De la clandestinidad a la libertad (1939-2008)

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Carmen Rivas[1]
EL PERIODO DEMOCRÁTICO (1977-2008)
El marco político
Al igual que la implantación de la Dictadura franquista tras la Guerra Civil supuso, como señalamos al principio de este documento, no un simple cambio de gobierno, sino una radical transformación del carácter del Estado, la llegada de la democracia adquiere un significado similar, pero de signo contrario. El viejo orden franquista es sustituido por un régimen en democracia, que además llega de una forma pacífica, con apenas violencia.
El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas, saldadas con la victoria de la Unión de Centro Democrático (UCD). Posteriormente. El 6 de diciembre de 1978, es aprobada en referéndum la nueva Constitución Española, fruto de un amplio consenso entre los principales partidos políticos.
El 1 de marzo de 1979 se celebran elecciones generales; el triunfo de la UCD en las mismas supone la reelección de Adolfo Suárez como Presidente de Gobierno.
En 1981, el 23 de febrero se produce un intento de golpe de Estado. Guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero ocupan el Congreso de los Diputados, mientras se producía la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo Presidente de Gobierno, tras la dimisión de Suárez.
El 28 de octubre de 1982 asistimos a otro cambio histórico; el PSOE gana las elecciones generales con una mayoría rotunda de votos. Felipe González es elegido nuevo Presidente de Gobierno. El PSOE se mantiene en el Gobierno de España y Felipe González como Presidente, ganando las sucesivas elecciones, hasta las del 3 de marzo de 1996. En estas últimas gana el PP, que gobierna durante dos legislaturas, la primera de ellas con mayoría relativa y la segunda con mayoría absoluta; el Presidente de Gobierno en ese periodo es José María Aznar.
El 14 de marzo de 2004 el PSOE retorna al Gobierno, tras las elecciones generales celebradas ese día. José Luis Rodríguez Zapatero es elegido Presidente. El PSOE revalida su victoria el 9 de marzo de 2007, continuando Zapatero como Presidente. En ambas elecciones, la victoria socialista es por mayoría relativa, lo que obliga al Gobierno a mantener acuerdos puntuales con fuerzas políticas minoritarias para poder gobernar.
Los sindicatos en el período democrático: diálogo social y movilización en Madrid

El 28 de abril de 1977 el BOE publicó la normativa general para la presentación de estatutos de las organizaciones sindicales.
Al día siguiente, nueve asociaciones, entre ellas cinco organizaciones sindicales de clase, se inscribieron en el registro, con lo que se iniciaba el camino hacia la efectiva legalización. Sin embargo, la legalización formal y libertad sindical no eran aún términos sinónimos, y estas organizaciones tendrían todavía que convivir con el Sindicato Vertical, que en rigor, conservaría aún la capacidad real de “interlocución”, hasta su desaparición definitiva.
Las organizaciones sindicales que se inscribieron fueron: Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO), Solidaridad de Obreros de Cataluña (SOC), y Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV). También lo hizo el Sindicato Libre de la Marina Mercante, que años después se integraría en CCOO.
En el mes de diciembre, un sector importante del sindicato USO, decide abandonar el mismo e ingresar en la UGT. Posteriormente, en 1980, otra parte de la afiliación de USO ingresa en CCOO. A pesar de esta grave crisis, USO continúa su andadura, manteniendo su presencia sindical.
A pesar del paso decisivo hacia la legalización, las manifestaciones del 1º de mayo de 1977 fueron prohibidas por el Gobierno, produciéndose duros enfrentamientos con la policía en casi todas ellas.
En Madrid, el mitin previsto para ese día en el estadio del Rayo Vallecano, en uno de los barrios de mayor tradición obrera de la capital, fue prohibido. Desoyendo la prohibición, se celebraron manifestaciones con numerosa participación en los alrededores del estadio.
La actuación de las fuerzas de seguridad fue durísima, saldando la jornada con tres heridos graves, cien de diversa consideración y centenares de detenidos.
Tras las primeras elecciones generales, el Gobierno de UCD alcanza un amplio acuerdo político, económico y social, para abordar medidas con las que afrontar la crisis. El mes de octubre de 1977, las principales formaciones políticas firmaban los llamados Pactos de la Moncloa. Su objetivo principal era sanear y reformar la economía para reforzar el sistema democrático. La presión de la crisis y la prioridad de la consolidación democrática llevaron a las organizaciones sindicales a aceptar una política de concertación social, mientras que su protagonismo fue relegado a un segundo plano. CCOO y UGT apoyaron y defendieron estos pactos, dado que consideraban que la salida a la crisis económica pasaba por la solución de la crisis política.
En 1978 se celebraron las primeras elecciones sindicales democráticas. La participación electoral es muy alta, cifrándose en torno al 84 por ciento en el conjunto del territorio nacional.
CCOO obtuvo el 34 por ciento de los delegados elegidos, situándose como primera fuerza sindical. UGT se sitúa en segundo lugar, emergiendo como el único sindicato comparable en peso a CCOO. En apenas dos años, la UGT ha experimentado un crecimiento afiliativo vertiginoso, recibiendo el apoyo de casi la cuarta parte de los votos.
Como botón de muestra que ilustra el clima de participación y el interés de los trabajadores por estas elecciones, reseñamos el hecho de que en la empresa del metal John Deere Ibérica, radicada en el municipio madrileño de Getafe, votó el 100 por ciento de la plantilla, compuesta por 1.741 empleados.
En Madrid desde 1978 hasta el período de desconcentración 1996-1999, CCOO y UGT han obtenido conjuntamente entre el 57,9 por ciento (1980) y el 74,9 por ciento (1990) de los votos emitidos en las elecciones sindicales. Igualmente han logrado entre el 55 por ciento (1980) y el 73,4 por ciento de los delegados (durante el período 1996-1999).
En el año 2000. CCOO de Madrid consigue 12.765 delegados en las elecciones sindicales, 10 puntos de diferencia y más de 3.000 delegados que UGT, consolidándose como primer sindicato de la Comunidad de Madrid, con el 42,13 por ciento de la representación de los trabajadores.
En el caso de Madrid, en lo que a la competencia electoral se refiere, CCOO ha sido el sindicato más votado y que más representantes ha obtenido en todas las elecciones sindicales en democracia.
En 1978 la UGT celebra su XXXI Congreso, donde se evidencian las diferencias de estrategia organizativa entre este sindicato y CCOO. UGT se define como un sindicato asentado casi exclusivamente en su afiliación, rechazando el papel decisorio de las reuniones y asambleas de trabajadores en general, modelo este último defendido por CCOO. Es elegido secretario general, Nicolás Redondo.
En los días 13 y 14 de mayo se desarrolla el I Congreso de la entonces denominada Unión Provincial de Madrid de CCOO.
En este primer congreso, se articula la participación de los afiliados sobre la base de la elección de delegados en las asambleas de los Sindicatos Provinciales de rama y de las Uniones Locales y Comarcales. Para la discusión de los temas y documentos del Congreso, se hace un llamamiento a participar en los debates a todos los trabajadores, incluyendo a los no afiliados. El número de delegados se establece proporcionalmente al número de afiliados de cada organización que integra la Unión Provincial. El total de delegados era de 668, distribuidos en 510 elegidos por los Sindicatos Provinciales de rama y 158 por las Uniones Comarcales. La representación más numerosa es la del Metal, con 143 delegados, representando a 100.000 afiliados. Es elegido secretario general, Fidel Alonso.
En junio tiene lugar el I Congreso Confederal de CCOO. Marcelino Camacho, el principal líder del sindicato desde sus inicios, que sería elegido secretario general, defendió la necesidad de abordar la crisis económica a través de un “Plan nacional de Solidaridad contra el Paro y la Crisis”, fórmula planteada por el Sindicato ante la difícil situación económica que atravesaba el país.
Marcelino Camacho continuará al frente de la Confederación Sindical de CCOO hasta el IV Congreso, que tiene lugar los días del 18 al 21 de noviembre de 1987.
En este Congreso se produce lo que podríamos denominar un cambio generacional en el sindicato, al darse el relevo en la secretaría general, con la elección de Antonio Gutiérrez. Este último continuará en su cargo hasta el año 2000, en el que el VII Congreso decide la elección de José María Hidalgo como secretario general.
En 2008, en el último Congreso Confederal de CCOO hasta el momento, Ignacio Fernández Toxo, es elegido como secretario general.
Entre el 10 y el 12 de octubre de 1980 se celebra el II Congreso de CCOO de Madrid, en el que se elige a Juan Moreno como secretario general, que permanecerá al frente de la organización madrileña hasta 1987; en ese año se produce el cambio, siendo elegido nuevo secretario general, Rodolfo Benito.
Desde el año 2000, esa responsabilidad es ejercida por Javier López, que fue elegido secretario general en el VII Congreso de la Unión Sindical de Madrid Región de CCOO.
En lo que respecta a UGT, Nicolás Redondo, dirigente histórico de este sindicato, permanecerá al frente del mismo hasta 1994. En el XXXVI Congreso, celebrado ese año, es sustituido por Cándido Méndez, que al día de hoy sigue siendo secretario general de UGT.
El diálogo social en la Comunidad de Madrid
Uno de los rasgos fundamentales de toda la etapa democrática, es la aparición del diálogo social entre los sindicatos, las patronales y los Gobiernos centrales y autonómicos. Por causas evidentes, durante la etapa franquista, este rasgo fue casi inexistente. En la balanza entre negociación y presión, en democracia, el primer aspecto pasa a ser uno de los motores principales del progreso de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, así como de la legitimación y poder de las organizaciones sindicales.
Por otra parte, la naturaleza de un Estado descentralizado, en el caso de España con la fórmula de las autonomías, permite desarrollar marcos de acuerdos y negociaciones diferentes a los estatales. No cabe duda que las políticas sociales, legislativas y económicas dictadas por los Gobiernos centrales marcan las líneas maestras, pero la descentralización posibilita encontrar espacios de consenso en los niveles autonómicos. Tal es el caso del diálogo social en la Comunidad de Madrid.
En octubre de 1982 el PSOE ganó con rotundidad las elecciones generales, configurándose un gobierno socialista con Felipe González de Presidente. Los gobiernos socialistas se mantendrán en el poder hasta 1996, año en que el PP obtiene mayoría relativa.
Desde el primer momento, la orientación económica de los gobiernos socialistas españoles se diferenció claramente de las tradicionales políticas socialdemócratas existentes en la Europa democrática. Eso incluía la no consideración de los sindicatos como pieza central de la estrategia social del Gobierno, y por lo tanto un diálogo social de perfil más bajo que en otros países gobernados por la socialdemocracia. Prueba de ello es que en 1984, mediante la reforma del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno socialista, con la rotunda oposición de los sindicatos, introdujo una amplia variedad de modalidades de contratación, con el objetivo, aplaudido por la patronal CEOE, de “flexibilizar el mercado del trabajo”. El resultado de este experimento fue la sustitución de empleo estable por empleo precario. La teoría era que con más facilidades de contratación, se generaría más empleo. La realidad fue que, a pesar del crecimiento experimentado desde 1985, las tasas de desempleo se resistieron a bajar y seguían situadas en torno al 15 por ciento.
La Comunidad Autónoma de Madrid se crea en 1983. El 8 de mayo de ese año, en las primeras elecciones autonómicas madrileñas, el PSOE obtiene la mayoría absoluta. Lo que le permite configurar un gobierno monocolor presidido por Joaquín Leguina.
En el caso de la Comunidad de Madrid, ésta se muestra como uno de los territorios de España donde se produce, al menos durante bastantes años, un mayor grado de concertación social.
Después de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, con los sindicatos en abierta confrontación con la política social y económica del Gobierno socialista, en la Comunidad de Madrid comenzaba un camino de diálogo social.
En julio de 1989, las Conferencias sindicales, fortalecidas por el éxito de la huelga general, plasman en un documento unitario la llamada Propuesta Sindical Prioritaria (PSP). Esta plataforma reivindicativa se articulaba en torno a 20 propuestas que estaban ordenadas en cuatro ejes principales: empleo, protección social, distribución de la renta y derechos de los trabajadores.
La PSP estaba ideada para ser negociada con el Gobierno central y la patronal, pero también para abrir espacios de negociación en los sectores y las empresas, así como en ámbitos territoriales de comunidades autónomas e incluso municipios.
Desde esta perspectiva, el 7 de noviembre de 1989, los sindicatos madrileños CCOO y UGT se reúnen con el presidente del consejo de Gobierno de Madrid. Como consecuencia de esa reunión, el día 20 del mismo mes se acuerda la formación de cinco mesas de negociación para hablar sobre diferentes asuntos: política de empleo, empleados públicos, política social, sanidad, educación, vivienda, medio ambiente, transporte y participación sindical. En un plazo de tiempo muy corto, poco más de un mes, el 22 de diciembre de ese año se alcanza un acuerdo.
Este acuerdo iba mucho más allá de los pactos alcanzados en las negociaciones a nivel estatal, ya que planteaba, entre otras cosas, las siguientes:
- Incremento de la Comunidad de Madrid en la contratación directa de nuevos trabajadores para 1990.
- Transformación de los empleos estructurales ocupados por trabajadores temporales en fijos dentro de la administración regional.
- Subvención a las empresas que creasen empleos estables.
- Desarrollo de la formación, constituyendo por ley y con la participación de los agentes sociales, el Instituto Madrileño para la Formación.
El acuerdo también avanzaba sustancialmente en la participación sindical, determinando que:
- Los contratos de trabajo realizados por la Comunidad de Madrid tuvieran visado sindical.
- Los sindicatos participasen en los consejos de administración de las empresas con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid.
- Se crease el Consejo Económico y Social.
Es interesante resaltar aspectos del acuerdo referido a otras materias de importancia:
- Garantía de la recuperación del nivel adquisitivo perdido en 1988 y 1989 por los empelados adscritos a la Comunidad de Madrid.
- Construcción de 10.000 viviendas públicas durante los años 1990 y 1991.
- Creación de un salario social, llamado Ingreso Mínimo de Integración.
En enero de 1990 se constituyó una Comisión General de Seguimiento del acuerdo, formada por el consejero de la Presidencia y los secretarios generales de CCOO y UGT. Asimismo se instituyeron grupos y mesas de trabajo sobre las diferentes materias acordadas.
En septiembre se rubrica un nuevo pacto con los sindicatos, por el que se adjudica suelo para la construcción de viviendas sociales durante los años 1991 a 1004, el programa sería desarrollado por el Instituto de Vivienda Madrileño (IVIMA) y cooperativas, siendo destinado a las personas cuyos ingresos no superasen en dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, reservando también una parte para vivienda a precio tasado, a la que podrían acceder aquellos con ingresos inferiores a cinco veces el SMI.
El 26 de mayo de 1991 tienen lugar unas nuevas elecciones autonómicas. De ellas surge un pacto de legislatura entre el PSOE e IU, que sumando sus votos superan la mayoría relativa del PP, permitiendo un nuevo mandato a Joaquín Leguina como Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Es en ese mismo año cuando las confederaciones sindicales de UGT y CCOO formulan conjuntamente la llamada Iniciativa Sindical de Progreso (ISP), que es presentada en público el 15 de noviembre, por los secretarios generales de ambas organizaciones, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez.
La ISP profundiza en la estrategia unitaria de los dos sindicatos, desarrolla la anterior PSP y se constituye también como una orientación que serviría de referencia para la negociación colectiva, así como de base para posible negociaciones que pudieran abrirse en las Comunidades Autónomas. El contenido de esta propuesta se articulaba en torno a tres ejes: Modernización social y laboral, política industrial e integración europea.
Durante el periodo que se inicia tras las elecciones, la política de concertación social sigue su desarrollo en Madrid. El 10 de junio de 1992 comienza una nueva negociación entre el gobierno autonómico y los sindicatos. UGT y CCOO en abril habían consensuado entre ellos una propuesta para la negociación, derivada de la ISP confederal, titulada Iniciativa Sindical para la Industria y el Empleo en Madrid. Esta propuesta era una alternativa a un primer plan industrial elaborado por el Gobierno regional, ante el cual los sindicatos habían manifestado su rechazo.
Al igual que en 1989, las confederaciones sindicales mantenían fuertes discrepancias con el Gobierno central, lo que motivó la huelga general de media jornada el 28 de mayo de 1992, que tenía como objetivo el rechazo al “Decretazo” del Gobierno que recortaba las prestaciones por desempleo.
Las negociaciones iniciadas en junio en Madrid concluyen en los comienzos de 1993, con la firma de nuevo acuerdo llamado Pacto por la Industria y el Empleo en Madrid. Nuevamente se producía una diferencia entre la situación nacional de enfrentamiento entre los sindicatos y el Gobierno central, y la concertación alcanzada en la comunidad autónoma madrileña.
El acuerdo continuaba en buena medida el desarrollo del anterior, incorporando algunas novedades importantes, como la de la creación de un servicio regional de ayuda a las empresas en crisis, priorizando a las pequeñas y medianas, así como a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.
Posteriormente a la firma de los acuerdos se creó el Servicio de Apoyo a las Empresas en Crisis (SAECRI), con participación de la patronal y los sindicatos en su gestión.
En el desarrollo posterior del acuerdo surgieron problemas, derivados a juicio de los sindicatos por la insuficiente dotación presupuestaria para su óptima ejecución. Asimismo se produjeron notorios retrasos en la implementación en algunas materias del acuerdo. Esta circunstancia motivó la protesta sindical, mediante una movilización en forma de concentración de trabajadores, convocada por las organizaciones madrileñas de CCOO y UGT. Los sindicatos se quejaban de la progresiva desindustrialización de la Comunidad y de la falta de actuación del Gobierno regional ante ese hecho.
La concertación social en los siguientes años de esta legislatura madrileña continúa, a pesar de que otra vez, el 27 de enero de 1994, tuvo lugar una nueva huelga general contra la reforma del mercado laboral pretendida por el Gobierno de Felipe González.
En 1995 se alcanzan tres acuerdos entre sindicatos, patronal y Gobierno regional. El primero es un anteproyecto de ley con respecto a la participación de los agentes sociales en las entidades públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma. Este acuerdo daría lugar a la primera Ley de Participación de los agentes sociales en España.
El segundo, firmado el 16 de febrero de 1995, es el Convenio de Prevención sobre Drogodependencias en el Ámbito Laboral, rubricado por el Gobierno regional, los sindicatos y la CEIM, patronal madrileña.
El convenio establecía la creación de la Comisión Regional para la Prevención de las Drogodependencias en el Ámbito Laboral, de carácter tripartito.
El tercero, firmado el 25 de mayo, es el de la creación de la Agencia Pública de Colocación. Este acuerdo, también de carácter tripartito, determinaba que la Agencia sería de carácter público y funcionaría en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
El Partido Popular (PP) obtiene la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 1995. Se pone fin a los años de Gobierno autonómico madrileño del PSOE. Alberto Ruiz Gallardón es elegido Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El nuevo Gobierno regional mantiene una dinámica de concertación con los agentes sociales. El 17 de noviembre de 1995 se firma el primer acuerdo del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón con los sindicatos y la patronal. Mediante este acuerdo, se crea el Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación.
Tras el paréntesis de 1996, año en el que el diálogo social en Madrid se estanca, en 1997 se reanudan los acuerdos. Fruto del consenso previo entre los sindicatos y la CEIM, en junio se crea el Consejo de Relaciones Laborales y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El 30 de julio los sindicatos y el Gobierno regional firman un nuevo pacto. En el se recogen medidas para fomentar la estabilidad y la calidad en el empleo, incluyendo compromisos tanto en el empleo privado como público. Destacan aspectos como primera las ayudas a las empresas con mayor empleo estable, así como tener ese mismo criterio para adjudicar contratos públicos a las empresas privadas.
También la comunidad de Madrid adquiría el compromiso de convertir en fijos unos 5.000 empleos durante 1998 y 1999 y no utilizar Empresas de Trabajo Temporal. Estos aspectos del acuerdo hicieron que la CEIM no rubricara el pacto.
En 1999, el 13 de junio, el PP vuelve a vencer con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. En marzo del año siguiente, este mismo partido gana las elecciones generales, pudiendo formar un gobierno monocolor en España.
En todo este período, desde la concreción por parte de los sindicatos mayoritarios en Madrid, UGT y CCOO, de las dos plataformas reivindicativas confederales, la PSP y la ISP, las negociaciones con la comunidad autónoma, se centraron en:
- La generación de empleo, principalmente a través de la regeneración del tejido productivo.
- La mejora de las condiciones de trabajo: estabilidad en el empleo, salud laboral, etc.
- La ampliación de la protección social y la mejora de los fundamentos del sistema público de bienestar tales como la enseñanza, la sanidad y la vivienda.
- La participación en la gestión de las competencias autonómicas transferidas.
- La generación de instituciones de participación y de retroalimentación del propio diálogo social.
- La ampliación de la democracia en el seno de las relaciones laborales.
Los acuerdos alcanzados en Madrid han sido, en numerosas ocasiones, pautas de negociación para otras comunidades autónomas y han supuesto importantes innovaciones en los contenidos de la concertación, como el control de los fondos destinados a las empresas en crisis pactado en el Acuerdo para la Industria y el Empleo en 1993.
También es el caso de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional en el Pacto por la Estabilidad en el Empleo, firmado en julio de 1997.
El diálogo social continúa desarrollándose con cierta fluidez hasta el año 2003, año en el que alcanza la presidencia del Gobierno regional Esperanza Aguirre, tras los turbios sucesos acaecidos después de las elecciones de mayo, y de su triunfo en el proceso electoral de octubre. En el año 2007, el PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, volvió a ganar las elecciones autonómicas.
La creación del Consejo de Madrid, como ámbito estable de diálogo social en la Comunidad, permitió hasta el 2003, debatir sobre numerosas materias, como el Acuerdo de Estabilidad, el anteproyecto de Ley de Rentas Mínimas, el Servicio Público Regional de Empleo, la siniestrabilidad Laboral y las transferencias Sanitarias y de Justicia. A excepción de estos dos últimos temas, en el resto de ellos se alcanzaron acuerdos altamente positivos para los intereses de los trabajadores y de la población madrileña.
Sin embargo, como indicábamos antes, a partir de 2003, el PP en el poder madrileño, da un giro radical cercenando en diálogo social y optando por una vía ultraliberal y de confrontación con los sindicatos. A finales de 2004, después de un período de larga negociación, se firma el Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de la Comunidad de Madrid.
El contenido del Acuerdo permitía establecer mecanismos de participación sindical en las políticas regionales para potenciar la formación profesional, desarrollar las políticas de creación y estabilidad en el empleo, conciliar la vida laboral y familiar, facilitar la incorporación de mujeres y jóvenes al mercado laboral, impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, apoyar a los pequeños emprendedores, la economía social y los autónomos, defender y desarrollar nuestro tejido productivo y de servicios, especialmente la industria, el comercio, el turismo y las PYMES así como, abordar el reto de la regularización y la incorporación al empleo de los inmigrantes.
Desafortunadamente, la posición de bloqueo a los sindicatos ejercida por el Gobierno regional, cortó los desarrollos necesarios del Acuerdo, mostrando los perfiles de una estrategia marcadamente antisindical.
El Gobierno regional, en este último periodo, se caracteriza por una política de privatizaciones de servicios básicos a la ciudadanía madrileña. Se crean nuevos hospitales y líneas de Metro Ligero con gestión privada, se efectúan conciertos educativos con empresas privadas, se privatiza el agua a través de emisión de acciones del Canal de Isabel II, etc.
El movimiento obrero. Movilizaciones y conflictividad
Como hemos visto en el apartado anterior, un aspecto fundamental de la actividad sindical en el periodo democrático, ha sido y es el diálogo social y la concertación.
Sin embargo, en los años que van desde las primeras elecciones generales en democracia, en 1977, hasta la actualidad, se han desarrollado multitud de conflictos laborales, La dinámica de la negociación a todos los niveles, desde la empresa al sector, o desde el ámbito local al estatal, ha sido acompañada por las movilizaciones necesarias para apoyar esos procesos.
En el ámbito estatal, desde 1985 a nuestros días, han tenido lugar cinco huelgas generales.
La primera fue la huelga general de 20 de junio de 1985. Esta huelga fue convocada en solitario por CCOO, contra el recorte de las pensiones y en defensa de la Seguridad Social y el empleo. UGT, aunque se manifestó contrario a las medidas del Gobierno socialista en esa materia, no secundó la huelga. La unidad de acción entre los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, todavía era un objetivo a alcanzar.
La segunda ya fue la expresión del inicio de una sólida unidad sindical.
A las 12 de la noche del 13 al 14 de diciembre de 1988, las pantallas de TVE se fundieron en negro interrumpiendo la emisión del informativo nocturno. La presentadora del Telediario abandonó su asiento y los trabajadores de la radio televisión pública, que habían sufrido fuertes presiones para disuadirlos de cualquier propósito de secundar la convocatoria, se sumaron a la huelga general convocada por los sindicatos de clase. La huelga de RTVE fue el simbólico “pistoletazo” de salida de la huelga general más grande de la historia de España.
Más de ocho millones de trabajadores, el 90% de la población activa de entonces, secundaron el paro general convocado por CCOO y UGT contra la política económica del Gobierno socialista. A los sindicatos no les convencían las reformas del Ministro de Economía, Carlos Solchaga. Prueba de ello, fue el abandono del secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, de su escaño de diputado por el PSOE, al considerar insuficientes los Presupuestos Generales del estado. A esta circunstancia se unió la incapacidad del Ministro de Trabajo, Manuel Chaves, para lograr un acuerdo sobre la reforma laboral con la patronal y los sindicatos, cuya negociación quedó rota en octubre de 1988.
Aunque la huelga responde a una serie de reivindicaciones concretas, el eco que encuentra en la mayoría de la población, pone al descubierto la existencia de un malestar generalizado respecto al cual el movimiento sindical actúa de catalizador.
En un país caracterizado por bajos niveles asociativos y con sindicatos de no muy alta afiliación, la huelga, que pasa a ser conocida por las siglas de su fecha, 14-D, demuestra que los sindicatos son poderosas palancas de movilización social.
La ausencia de incidentes de relevancia durante la jornada de paro y la masiva participación en las manifestaciones convocadas despeja además cualquier duda respecto a la sintonía de los convocantes con una mayoría social de cuyo descontento han logrado erigirse en portavoces.
Las reivindicaciones sindicales planteadas en la huelga fueron:
- La retirada del contrato de inserción para jóvenes y la puesta en marcha de un plan general de empleo.
- La recuperación de, al menos, 2 puntos de la pérdida del poder adquisitivo provocada por la desviación de la inflación en 1998.
- El incremento de la cobertura por desempleo hasta el 48 por ciento.
- La equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, como el propio Presidente de Gobierno, Felipe González, había prometido en la campaña electoral.
- El derecho pleno de negociación colectiva para los funcionarios.
El 28 de mayo de 1992, nuevamente, los sindicatos movilizan a los trabajadores, convocando la tercera huelga general, que en este caso reviste la fórmula de un paro parcial de cuatro horas de duración. Las razones de su convocatoria son las de oponerse al Decreto, conocido popularmente como “Decretazo”, de 8 de abril de 1992, en el que se recortan las prestaciones por desempleo. El lema del paro es “Para que no siempre paguemos los mismos”.
La cuarta transcurre el 27 de enero de 1994, con el objetivo de oponerse a la anunciada reforma del mercado laboral y la quinta, ya con un gobierno del PP, es convocada el 20 de junio de 2002. Esta última, tiene como objetivo exigir la anulación del Decreto Ley de 24 de mayo Para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo. El lema de los convocantes, CCOO y UGT, es: “Empleo y protección son tus derechos, que no te los quiten”.
La participación de los trabajadores madrileños en estas cinco huelgas generales fue muy alta. Sirva como dato que en las del 14 de diciembre de 1988, la más importante de todas, según cálculos hechos por los sindicatos, secundaron el paro en Madrid 1.221.424 trabajadores.
En lo que concierne a la conflictividad laboral específica en Madrid, hay que señalar que esta se mantiene durante todo el período democrático, variando en intensidad según las diferentes situaciones.
En el primer periodo democrático y después de las oleadas d ehuelgas de 1976, se produce un descenso de las mismas en 1977. Aunque no hay estadísticas desglosadas por provincias los años 1977-1978, todo parece indicar que Madrid sigue la tónica general, que en el conjunto de España refleja un descenso de 1.194 huelgas (año 1977) a 1.128 (año 1978).
Posteriormente, en un cuadro de estabilización política, las huelgas han ido oscilando según los años. Aspectos como periodos de recesión económica o de desacuerdos en el diálogo social, tanto en el nivel estatal como en el regional, han contribuido a hacer descender o incrementar el número de conflictos y el volumen de participación en ellos de los trabajadores.
Bibliografía
Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical (Evolución socio-laboral de Madrid. 1939-1991). Álvaro Soto Carmona (dir.). Ediciones GPS. Madrid.
Emigrantes, cronómetros y huelgas. José Babiano Mora. Fundación 1º de Mayo. Siglo XXI de España Editores S.A. 1995.
La historia también es nuestra. 30 Aniversario de la constitución de CCOO de Madrid. Ediciones GPS. 2006.
Introducción a la economía española. Ramón Tamales. Alianza Editorial/Ediciones del Prado. 1994.
CCOO. Julián Ariza. Editorial Avance S.A. 1976.
Memorias. Santiago Carrillo. Editorial Planeta. 2008.
La desavenencia. Partidos, sindicatos y huelga general. Edición de Santos Juliá. Ediciones El País/Aguilar. 1988.
Movimiento obrero, un futuro con historia. Elvira S. Llopis, Beatriz Gijón, Joaquín Piñero. Ediciones GPS. 2006.
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Historia de un compromiso. Marcelino Camacho. Varios autores. Fundación 1º de Mayo.
XXV Aniversario, Asamblea de Barcelona 1976-2001. José Babiano, Javier Tébar Hurtado. Confederación Sindical de CCOO/Fundación 1º de Mayo. 2001.
El final de la Dictadura. Nicolás Sartorius, Alberto Sabio. Ediciones Temas de Hoy. 2007.
Un futuro para España: la democracia económica y política. Autor anónimo. Editions de Librairie du Globe. 1967.
Nicolás Redondo. Biografía política. Jorge M. Reverte. Temas de Hoy. Madrid, 2008.
[1] RIVAS, Carmen: “De la clandestinidad a la libertad (1939-2008)”. En REVERTE, Jorge M.: Luchadores. Historia del movimiento obrero en Madrid. Madrid, Fundación Sindical de Estudios-CCOO de Madrid, Ediciones GPS-Madrid, 2009, pp. 179-199

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