De las Alianzas Obreras al Frente Popular

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Marta Bizcarrondo[1]
La II República española presenta un régimen del tipo que Otto Bauer califica como “república popular”, es decir, un sistema político democrático de vocación reformadora asentado sobre la alianza de las capas medias urbanas y el sector reformista del proletariado. Un régimen cuya viabilidad dependía, por una parte de las posibilidades de hacer compatible la alianza interclasista con la política de reformas sociales y, por otra, de la capacidad de resistencia frente a los extremos que quedaban al margen de la coalición gobernante. En el caso español, el proletariado intencionalmente revolucionario, con un pequeño partido comunista embarcado a fondo en la estrategia de “clase contra clase” y con un fuerte sindicato de inspiración anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo, hegemónico en la principal región industrial del país, Cataluña, y entregado a una dinámica de sublevaciones recurrentes. El polo opuesto correspondía al capital financiero y ala burguesía agraria que habían constituido el bloque de poder en la monarquía parlamentaria anterior a abril de 1931.
Sobre las posibilidades de actuación de este régimen pesará la crisis económica de 1929, cuyos efectos son aún objeto de debate por parte de los historiadores de la economía pero que, claramente, incidió a escala de algunas regiones con gravedad y, sobre todo, mermó el margen de tolerancia del capitalismo español frente a la política de reformas que vino a simbolizar el Ministro de Trabajo socialista, Largo Caballero. De ahí que muy pronto las organizaciones patronales se reorganizaran con notable eficacia y que, para 1933, hubiesen conseguido bloquear toda política de reformas –mientras la crisis tocaba a fondo-, conectando con el sistema político hasta hacer inevitable, de una u otra forma, la ruptura de la coalición que mantenía el Partido Socialista en el Gobierno.
Es cierto que el fascismo, en sentido estricto, parecía débil, ya que los parados se orientaban, en todo caso, hacia la revolución y tampoco consiguió arraigar en la pequeña burguesía urbana. Pero no cabía menospreciar la capacidad de reacción de las antiguas clases dominantes, apoyadas en dos instituciones claves del Antiguo Régimen, la Iglesia y el Ejército. De ahí que la reacción apareciese en la España de 1933 bajo la forma de un partido corporativista, en cierto modo distante del modelo “moderno” de fascismo: la CEDA de Gil Robles.
Frente a esta amenaza, y al fracasar la política reformista de la socialdemocracia en el gobierno, el proletariado español atraviesa en 1933 una auténtica crisis orgánica. Sobre ella gravita, indudablemente, el factor estructural de la heterogeneidad del proletariado español, ligada estrechamente al proceso de formación de la sociedad industrial en nuestro país, con una diversidad de implantaciones socialistas y anarcosindicalistas de difícil conjugación de cara a una eventual coyuntura revolucionaria.
LA RESPUESTA A UNA DEBILIDAD: LAS ALIANZAS OBRERAS
Es precisamente el carácter focalizado de la industrialización española y la consiguiente diversidad regional del movimiento obrero, lo que explica el proceso de irradiación de la Alianza Obrera. Tiene ésta su origen en la configuración específica del mapa obrero catalán en los dos primeros años de la República, con una crisis permanente de la CNT anarcosindicalista, que, sin embargo, conserva la fuerza suficiente para impedir la consolidación de cualquier alternativa. Ni socialdemócrata, escindido este campo en un pequeño grupo centrista, ligado al PSOE y en un apéndice socialdemócrata de la Ezquerra, la Unió Socialista de Catalunya. Ni, por supuesto, comunista, con un Partit Comunista de Catalunya –sección regional del español-, ínfimo, un pequeño núcleo trotskista y un componente más considerable, pero también pequeño, el Bloc Obrer i Camperol. El principal dirigente del Bloc, Joaquín Maurín, tras diez años de lucha por capitalizar la crisis de la CNT ve también a lo largo de 1932 cómo se difuminan sus esperanzas de entroncar con la base popular de la Ezquerra o de consolidar un factor revolucionario autónomo. Especialmente tras la expulsión de sus sindicatos por la dirección anarquista de la CNT en abril de 1932.
La Alianza Obrera surge, así, en Cataluña como alternativa a la debilidad del obrerismo marxista y por iniciativa de un grupo comunista heterodoxo, que además es el blanco constante, al lado del “socialfascismo”, de las condenas del PC oficial. El líder del Bloc, Joaquín Maurín va concretando el proyecto de frente único por el vértice tras constatar el fracaso de la Internacional Comunista y de su frente único por la base, con la subida de Hitler al poder. Atrás quedaban, a lo largo de 1932, una serie de reuniones para conjugar grupos minoritarios en torno a un tema-pretexto, el paro forzoso. El proyecto ha de verse lastrado por una limitación fundamental: Maurín asocia una política flexible de alianzas con una notoria rigidez en su rechazo de una auténtica fase democrática, y tiende, por consiguiente, a ver en la Alianza una plataforma al propio tiempo antifascista y de preparación revolucionaria. No hay, a su juicio, alternativa a la dicotomía fascismo-socialista: “La colaboración gubernamental de la socialdemocracia con la burguesía –explica en abril de 1933- embota el filo de la clase trabajadora y da tiempo a su adversario para que prepare las asociaciones fascistas”.
En el verano de 1933 las posibilidades de superar el carácter inicial de la Alianza como concentración de marginales se fortalecen con la radicalización de un sector del socialismo, decepcionado por la experiencia colaboracionista en la democracia republicana y sensible ante la reorganización política y económica de una derecha reforzada desde el exterior por la coyuntura europea de auge de los fascismos. Maurín había sido, con anterioridad, el crítico más agrio de los dirigentes socialistas españoles, a quienes clasificara entre “los hombres de la dictadura”, pero ahora se vería obligado a buscar en ellos sus aliados. Irán juntos en noviembre de 1933 a las elecciones parlamentarias, fracasando, pero precisamente este resultado negativo vendrá a confirmar a unos y a otros la inutilidad de la vía democrática y la exigencia de conjuntar las fuerzas obreras. Nace así la Alianza Obrera de Cataluña, en diciembre de 1933, que muy pronto tendrá una serie de ramificaciones locales –reflejadas luego en el momento insurreccional de octubre de 1934-, y cuya principal debilidad radica en la incapacidad para atraer a la CNT. Inicialmente también se opone a ella, en nombre del frente único, el PC de Cataluña, pero esta ausencia apenas representa nada.
El hecho decisivo se produce en marzo de 1934, cuando la Alianza es adoptada por iniciativa exclusiva de las organizaciones regionales de la UGT y de la CNT asturianas. En este caso se trata de un pacto revolucionario sindical, hecho posible por el carácter relativamente minoritario del anarcosindicalismo asturiano y por su abierta disconformidad con la táctica insurreccional fascista que fracasa una y otra vez a lo largo de 1933. Una vez establecido el pacto, se incorporan el PSOE y también el pequeño núcleo de comunistas heterodoxos (Bloque e Izquierda Comunista). En los meses siguientes, la Alianza crea también un entramado local y desarrolla una serie de acciones unitarias.
Sin embargo, la extensión de las Alianzas en todo el Estado tropezará, por una parte, con la oposición generalizada de la CNT y, por otra, con la desconfianza socialista. El PSOE y la UGT ven en la Alianza, en el mejor de los casos, como en Cataluña, un complemento de su escasa fuerza en la región, y si accedían a formar Alianzas en otros lugares como Madrid, en modo alguno se hallaban dispuestos a resignar en las mismas facultad alguna. El plan insurreccional que elabora Largo Caballero en 1934 cuenta fundamentalmente con la triada organizativa socialista (Partido, UGT, Juventudes) y de hecho los socialistas lanzan en octubre la revolución –la orden de huelga- por cuenta propia y a través de sus propias redes de comunicación, que por cierto tendrán un mal funcionamiento.
En el mapa revolucionario de octubre de 1934, sin embargo, parece existir una correlación entre la fuerza de las Alianzas y el éxito insurreccional (Asturias, localidades industriales de la provincia de Barcelona). El fracaso global caía en la cuenta del PSOE (y, por omisión, de la CNT) reflejando de paso la ya aludida heterogeneidad, o dificultad de articulación, de los distintos núcleos del proletariado español, cuya expresión, por otra parte, había sido el recurso a las Alianzas.
CRISIS POLÍTICA Y FASCISMO COMO FACTORES DE LA RADICALIZACIÓN SOCIALISTA
A pesar de todo, si las Alianzas Obreras resultan algo más que un incidente, o un componente regional, en el movimiento obrero español de la II República, es por el apoyo –restrictivo, según vimos- que a ellas presta el Partido Socialista a partir de la derrota electoral de noviembre de 1933. Ya hemos explicado como, salvo en Asturias, la CNT quedó al margen de la dinámica aliancista, eso sí, tras fuertes debates internos. Y el movimiento sindicalista de oposición a la mayoría anarquista de la CNT sólo tendrá presencia real en Barcelona y Valencia. En cambio, con la incorporación del PSOE a la Alianza Obrera de Cataluña se insertaba en una perspectiva revolucionaria cuyo ámbito era todo el Estado.
Tampoco creemos necesario insistir sobre el peso de la crisis de las relaciones sociales en el verano de 1933, y de la consiguiente salida del gobierno, factores ambos de la radicalización socialista. Los 400.000 cotizantes de la UGT en 1934 son de por sí un indicio de que quedaba lejos el momento de euforia del millón corrido de miembros registrados en los primeros meses de 1932. En su autocrítica del “posibilismo socialista” en la democracia, Largo Caballero apuntaba al carácter necesariamente efímero de las reformas bajo un régimen burgués. Con la democracia no cabía albergar sino esperanzas transitorias. En España, la dominación de la burguesía sólo ofrecía, al parecer, la opción entre dos dictaduras. El proletariado, ante el fracaso de la experiencia reformista del primer bienio, debía encaminarse hacia una transformación revolucionaria.
¿En qué interviene la experiencia del fascismo europeo sobre esta toma de posición del viejo reformismo del PSOE y la UGT? Hay indicios que podrían apuntar a una escasa atención hacia el fascismo. Así, la invitación comunista al frente antifascista en marzo de 1933 fue acogida como “una provocación”. Hay, sin embargo, en sentido contrario, datos que hacen pensar que el antifascismo entra en los motivos de la radicalización socialista, tanto por los testimonios de viejos militantes como por una simple lectura de la prensa socialista. Ahí está la trayectoria ideológica del mentor de Caballero, Luis Araquistain, con su colaboración en el extraordinario de El Socialista de 1 de mayo y su conferencia en la Casa del Pueblo de 29 de octubre de 1933, mostrando la importancia de su reflexión sobre la derrota de la socialdemocracia alemana y la amenaza fascista. Otra cosa es lo que pudiera escribir hacia el exterior en Foreing Affairs, o que se alcanzase o no una teorización adecuada sobre el fenómeno. Y no es sólo un intelectual, ya que basta seguir la prensa socialista, tanto central como local, de PSOE y UGT, para mostrar cómo se acusan los sucesivos golpes de la dictadura alemana y, sobre todo, del febrero austriaco. En El Socialista de 1933 los nazis están constantemente en primera plana. Así, el 5 de febrero el comentarista internacional –posiblemente Ogier Preteceille o Antonio Ramos Oliveira- no dudaba que el fascismo había inaugurado su era en Alemania, “ha tomado posesión vitalicia del poder y sólo el fuego podrá echar a Hitler del gobierno”. Para el proletariado alemán había llegado el “ahora o nunca” y si no se levantaba unido contra el fascismo, su derrota total era segura. Claro que el pesimismo tiene por principal blanco “la táctica comunista que hace casi imposible el frente único”. Pero la responsabilidad abarca también a los obreros socialistas. En las semanas que siguen, El Socialista sigue muy de cerca las posiciones antifascistas marcadas por la Internacional Obrera Socialista.
La actitud socialista se define cuando, el 16 de marzo de 1933, se anuncia la publicación en Madrid del semanario El Fascio. Adopta una postura de “supresión preventiva”:
“Por dignidad obrera, por decoro político, por higiene social (sic), las organizaciones políticas y sindicales del proletariado madrileño prometen a la democracia española luchar en vanguardia para impedir todo intento de constituir el fascio en España”.
Pero siempre en un deliberado aislamiento, que simboliza la indicación de que “en la lucha nos encontraremos”. Cosa que, sobre todo, va a ser realidad respecto a los comunistas al año siguiente cuando las bandas fascistas comiencen a irrumpir en la vida cotidiana madrileña.
Claro que en estos primeros meses hay también una actitud sedante respecto al peligro fascista, que se ve como algo lejano en España. Interviene aquí posiblemente el recelo de no favorecer indirectamente la política comunista del frente único. Los sentimientos antifascistas de los trabajadores podían llevarles a integrarse en el entramado comunista que desemboca en el frente único por la base. Esta tensión es visible en la reunión del Comité Nacional de la UGT de 16 de agosto de 1933, donde Pascual Tomás denuncia que hay “un número determinado de señores que están realizando una campaña contra el fascismo, y están haciendo convocatorias a las que acuden compañeros nuestros, llevados de las mejores ideas; se prestan a formar parte de comisiones y comités contra el fascismo, y en realidad lo que se persigue no es otra cosa que establecer el frente único en contra de la UGT y en contra del Partido”. Otros delegados confirman la impresión, así como la necesidad de mantener el aislamiento socialista. Al rechazar la invitación realizada por el bancario Amaro del Rosal de intensificar la lucha contra el fascismo, desde el interior de la propia UGT, Julián Besteiro irá aún más lejos, declarando la conveniencia de tratar el tema “muy ligeramente, porque sino va a resultar que vamos a crear nosotros con nuestras observaciones un fascismo que no existe”.
No obstante, el número de El Socialista de 1 de mayo de 1933 muestra una preocupación creciente hacia el fenómeno fascista por parte de los dirigentes socialistas. Julián Zugazagoitia destaca la antítesis fascismo-socialismo, y la consiguiente necesidad de “un Estado fuerte que garantice el predominio de la clase proletaria”. Si la burguesía ha abandonado su creación política, la democracia, para acogerse al fascismo, el proletariado tiene que estar en guardia para resolver a favor propio la confrontación. En el mismo número, Rodolfo Llopis daba la fórmula:
“Ante las amenazas fascistas: la milicia obrera”.
Luis Araquistain, bajo el título de “La crisis del socialismo”, emprende la condena de los gobiernos de coalición, sobre la base de lo ocurrido con la Constitución de Weimar, y en nombre, no de Marx, sino de la spengleriana “voluntad de poder” convoca a los socialistas a luchar contra el Antiguo Régimen. Es el prólogo de su conferencia, pronunciada por azar en el mismo día en que se funda Falange Española y dos semanas después del discurso totalitario del católico Gil Robles en el Monumental, Araquistain conjuga impresiones en torno a la valoración histórica del fascismo con la advertencia muy concreta de que el socialismo nunca debe confiar en la democracia como diques antifascista eficaz: “El dilema fatal es este: franca dictadura burguesa o franca dictadura socialista”. Es tajante la condena de la socialdemocracia alemana, personificada en el expresidente del Reichstag, Loebe –que visitó a Araquistain para que como embajador interviniese a fin de que la prensa española moderara las críticas contra el régimen de Hitler-. “No es fascismo alemán –concluye Araquistain- el que mata al socialismo; es el socialismo exánime el que da vida al fascismo”.
La consiguiente definición de la República tras noviembre de 1933 como régimen dominado por una coyuntura prefascista servirá para justificar la orientación del PSOE hacia la dictadura del proletariado.
La lección de Austria, en febrero de 1934, confirma esa argumentación ya esbozada anteriormente acerca de “la revolución defensiva”. Mientras tanto, crece la comprobación de que las reformas conseguidas en el primer bienio van siendo vaciadas de contenido. El ascenso al poder dictatorial por parte de Dollfuss revestía aún más ejemplaridad para el proletariado español que la propia experiencia alemana. Así, confiar en la legalidad democrática como barrera equivalía al suicidio político de las organizaciones obreras. De ahí que ante la insurrección austriaca, se destaque inmediatamente su carácter de ejemplo a seguir. Puede así leerse en El Socialista de 16 de febrero de 1934:
“De cara a los acontecimientos de Austria declaramos: ese es el camino. Allá donde el proletariado se ve amenazado en su vida; allá donde apunten los peligros de una represión masiva de las clases burguesas favorecidas por el Estado-policía, el camino es ese y sólo ese”.
Semejante valoración del momento histórico hace coincidir la nueva orientación revolucionaria de un sector del socialismo con el socialismo legalista encabezado por Indalecio Prieto. Como este último explica después de octubre de 1934, en su intervención ante la Internacional Socialista:
“La República se va desnaturalizando al extremo de que para los elementos fascistas la distinción entre monarquía y república pierde ya el sentido de la razón de ser (...). Yo tengo una inclinación manifiestamente legalista, pero ante estos hechos yo me pregunto y os pregunto a todos: ¿de qué vale la lucha legal y qué cabe esperar de la lucha legal cuando llega un momento en que, entronizada la reacción en el poder, el aparato legal sirve exclusivamente para destruir nuestros avances y nuestras conquistas? (...) ¿Y se extrañará alguien de que en estas condiciones el partido socialista español, que se encontraba cada día con un nuevo cauce legal obturado, se dispusiese a defender su propia existencia por la acción revolucionaria?”.
Sin embargo, por debajo de esta coincidencia formal en 1934, los rumores de un golpe de Estado sacarán a la luz las diferencias preexistentes entre la izquierda socialista y los cenetistas [centristas]. Para estos últimos, frente a la derecha, cualquier acción desembocaba en una restauración de la República reformadora del primer bienio, basada en la consiguiente alianza con los partidos republicanos. En cambio, para la izquierda del PSOE, el tiempo de la coalición interclasista había pasado y todo debía confiarse a una acción del proletariado encabezada por las organizaciones socialistas. Es decir, algo parecido al febrero austríaco, pero adelantando el reloj a la subida de Dollfuss/Gil Robles al poder. Ahora bien, centristas y caballeristas -con la excepción aquí de las Juventudes Socialistas- desconfían por igual, y profundamente de toda estrategia de alianzas en el interior de la clase obrera, que podría comprometer la independencia del PSOE y UGT. Para Largo Caballero, según puede apreciarse claramente en sus preparativos de cara a la insurrección, la Alianza Obrera se reducía al papel de complemento que compensaba la ausencia de una fuerza real del socialismo en Cataluña. O que la reforzaba, sin comprometer nada: caso de Asturias. Pero el protagonista era claro y ahí está la composición del Comité de Enlace revolucionario en el que sólo entran PSOE, UGT y Juventudes, a nivel nacional y provincial.
De ahí que las llamadas comunistas a la unidad de acción en 1934, al margen de los defectos intrínsecos de que ahora hablaremos, tuviesen escasas posibilidades de éxito. Y no sólo por la siempre presente desconfianza ante el frente único. El PSOE invita al PCE, como respuesta, a integrarse en las Alianzas Obreras, es decir, le invita a venir a reforzar esa fuerza de complemento de su proyecto insurreccional. Algo que, por otra parte, tampoco resultaba fácil desde el punto de partida de la estrategia, aún vigente, del VI Congreso de la Internacional Comunista.
ANTIFASCISMO Y FRENTE ÚNICO: LA POLÍTICA COMUNISTA DE MARZO DE 1933 A OCTUBRE DE 1934
El Partido Comunista de España se encontraba pésimamente situado para ajustarse a las nuevas condiciones creadas por la crisis de 1933. La historia oficial habla del “gran viraje” que habría tenido lugar en octubre de 1932, al ser depuesto por la Internacional el equipo de dirección encabezado por José Bullejos y ocupar la Secretaría del Partido el sevillano José Díaz. La verdad es que, a corto plazo, los efectos del cambio sólo se dejaron sentir en el terreno de la subordinación en toda regla del partido español a los delegados-tutores de la Internacional, encargados de fijar las normas de aplicación de la política definida en Moscú. Una situación que, según los informes de Togliatti, durará hasta bien entrada la guerra civil. Y que por el momento significaba la aplicación, en modo estricto e intransigente, de la táctica de “clase contra clase”, con la consecuencia inevitable d ever en los socialistas españoles los peores enemigos –socialfascistas o socialtraidores-, que desviaban al proletariado español de su cauce revolucionario y lo entregaban, atado de pies y manos a la oligarquía terrateniente y financiera, a la que servía el gobierno presidido por Manuel Azaña. Evoquemos, por vía de ejemplo, los titulares de Mundo Obrero, en enero de 1933, después de la catástrofe de Casas Viejas, reproducidos en nuestro apéndice.
El primer esbozo de cambio sigue a las noticias recibidas de la subida de Hitler al poder, con un “llamamiento del Comité Central”, “a todos los obreros y campesinos de España” y “a nuestros hermanos de clase, anarquistas y socialistas”, hecho público el 13 de febrero de 1933. En él se afirma, no obstante, que la contrarrevolución está “lacayunamente servida por los jefes socialistas y también por algunos dirigentes anarquistas”, lo que ciertamente limita las posibilidades del frente único propuesto para crear una “solidaridad activa” frente a la dictadura fascista de Hitler. La violencia de la acusación de “socialfascismo” llevaba implícitas sus propias trampas cuando se trataba de hacer algo eficaz contra el fascismo real.
El incendio del Reichstag y la subsiguiente detención masiva de comunistas en Alemania, del 26 al 27 de febrero, obliga a salir por un momento de ambigüedades. Por lo menos hasta cierto punto. El 28 de febrero los titulares de Mundo Obrero claman contra las bandas fascistas alemanas y el 2 de marzo se propone “el frente único contra el fascio asesino”, lo cual no impide que el 3 de marzo se denuncie, si bien matizadamente, “la hipocresía socialista frente al fascismo”.
El viraje parece cobrar forma el 10 de marzo de 1933, al publicar el “Llamamiento de la Internacional Comunista para la organización de la lucha común de los trabajadores socialistas y comunistas”, donde se da absoluta prioridad a la resistencia antifascista, hasta el punto de recomendar en caso de éxito un olvido transitorio, mientras dura la acción común, de los tradicionales ataques a los socialistas. De acuerdo con esta incitación de la Internacional Comunista el 16 de marzo, coincidiendo además con una primera acción común en la base contra la venta del semanario El Fascio, se publica una “Carta abierta” dirigida esta vez no sólo a los trabajadores, sino a las organizaciones, en primer término al PSOE, donde ante la amenaza se invita a la formación de un frente único contra la eventual implantación en España de una dictadura fascista. Por supuesto, la fórmula de alianza del documento, acordado al parecer en una reunión presidida por Juan Astigarrabia, seguía siendo el frente único por la base. Pero es, sin duda, la actitud unitaria más favorable que cabe registrar en 1933. Al día siguiente, Mundo Obrero informa de una entrevista con el dirigente de la UGT, Trifón Gómez, que no tendría consecuencias, y pone como modelo de actuación la quema de los ejemplares de El Fascio. Conviene recordar la intensidad de las movilizaciones juveniles en las calles madrileñas, los días 16 y 17 de marzo de 1933, con desfiles espontáneos en la Gran Vía y mítines improvisados, como el que da un obrero anónimo subido a una farola, cerrándose con un sonoro “¡Viva la República!”.
Lo cierto es que, por el momento, ni socialistas ni comunistas ni, mucho menos, los delegados de la Internacional, estaban por la unidad. Inmediatamente el PCE aborda el desarrollo, prácticamente en solitario, de sus iniciativas antifascistas. Para el domingo 19 de marzo se organiza ya en el Frontón Central de Madrid un mitin antifascista por “el frente único proletario antifascista”. En dicho mitin César Falcón, por los “escritores proletarios”, el neófito José Antonio Balbontín, recién llegado desde los socialdemócratas y, por el Partido, en práctica soledad, Vicente Uribe. De manera que el 21 de marzo de 1933 las aguas vuelven a su cauce, con las críticas acerbas a los socialistas. El 23 de marzo la cabeza visible del Partido, Astigarrabía, habla en una conferencia de la cooperación de los líderes socialistas en “la obra sangrienta del fascismo”. Y el 28 regresan también los titulares tremendistas de Mundo Obrero, que continuarán empleándose en los meses siguientes.
Es cierto que el 1 de abril es convocada en Madrid una Asamblea antifascista, con el objeto de constituir de una vez el frente antifascista. Pero, en definitiva, la forma sectaria en que es desarrollado el planteamiento inicial unitario garantiza la persistencia del asilamiento comunista.
Es también muy posible que en ello interviniera la intransigencia propia del delegado de la Internacional, el búlgaro Minieff -más conocido por sus pseudónimos “Stepanov” y “J. Chavaroche”- quien ya había condenado la mínima apertura de febrero, en nombre de la ortodoxia del frente único por la base que, para él, se traducía en una incansable repetición de la consigna de constituir a toda costa comités de fábrica y de taller.
Hasta septiembre de 1934 las cosas no cambian. Pero esto no significa que no existieran tensiones o diferencias de opinión entre los dirigentes del PCE y respecto a la línea dominante marcada por la delegación de la Internacional. Por otra parte, tampoco fue del todo inútil la propaganda antifascista, que hizo surgir ya en el verano de 1933 serias preocupaciones entre los dirigentes besteiristas de la UGT ante el atractivo que ejercía sobre las organizaciones y los militantes socialistas.
En cuanto a balbuceos de rectificación del “clase contra clase”, José Antonio Balbontín recuerda, a fines de 1935, cómo su posición de acercamiento al PSOE tras la derrota electoral de la izquierda en noviembre de 1933, era compartida por la mayoría de los dirigentes del PCE. Pero fue nuevamente bloqueada por el delegado, esta vez el argentino Codovila. El control exterior parece completo en este período y por eso, cuando vea que siguen los ataques al socialfascismo tras los sucesos de Austria, de febrero de 1934, Balbontín abandonará el Partido. A su juicio, en la crisis que marcaban los procesos alemán y austríaco, resultaba criminal mantener la teoría del socialfascismo, anteponiendo a todo la guerra abierta contra los dirigentes socialistas y anarcosindicalistas.
El episodio nos lleva a replantear la cuestión del papel jugado por los tutores o delegados de la Internacional, que no dejaba de tener sus costes, por encima de la aparente necesidad de dicha tutela tras lo ocurrido con la dirección de Bullejos, de “sectarismo en el sectarismo” e inmadurez manifiesta en el grupo dirigente del partido. Pero parece que a partir de ese momento, y por encima de la superioridad teórica de que pudieran estar revestidos, los delegados cortaban con su imposición permanente el necesario proceso de formación del grupo dirigente del PCE.
Entre 1931 y 1933, las actuaciones de los delegados intervienen una y otra vez para hacer aún más rígida la forma de aplicación de la línea internacionalista. Citemos sólo tres ejemplos. En primer lugar, ya antes de caer Bullejos, había estado la conversión forzosa de la campaña de unidad sindical propugnada desde la Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián, a fines de 1931, en consigna escisionista de formación de una nueva central supuestamente unitaria, que acabará siendo la inoperante CGTU. Una reproducción, con variantes, del error previo de la Reconstrucción de la CNT, que hará protestar violentamente al responsable sindical Astigarrabía contra la visión de los problemas sindicales españoles impuesta desde Moscú. Tampoco cabe olvidar la incomprensión del significado de la reacción frente al golpe de Sanjurjo que sirve de pretexto para la evicción de Bullejos. Para terminar con el mencioando martilleo de las consignas de comités de taller y de fábrica a cargo de Minieff/Chavaroche en contra de cualquier desarrollo flexible de la política antifascista de 1933.
La rigidez llega al mismo verano de 1934, por encima del cambio formal en el sentido de la unidad de acción que, sin embargo, acaba alcanzando éxitos sensibles en el terreno de las Juventudes. Por ejemplo, en el rosario de cartas de propuestas de acción conjunta, podemos citar la de 12 de julio de 1934, donde se habla, incluso, de renunciar a los ataques con tal de lograr un acuerdo. Pero al día siguiente de su aparición en Mundo Obrero, el 24 de julio, en el folletón que recoge el informe presentado por José Díaz al Pleno del Comité Central -el último anterior al de las Alianzas-, se sigue hablando de romper la influencia socialista entre los trabajadores, literalmente, “destruir la socialdemocracia, premisa esencial para que la revolución pueda triunfar en España”. Todavía el discurso vejatorio imperaba sin restricciones, propugnando una atención preferente hacia los obreros “sinceramente revolucionarios” que “no han podido aún desprenderse de la engañosa demagogia de sus líderes”.
Por lo mismo, de diciembre de 1933 a agosto de 1934 se mantiene una oposición sin paliativos a la Alianza Obrera, en la que los comunistas ven la antítesis del frente único propugnado. Aún en el verano de 1934 es publicado por el PCE un folleto titulado “¿Alianza Obrera? ¡No! ¡Frente Único! Esta es la salida”. La Alianza Obrera es definida como alianza “antiobrera”, como lo opuesto a la vía del frente único revolucionario. No cabía compromiso: especialmente en Cataluña, la oposición se mantiene hasta agosto.
¿Cómo explicar, entonces, la decisión de septiembre de 1934 sobre el inreso del Partido en las Alianzas? Desde fuera, Largo Caballero sitúa el problema en un terreno subjetivo, relatando una conversación suya con el delegado de la Internacional, Codovila, donde el dirigente socialista habría razonado con éxito su invitación anterior a que los comunistas participaran en los preparativos revolucionarios a travñes de las Alianzas, explicando la vinculación de éstas al propósito de la conquista revolucionaria del poder por y para los trabajadores.
Por su parte, el Buró Político del PCE al explicar la propuesta que hacía al Comité Central a celebrar los días 11 y 12 de septiembre, mencionaba dos razones más verosímiles. Primero, con el eufemismo de “la extrema gravedad de la situación” aludía, sin duda, al conocimiento que los dirigentes comunistas debían tener del próximo levantamiento obrero, del que el PCE no podía correr el riesgo de quedarse al margen. La capacidad de lucha de la Alianza se confirmaría el mismo día de la reunión, con la huelga general de Madrid (a pesar de oponerse la dirección socialista) o con la de Asturias, realizada contra la concentración de Acción Popular en Covadonga. En segundo lugar estaban los reducidos éxitos alcanzados por la política de unidad de acción -aunque pudieran contabilizarse logros locales con la firma del Frente Único, el 13 de julio e 1934 en Toledo-. El hecho es que los proyectos de unidad de acción según el texto de la propia declaración, “no han llegado a plasmar de forma orgánica y duradera, y menos aún en un plano nacional, que nos asegurase la victoria en la lucha contra la reacción y el fascismo y por la revolución”. Para ello no debió faltar el impulso decisivo de la IC, cuyo Presidium había criticado, en resolución de 8 de julio, el retraso y la falta de seriedad del PCE, y de otros tres partidos europeos, en la búsqueda de un acuerdo con la socialdemocracia frenteal fascismo.
El gro se efectúa tratando de reducir en lo posible su amplitud. No hay autocrítica sobre la política anteriormente seguida, e incluso se reafirma la validez de las consignas precedentes. Los Comités de Fábrica y de Campesinos, entendidos como embriones de Soviets, seguían siendo defendidos en su calidad de únicos órganos capaces de desarrollar la lucha revolucionaria e implantar el Programa de Gobierno Obrero y Campesino. Las Alianzas Obreras nunca podrían sustituir a los Soviets; eran, además, unos órganos incompletos en su implantación, al quedar al margen de ellas el campesinado y amplios sectores proletarios, como la CNT. En consecuencia la presencia comunista en las Alianzas (ahora convertidas en Alianzas Obreras y Campesinas) se justifica mediante el proyecto de su transformación en órganos de Frente único, cuyo complemento en el proceso de unificación del proletariado sería la unidad sindical. Tampoco se abandona del todo la libertad de crítica hacia los nuevos aliados, en nombre de la libertad de expresión a que el Partido no puede renunciar.
Las concesiones doctrinales se reducen así al mínimo y las críticas respecto al socialismo proseguirán después de Octubre. Aunque, por supuesto, los tiempos del socialfascismo queden lejos. Pero es significativo que todavía en 1935 los textos oficiales del Partido sigan hablando de las Alianzas Obreras y Campesinas como plataformas para la tardicional implantación de los Soviets, una vez conseguida su transformación “en un órgano realmente amplio de frente único. El Partido Comunista -puede leerse en el folleto “Los Soviets en España”- se impuso la misión de reorganizar la Alianza por la base, integrándola por delegados elegidos en las fábricas, talleres...”. El paso siguiente sería la formación de Soviets.
En realidad, el corte de octubre de 1934 vino a favorecer decisivamente las pesrpectivas del PC. En primer lugar, cancelando la etapa de la Alianza Obrera como frente único por arriba, que hubiera resultado incompatible, allí donde estaba desarrollada, en Cataluña y Asturias, con las pretensiones comunistas. Y, sobre todo, creando una corrienet favorable a esa “unidad de acción” que se había predicado incesantemente el año anterior. Es un ambiente propicio para la formación de comités de enlace entre organizaciones socialistas y comunistas, que asumirían la denominación de Alianzas Obreras y Campesinas. Sin olvidar que sobre ellas la situación del estado de guerra impone una incomunicación con la dirección nacional para los socialistas, que no deja de ser beneficiosa para el desarrollo de la política de frente único.
LAS ALIANZAS OBRERAS DESPUÉS DE OCTUBRE
El fracaso de la revolución de octubre impone un corte fundamental en la trayectoria iniciada a fines de 1933 por las Alianzas Obreras, en cuantos órganos encargados de protagonizar la insurrección proletaria. Este hecho resulta, paradójicamente, compatible con el mantenimiento del tema como objeto de discusión entre las diferentes organizaciones obreras, a veces, eso sí, con dosis considerables de abstracción. Y, por otra parte, el fenómeno aliancista coexiste con la orientación unitaria que tiende a prevalecer entre los trabajadores en respuesta a la represión de los hechos de octubre. Pero ya no es el aliancismo protagonista de proceso alguno, sino sólo la mediación que institucionaliza las relaciones cada vez más próximas entre corrientes obreras, fundamentalmente socialistas y comunistas. Es un proceso muy conflictivo, a veces, marcado por diferencias dentro de una misma provincia y desarrollado con la abierta oposición de la dirección del PSOE y de la UGT, las cuales ven en las Alianzas Obraras y Campesinas que proliferan durante estos meses una amenaza a la hegemonía proclamada por el socialismo español de acuerdo con la consigna de “todo el poder para el Partido Socialista”. Los socialistas pretenderán ceñirse a la formación de comités de enlace, que salvaguardan la autonomía plena de las organizaciones implicadas, mientras el PC insiste sobre las Alianzas OO y CC como instrumentos de frente único que señalan un nivel de decisión suprapartidario. Aunque se den excepciones regionales: así en Cataluña prefieren los comités de enlace, para no verse embarcados en la superioridad que pudiera ejercer el Bloc de Maurín dentro de una política aliancista.
Son, en todo caso, dos niveles diferentes. En el plano de la discusión teórica, los máximos defensores de la articulación nacional de las alianzas son los comunistas heterodoxos –el futuro POUM-, que defienden la formación de una Alianza Obrera Nacional, capaz de reemprender el camino transitoriamente interrumpido en octubre. Era el modo de superar tanto la hegemonía socialista de 1934, como el proceso de aproximación constatable entre comunistas y socialistas de izquierda.
De ahí las críticas cada vez más aceradas contra la visible oposición a dicha consigna de Largo Caballero y sus seguidores. “El porvenir del movimiento revolucionario en España –escribe Joaquín Maurín- está íntimamente ligado al problema de la Alianza Obrera. Si la Alianza Obrera, que podríamos calificar de soviet de nuestra revolución, se estanca, si no logra ensancharse hasta englobar a la mayoría del proletariado políticamente activo y unificar su acción... es evidente que la revolución irá retrocediendo hasta quedar vencida (...) La futura Unión Ibérica de Repúblicas Socialistas será el poder de los obreros y campesinos ejercido por medio de la Alianza Obrera”. En esta perspectiva, correspondía a la Alianza Obrera protagonizar la futura revolución democrático-socialista, a la que seguiría sin solución de continuidad la estrictamente socialista. Ni que decir tiene que, desde este enfoque, la Alianza Obrera como proyecto se constituiría en antítesis de la estrategia del Frente Popular.
En el extremo opuesto se sitúa la posición de Largo Caballero, para quien el cometido de la Alianza Obrera había terminado con la insurrección de octubre. Orgánicamente la UGT nada tendría que ver con ella y por eso se opone de modo sistemático en las reuniones de la Comisión Ejecutiva de la central al movimiento de constitución de alianzas. Sólo acepta la formación de comités de enlace con misiones coordinadoras. Las alianzas, en sus palabras,
venían a sustituir a la Unión y al Partido y eso sí que no se puede consentir. Hay alianzas obreras que quieren tomar acuerdos que son de la competencia del Partido y de la Unión, y eso yo no lo acepto, porque por encima de todas estas alianzas están la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista”.
De la misma manera se opondrá Caballero a lo largo del año 1935 al pressíng unitario a que se ven sometidos PSOE y UGT por parte del Partido Comunista y la CGTU. El presidente del PSOE mantiene que la unificación del proletariado como objetivo no significa el establecimiento previo de conexiones que pudieran debilitar la hegemonía socialista. Por esta razón, en la UGT se rechazan las reiteradas propuestas a nivel de dirección de la CGTU, ya que los socialistas defienden el ingreso puro y simple de la central comunista en la UGT. Y tanto las formaciones de tipo frente único como la propia presencia de socialistas en mítines y actos conjuntos con comunistas (lo mismo que con republicanos) son prohibidos en nombre de la independencia orgánica. Cuando la Alianza Obrera organice un gran mitin unitario en Valencia, la UGT desautoriza la posible presencia de un representante suyo en el acto. A esta diferencia, tanto respecto al Bloc como frente a los comunistas, se unía la negativa a aceptar conflictos económicos que pudieran debilitar en un primer momento las organizaciones obreras ya gravemente afectadas por la represión.
Hay que adevertir que esta posición de negativa a las alianzas y al frente único no era compartida por el conjunto de los integrantes de la llamada izquierda socialista. En el plano teórico, las Juventudes Socialistas defendían las Alianzas Obreras y Campesinas, en su calidad de órganos de unidad de acción de fuerzas obreras no encuadrables en un mismo partido. Se trataba de dar continuidad al impulso anterior a octubre, asimilando su papel al de los soviets en la Revolución rusa. Frente a los comunistas, Santiago Carrillo y Carlos hernández Zancajo expondrán su desconfianza en relación a los comités de fábrica. Y frente a Maurín y a los trotskistas, en un sentido próximo al de Caballero, no ven a la Alianza Obrera Nacional como sujeto revolucionario. El sujeto de la revolución había de ser el Partido Único del proletariado. En 1935, los jóvenes piensan en el Partido Socialista convertido en eje del proceso de unificación, apoyado asimismo en la segunda unidad, la sindical. Y después d ela salida de Caballero de la presidencia del PSOE, en diciembre de 1935, apuntan a la conjunción entre el Partido Comunista y un Partido Socialista depurado. En la formulación a que llega Santiago Carrillo en mayo de 1936, ese partido sería “el instrumento de la vanguardia obrera que puede dirigir los órganos de la democracia proletaria”. Subyace una noción más o menos clara de vía revolucionaria nacional, que haría decir al propio Carrillo en sus primeras conversaciones con los jóvenes comunistas, a fines de 1934, que “para nosotros hay un problema, y es el de que una revolución política de un partido no puede ser señalada desde Moscú”. Por eso en mayo de 1936 se mantiene ese papel mediador de las Alianzas Obreras, en cuanto “órgano de democracia obrera, que permite al Partido controlar a la inmensa mayoría de la clase trabajadora”.
La posición de las Juventudes, además, acabará provocando un nuevo cambio en la valoración de Largo Caballero, quien en la primavera de 1936 acepta nuevamente las Alianzas, dirigidas esta vez a articular a todos los niveles, desde el local al nacional, la relación con la CNT del núcleo marxista unitario que integrarían PSOE, UGT y Juventudes Socialistas Unificadas.
Finalmente, y con las dificultades mencionadas por parte de los socialistas, que desde fines de 1934 consienten la formación de un Comité de Enlace nacional para acciones concretas, el Partido Comunista consolida su implantación en la base obrera merced al rótulo de las Alianzas y con un contenido de de frente único que se ajusta a las características regionales y locales. El citado Comité de Enlace era, en apariencia, un triunfo de la posición socialista, al carecer de facultades ejecutivas y dedicarse fundamentalmente a la lucha contra la represión y a la ayuda de los presos.
La táctica comunista será -con excepciones como Cataluña donde se opta claramente por los comités de enlace-, formar Alianzas Obreras y Campesinas a todos los niveles. Cuanto más cercana está la base, mayor es el predominio comunista. El PC llega a aceptar los preparativos para la Alianza Obrera Nacional, a la que intenta desplazar de Barcelona a Valencia, pensando en controlar el máximo de delegaciones para la conferencia preparatoria.
Al hacer el balance de lo conseguido en la segunda mitad de 1935, el PCE contabiliza más de 200 alianzas, que fuera de Cataluña y del País Valenciano se componían mayoritariamente de comunistas y socialistas. Eran, pues, más que nada comités de enlace e indicadores de la convergencia por la base entre las dos grandes corrientes del obrerismo “marxista”. Las alianzas más numerosas, muchas de ellas a nivel de fábrica y barriada, correspondía a Vizcaya: 61 de las 207 citadas. A nivel provincial había 16, de las que el PCE controlaba las de Sevilla, Jaén, Málaga, Navarra y Valladolid (de ésta última estaba significativamente ausente el PSOE). De las 207 locales el control del Partido era incluso superior, calculándose en el 75 por 100 de las mismas. De esta forma, las Alianzas Obreras y Campesinas venían a cumplir su misión de aglutinar la orientación unitaria de los trabajadores en un snetido propicio para la hegemonía comunista. El Partido podía felicitarse de la política desarrollada tras la aceptación forzosa de la consigna en septiembre del 34:
“Nuestras consignas y dirección son aceptadas indirectamente a través de las alianzas en estos lugares... En esa medida las alianzas provinciales realizan un trabajo más eficaz y tienen una participación más activa en las propias campañas del Partido... Esta misma influencia por nosotros ejercida es la que determina que los socialistas sean más cautos en nuestras relaciones. Aunque intentan, por todos los medios, paralizar nuestra acción se (ven) impedidos por las propias masas de la UGT y del PS por nosotros influenciadas”.
En consecuencia, no cabe subestimar el papel de las alianzas en el período estudiado. Su papel insurreccional había terminado. Pero su nueva etapa tiene una importancia decisiva en la mayor cohesión lograda entre las organizaciones obreras marxistas, así como en la hegemonía que, de abajo a arriba, va consiguiendo el Partido Comunista después de octubre. Era, por supuesto, una dinámica de base en el interior de la clase obrera. Los problemas globales eran otros y se verán dominados por la exigencia de buscar una alternativa a la derecha en el poder. También en este terreno -el Frente Popular- el PC verá crecer sus expectativas políticas.
LA FORMACIÓN DEL FRENTE POPULAR EN ESPAÑA
El viraje del VII Congreso incide en el caso español sobre una coyuntura muy concreta, marcada por las consecuencias del fracaso de la Revolución de Octubre de 1934. Se asienta, de este modo, sobre una orientación unitaria que recorre la clase obrera desde la revolución. Lo que beneficia una serie de reagrupamientos y, en particular, la aproximación al PC de un amplio sector del Partido Socialista. También juega a favor la revisión de tácticas electorales que, ante el régimen de excepción de los gobiernos radical-cedistas, aparece como necesidad tras la experiencia negativa de 1933. Sin olvidar ese factor de cohesión que resulta ser la amenaza del fascismo encarnado por la CEDA. Por otra parte, la represión asocia las suertes de los obreros revolucionarios y las de representantes de otras capas sociales, como los dirigentes catalanistas e, incluso, del antiguo primer ministro Manuel Azaña, acusado de intervenir en la rebelión. Por eso la alianza electoral de republicanos y organizaciones obreras estará muy pronto en la agenda de los principales debates. Claro que es un arma de dos filos. Si la lucha contra la represión y por la amnistía crea desde muy pronto las condiciones de un pacto, quienes sufren aquélla, son ante todo los obreros. Así, a la hora de contratar una alianza se encontrarán en una permanente situación de inferioridad, según podrá comprobarse cumplidamente en las negociaciones que preceden al pacto electoral de enero de 1936.
La iniciativa real corresponde al sector centrista del socialismo. Primero, la llamada “circular Vidarte”, que el vicesecretario de la Ejecutiva del PSOE (secretario efectivo por hallarse fuera de la cárcel) hace pública a fines de 1935, abriendo una consulta a las secciones y agrupaciones sobre una posible alianza electoral con los republicanos. Consulta que arrojará, dicho sea de paso, una amplia mayoría a favor de la propuesta, reflejo del cambio que el fracaso revolucionario imponía en la mentalidad de las organizaciones socialistas. Y, sobre todo, la iniciativa de Indalecio Prieto, sacada a la luz pública en la fecha simbólica del 14 de abril de 1935 con un artículo de “recuperación de la República”, remitido desde el exilio a su diario, El Liberal de Bilbao. Pero los orígenes son anteriores: desde febrero, los socialistas de Vizcaya discutían la alianza de los republicanos, y salvo los jóvenes, para abril la mayoría se mostraba favorable a ella.
Prieto definía en el artículo “la amplitud y condiciones” de una coalición electoral de izquierdas, sobre la base de condenar la política de clase seguida en las elecciones de 1933, que habría venido a sumarse a otros errores, tales como la concesión del voto a las mujeres. Frente a la consolidación de las derechas en el poder, con una clase obrera privada de organizaciones y de prensa legales, y sometida además ala crisis de trabajo, no existía, a juicio de Prieto otra opción que la de superar el proyecto de un “bloque obrero”, abriéndose a una amplia coalición electoral guiada por un programa de reformas concretas. “Hace algún tiempo –explica Prieto- que se preconiza la conveniencia del bloque obrero, señalándose como uno de sus inmediatos objetivos el de concurrir unidos con los elementos que lo formen –socialistas, comunistas e, incluso, sindicalistas- a una contienda electoral que se considera próxima”. A la vista de lo ocurrido en 1933, no cabría otra salida que “la inclusión de tal alianza de elementos republicanos”.
La principal limitación de la postura de Prieto residía en su estrecha vinculación con los supuestos de la coalición republicano-socialista que estuviera vigente entre abril de 1931 y septiembre de 1933. Prieto piensa con una lógica republicana, incluso cuando critica las propuestas de los partidos republicanos, y su orientación política se vuelve transparente –como revelan las cartas de Azaña- cuando se dirige hacia ese sector político, más que cuando lo hace a sus mismos correligionarios. No cabría excluir la hipótesis de que, en 1934, una de las razones que le había impulsado a participar en los preparativos revolucionarios consistía en defender los contenidos democráticos de la República, no sólo frente a la amenaza derechista, sino contra el ascenso revolucionario en el interior de las propias organizaciones socialistas.
Es, a este respecto, muy significativa su propuesta, respaldada por Fernando de los Ríos, el 2 de julio de 1934, sobre las posibilidades de presionar, de acuerdo con Azaña, para conseguir una inflexión en la línea política seguida desde las elecciones perdidas. Prieto y de los Ríos creen, en contra de la opinión mayoritaria, defendida por Caballero y por Amaro del Rosal que conviene ir al “movimiento” “de acuerdo con los republicanos”, muy diferente al parecer del republicano-socialista del primer bienio. En suma, la revolución era el camino para alejar el peligro de la CEDA y promover una acentuación del carácter reformador del régimen.
La idea central de Prieto es que el PSOE no puede esperar a corto plazo realizar una obra de gobierno socialista. Sus palabras de julio de 1934 merecen ser citadas extensamente, por contener la explicación de sus posiciones del siguiente año:
“Nos encontramos –escribe Prieto- en la situación que yo califiqué de trágica para el Partido Socialista de tener que asumir su característica representación de partido de clase, conjugándola con la necesidad de mantener enhiestas, íntegramente, aquellas conquistas de orden político obtenidas por la República. Frente a otros juicios, para mí respetabilísimos, que puedan formarse dentro de nuestro campo, yo definiría mi actitud ante la República, diciendo que no soy un desengañado, sino (...) un insatisfecho”.
Según Prieto la inexistencia de partidos republicanos suficientemente sólidos obligaba al PSOE a cubrir su vacío, actuando como único baluarte tanto frente a “la reacción española” como frente al “capitalismo intransigente español”. Por eso es cometido de los socialistas apuntalar la democracia burguesa e impulsar aquellas reformas que, a través de la intervención económica del Estado, promovieran el crecimiento capitalista. En primer término, las obras públicas. Las únicas reformas estructurales en profundidad apuntan al sector que limita dicho crecimiento, el agrario. Las demás –según el programa redactado por él en 1934- son estrictamente democráticas, concerniendo al Ejército, al sistema bancario y a la enseñanza fundamentalmente. El fracaso de octubre de 1934 sólo servirá para confirmarle en sus posturas, por el momento muy minoritarias en los órganos de dirección socialistas. “Los republicanos producen ya adversión”, declara, al oponerse, Amaro del Rosal. “En cuanto a los trabajadores –insiste en el mismo sentido Largo Caballero-, si se les propusiera una nueva inteligencia nos volverían la espalda”.
No hay que extrañarse, pues, que esta prehistoria del Frente Popular en el verano de 1934 se cierre con un rotundo fracaso. La resolución socialista le fue comunicada a Azaña por una comisión presidida por Caballero, de que formaban también parte Lois y De Francisco. A Azaña, según el testimonio de Caballero, “no le agradó nada la contestación” y preguntó sobre la actitud que asumirían los socialistas ante un gobierno republicano. Recibió una respuesta evasiva. La entrevista se celebró en casa de Salmerón y con Azaña estaban el anfitrión, Marcelino Domingo y un represnetante d ela Generalitat, Lluhí, quien manifestó que ésta tampoco daría su apoyo a un gobierno socialista en Madrid. Los puentes quedaron rotos hasta el siguiente año.
Pero en marzo de 1935 el panorama había sufrido un cambio radical. Y así lo que Caballero suponía sólo “un simple tanteo” -nos referimos a la citada circular Vidarte- del estado de ánimo dominante en el Partido, se transformó en un indicio de un cambio de mentalidad bastante profundo. Los republicanos lo vieron pronto y por eso airearon inmediatamente la circular como, según los titulares del diario La Libertad, “interesante documento para la democracia republicana”. Es posiblemente esta lectura prorrepublicana de la circular la que motivó el enfado de Caballero, recluido a la sazón en la Cárcel Modelo de Madrid. Incluso la imagen tan negativa del primer bienio parecía animarse a la vista de lo que representaban la CEDA y la represión. En carta dirigida por González Peña a Prieto, el líder asturiano amenazado con condena de muerte valoraba la República como “un gran avance en contraste con el pasado odioso”. La causa de los trabajadores socialistas pasaba a confundirse con la de todos los demócratas que lamentaban el secuestro del régimen.
El cambio no escapó a los aliados en 1934, defensores frustrados de una profundización de la estrategia aliancista en el sentido de dar forma a una Alianza Obrera Nacional. Así, el Bloque de Maurín vio en la circular un retroceso al reformismo socialista de 1931. “El Partido Socialista –comentaba su órgano clandestino Acción- no había fijado su posición después de los acontecimientos de octubre, lo que no deja de ser una grave falta. Y cuando al cabo de seis meses, por fin, hace oír su voz, da a su Manifiesto un carácter puramente electoral en el que se vislumbra además, la posibilidad de una inteligencia electoral con los republicanos”. Esta sensibilidad, pero desde la satisfacción causada en los posibles aliados del PSOE puede detectarse también en los recuerdos de Caballero. “Para ciertos elementos republicanos –nos dice- la circular significaba claudicación de los revolucionarios de octubre”.
La sensación de desbordamiento y el malestar de los dirigentes caballeristas encarcelados se hizo visible con ocasión de la sucesión de actos de amistad con la izquierda republicana, en abril de 1935, que culminan con un mitin de concejales republicanos y socialistas destituidos del Ayuntamiento de Madrid y ante un nuevo mitin a celebrarse en el Teatro Pardiñas, el 30 de abril, con la intervención estelar de Fernando de los Ríos. Surge la primera declaración rotundamente adversa a Prieto y a su política de aproximación pública a los republicanos. Entre los firmantes de la Carta, escrita en nombre de la disciplina interna del Partido, se encontraban Caballero, Wenceslao Carrillo, Amaro del Rosal y Carlos Hernández Zancajo, por las Juventudes. La única consecuencia fue la dimisión presentada por de los Ríos como vocal de la Ejecutiva, ante lo que calificó como “carta conminatoria”. Para entonces, la nueva línea política era, asimismo, apoyada desde el exterior por la oficina parlamentaria, y su multicopista, situadas bajo la responsabilidad de Lamoneda. Y Prieto se disponía a rubricar su orientación en la serie de artículos colocados bajo el epígrafe de “Posiciones socialistas”. También en mayo de 1935 resurge de las cenizas el besteirismo, colocando en la calle un semanario de nombre simbólico, Democracia. La dirección caballerista se verá en dificultades para exponer sus posturas -que además, por el momento, eran de espera y no de rechazo de la eventual alianza-, ya que fracasa el intento, en junio, de sustituir El Socialista, suspendido, por otro diario, Adelante. Sólo en julio podrá contar con el semanario Claridad.
La coyuntura general y las condiciones preferentes de presencia pública favorecían la iniciativa republicana en esta primera mitad de 1935. En un principio, se trata de reforzar la política de “unión de los republicanos”, bosquejada ya antes de octubre por Sánchez Román y de la que habían surgido los nuevos partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana, encabezados respectivamente por Mnauel Azaña y Diego Martínez Barrio. El heraldo del proyecto será el diario madrileño La Libertad, que difunde la consigna de Martínez Barrio, consistente en reencontrar “el espíritu del 14 de abril” sobre la base de recusar, tanto la orientación derechista de la CEDA como el legado revolucionario de octubre. Inicialmente el ámbito de la propuesta es el republicanismo burgués y sobre tal base se monta una intensa campaña de mítines a partir de febrero de 1935, con notable eco popular.
Pronto la campaña se dirige también hacia los sectores más moderados del socialismo –en particular, tras la circular Vidarte- coincidiendo posiblemente con la intervención de Azaña, que, en la línea de Prieto, antepone una coalición de izquierdas con apoyo socialista a una reunificación republicana que le forzara a aceptar componentes inútiles o perjudiciales.
Las ideas centrales, según veremos, no cambian por ello. Pero el campo de la alianza se amplía al socialismo democrático. Así, Azaña escribe a Prieto en abril de 1935:
“Me he negado y me negaré a dejarme envolver en las intrigas formadas en la redacción de La Libertad... operando sobre la ingenua propensión del público a desear vagamente la ‘unión de los republicanos’, sin que nadie se tome el trabajo de decir en qué consiste. Me he negado a alternar con Barriobero, a tomar en serio a los federales orgánicos, pactistas, sinalagmáticos, bilaterales y a ponerme a tiro de los Botellas y otros Ortegas”.
La fórmula de Azaña es ya la coalición entre el republicanismo responsable y el socialismo democrático, con abierta exclusión en ambos casos de posibles aliados insignificantes o radicales. Por eso ve con la misma preocupación que Prieto la formación de un “frente obrero”: En la misma carta citada no deja espacio para la duda:
“¿Adónde podemos ir nosotros, ni ustedes, con los comunistas? La coalición con los socialistas, para una obra realizada desde el poder por los republicanos, es legítima, normal y deseable... Con los comunistas no sucede lo mismo. Y además, electoralmente, sin aportar número de votos apreciable, espantarían a los electores y desnaturalizarían, en perjuicio nuestro, el carácter de la coalición.”
Azaña tiene bien claro el esquema que el republicanismo ha de imponer en las negociaciones de fin de año a las organizaciones obreras. El socialismo, primero, como plataforma de apoyo para la regeneración de la República. Rechazo de toda integración programática de las aspiraciones de los trabajadores. Y, por fin, total desconfianza hacia el Partido Comunista, que se verá apartado de las negociaciones efectivas desde la primera reunión, por unos republicanos que sólo reconocen al PSOE y a la UGT como interlocutores obreros.
Tales rasgos pueden descubrirse en el primer documento público que anticipa el futuro proyecto republicano de unión electoral. Me refiero a la “Nota de los Tres”, que firman conjuntamente el 13 de abril de 1935 Manuel Azaña, Felipe Sánchez Román y Diego Martínez Barrio en nombre de sus respectivos partidos. Se presenta como expresión de “las reclamaciones urgentes de la opinión republicana” y su contenido fundamental es el regreso a la legalidad del régimen, con el restablecimiento de las garantías constitucionales y la reposición de los Ayuntamientos de elección popular suspendidos. Expresamente esta recuperación del Estado de derecho alcanzaría a las organizaciones obreras, cuyos presos gubernativos serían puestos en libertad, mientras que los procesados lo serían con regularidad y rapidez. Las organizaciones sindicales recuperarían la vida legal y los huelguistas despedidos, sus puestos de trabajo. La concepción de la izquierda republicana que se forma de la alianza electoral excluye toda perspectiva de renuncia a su hegemonía en el trazado del futuro programa de gobierno. En rigor, lo que se pide a los socialistas es que colaboren para lograr la reanudación de la trayectoria política interrumpida en la segunda mitad de 1933. Su posición, designada de antemano, es subalterna. Lo explica claramente Azaña en sus “discursos en campo abierto”, entre mayo y octubre de 1935. Es decir, en los mismos meses en que la citada alianza de los Tres cuaja en un proyecto de programa electoral redactado por el más conservador de ellos, Sánchez Román. La justificación del pacto proviene en exclusiva del sistema de males que aqueja al país desde que las derechas se instalaron en el poder. No hay que construir nada, sino recuperar. “Lo que pedimos es la República”, afirma Azaña en Madrid. Y en Valencia concreta: “Se trata de enderezar de nuevo la política republicana hacia los pensamientos con que la República nación”. Para este fin, Azaña convoca no sólo a los partidos republicanos sino a “todos los que, sin ser específicamente republicanos, admiten el postulado de la República”. Pero queda claro que sin concesiones desde el republicanismo. Para dicha tarea de restauración, de “reconquista de la República” hace falta un gobierno netamente republicano, apoyado desde el exterior sobre la base de un programa de acción previamente concertado. Como les ha de reprochar su mejor aliado en el campo socialista, Indalecio Prieto, al perseguir este fin la izquierda republicana bloqueaba enteramente las aspiraciones de transformación del régimen económico que pudieran albergar los trabajadores españoles.
Prieto expresa sus críticas en una carta a Sánchez Román que publica en su Liberal de Bilbao, justo el 18 de julio de 1936, con el de quitarse de encima el sambenito de haber sido el redactor del programa. Escribe Prieto:
“... Hubo quien lanzó a los cuatro vientos de la publicidad la falsa noticia de que lo había redactado yo. Ese programa era una síntesis del que llegaron a trazar y no publicaron el verano de 1935 los partidos republicanos. A mí, como a otros militantes del Partido Socialista, me fue dado a conocer el referido documento, y mi opinión respecto a él y, por consiguiente, también respecto al que es su fiel trasunto, la expuse verbalmente en París a los señores Sánchez Román y Azaña y, posteriormente, la dejé estampada en una carta que envié desde Ostende a mediados de octubre...”.
Como se ve, frente a la dirección aún caballerista del PSOE, Prieto llevaba las negociaciones por su cuenta con unos republicanos a los que reprochaba su olvido total de las expectativas de los eventuales aliados obreros e, incluso, una falta de coherencia en las reformas democráticas previstas.
Por otro lado, en la coyuntura excepcional de 1935, la convergencia forzosa de las organizaciones de izquierda, crea en el campo obrero las condiciones para un relevo de hegemonía. Si el PSOE y la UGT habían sido hasta octubre la fuerza motriz de los preparativos revolucionarios, la nueva política de alianza iba a favorecer el protagonismo, cada vez más acentuado, del Partido Comunista. Algo que difícilmente hubiera podido preverse en septiembre de 1934, cuando en el último segundo los comunistas españoles dieron su adhesión a las Alianzas Obreras.
El rasgo diferencial de la política comunista frente a la socialista de izquierda en los primeros meses de 1935 es el puente tendido hacia las organizaciones republicanas. En sus orígenes se encuentran las condiciones que favorecían, en el estado de guerra imperante, una campaña de solidaridad en defensa de los presos, perseguidos y eventuales condenados a muerte, cuyo ámbito desbordaba las márgenes de los partidos obreros. Rompe el fuego la iniciativa del PCE, el 14 de enero de 1935, convocando una campaña de protesta en la que habían de colaborar, no sólo los proletarios, sino “todos los antifascistas del país”. La concreción más importante de esta campaña de solidaridad será la constitución, en marzo de 1935, de un Comité de Ayuda a las víctimas de octubre, cuya actividad se mantiene en los meses sucesivos, culminando en la reunión celebrada en septiembre. También en marzo de 1935 la UGT recibe la invitación a la lucha antifascista que firman, con los comunistas, pequeños grupos republicanos, como la Izquierda Radical Socialista y la Juventud de Izquierda Republicana. La fuerza aglutinante de la arriba citada comisión de ayuda provenía de las cantidades facilitadas, en nombre de la solidaridad de los sindicatos soviéticos, por el Socorro Rojo Internacional.
En cuanto a la alianza estrictamente política, extensiva desde los socialistas a la pequeña burguesía republicana, es decir, el germen de la estrategia del Frente Popular, explicada por vez primera, como sabemos, en el discurso que José Díaz pronuncia en el Monumental Cinema de Madrid, el 2 de junio de 1935. Su fórmula es llamada por el momento “Concentración Popular Antifascista” y se dirige hacia “los obreros y todas las masas populares” con el fin de que, bajo la dirección del proletariado, acabar con el “gobierno reaccionario y fascista”. Claro que aún persisten rasgos residuales de la etapa anterior, como es bien visible aún en las intervenciones de los delegados españoles en el VII Congreso de la Internacional Comunista.
Por lo demás, ese juego de luces y sombras había sido la característica de los meses anteriores, mientras va abriéndose camino la idea de un bloque electoral extendido hasta la pequeña burguesía republicana, invirtiendo así la orientación inicial a formar un bloque obrero. Incluso después de la experiencia unitaria de octubre, y en relación a los socialistas, permanecen los ecos del pasado: en la resolución del Buró político del PCE sobre “las batallas de octubre”, si bien se habla de “la necesidad de concentrar todas las fuerzas antifascistas, con objeto de impedir la dictadura absoluta”, lo cual “exige la formación de una amplia concentración popular antifascista sobre la base de una plataforma de lucha”, se insiste en una condena sin paliativos de los dirigentes socialistas, presentados poco menos que como traidores a la revolución, y se añade que la pequeña burguesía objetivamente habría jugado las bazas del fascismo. Tal actitud se reflejará aún en las intervenciones de los delegados españoles ante el VII Congreso de la IC. “Pasionaria” hablará en su tribuna de “la incapacidad de los dirigentes reformistas en el momento en que la lucha se acentúa” y de “que los jefes reformistas experimentan un terror pánico ante el movimiento revolucionario que se desarrolla...”.
Esta actitud iba a incidir sobre el movimiento unitario que, como consecuencia de octubre, cobraba fuerza en el proletariado y cuya capitalización, por diversas razones, correspondía inicialmente a las organizaciones comunistas. En sus informes a la IC, los delegados españoles insisten en este punto: la aproximación a los socialistas, resultado de la lucha común en la revolución.
“Después de octubre –explicará Jesús Hernández- se hizo general en las masas, no solamente del Partido Socialista, sino también en las sin partido, la impresión de que los comunistas y socialistas marchaban de común acuerdo, y que, en breve tiempo, se fusionarían ambos partidos. Esta creencia repercute de la siguiente forma: de un lado, favorablemente, por el ambiente de fraternidad que se crea entre comunistas y socialistas...”. Por su parte, José Díaz mencionaba, en el mismo sentido, la creación de un Comité de Enlace que incluía a nivel nacional a los dos partidos y a las dos centrales, UGT y CGTU. A pesar de la resistencia socialista a firmar documentos conjuntos, se llegó a un manifiesto de las cuatro con motivo de las condenas de Turón. Fruto de la citada fraternidad era la proliferación de Alianzas Obreras y Campesinas, que en la mayoría de los casos eran comités de enlace: a mediados de 1935 se contaban unas 200, de ellas 61 en Vizcaya.
El camino de la unidad representaba también el de la hegemonía del PCE, conquistada tanto en la práctica de la resistencia como en los trabajos de propaganda. Hay que recordar que el PSOE, a diferencia del PCE, carecía de una tradición de clandestinidad, y que además, el segundo recibió verosímilmente una cuantiosa ayuda económica que le permitió mantener un alto nivel de actividad aún bajo la represión. Vale la pena dejar la palabra a José Díaz para dar cuenta de esa próspera supervivencia comunista en los primeros meses de 1935:
“La primera preocupación del Comité Central al terminar el movimiento, fue sacar de Asturias a los perseguidos, y en esto, a pesar de lo difícil de la situación, hemos obtenido buenos resultados (...) La campaña que realiza el Partido Comunista contra la represión y la pena de muerte, bajo la consigna de ‘no más ejecuciones’, moviliza a los obreros, a los antifascistas y a las capas de la pequeña burguesía. El diario El Pueblo, a pesar de no haber podido hablar más que por alusiones, desempeñó un gran papel. Levantó el espíritu de las masas e inició la protesta contra la represión del gobierno reaccionario. Sus materiales eran utilizados por los otros diarios republicanos de izquierda. Poco después, en Barcelona, apareció otro periódico semanal. Después, en Sevilla, Valencia y Madrid. Los periódicos ilegales, manifiestos, pasquines, boletines del partido y de la juventud se reparte en España por miles de millares. Jamás el Partido, aún cuando había vida completamente legal, ha publicado tanta literatura; los comités provinciales, los radios, las células con los medios que han tenido a su alcance, han multiplicado la tirada de manifiestos y pasquines. Ha sido nuestro Partido el que durante unos meses después del movimiento ha hecho toda clase de agitación y preparación de las campañas”.
El balance presentado por José Díaz ante el VII Congreso, que parece verse confirmado por los documentos del Archivo del PCE, se resumía en 55 publicaciones (nueve periódicos legales, 15 ilegales, 18 de empresa y 13 boletines), con una tirada global de 60.000 ejemplares, y una subida de la tirada del órgano del Comité Central, Bandera Roja, de 5.000 a 17.000 ejemplares.
En definitiva, el PCE se hallaba en condiciones de protagonizar y dar forma orgánica a los movimientos de solidaridad surgidos después de octubre, y que no iban a implicar sólo al partidos, sino también a personalidades destacadas, como Ramón del Valle-Inclán o Federico García Lorca. Otra cosa es que inmediatamente propuestas como las de “bloque popular antifascista”, hecha según Jesús Hernández en mayo a socialistas y republicanos, pudieran tener éxito inmediato. Es más, lo que el PCE logra en su “primera coalición”, atrayendo hacia sí a federales, a radicalsocialistas y a la Federación Tabaquera, recordaba los fracasos de 1933. Pero, por otro lado, tampoco las ideas estaban muy claras dentro del Partido. La imagen de la alianza había ido perfilándose poco a poco, a partir de la perspectiva inicial obrerista del invierno.
En el orden cronológico, la primera iniciativa que registramos corresponde a los comunistas catalanes, en diciembre de 1934, coincidiendo con la decisión del Presidium de la IC de destacar el alcance internacional de la experiencia esbozada por el PCF. El semanario del Partit Comunista de Catalunya, Lluita!, publica el 28 de diciembre de 1934 la consigna: “Contra el bloc de les forces de la reacció, oposem el Bloc Popular Antifeixista”. En nombre de una toma de posición centrista, el PCC rechaza tanto la hegemonía pequeño burguesa de la Esquerra, como el “error izquierdista” de contar exclusivamente con la Alianza Obrera. Era preciso entonces proceder a la construcción de ese Bloque Popular Antifascista, lo que entrañaba un reconocimiento abierto del papel progresivo del nacionalismo y de la pequeña burguesía. “Cal evitar -advertía el editorial- que l’Aliança Obrera caigui en un error de tipus ‘esquerrista’, que, subestimant les forces petit-burgeses, les masses que engloben el moviment nacional i els milers de treballadors que encara segueixen els partits d’esquerra, vulgui estancar-se en ella mateixa abandonat les àmplies possibilitats revolucionàries del bloc popular (...) Creiem, doncs, que la tasca principal de l’Aliança Obrera és la de crear els Blocs Populars Antifeixistes i Antiimperialistes. És precís que prengui inmediatament la iniciativa i que a cada localitat de Catalunya totes les forces antifeixistes constituexin la unitat d’acció sota la direcció de l’Aliança obrera”. La modernidad del texto se reforzaba si tenemos en cuenta que se añadía la precisión: “... en les lluites per les reivindicacions de tipus democràtic”.
A corto plazo, esta iniciativa no pareció prender en el Estado. Así, en febrero de 1935 y ante las previsiones de una consulta electoral, a nivel municipal, que en principio había de convocar el gobierno Lerroux para abril, el PCE dirige una propuesta al PSOE y a la Alianza con el fin de constituir “el Frente Único para las elecciones”. La propuesta consistía en que los dos partidos propiciasen candidaturas suscritas por las Alianzas Obreras y Campesinas que, siempre buscando el Frente Único, se extenderían a “todas las ciudades, pueblos y lugares de trabajo”. Se habla de “capas populares”, no de partidos republicanos. Debió ser el proyecto que alarmó a Azaña, y la expresión “posibilidad de alzar a todo el pueblo laborioso a la lucha activa contra la reacción y el fascismo” estaba aún a caballo entre un frente de clase, heredero del pasado, y la apertura a nuevas vías. Ante la consulta vizcaína sobre la posibilidad de que los socialistas pacten con la izquierda republicana y nacionalista, la dirección de Madrid confirma, el 21 de febrero de 1935, que sus previsiones son “confección de listas comunes con el PS y aprovechamiento de la campaña electoral para levantar las masas contra la reacción y el fascismo”.
Poco a poco, las condiciones irán cambiando. En la base, por el movimiento unitario provocado por el reflejo de solidaridad. En el vértice, está la presión provocada por los movimientos hacia la convergencia que pueden observarse en otros grupos de izquierda a partir de marzo de 1935, cuando la coalición radical-cedista da pruebas de fragilidad y se presiente una decisiva consulta electoral.
Como para republicanos y socialistas, abril de 1935 es para el PCE un mes decisivo. La propia inquietud coalicionista que agita a aquéllos tras la circular Vidarte, desplaza definitivamente la problemática del eje inicial centrado en el bloque obrero. Las comunicaicones entre los cnetros regionales y Madrid muestran una preocupación creciente sobre el tema. Así, en nombre del PC de Euskadi, Juan Astigarrabía informa d ela ventaja que va adquiriendo entre los socialistas de Vizcaya la idea de la coalición, tras su profesión de fe republicana, hecha pública el 14 de abril de 1935 en El Liberal de Bilbao. Los mítines del 14 de abril habían dado lugar, además, a que en Santander, Málaga, la Coruña, oradores comunistas participasen en las tribunas al lado de republicanos de izquierda. ¿Qué hacer? El Secretariado del CC del PCE responde el 22 de abril:
“En lo que concierne a las fuerzas republicanas (...) nuestra posición es la de marchar con cuantas fuerzas de este matiz se comprometan -preveía aceptación de su programa, presentado naturalmente por las Alianzas- a luchar durante y después de la campaña electoral por su realización. En este aspecto debemos de tener en cuenta que habrá algunas cuestiones las cuales no serán aceptadas por estas fuerzas republicanas, pongamos por caso la cuestión de la insurrección (sic) o cosas por el estilo. En este caso debemos ser lo suficientemente flexibles para no cerrarles el camino. Hay otras cuestiones como presos, pena de muerte, problema de la tierra, libertades democráticas y derechos de la clase obrara, etc., que pueden ser aceptados por ellos y que pueden ser la base de nuestra marcha en común...”.
Para cuatro días después sistematizarse la postura por el Secretariado en carta “al camarada Suárez”:
“Si ellos (los republicanos) tienen influencia entre los obreros, debemos pactar con ellos para las elecciones, pero bajo estas condiciones: 1) una plataforma mínima de lucha que ellos deben aceptar y comprometerse a realizar antes, durante y después de las elecciones, 2) que la designación de candidatos se haga en asambleas populares y obreras y 3) vamos a pactar con los republicanos sólo si los socialistas y la AOC están de acuerdo con eso. Nosotros solos, en caso de que la Alianza y los socialistas rechacen el pacto con los republicanos, tampoco podemos pactar con ellos”.
Por fin, en la resolución del BP de España “sobre la preparación del VII Congreso de la IC, que L’Internationale Communiste publica el 20 de abril, la 11 de las 18 cuestiones oficialmente planteadas a los militantes españoles era: ‘¿Cómo realizar una amplia concentración antifascista y cuáles deben ser sus fines?’”.
A la hora de afirmar por parte comunista la alianza con los republicanos convergen las exigencias de la política interior con las noticias de la experiencia francesa, mediada por los órganos de propaganda teórica de la IC. En particular, puede seguirse la consigna en la Revista Universal, su portavoz oficioso, que edita en Barcelona 39 números entre el 7 de diciembre de 1934 y el 23 de agosto de 1935, es decir, cubriendo por entero los preliminares del VII Congreso.
El tema del Frente Popular francés aparece con intensidad creciente en las crónicas firmadas en París por Joanny Berlioz. Hay que anotar que mientras el PCE habla preferentemente de “bloque popular antifascista”, en la Revista Universal las menciones son siempre al Frente Popular y al “reagrupamiento antifascista” (traducción de “rassemblement antifasciste”). Inicialmente parece que por Frente Popular se entiende el entramado tradicional del frente único, anclado en los comités de base, pero tras la manifestación de 9 de febrero de 1935, el contenido del “Frente Popular Antifascista” se ensancha hasta cubrir un claro abanico interclasista: “muchedumbre extremadamente amplia en cuanto a su composición social: comunistas, socialistas, pacifistas, demócratas, obreros, empleados, funcionarios, clases medias, todos los que defienden las libertades conquistadas y pretenden ampliarlas”. A partir de este momento, la dinámica del Frente Popular ocupa le primer plano del semanario catalán de la IC, aliado del tema recurrente de la amenaza hitleriana contra la URSS y la paz en Europa.
La confirmación llega con las elecciones municipales de mayo de 1935: “una gran victoria del frente popular antifascista en Francia”. Probablemente, los preparativos de este acontecimiento electoral contribuyen a precisar la consigna de Bloque Popular Antifascista, cuya definición oficial encontramos en unas instrucciones para oradores del PCE de 10 de mayo de 1935 (tres semanas antes del mitin de José Díaz en el Monumental). Dos días antes la CEDA había vuelto al gobierno, y según la historia oficial del PCE “al conocerse la formación del nuevo Gobierno, el Partido Comunista (...) se dirigió a todos los partidos y organizaciones obreras y democráticas, subrayando la agravación del peligro fascista y tomando la iniciativa de constituir un Bloque Popular Antifascista”. Tanto el PSOE como Izquierda Republicana rechazaron la propuesta, cuyo contenido constituye un puente entre las reivindicaicones comunistas anteriores a octubre y la previsión de programa de Frente Popular que redactará el partido a fines de año. El papel de la presencia de Gil Robles en el gobierno como detonador de la propuesta es confirmado por Vicente Arroyo en su colaboración de 25 de mayo en La Correspondance Internationale. Arroyo habla de “frente único popular antifascista”. Es el punto de inflexión:
“Desde que supo el desenlace de la crisis, el PC publicó un manifiesto que exponía su punto de vista sobre la situación y convocaba a las masas antifascistas a constituir un Frente Popular (sic) con la consigna inmediata de disolución del Parlamento y formación d eun gobierno revolucionario provisional que daría la tierra a los campesinos, amplias libertades a las nacionalidades oprimidas, libertad a todos los obreros revolucionarios...”.
En el citado “Boletín de orientación”, de 10 de mayo de 1935, tomando como base el hecho de que “las masas trabajadoras, flageladas por la reacción económica y social, ven con buen ojo la formación de un bloque de izquierda republicano-socialista”, a modo de barrera pronta al fascismo, por un lado, y de plataforma revolucionaria, por otro. De aquí la ineludible presencia del PCE en la alianza. Como explican las instrucciones: “Esa situación impone pues a nuestro Partido la necesidad de tomar la iniciativa para la formación de un amplio bloque antifascista, cuyo programa tenga puntos de coincidencia, que permita agruparse alrededor suyo a todas las capas sociales interesadas en la defensa y ampliación de los derechos democráticos del pueblo trabajador”.
En el mismo juego de “defensa” y “ampliación” de las libertades que puede encontrarse en la serie de artículos del francés Berlioz en la Revista Universal. La intervención de la IC en el proceso creador de la nueva táctica es en estos momentos tan imposible de demostrar por carencia de documentos relativos a la relación IC-OCE, como verosímil. Recordemos que cuando en mayo de 1935 la nueva política española salga a la luz, en las páginas de L’Internationale Communiste, lo hará con las firmas de “Ercoli” (Palmiro Togliatti) y de André Marty, por el PCF, para anunciar:
“Es necesario crear, en unión con todos estos elementos, un amplio frente popular antifascista, cuyo objetivo principal será no sólo luchar por la liberación de todos los prisioneros políticos, por la restauración de todas las libertades democráticas, por dar la tierra a los campesinos y a la emancipación de las nacionalidades oprimidas, sino también la instauración de un gobierno revolucionario provisional que, apoyándose en las Alianzas Obreras y Campesinas, y desarrollándolas, destroce la contrarrevolución fascista, encarcele a sus jefes, disuelva sus organizaciones y abra el camino para el desarrollo ulterior de la revolución”.
Unas semanas después del mitin del Monumental madrileño, donde José Díaz expone, el 2 de junio, públicamente la consigna, el citado Berlioz explica el sentido del reagrupamiento antifascista propugnado por el PCF en cuanto que fórmula política sustancialmente distinta de las viejas coaliciones de izquierda. El “reagrupamiento” comprende también la coordinación de las organizaciones de base, lo que entronca con el frente único, y forja la plataforma destinada a superar el capitalismo ganado para esta tarea a las clases medias. “Si no hubiésemos tratado de agrupar más que a los elementos que quieren los Soviets en Francia -explica-, nuestra tarea hubiera sido mucho más fácil, pero mucho menos fructuosa. Por el contrario, hemos puesto en tensión todos nuestros esfuerzos para agrupar a todos los que no quieren sufrir la sangrienta dominación de los fascistas”.
En vísperas del VII Congreso tiene, pues, lugar la transmisión a España del proyecto comunista francés, fundamentado sobre la consigna de Thorez de hacer del PCF el primer defensor de todas las libertades democráticas. “Francia marca el camino”, escribe un periódico madrileño del PCE, en julio de 1935: el Frente Popular, aplicado a España, se concibe aún apoyándose sobre las Alianzas Obreras y con la condición de no volver al 14 de abril y garantizar la hegemonía del proletariado. El “bloque” español aparece, pues, como más esquemático que el francés, más ligado a una perspectiva de rápido desbordamiento de la alianza y, a fin de cuentas, de menor atención al contenido democrático. Tal vez por ello surja una sensible deficiencia en el caso español, al no contemplar la posibilidad de incidir sobre el aliado pequeño-burgués (el radical-socialismo en Francia, la izquierda republicana en España). La exigencia de ir más allá de la alianza electoral, intentando atraer, de modo resuelto, a las capas pequeño-burguesas para la política antifascista, considerando sus aspiraciones como no contradictorias con el proletariado y vinculadas a sus propias organizaciones políticas, era algo que apenas intuían los defensores del “Bloque Popular Antifascista”. Hay que recordar que hacía poco, en el mismo año 1935, había explicado el PCE su proyecto político en un folleto titulado “Los Soviets en España”. Además, las condiciones particularmente desfavorables para el conjunto del proletariado y, también, para el PCE, con sus miles de presos y la situación de semiclandestinidad, impedían un trabajo efectivo para contrarrestar la pretensión hegemónica del republicanismo. En la coyuntura política de 1935, la intensidad de las fuerzas (en priemr lugar, para los obreros, la amnistía) que impulsaban hacia una convergencia contrastaba con la debilidad de los agentes de cohesión de la misma.
El lanzamiento público de la consigna tuvo lugar con ocasión del mitin público que el PCE consigue organizar en Madrid, en el Monumental Cinema, el 2 de junio de 1935. En el discurso de José Díaz aparece como primera exigencia desarrollar una lucha unida de partidos y sindicatos obreros, anarcosindicalistas incluidos, junto a los republicanos de izquierda, bajo formas organizativas y programas comunes, frente al fascismo. El núcleo orgánico seguían siendo las alianzas: “El Bloque Popular puede y debe formarse alrededor de las Alianzas Obreras y Campesinas”. Y se subraya el interclasismo, con el llamamiento “a los intelectuales honrados, a los artesanos, a los pequeños industriales y comerciantes; en fin, a todos los que aborrecen el fascismo y su secuela de terror, de miseria y de hambre”. Ahora bien, quedaban residuos de viejos tiempos, y no sólo en la desembocadura de la argumentación, que reafirma el papel del PCE como vanguardia esencial de la clase obrera. Si la definición del marco político, con la centralidad de la amenaza fascista, puede resultar válida, no es menos cierto que el análisis del fascismo español resulta muy sumario, limitándose a la CEDA que aspira “a sumir en el infierno fascista a todo el pueblo trabajador de España”. En noviembre, el propio José Díaz dirá del gobierno republicano que la mitad de sus miembros son fascistas. En cuanto al balance de octubre, el PCE intenta asumir en su integridad el movimiento y mantiene una clara actitud agresiva ante los aliados socialistas, lo que entra en conflicto con sus ofertas unitarias. Todo ello se resume en el contraste existente entre la convocatoria del bloque o la concentración popular antifascista, y la consigna del Gobierno Revolucionario Provisional, designado únicamente por el “pueblo trabajador”, que enlazaba directamente con el Gobierno Obrero y Campesino solicitado hasta 1934, de modo que el espacio social cubierto por la concentración acaba siendo estrechado hasta las Alianzas, eliminando así el hueco abierto inicialmente para los republicanos de izquierda.
En las intervenciones de los delegados españoles en el VII Congreso puede apreciarse la misma indecisión, especialmente en la de José Díaz. El “camarada García” (Díaz) mantuvo el esquema de construir el Bloque Popular sobre las Alianzas y fijarle como objetivo a corto plazo la revolución, haciendo suyas las advertencias del alemán Pieck contra el oportunismo de derecha en la aplicación de la nueva táctica. Más resuelto fue el apoyo a la misma de Jesús Hernández, encargado de ilustrar los progresos de la estrategia unitaria y de mostrar el enlace con la antigua consigna de frente único a través de la proliferación de las alianzas. Tampoco se rompía del todo el puente con el pasado, a pesar de la calurosa adhesión inicial: “los hechos de la misma vida subrayan, como una línea de fuego, cada palabra y cada afirmación hecha en su discurso por el camarada Dimitrov”.
No obstante, y aunque persistan las ambigüedades, la celebración del VII Congreso hace posible que se aclaren definitivamente las ideas del PCE. En el discurso del Teatro Pardiñas, donde José Día explica, el 3 de noviembre, el significado de los acuerdos adoptados por la IC, se habla todavía de que la alianza de comunistas y socialistas en Francia es prueba de la prioridad que conserva el Frente Único: el Frente Popular no sería más que su extensión a “todos los partidos obreros” y “todas las fuerzas antifascistas”. Pero consignas anticuadas como la de Gobierno Revolucionario Provisional, desaparecen, a favor de la idea de que la lucha antifascista determina una etapa de coalición de clases colocada bajo el signo de la democracia. El programa de aquél se traslada ahora al posible pacto electoral de Frente Popular:
“Este movimiento de las masas populares puestas en pie entraña la lucha por la confiscación sin indemnizaciones d ela tierra de los grandes de España y de la Iglesia para entregarla gratuitamente a los cmapesinos pobres y obreros agrícolas; la ayuda a los obreros parados; la disolución y el desarme de las organizaciones. Es decir, un programa amplio en que tienen que figurar, naturalmente, la libertad de los presos y las libertades populares. En él deberán establecerse, además, medidas encaminadas a liquidar la base material de los reaccionarios y fascistas”.
Es el “algo más” a las propuestas republicanas de Azaña en el discurso de Comillas, que constituye el núcleo del futuro programa comunista de cara al pacto.Más adelante, en la campaña electoral, José Díaz tendrá ocasión de precisar aún más los conceptos, enmarcando al Bloque Popular como momento esencial de la revolución democrático-burguesa en España. De este modo, aunque fuera asumido con las vacilaciones que hemos reseñado, el cambio definido por Dimitrov otorgaba una ventaja estratégica decisiva al PCE en el interior de la izquierda obrera.
Ahora bien, mientras que el Informe Dimitrov consolidaba la iniciativa del PCE, su lectura por la izquierda socialista será un nuevo elemento de división interna y la prueba más clara de su heterogénea composición. Basta leer su órgano de prensa, Claridad, tras el alborozado saludo inicial al VII Congreso, como “un hecho de trascendencia histórica” que permite ver el futuro con optimismo. La idea del frente obrero se hallaba muy arraigada, como prueban los planteamientos de Luis Araquistain en Leviatán y del joven socialista Alfredo Cabello en Claridad. “Reformistas y comunistas -escribe éste último- coinciden ahora en las ansias apresuradas por una unidad de acción entre el proletariado y la pequeña burguesía (...) Pasado octubre, en cambio, los comunistas se lanzan a todo tren a la formación de un Frente Antifascista, incluyendo en él a republicanos de conducta más que dudosa (Martínez Barrio) frente a la consigna de bloque obrero sostenida entonces por las Juventudes Socialistas”. Un ejemplo, a juicio de Cabello, de la sumisión del PCE a las consignas de Moscú y al ejemplo francés. La estrategia comunista de alianzas aparece como un obstáculo a la unidad de clase.
Como contrapartida, no faltaban los defensores. El periodista Julio Álvarez del Vayo, que juega un papel difícil de establecer fuera de España tras asistir en París en noviembre del 34 a la reunión de la Internacional Socialista, da su apoyo al Frente Popular, presentándolo como una Alianza Obrera a la que se habrían agregado los republicanos. Algo muy distinto del reformismo y sí sólidamente emparentado con las aspiraciones unitarias de la clase obrera. Su posición en este momento representa un acercamiento máximo al Partido Comunista, concibiendo el “frente antifascista” como una realización en dos momentos: primero, “unidad, inteligencia obrera”, para evitar la repetición de la experiencia conjuncionista del 14 de abril; segundo, el pacto con los republicanos. Será el camino seguido por la izquierda socialista, no sin fuertes tensiones internas, al negociarse el Frente Popular en las seis últimas semanas de 1935. Es además un período de máxima cordialidad entre PCE y caballerismo, lo que se concreta en el acuerdo de entrada de la central sindical comunista en la UGT, así como la relación cada vez más estrecha entre las Juventudes, preludio de la unificación de 1936. No cabe excluir, leyendo a Vayo, la posibilidad en este momento de una opción comunista tendente a desgajar el sector “asimilable” de la izquierda socialista.
En octubre de 1935 tiene lugar, asimismo, el diálogo entre Claridad y la dirección comunista en torno a las consecuencias para España del VII Congreso. El PC responde de inmediato concretando en cuatro puntos que suponen otros tantos pasos a superar: unidad sindical, frente único proletario, frente de unidad de acción antifascista, para rematar con la unidad política orgánica del proletariado. El texto ratifica tanto el papel central que para el PCE ha adquirido la alianza antifascista, como la articulación d ela misma con el desarrollo del Frente Único, mediante la implantación generalizada en la base de las Alianzas Obreras y Campesinas. En el apartado final sobre la unificación de los partidos, y salvo una mención extemporánea a los soviets, las cláusulas derivadas de los acuerdos del VII Congreso parecían en principio aceptables para la izquierda socialista: independencia de la burguesía, bolchevización del PSOE sobre la base del centralismo democrático, apoyo a la URSS. Claro que sobre este telón de fondo de máxima aproximación, las diferencias persistían, según reflejan las observaciones que Claridad dirige al citado programa de integración en cuatro fases. De horma aún más clara, pueden apreciarse en el debate teórico iniciado entre el ideólogo Luis Araquistain desde Claridad y Leviatán frente al dirigente comunista Vicente Uribe, cuyas respuestas publica inicialmente el semanario Pueblo (órgano oficioso del PCE en 1935) y luego Mundo Obrero.
En cuanto a la izquierda socialista, que hasta mediados de diciembre parece hegemónica, tanto en la UGT como en la dirección del PSOE, resulta clara su actitud favorable al acuerdo electoral. Por parte de Francisco Largo Caballero, desde la primera reunión en que, el 16 de noviembre de 1935, es examinada una carta de Manuel Azaña que expresaba “el deseo de los grupos políticos que integran la Alianza Republicana” de llegar a un acuerdo electoral con los socialistas. Hay un relato del comunista francés Jacques Duchos que se presenta a sí mismo como el hombre que logró convencer a Caballero de tal colaboración, pero los textos de las reuniones de la UGT no dejan lugar a dudas. E “gravísimo problema de la amnistía” no daba opción, según Caballero, a las organizaciones socialistas, las cuales habrían de acordar primero un proyecto de programa, ponerse en contacto a continuación con el PCE (que no podría ser dejado al margen del pacto) y, una vez unificados los criterios de la izquierda obrera, ésta negociaría conjuntamente con los republicanos. Respaldaron la propuesta, con variantes de procedimiento, Santiago Carrillo, por las Juventudes, y el ugetista Amaro del Rosal. Pero el acuerdo no fue unánime: un sector de las Juventudes, encabezado por su presidente, Hernández Zancajo y por el vocal Leoncio Pérez, se opuso a toda alianza con los republicanos.
La centralidad para los obreros del tema de la amnistía les dejaba, no obstante, atados de pie y manos en la futura negociación con los republicanos, los cuales se permitirán incluso rechazar el diálogo con toda representación que no fuera la socialista. Por eso mismo, tanto en el procedimiento como en el acuerdo final, los republicanos impusieron al máximo su concepción del programa de gobierno, que ellos mismos serían encargados de realizar. No podemos aquí realizar un análisis de los programas socialistas, comunistas, conjunto de ambos, ni de su alternativa republicana y las críticas internas hacia la misma por parte de Prieto, pero sí cabe decir que, en conjunto, hay una distancia fundamental entre ambos, más allá del índice de radicalismo. El programa común republicano, base del triunfante, sitúa la acción futura en el campo del aparato de Estado, con una preocupación complementaria por borrar las secuelas de octubre y su represión, pero, asimismo, con un cuidado máximo de no alterar en nada la distribución del poder social y económico. Por su parte, socialistas y comunistas veían en la alianza la ocasión de resolver de una vez el problema de la tierra y de conseguir -en el programa comunista- aquellas reformas que, como la nacionalización de la Banca, corresponderían a la fase democrática de la revolución.
Unas palabras deben dedicarse, sin embargo, a la posición socialista “centrista”, encabezada por Prieto, que desde el 15 de diciembre de 1935 juega además un papel capital en las negociaciones por controlar la Ejecutiva del PSOE (tras la dimisión de Caballero). Es cierto que, según hemos apuntado antes, Prieto juzga muy insuficiente la propuesta republicana, apuntando incluso que su debilidad podrá llevar la decepción a los seguidores del frente, pero en él prevalece una actitud entreguista de compromiso a cualquier precio, que será mantenida tras el 16 de febrero. En cuanto a su visión personal de un programa óptimo, pensaba según sus palabras “en republicano”, representa una posición de capitalismo avanzado, con apoyo estatal a la acción independiente de una burguesía que conserva íntegro su sistema de dominación. Así, su reforma de la propiedad de la tierra entraña el apoyo al pequeño propietario, pero, sobre todo, se opone a la nacionalización de la Banca y como contrapartida propone fomentar las Cajas de Ahorro. Incluso rechaza la idea de una Seguridad Social administrada por el Estado. El control obrero, ni lo menciona.
La lógica republicana, aún más restrictiva, había de imponerse en el pacto sellado el 14 de enero de 1936, un mes antes de las elecciones. La propia redacción del documento subrayaba las decepciones obreras, señalando los puntos donde los republicanos se habían negado a transigir (nacionalización de la banca, de la tierra, subsidio de paro, el control obrero). es difícil pensar cuáles eran los supuestos desde los que concebía Azaña la alianza y cómo pensaba conciliar la moderación del programa con las aspiraciones crecientes de los trabajadores a cambios que fueran más allá de la prolongación pura y simple de la política desarrollada en el primer bienio. De ahí que desde muy pronto se patentice la disyunción interna de la alianza, resultado del cruce de dos líneas políticas: la coalición de izquierda estrictamente electoral y la estrategia frentepopulista. La subordinación de los programas y de las expectativas obreras acabará traduciéndose, en la práctica, en una contradicción constante entre el Frente Popular, como gobierno republicano sustentado simplemente en su mayoría parlamentaria, y esas “masas populares” que menciona Mnauel Azaña en las cartas a Rivas Cherif. Nos referimos en esto último al funcionamiento de la base social frentepopulista, que llega a generar un sistema de poder paralelo, cortado del gubernamental, y con una proyección anticapitalista inmediata (por ejemplo, en las ocupaciones de tierras). Consciente de la gravedad de esta fractura, el PCE propondrá en la primavera del 36, en coincidencia aquí con la izquierda socialista, la formación de un órgano interpartidario de enlace entre los dos niveles, con el cometido preciso de controlar e impulsar el cumplimiento del programa de la coalición, implicando así a los partidos obreros que se hallaban al margen del gobierno. El fracaso de esta iniciativa determina el mantenimiento de la citada falta de cohesión interna del Frente Popular en España hasta que sobreviene la sublevación militar.
[1] BIZCARRONDO, Marta: “De las Alianzas Obreras al Frente Popular”. En VV.AA.: Contribuciones a la historia del PCE. Madrid, FIM Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004, pp. 217-251

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