hubo un evidente intento del partido radical de crear una “clase” política partiendo de la burguesía media, tan bien representada en ese partido. De modo que bien puede decirse que hay dos vertientes o niveles en el seno de los aparatos del estado: por un lado, los recuperados por la oligarquía y su personal político; por otro, los que siguen siendo republicanos y liberales, pero han seguido en centros operativos de importancia.
La última y quizás más importante consecuencia del movimiento revolución-represión del otoño-invierno de 1934-1935 es un fenómeno de sentimentalismo colectivo que vemos repetirse en la historia contemporánea de España; la condena reprobatoria de la represión alcanza a sectores de la sociedad mucho más vastos que los que participaron o simpatizaron con la tentativa revolucionaria. Y, una vez más, los condenados por consejos de guerra serán liberados de las prisiones por el voto de los electores -Gonzáles Peña, Companys, Comorera, Manso y tantos más- en febrero de 1936.
Este fenómeno se inserta en otro, que es el origen y formación del Frente Popular, su fase germinal, en el que los factores emotivos de rechazo de la represión desempeñan un factor de primer orden. Esos factores desbordan los de la simple solidaridad de clase.
Uno de los puntos en que cristalizó ese estado de ánimo, que iba más allá de los proyectos de cada partido, fue la popularidad adquirida por Manuel Azaña, que por toda España reunía multitudes de cientos de miles de personas, tanto obreros como clases medias, deseosos de un restablecimiento total de la democracia. Lo más destacable era el clima de exaltación hacia la unidad de la izquierda, sin distingos partidistas. Ciertamente que los estados mayores de los partidos tenían sus puntos de vista muy particulares, pero, por encima de ellos, con una fuerza que no podían contrapesar, estaba ese estado de ánimo, ese sentimiento colectivo a favor de la unidad. ¿Para qué? Ante todo, para que no quedase nadie en una cárcel. Y esto lo sabía muy bien Largo Caballero, a quien sólo le interesaba la alianza electoral para conseguir la amnistía y la reintegración de los represaliados. Él y su sector no querían más alianzas con quienes llamaban “los burgueses”. Todo lo contrario que Prieto o Azaña, que creían que era necesaria una mayoría parlamentaria para poder gobernar y lograr al fin una verdadera modernización del país. En cuanto a los comunistas, veían el Frente Popular como algo organizado en las bases para poder desbordar a los demás partidos. Para las gentes sencillas, de uno u otro matiz, estaba claro: todos querían la amnistía, liberar a los presos; otros soñaban con proseguir las reformas hechas por el gobierno republicano hasta 1933; y no faltaban los muy numerosos que columbraban un horizonte de utopía social. En todo caso, eran sentimientos colectivos que partían de una derrota, rasgo que les distinguía esencialmente de los componentes del Frente Popular francés coetáneo del español.
En esa coyuntura ya más incierta estalló un escándalo de sobornos en el que estaban implicados altos cargos del Partido radical, desde Salazar Alonso hasta el propio hijo adoptivo del jefe del Gobierno, Aurelio Lerroux. Fue el famoso straperlo, ruleta con trampa que un aventurero holandés había pretendido instalar en España a base de sobornos. La consecuencia fue la inevitable dimisión del jefe del Gobierno, la desarticulación del Partido radical, y con ello de la mayoría parlamentaria. Los gobiernos de centro-derecha de Chapaprieta -hombre de negocios, antiguo colaborador de Alba- no pudieron evitar el deterioro de la situación. Alcalá Zamora se adelantó a Gil Robles, que no se acostó la noche del 10 de diciembre esperando la respuesta de los generales Fanjul, Goded, Varela y Fanco -pocas garantías tenía la república parlamentaria-, porque el último no se decidió. Portela Valladares consiguió formar un gobierno al que Alcaá Zamora dio el decreto de disolución. Gil Robles pasó a una oposición muy activa y el gobierno convocó elecciones generales para el 16 de febrero de 1936. Alcalá Zamora corría un riesgo -que, como veremos, tuvo consecuencias-: apurar la última prerrogativa de disolución durante su mandato presidencial.
Prestamente, y a pesar de ciertas dificultades en uno y otro bando, se constituyeron los dos frentes electorales básicos: la derecha, bajo el lema de “Contra la revolución y sus cómplices”, presentó un bloque que iba desde la CEDA hasta Renovación Española y el tradicionalismo; es decir, desde los posibilistas hasta los monárquicos y contrarrevolucionarios a ultranza. El más somero examen sociológico demostraba que no había notorias divergencias entre ellos. En cambio, Falange Española quedó aislada.
La izquierda iba, dentro del espíritu de la época y coincidiendo con el ejemplo francés, a una candidatura llamada de Frente Popular, que era más una coalición electoral que otra cosa, pero que fue acogida entusiásticamente en los medios de izquierda. En Cataluña tomó el nombre de Front d’Esquerra. Tras vencer algunas dificultades consistentes en los recelos republicanos por la participación de los comunistas -en la que insistió mucho Largo Caballero-, se llegó a un acuerdo sobre un programa muy moderado, cuyos puntos principales eran la amnistía y la reintegración de los represaliados, así como la vigencia y aplicación de las leyes republicanas suspendidas o derogadas en el segundo bienio. Esto suponía la autonomía de Cataluña y la reintegración de su gobierno, la puesta de nuevo en marcha de la reforma agraria y de las demás leyes agrarias de la República, la derogación de la ley de arrendamientos rústicos y lo que el programa calificó de “rectificación del derrumbamiento de los salarios en el campo”. Como se ve, la cuestión agraria y la de las autonomías parecían seguir manteniendo la prioridad.
El Partido Nacionalista Vasco presentó candidaturas independientes, aunque en el Vaticano monseñor Pizzardo les conminó a unirse a la derecha, “porque estas elecciones representan la lucha entre el Cristo y Lenin”. Hubo, además, algunas otras candidaturas; la de los republicanos conservadores de Miguel Maura, los afines a Alcalá Zamora -“progresistas”- y algún que otro radical superviviente del naufragio general de su partido. -Conviene aclarar que el ala izquierda del radicalismo, dirigida por Martínez Barrio, se había transformado en Unión Republicana y como tal formaba parte del Frente Popular.-
El 16 de febrero 9,8 millones de electores -el 72% del censo electoral de españoles de ambos sexos mayores de 23 años- acudieron a las urnas para elegir 473 diputados entre 977 candidatos. La izquierda o Frente Popular obtuvo 4.645.116 votos, el bloque de derechas 4.503.524 y el centro cerca de medio millón, además de los 125.714 votos del Partido Nacionalista vasco.
La Ley electoral -igual que en 1931 y 1933- otorgaba una prima importante a la mayoría; de ahí que el Parlamento elegido fuese radicalmente de izquierda. Su composición definitiva después de celebrarse una segunda vuelta donde nadie había obtenido el 40% de los votos (Guipúzcoa, Vizacaya. provincia, Álava, Castellón y Soria) fue la siguiente:
Socialistas, 99
Izquierda Republicana, 87
Unión republicana, 39
Esquerra Republicana de Catalunya, 36
Comunistas, 17
POUM, 1
Sindicalista, 1
(Total izquierdas: 280)
CEDA, 88
Bloque Nacional, 13
Tradicionalistas, 9
Agrarios, 11
Indep. de derecha, 3
Lliga, 12
(Total derechas: 136)
Centristas, 16
PNV, 10
Progresistas, 6
Rep. Conservador, 3
(Total centro: 39)
Indefinidos: 1 mesócrata; 3 vacantes
Independientes, 10
Varios, 6
Es interesante saber que Falange presentó candidatura aislada, encabezada por José Antonio Primo de Rivera. En Madrid obtuvo 5.000 votos y en Valladolid, 2.973.
En las 24 horas que siguieron a las elecciones se ejercieron toda clase de presiones sobre Portela para que no reconociese el resultado electoral y declarase el estado de guerra; las primeras presiones las hizo Franco sobre el general Pozas, director general de la Guardia Civil, y sobre el general Molero, ministro de la Guerra, ambas con resultado negativo. Gil Robles y Calvo Sotelo presionaron en el mismo sentido a Portela. Este abandonó en cuanto pudo las riendas del Poder y Alcalá Zamora no tuvo otra solución que llamar a Azaña. Era ya el 18 de febrero. El entusiasmo popular se desbordaba en manifestaciones. En ciudades como Oviedo los presos ya habían salido a la calle. Azaña, venciendo sus propias reticencias -“Una vez más hay que segar el trigo en verde”, comenta en su Diario al día siguiente-, forma un gobierno sólo con republicanos de izquierda limitándose socialistas y comunistas a darle su apoyo parlamentario. En dos días más, sin romper las formas legales, utilizando la Diputación Permanente de las Cortes, concede la amnistía y la reintegración de los represaliados y libera al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a cuyos miembros trae primero a Madrid, para que sea el propio Parlamento catalán quien los reinstale el 1 de marzo.
Azaña se dirigió al país en un mensaje sereno: “El Gobierno... espera que toda la nación corresponda a nuestros propósitos de pacificación, de restablecimiento de justicia y paz...”.
Sin embargo, se abría una etapa difícil: los miembros del antiguo bloque dominante -política y económicamente- no se resignaban y ya no creían más que en las soluciones de fuerza. El Bloque Nacional dirigido por Calvo Sotelo declaró “la urgencia de coordinar las fuerzas contrarrevolucionarias para una eficaz defensa del orden social”. Pocos días después, en la primera semana de marzo, varios generales -entre ellos Franco, a quien el Gobierno destinó a Canarias, creyendo así relegarlo- se reunieron para decidir un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España. En cuanto al sector más derechista de la CEDA, entró en el engranaje de la conspiración y de las tramas filofascistas; ése fue el caso de Serrano Súñer, pero de muchos más también. Apenas habían pasado tres semanas desde las elecciones cuando estos y otros grupos emergían del bloque socialmente dominante para defender el orden, cuando todavía no se habían producido la mayoría de los hechos que más tarde servirían de argumento y pretexto a los sublevados del mes de julio. La única radicalización de aquella primavera consistió en que, a diferencia de 1931, lo legislado se aplicaba sin titubeos, mientras que en el primer bienio se aplicó poco o nada. Pero la simple aplicación del programa del Frente Popular condujo a que, sobre todo en los medios rurales, se invirtiera la correlación de fuerzas sociales, y los trabajadores del campo se adelantaron a veces, si no a la ley, sí a su aplicación. Ese fue el caso de la ocupación de unas 3.000 fincas de Badajoz, el 25 de marzo, por decenas de millares de campesinos. Se trataba de la reinstalación de los yunteros, ya decretada, pero todavía no aplicada. Asimismo, el 20 de marzo el Ministerio de Agricultura autorizaba al Instituto de Reforma Agraria a ocupar inmediatamente cualquier finca por causa de utilidad social, amparándose en el artículo 27 de la Ley conservadora de agosto de 1935. Este Decreto y la decisión de las Cortes de 18 de junio de restablecer en su vigor la Ley de 1932 -es decir, toda la Ley de Bases de la reforma Agraria- constituyeron el eje del conjunto de transformaciones agrarias operadas entre marzo y julio de 1936. Con todo y eso, la transferencia de tierras no fue más allá de unas setecientas mil hectáreas para unos cien mil “cabezas de familias campesinas” -en la mayoría de los casos, los beneficiarios, usando del derecho de opción que les concedía la ley, optaron por la explotación colectiva-.
Que la cuestión agraria fue decisiva en los prolegómenos de la guerra civil lo ha reconocido José María Gil Robles, que desde mayo de 1936 contribuyó en el parlamento -en unión de Calvo Sotelo- a crear el clima que justificase la sedición antidemocrática.
En la primavera de 1936 no existía un complot comunista, según han pretendido hacer creer los historiadores de la España oficial; pero se había iniciado una revolución agraria que llevó el desorden y a anarquía a una gran parte del campo español.
En efecto, las relaciones de producción empezaban a cambiar en el campo, pero la revolución era más bien potencial que real, más un futurible que un presente. Es, sin embargo, muy cierto que esas primeras transformaciones -que en la óptica de los propietarios tomaban las dimensiones de un 4 de Agosto francés redivivo en España- revelaban una erosión del orden social. El desorden a que se refiere Gil Robles en su libro No fue posible la paz era insoportable para la fracción más regresiva de las clases dominantes. Así pues, los mecanismos ideológicos de la hipostatización se pusieron en marcha y, con ellos, una conspiración cuya punta de lanza serían los sectores más agresivamente derechizados del ejército, la organización paramilitar carlista, la Falange y el sector prototalitario que se desgajaba de la CEDA.
VÍSPERAS DE SANGRE
Desde las semanas iniciales de marzo la tensión fue creciendo en la España urbana y en la España rural. En aquélla se observaron los primeros gestos de violencia por parte de los sectores juveniles de la derecha. Esta actitud era más clara por parte del SEU, organización estudiantil de Falange, que era también su sector de choque. En las Universidades los incidentes menudearon sin parar y la iniciativa correspondió a los falangistas así como, en algunos sitios, a los estudiantes tradicionalistas. En Navarra, la organización paramilitar -el Requeté- estaba prácticamente en pie de guerra.
En Madrid un grupo de falangistas disparó sobre el catedrático y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa; a consecuencia de la agresión murió el policía Gisbert que cumplía el servicio de escolta. El Gobierno reaccionó clausurando los locales de Falange -donde se encontraron armas- e ilegalizándola y procediendo a la detención y procesamiento de José Antonio Primo de Rivera.
Las agresiones continuaron por una y otra parte. En las localidades rurales eran más frecuentes las agresiones contra los locales de la CEDA u otros de derechas, los incendios o tentativas de incendio de iglesias, las exigencias a los propietarios para que diesen trabajo y pagasen lo fijado por los obreros, etc. Los medios acomodados, los clientes asiduos de los casinos de labradores y sus familias vivían atemorizados. En contrapartida, en las comarcas donde la derecha se sentía más fuerte eran los socialistas las víctimas más frecuentes de agresiones; ése fue el caso del presidente de la Casa del Pueblo de Carrión de los Condes, ahorcado por los falangistas de aquel lugar.
En abril, el engranaje de la violencia se intensificó; se produjeron incidentes en el desfile militar del día 14 y unos petardos explotaron en la tribuna presidencial. En el tumulto murió un alférez retirado de la Guardia Civil, cuyo entierro, al día siguiente, degeneró en batalla campal entre falangistas y guardias de asalto, con un saldo de tres muertos y numerosos heridos.
Después vino el asesinato del magistrado Pedregal, que había juzgado a los asesinos de Gisbert, y el del capitán Faraudo, de filiación socialista.
Al abrirse las Cortes, los frentepopulistas decidieron deshacerse de Alcalá Zamora, por un procedimiento desde luego legal, pero tan paradójico y absurdo que pasado el tiempo puede considerarse como un serio error: aplicar a la letra el artículo 81 de la Constitución, que decía que si tras una segunda disolución de las Cortes en el mismo mandato presidencial, la cámara recién elegida estimaba que la disolución no había sido necesaria, el presidente sería inmediatamente destituido. Propuso Prieto la aplicación del artículo 81 y con los votos de los diputados del Frente Popular y de los nacionalistas vascos se obtuvo la mayoría absoluta. Aunque con visible enfado, Alcalá Zamora no opuso resistencia.
¿Había sido necesaria esa destitución? Es muy dudoso. No parecía oportuno para calmar los ánimos. Contribuyó a ahondar el foso que separaba ya a los españoles y cerró el paso a posibles alianzas que la inminencia del peligro fascista habrían aconsejado más adelante.
La operación tenía una segunda parte de más trascendencia; dirigida por Prieto y apoyada por personalidades republicanas moderadas de tanto relieve como Sánchez Román, Viñuales y Miguel Maura era el primer paso para abrir el camino de Manuel Azaña a la Presidencia de la República.
Los partidarios de acabar con el equívoco de don Niceto en la Presidencia partían de un hecho cierto: la áspera lucha entablada entre el jefe del Estado y el jefe del Gobierno, desde que éste se hizo de nuevo con las riendas del Poder, hasta el punto de que los Consejos de Ministros habían llegado a ser insostenibles. Este hecho, sin embargo, era poco o nada conocido del gran público.
Fue tensa también aquella segunda semana de abril, que empezó con la presentación del gobierno de Azaña ante las Cortes. Fue una declaración serena, no exenta de energía, en la que dijo: “Estamos... delante de este fenómeno histórico grandioso del acceso al poder de clases sociales españolas que hasta ahora estuvieron desprovistas de él...”
Replicó la extrema derecha. Desde aquel 15 de abril, la “guerrilla” parlamentaria dirigida por cierta destemplanza por Calvo Soelo y Gil Robles anunciaba ya una parte de su estrategia: hacer creer que España ardía en la anarquía y el desgobierno, para remediar lo cual sólo quedaba el recurso a la violencia -esta segunda parte sugerida como iniciativa más por Calvo Soteo, mientras que Gil Robles la presentaba como un mal inevitable de esa anarquía y desgobierno-. Para evitar la censura de prensa, los más violentos alegatos eran reproducidos del texto taquigráfico del Diario de Sesiones por los diarios de la derecha, principalmente ABC. La “guerrilla” de Calvo Sotelo y Gil Robles en las tumultuosas sesiones parlamentarias de mayo y junio de 1936 desvela toda la trama ideológica de la preparación del golpe de fuerza. Aquel mismo día, en las calles de Madrid actuaba la “guerrilla” de extrema derecha con el pretexto del entierro del alférez Reyes.
El panorama internacional también estaba cada vez más tenso; en marzo, Hitler había decidido unilateralmente la remilitarización de Renania. Al empezar mayo las divisiones de Mussolini entraban en Addis-Abeba, capital de Etiopía. En fin, casi al mismo tiempo, el Frente Popular francés ganaba las elecciones y León Blum reclamaba ya la Presidencia del Gobierno para él y su partido, la SFIO.
Muy pocos días después, en el palacio de Cristal del Retiro, diputados y procuradores elegían presidente de la República a Manuel Azaña casi unánimemente -con la sola abstención de la derecha-. Era el 10 de mayo y al día siguiente Azaña encargaba a Prieto que intentase formar gobierno. El líder centrista del socialismo aceptó, y presentó a la Comisión Ejecutiva de su partido un programa que podría ser el de un gobierno de republicanos y socialistas. Largo Caballero y la mayoría del grupo parlamentario mostraron inmediatamente su disconformidad -aunque personalidades como Fernando de los Ríos, Negrín, Jiménez de Asúa y González Peña apoyaban el proyecto-. Prieto, malhumorado, renunció -según los reglamentos, debía haberse convocado un Comité Nacional, ya que la Ejecutiva y el grupo parlamentario tenían criterios diferentes-.
Muy probablemente, la República perdió aquel día la posibilidad de su salvación por la vía pacífica -aunque tampoco puede asegurarse que Prieto hubiera podido evitar la sublevación de julio-.Ésta, en realidad se estaba ya tramando cuidadosamente bajo la dirección del general Emilio Mola -que ya conocemos por su paso por la Dirección de Seguridad en 1930-1931-, a quien el Gobierno, demostrando una vez más su falta de tacto, había sacado de Marruecos para hacerlo gobernador militar de Pamplona. Azaña llamó entonces a un hombre de su confianza, el republicano gallego Santiago Casares Quiroga, quien probablemente no tenía todas las dotes necesarias para el desempeño de tan arduo papel. Casares formó un gobierno de republicanos de izquierda muy semejante al precedente, con el agravante de asumir él mismo la cartera de Guerra. Se presentó en las Cortes de 19 de mayo con la inoportuna declaración “Contra el fascismo, el Gobierno es beligerante”. Con ello atizaba la inquietud de los moderados y -lo más grave- no era verdad ni podía ni quería ser beligerante. Más de medio siglo después la ceguera política de Casares Quiroga no es un secreto de la historia. Contra él arreció la guerrilla parlamentaria de Calvo Sotelo y Gil Robles, tanto en ese mismo día de presentación del Gobierno como el 16 de junio, cuando Gil Robles interpeló sobre el estado del orden público en España, pretendiendo basar sus afirmaciones... en las cartas de los corresponsales de El Debate, ¡su periódico de Acción Católica! Ese día hubo un duelo verbal entre Calvo Sotelo y Casares Quiroga -que no está reproducido sino fragmentariamente en el Diario de Sesiones- en el que el primero hizo un llamamiento al ejército de signo inequívoco.
SE ACELERA EL ENGRANAJE DE LA VIOLENCIA
Desde primeros de junio no pasó día sin que la situación se agravase. Se multiplicaban las huelgas y los incidentes, pero al mismo tiempo seguían los asentamientos de campesinos, en aplicación de la reforma agraria. A la derecha le parecía tan mal lo uno como lo otro. En las ciudades, la CNT desbordó a la UGT, con una premonición de movimiento obrero asambleario -en los tajos de la construcción, sobre todo-. Los patronos tampoco cedían: la discusión de nuevas bases de trabajo crispó más las relaciones laborales y dio lugar a prolongadas huelgas. En otras partes, como Asturias, lo que hoy llamamos huelgas salvajes menudeaban creando problemas sin fin. En el campo no era menos complicada la situación, sobre todo en Andalucía y La Mancha. Más que de huelgas, se trataba de ocupaciones de tierras o de lo que llamaban “la siega por asalto”: los campesinos entraban sin permiso en una finca, segaban la cosecha y le pasaban al dueño la cuenta de los jornales. Los patronos agrarios no eran más contemporizadores: “preferimos que el grano se queme o se pudra antes que pagar los salarios que nos piden”, decían en Extremadura. Y el duque de Arión, dirigente de la Asociación de Propietarios Rústicos -que agrupaba a los grandes terratenientes- anunciaba ya la huelga de contribuyentes agrarios y la negativa a sembrar para el otoño próximo.
Pero si seguían las huelgas, también seguía la conspiración y Mola urdía hábilmente la trama, anudaba lazos y daba instrucciones con el nombre de El Director. No solamente contaba con los jefes militares afiliados a la clandestina Unión Militar Española, sino también con los generales Fanjul, Villegas, González Carrasco y Varela -detenido en Cadiz-, todos sin mando en aquel momento. Además del gobernador militar de Baleares, general Goded, ganó para su causa a dos generales que habían servido largamente al Estado republicano: Cabanellas, a la sazón jefe de la 5ª División Orgánica (Aragón) y Queipo de Llano, director general de Carabineros. ¿Y el gobernador militar de Canarias? Era nada menos que el general Franco, que había conectado con los conspiradores desde el primer momento, que recibía mensajeros, pero que no terminaba de deshojar la margarita y dar su completa aquiescencia. Pero, en realidad, quienes tenían los hilos de la trama eran un buen número de coroneles, a quienes las reformas de Azaña habían contrariado en sus aspiraciones al generalato; entre ellos, tres decisivos, en Marruecos: Solans, Yagüe y Sáenz de Buruaga. El golpe del 18 de julio no fue una sublevación de generales sino una rebelión de coroneles descontentos.
Naturalmente, la derecha pura y dura, la derecha “sociológica”, se aprovechaba y capitalizaba su agresión al régimen procurando “ideologizarla” -Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, Goicoechea-. Más sigilosamente, una elite de los medios de comunicación, del dinero y de la aristocracia, colaboraba activamente en la trama civil de la conspiración: Oriol, Luca de Tena, Fernán Núñez, el ya citado Goicoechea, Lequerica, Sangróniz, Pujol, Gamazo, Vallellano, Ventosa, Bau, Bertrán y Musitu, Vergarajáuregui, Carceller, Areilza y, desde luego, Juan March, figura clave, sobre todo desde el punto de vista financiero.
No siempre fueron fáciles las negociaciones para Mola; los carlistas le exigían mucho, a través del general Sanjurjo, jefe común indiscutido. Pero todavía el 2 de julio Mola se negó a aceptar el mensaje tradicionalista de Sanjurjo; “la firma es de Sanjurjo, pero el contenido no”, le dijo a Fal Conde. Éste se enfadó y dio órdenes de no secundar el alzamiento, pero no todos los dirigentes carlistas pensaban igual. Al fin, y tras el asesinato de Calvo Sotelo, el 14 de julio, Mola se decidió a firmar un acuerdo impreciso.
Tampoco le fue fácil a Mola entenderse con José Antonio Primo de Rivera que, desde la cárcel de Alicante, se había negado el 24 de junio a que la Falange participase en el alzamiento. Sin embargo, cinco días después había cambiado de opinión. Todo estaría en orden para cuando, en la mañana del 17 de julio,”El Director” diese la consigna de disparar contra la República.
Julio había empezado con una sesión de Cortes en la que Ruiz-Funes presentó el proyecto de ley de rescate y readquisición de bienes comunales y propios de los pueblos, que suponía a reversión a los municipios de inmensas extensiones de tierra que habían entrado en el dominio privado durante el siglo XIX. La aplicación de este proyecto, aunque se preveía paulatina, sumada a la de la Reforma Agraria, suponía, a plazo medio, una transformación, no por legal menos revolucionaria, de las relaciones de producción en buena parte del campo. Era demasiado para las clases dominantes de la sociedad, con pocas esperanzas de recuperar por la vía pacífica la cúpula del poder político. Ahora no podrían tolerar que cambiasen las bases del sistema agrario, sin que ello fuera el primer paso hacia a pérdida de su poder económico. Esto era, por lo menos, lo que ellos pensaban, aunque en los programas políticos de la mayoría no hubiese el menor atisbo de cambio revolucionario; ni siquiera la ley del control obrero -rechazada en 1931- ni las nacionalidades más importantes -Banca, Ferrocarriles, redes de energía eléctrica.-
El 1 de julio Calvo Sotelo hizo otra vez la apología de las “revoluciones fascistas como reacción instintiva de las clases medias”, para terminar gritando en tonos de gran violencia: “Por fortuna, no tendréis tiempo ni ocasión de ensayar vuestras fantasmagorías económico-sociales soviéticas en España. ¡No os dejaremos! ¡No os dejaremos!”.
El artículo 1º de la Ley se votaba, sin embargo, el 10 de julio. Casi al mismo tiempo, el corresponsal de ABC en Londres Luis Antonio Bolín contrataba al aviador Bebb para que fuese a Canarias, en un avión de la Olery Airways Company, y se pusiese a las órdenes del general Franco. ¿Acaso éste estaba ya comprometido en el alzamiento? El 11 de julio Bebb despegaba de Inglaterra. Existe una versión según la cual Franco, remiso al alzamiento, sólo se decide el 14 de julio, al saber la noticia del asesinato de Calvo Sotelo. Dicha versión necesitaría explicar, mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, por qué tres días antes el Dragon Rapid había salido de Inglaterra.
* * * *
En las primeras horas de la noche del 12 de julio, el teniente de Asalto José del Castillo era asesinado por un comando de Falange, cuando salía de su casa.
La réplica fue inmediata: del cuartel de Pontejos salió un grupo de guardias, acompañados por el capitán de la guardia Civil Fernando Condés y por el socialista Victoriano Cuenca. Van a casa de Calvo Sotelo. Condés le dice que deben conducirlo a la Dirección de Seguridad. Pero cuando el coche -una camioneta descubierta de Asalto- se pone en marcha, Calvo Sotelo es abatido de un pistoletazo, con casi total seguridad disparado por Cuenca; sin saber qué hacer, depositan el cadáver en el cementerio del Este. Ley del Talión que también funcionó como provocación. Pero nadie puede pretender, por abominable que fueran -y lo son- esos dos crímenes, que la sangre de Castillo ni la de Calvo Sotelo fueran la causa de la guerra.
La Diputación Permanente de las Cortes se reunió el 15 de julio. El conde de Vallellano, en nombre del Bloque Nacional, anunció que su grupo se retiraba de las Cortes y que toda convivencia esta rota. Gil Robles estuvo amenazador y dijo: “Un día, la sangre vendrá sobre vosotros”. Cuando, a las tres de la tarde, Martínez Barrio levantó la sesión, de hecho, la guerra estaba declarada.
En la tarde del día 17, Alejandro Lerroux recibe una visita; es Martín Báguenas, comisario de policía y conspirador a sueldo en 1932, expulsado del Cuerpo y reintegrado y ascendido después por Lerroux y Gil Robles. Ha venido a decirle: “Don Alejandro, márchese, que mañana nos sublevamos”.A la misma hora, en Melilla, el coronel Solans y oficiales de la Legión detienen al general Romerales -que será fusilado después- y se apoderan de la ciudad.
[1] TUÑÓN DE LARA, Manuel: “La segunda República y la sociedad española (1931-1936)”. En TUÑÓN DE LARA, Manuel, VALDEÓN, Julio, DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio y SERRANO, Secundino: Historia de España. Valladolid, Ámbito, 1999, pp. 578-592

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