La relación con Comisiones Obreras

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Rubén Vega[1]
PARTIDOS Y SINDICATOS EN LA TRANSICIÓN
Una simple mirada al panorama sindical que resulta de la Transición Democrática arroja una conclusión evidente: quien tiene “padrinos” políticos (UGT, CC.OO., ELA-STV) se bautiza, quien no los tiene (CNT, SOC) o los tiene muy débiles (USO, SU, CSUT) desaparece o se queda reducido a posiciones marginales. Aunque, andando el tiempo, la autonomía (entendida como liberación de cualquier tutela por parte de los partidos) llegará a convertirse en un activo importante del movimiento sindical, contar con un referente político en la coyuntura de la reorganización, el acceso a la legalidad y la lucha por la hegemonía es vital al menos en un doble sentido: por los beneficios que en sí mismo comporta el apoyo de una fuerza política y por las posibilidades que ofrece en cuanto a ocupación de un determinado espacio ideológico. Los sindicatos reciben favores de sus partidos afines y reclutan militantes o ganan apoyos por su asociación a un proyecto político-ideológico (socialista, comunista, nacionalista). A su vez, los partidos de la izquierda sienten la necesidad imperiosa de contar con un aliado sindical y, a la larga, quienes no lo tienen tampoco logran consolidarse. Esta vinculación, que al principio tiene mucho de simbiosis, perdura cuando la suerte ya está echada respecto a quiénes han de ser hegemónicos y quiénes se verán relegados. Los grupos parlamentarios comunista y socialista incluyen dirigentes sindicales (entre los que se encuentran los secretarios generales de CC.OO. y UGT) y expresan las propuestas de los respectivos modelos en la elaboración de los marcos reguladores de la vida sindical (fundamentalmente en la discusión del Estatuto de los Trabajadores). Esta presencia parlamentaria, lejos de representar un impedimento, es vista como expresión de la voz de los trabajadores en el órgano depositario de la soberanía nacional y refuerza la imagen de fortaleza de la organización.
Aunque en las relaciones entre partidos y sindicatos afines no están ausentes los momentos de fricción y tampoco faltan ocasiones para la imposición, la sintonía no resulta forzada sino más bien fruto de un proceso natural derivado tanto de afinidades ideológicas como de la doble militancia que suele caracterizar a la mayoría de cuadros y dirigentes. Bien es cierto que la primacía de la política concede a los partidos la última palabra en momentos decisivos, relegando a un segundo plano a los sindicatos, pero incluso este reparto de papeles es más o menos tácitamente aceptado, en la confianza de que unos y otros trabajan en pos de un proyecto común. Las relaciones distan, no obstante, de estar establecidas en un plano de igualdad. Toda la Transición está presidida por esta subordinación de la acción sindical a consideraciones de orden político de una doble índole, ya sea en aras de un bien máximo como la conquista de las libertades y el posterior asentamiento de la democracia o de más inmediatos cálculos y necesidades de carácter partidista y electoral. En cualquiera de los casos, se confiere a la actividad política un status superior. Los sindicatos actúan como base de reclutamiento de cuadros políticos que, a medida que pasan a responsabilidades orgánicas o institucionales en su partido van descapitalizando al sindicato, privado de unos efectivos experimentados que debe suplir. En sendos momentos de crisis aguda, antiguos dirigentes de CC.OO. (Gerardo Iglesias y Francisco Frutos) llegan a la secretaría general del PCE, pero os casos se multiplican a medida que descendemos a niveles inferiores. Se trata de un tránsito en una sola dirección, lo cual resulta revelador de la jerarquía reinante entre partidos y sindicatos. Prácticamente sin excepciones, de los cargos políticos ya no se retorna a la actividad sindical. El Partido es un estadio superior, representa un “ascenso” en la carrera personal, pero también en cierto modo “contamina” de cara a un eventual “retroceso” a tareas sindicales.
Este mismo desequilibrio reina a la hora de influir sobre las prioridades de la agenda de cada organización en el seno de una misma “familia” ideológica. Desde el partido “hermano” se condiciona de forma apreciable las estrategias y aún las prácticas sindicales. Los sindicatos tienen mucha mayor dificultad para ver incluidas sus preocupaciones entre las prioridades de la acción política e institucional. Si CC.OO. defiende con ardor (“conquista histórica de a clase obrera”, repetía Marcelino Camacho) los Pactos de la Moncloa pese a no haber participado en su negociación, esto tiene mucho que ver con el papel del PCE en esos pactos y en general en la política del Consenso. La relación Carrillo-Suárez y PCE-UCD en aquellos momentos y la estrategia eurocomunista están en el fondo de una toma de postura que no puede dejar de generar contradicciones internas. Si entretanto la UGT los cuestiona y se limita a una aceptación a regañadientes es porque no encajan en la línea táctica del PSOE, que consideraba que su “alternativa de poder” se veía lastrada por un consenso que le impedía hacer oposición. En 1979 y 1980, CC.OO. defiende una concertación a cuatro bandas (Gobierno, partidos, sindicatos y patronal) para ofrecer espacio al PCE y evitar su marginación, cada vez más acusada una vez culminado el período constituyente. La UGT prefiere una negociación a tres bandas -sin partidos- para dejar manos libres al PSOE y no dar oxígeno al PCE. Los argumentos con los que unos y otros justifican su propuesta de mesa negociadora y de agenda de temas a tratar en la misma apenas puede enmascarar que la verdadera razón radica en este cálculo político.
Ahora bien, al cabo de unos años la armonía se acaba rompiendo y la autonomía sindical se torna un activo importante. A la larga, ser visto como correa o brazo sindical de un partido se convierte en un handicap. Es la acusación con la que UGT trata de socavar la hegemonía inicial de CC.OO. y es el lastre que a su vez ha de soportar una vez que el PSOE llega al poder. Si los ugetistas se han esforzado en aplicar a CC.OO. la incómoda etiqueta de “sindicato comunista”, a partir de 1982 son ellos quienes sufren la de “sindicato del Gobierno”. Para los sindicatos, una relación que es más dependiente que fraternal se va haciendo incómoda a medida que la actividad política va cayendo en el desprestigio y las bases electorales de los partidos se alejan de los perfiles de la afiliación sindical. El Franquismo, con su obsesión represiva respecto al movimiento obrero, había difuminado las fronteras entre reivindicaciones laborales y políticas, reforzando una solidaridad entre ambos planos de militancia que perdura en la Transición. Pero el desenvolvimiento en un marco de legalidad acaba por revelar distancias entre la lógica sindical y la política. Los condicionantes que impulsan la toma de decisiones o limitan los márgenes de actuación de los núcleos dirigentes y la progresiva distancia que se va advirtiendo en los respectivos anclajes sociales de partidos y sindicatos acaban por surtir efecto. Primero CC.OO., cuya fuerza rebasa los confines de la influencia política del PCE y cuya imbricación con éste nunca ha llegado a ser tan estrecha como en el caso de los socialistas, y más tarde UGT, que tras haber tratado de capitalizar la fuerza electoral del PSOE traduciendo sus votos al campo sindical descubre que la labor de gobierno también implica costes. Este distanciamiento encuentra una expresión visible en las renuncias al escaño de los respectivos secretarios generales: Marcelino Camacho en 1981 y Nicolás Redondo en 1987, en ambos casos precedidas de ostensibles diferencias con sus partidos y bajo la forma de una dimisión sin esperar al fin de la legislatura.
Únicamente cuando los dos sindicatos mayoritarios superen la tutela partidista, y las secuelas de sectarismo que estos vínculos crean en sus relaciones, serán capaces de asentar una unidad de acción estable y duradera que deja atrás buena parte de los sectarismo que habían presidido habitualmente sus relaciones. Ha transcurrido para entonces un decenio desde que el sindicalismo de clase ha recobrado la libertad. El lenguaje anticapitalista con el que se asomaron a la legalidad ha dejado paso a una crítica al modelo neoliberal de precarización y recortes al estado del Bienestar. Entre tanto, los partidos de la izquierda han redefinido sus señas de identidad doctrinales (abandonos del marxismo en un caso y del leninismo en otro), cuando no han apostado a fondo por la baza del interclasismo (PSOE). Al mismo tiempo, para los sindicatos, las etiquetas que los asocian a una fuerza política determinada han dejado de reportar beneficios apreciables y, al menos a fines de los años ochenta, parecen haber hallado la forma de intervenir en el escenario político con su propia vez y con una fuerza nada desdeñable: tres huelgas generales entre 1988 y 1994, entreveradas de negociaciones en las que obtienen contrapartidas sustanciales e incluso llegan a discutir “las cuentas del reino”.
Lo antedicho parece avalar la existencia de un fuerte paralelismo en cuanto a las relaciones partido-sindicato entre UGT-PSOE y CC.OO.-PCE. Pero las diferencias resultan también apreciables. En primer lugar, los espacios políticos (electorales) y sindicales nunca llegan a coincidir. En contra de los cálculos de la UGT, ésta nunca llega a trasladar el voto socialista a su granero sindical y CC.OO. nunca queda reducida en cuanto a sus bases de apoyo a la condición de “sindicato comunista que, con intenciones aviesas, le adjudicaban. CC.OO. nunca se autodefinió de este modo y logró preservar un radio de acción sindical más amplio que el espacio de influencia política y electoral del PCE y del conjunto de partidos que trabajaban sindicalmente en su seno. Este es un segundo dato: en UGT no existe más partido que el PSOE, si descontamos a un puñado de trotskistas trasvasados desde CC.OO. en 1976 por decisión de L.C. Por el contrario, en CC.OO. actúan, junto al PCE, una pléyade de partidos menores, no todos comunistas, y casi siempre en posiciones críticas respecto a la línea mayoritaria. Inevitablemente, esta diversidad interna acarrea consecuencias en lo referente a las conexiones con las fuerzas políticas, que no pueden ser tan explícitas, y también en los debates sostenidos en el seno del propio sindicato, que están mediatizados por lealtades partidistas divididas. Las corrientes que operan en CC.OO. son tributarias, en sus planteamientos y en sus aglutinantes, de fuerzas políticas o, cuando el PCE comienza a cuartearse, de tendencias dentro de éste, dado su carácter hegemónico.
El tamaño y la fuerza respectivos de partidos y sindicatos condicionan también las relaciones de jerarquía y dependencia. Una vez que las urnas han expresado su veredicto, con una veintena de diputados y poco más del 10% de los votos, PCE no puede ofrecer a CC.OO. la cobertura política que el PSOE brinda a UGT. Durante algún tiempo, esta relativa debilidad se compensa con la influencia ejercida a través del consenso, pero desde 1979 esto tampoco es operativo. El Gobierno toma distancias respecto al PCE, las negociaciones fundamentales han sido ya resueltas y la propuesta de un gobierno de concentración no encuentra acogida. CC.OO. se ve, en el decisivo trance de elaboración del estatuto de los Trabajadores, en inferioridad y, por añadidura, sus estimaciones de la correlación de fuerzas y su valoración del texto final no coinciden con las del PCE. Si esto ocurre mientras el Partido conserva su cohesión, más aún sucederá cuando afloren las tensiones internas. En la secuela de crisis sucesivas que comienza por las fracturas de “renovadores” y “pro-soviéticos”, con manifestaciones específicas en el EPK y el PSUC, conduce a la debacle electoral de 1982 y se prolonga en la división entre “gerardistas” y “carrillistas”, para CC.OO. se convierte en cuestión de supervivencia no verse arrastrado por estos problemas. Indudablemente, las divisiones en el Partido tienen su reflejo en el sindicato, pero nunca hasta el punto de sumir a éste en una crisis semejante. Ni el Partido tiene la fuerza precisa para ejercer su autoridad ni CC.OO. puede permitirse el precio de una excesiva identificación. Llegados a este punto, la existencia de pasadas divergencias (en torno al estatuto de los Trabajadores y la frustrada tentativa de culminar las movilizaciones con una convocatoria de huelga general, por no hablar de la dimisión de Marcelino Camacho como diputado) facilita esta creciente autonomía de CC.OO. que resulta vital para el sindicato. En todo este tiempo, la UGT ha visto en el PSOE una opción de gobierno o ha celebrado como propia la victoria electoral de 1982, tras haber participado en la elaboración del programa socialista. Su papel resulta decisivo para las duras políticas de ajuste y reconversiones acometidas en 1983 y, pese a las crecientes tensiones que ya han dado lugar a enfrentamientos abiertos, los lazos de afinidad aún permiten un acuerdo social (AES) para el bienio 1985-1986 y la negociación de un nuevo programa electoral en 1986.
El grado de identificación, tanto subjetiva como objetiva, reinante entre CC.OO. y PCE nunca es equiparable al que existe entre UGT y PSOE. Ni por su historia, ni por su composición interna, ni por su proyecto, ni por el modelo organizativo adoptado. UGT y PSOE tienen orígenes comunes, casi cien años recorridos conjuntamente, una misma definición ideológica e incluso vínculos estatutarios (los afiliados del PSOE tienen la obligación de militar sindicalmente en la UGT). Durante décadas, hasta el umbral de la Transición, partido y sindicato se superponían hasta el punto de confundirse. En el interior, ni siquiera existía una diferenciación orgánica, aunque fuera meramente formal. Los mismos militantes y los mismos órganos de dirección desarrollan una actividad que tampoco presenta diferencias, hasta el punto de que, en fecha tan tardía como 1975, los miembros del Comité Provincial asturiano siguen sin comprender la necesidad de proceder, según se les ha ordenado, a designar direcciones separadas para partido y sindicato. Esta confusión nunca ha reinado en CC.OO. respecto al PCE. Las Comisiones Obreras nacen y se desarrollan como movimiento, no como sindicato. La pluralidad está en su propia naturaleza originaria. El PCE está presente desde el principio y resulta decisivo para su evolución, pero nunca es la única fuerza que actúa en su seno. Los dirigentes de CC.OO., aun cuando sean miembros del Comité Central del PCE, siguen siendo sindicalistas antes que dirigentes políticos. Marcelino Camacho o Julián Ariza, por citar a alguno de los más significados líderes, nunca llegan a desempeñar un papel político comparable al que, en la misma época final del Franquismo, juegan Nicolás Redondo o Eduardo López Albizu entre los socialistas. Tampoco la función de un abogado que forma parte del núcleo dirigente de CC.OO. como Nicolás Sartorius es comparable a la de Enrique Múgica, Pablo Castellanos o Luis Gómez Llorente, a la vez miembros de la dirección del PSOE y la UGT pero cuya actividad es estrictamente política. En CC.OO. no existen este tipo de cuadros políticos insertos en los órganos del movimiento sin desarrollar tareas propiamente sindicales.
Por su naturaleza (movimiento escasamente jerarquizado y estructurado, instrumento para la movilización, pluralidad interna), CC.OO. no fue nunca monocolor ni correa de transmisión en el sentido leninista. Por las mismas razones, cuando se estructura en sindicato lo hace reconociendo las corrientes internas, adoptando sistemas proporcionales de elección, dotándose de órganos de dirección plurales y sosteniendo debates permanentes en su seno. Mientras en la UGT la reelección del secretario general se produce sistemáticamente sin oposición en congresos rayanos en la unanimidad, en CC.OO. no se conoce proceso congresual en el que no concurran al menos dos candidaturas (hasta cuatro en el celebrado en 1984). Los conflictos son habituales y la disciplina y la uniformidad no constituyen valores en sí mismos. Tampoco la relación con las fuerzas políticas admite una identificación explícita, de modo que CC.OO., incluso contando con diputados que forman parte del grupo parlamentario comunista, nunca pide el voto para una fuerza determinada porque eso le crearía contradicciones.
EL PCE Y COMISIONES OBRERAS
En todo caso, en la ejecutoria de CC.OO. resulta preciso diferenciar dos períodos en muchos sentidos contrapuestos cuya divisoria se sitúa en el tránsito de movimiento a sindicato, coincidente con la conquista de libertades democráticas y el fin de la clandestinidad. Hasta la transformación en organización sindical, no existe una dirección centralizada que se halle en condiciones de controlar al conjunto del movimiento. Las dinámicas de las Comisiones son predominantemente de base (empresa, sector, localidad) y, a lo sumo, regionales o de nacionalidad. Las acciones de alcance general son no sólo excepcionales sino generalmente frustrantes, excepto cuando obedecen a respuestas solidarias con su propia dinámica, más o menos espontánea (huelga de Bandas, proceso de Burgos). Los intentos de convocar “jornadas de lucha” decididas desde arriba y programadas a fecha fija encuentran un eco limitado.
En todo este tiempo, el PCE resulta decisivo para extender la fórmula de las comisiones, así como para darles estabilidad y permanencia, impulsar su coordinación, orientar su actuación e inspirar su “programa”. Con diferencia, el PCE es la fuerza política que más tempranamente advierte las potencialidades de las comisiones de obreros y analiza con clarividencia la que ha de ser su evolución futura. De lo único que carece en la década de los cincuenta es de la implantación en los centros de trabajo y capacidad organizativa para hacer efectivos unos análisis que prefiguran el curso de los acontecimientos en la década siguiente. En este sentido, la actuación de los militantes comunistas y el recurso que representan tanto su aparato clandestino como su claridad estratégica, resultan vitales para el desarrollo del movimiento de las Comisiones Obreras. En contrapartida, su inserción en las mismas permite al PCE no sólo implantarse sólidamente en el movimiento obrero sino también romper con las limitaciones de la clandestinidad más estricta y con el aislamiento en que había tenido que moverse hasta entonces.
Pero, a pesar de su condición de artífice fundamental, el control del PCE sobre las Comisiones Obreras es tan sólo relativo. La lucha en el interior en general y la sindical en particular se desarrollan en condiciones que necesariamente requieren autonomía respecto a una dirección lejana que únicamente puede marcar directrices muy generales si no quiere perder la sintonía con la militancia. Inevitablemente, sus cuadros obreros gozan de una considerable autonomía a la hora de evaluar las condiciones concretas de la lucha y las acciones que resultan o no posibles en cada momento. La experiencia muestra enseñanzas concluyentes al respecto: las luchas cuajan cuando responden a situaciones concretas que conectan con el sentir de los trabajadores. En estas condiciones, los activistas de las comisiones son capaces de liderar las movilizaciones y acreditar su calidad de portavoces de las demandas de la mayoría. Pero las convocatorias fracasan cuando tratan de ser provocadas desde arriba. El “jornadismo” ensayado en 1967 reproduce, atenuados, errores de los tiempos de la Huelga General Política y arroja un alto coste represivo. Además, genera tensiones con los militantes, porque una vez más el “estado mayor” pretende decirles si se dan o no condiciones en su ámbito concreto de militancia y con ello los fuerza a correr riesgos suplementarios, incluido no sólo el de sufrir represalias sino también el de ver mermado su prestigio (una cualidad tan decisiva como volátil) al no ser secundados por sus compañeros.
En todo este tiempo, Las Comisiones Obreras son la principal materialización de las políticas unitarias cifradas en el desarrollo del movimiento obrero como palanca capaz de remover la dictadura. Especialmente apreciable es la colaboración entablada con sectores confesionales comprometidos en la reivindicación laboral y crecientemente politizados a partir de los conflictos que ésta va originando. Más tormentosa son las relaciones con otros partidos que se reclaman comunistas y con los que la pugna por n mismo espacio ideológico (sembrada de descalificaciones recíprocas) genera tensiones constantes y provoca pugnas que pueden alcanzar cotas muy elevadas, como sucede particularmente en Cataluña a fines de los años sesenta. Pese a todo, en las comisiones de fábrica y en las coordinadoras, la coexistencia es más frecuente que la ruptura. Comunistas del PCE y de otros partidos, socialistas de formaciones de nuevo cuño, “independientes” sin adscripción partidaria y militantes procedentes del apostolado obrero confluyen en torno a unas Comisiones que acreditan sobradamente su preeminencia en el Nuevo Movimiento Obrero recompuesto tras el crudo invierno de la postguerra. Como colectivo, los llamados “cristianos” presentan una considerable heterogeneidad. A partir del denominador común de su origen, se van decantando de formas muy diversas. En ocasiones, tras haber rotos sus lazos con la Iglesia, han dejado ya de ser cristianos aunque se les siga denominando como tales, ya sea por inercia o por conveniencia. Contar con aliados portadores de este marchamo no sólo ofrece una muy conveniente imagen de pluralidad sino que puede resultar una preciosa salvaguardia frente a los malos tratos policiales en caso de producirse detenciones, dado que la saña con que se ejerce la represión es particularmente dura cuando se trata de comunistas. El PCE ejerce además un influjo que le permite atraerse a sus filas a una parte de esos militantes de origen confesional que en el curso de la lucha van evolucionando ideológicamente y que a menudo se distinguen por un apreciable bagaje en cuanto a formación y experiencia. La aureola del “Partido” por antonomasia se revela poderosa, de modo que los trasvases se producen en una sola dirección. La incómoda relación con la jerarquía eclesiástica hace inviable el viaje en sentido contrario, de modo que no se producen “conversiones” de comunistas sino captación por parte de éstos de “cristianos” incorporados a Comisiones Obreras o incluso al Partido, abierto de pronto a la posibilidad de conciliar marxismo y fe cristiana, aunque lo más frecuente es que los recién llegados hayan soltado lastre en cuanto a su confesionalidad.
En la estrategia emprendida a partir de la Política de Reconciliación Nacional, las Comisiones Obreras ofrecen al PCE un terreno propicio para materializar alianzas en la práctica que tienen difícil camino por la vía de los acuerdos entre organizaciones. Fuerzas que se muestran altamente reticentes o abiertamente contrarias a suscribir cualquier pacto con el PCE pueden encontrarse de hecho colaborando con sus militantes en el seno de las Comisiones. Estas permiten además un trabajo conjunto con exponentes de sectores confesionales con los que resulta especialmente difícil formalizar una alianza pero que tienen un papel primordial en el esfuerzo por superar las líneas de fractura de la guerra civil y acumular fuerzas en pos del aislamiento social del Régimen. Desde el primer momento, los comunistas coinciden en las comisiones con cristianos, generalmente -pero no siempre- encuadrados en el apostolado obrero. Ni la JOC ni la HOAC como tales hubieran podido suscribir ni tan siquiera un documento conjunto con una organización política clandestina y menos aún con el PCE, pero sus integrantes nunca dejan de participar en acciones reivindicativas que suponen tanto un cuestionamiento de la dictadura como una confluencia con sus enemigos. Las Comisiones Obreras se erigen, a este respecto, en principal escenario de este encuentro, de largo alcance en cuanto a sus efectos.
Las Comisiones Obreras no sólo permiten suplir sino que superan con creces la carencia de unas siglas históricas que puedan ser patrimonializadas y de un sindicato clandestino sobre el que ejercer un control. Incardinadas en el movimiento real, libres de cualquier lastre que impida su adaptación y extremadamente flexibles a la hora de adaptarse a las condiciones efectivas de la lucha, se convierten al mismo tiempo en un medio que propicia la hegemonía de los comunistas y les proporciona un campo en el que desarrollar acciones unitarias. Otros partidos de incorporación más tardía ven en ellas una plataforma para el trabajo de masas y una oportunidad para socavar las bases del PCE, con el que compiten en su aspiración a convertirse en articulador de los intereses de la clase obrera.
Mientras persiste la dictadura, CC.OO. se mantiene como un movimiento plural en cuanto a sus componentes y dúctil en cuanto a sus formas. La indudable hegemonía que ostenta en su seno el PCE dista mucho de representar un control efectivo sobre la práctica y las dinámicas desencadenadas o alentadas por sus militantes. El contraste con lo que simultáneamente sucede en las organizaciones históricas del socialismo español (PSOE y UGT) resulta manifiesto. La UGT es un sindicato inextricablemente ligado a un partido hasta el punto de superponerse sin existir apenas diferenciación. Llegada la Transición, la estructura organizativa y la cultura política de la UGT tienden a la unanimidad y priman la cohesión interna. Las de CC.OO. propician el debate y la pluralidad. Esto tiene consecuencia respecto a la relación con los partidos políticos de referencia, más allá de la voluntad de éstos.
A lo largo de la Transición, CC.OO. es la mayor baza con que cuenta el PCE para hacerse con un lugar al sol del post-franquismo. Es a través de su influencia sobre CC.OO. como puede desencadenar conflictos laborales y generar grandes movilizaciones de masas, mostrando de este modo sus poderes en el movimiento obrero, que a los ojos de muchos aparece como un actor fundamental tanto en el cambio político como en el tratamiento de la crisis económica. Y al mismo tiempo, ha de mostrar su disposición a integrarse en el nuevo orden político mediante un ejercicio de “responsabilidad” que requiere poner coto a estas pulsiones. Un papel que difícilmente podrían cumplir otros sin la aquiescencia de los comunistas y que constituye un activo primordial una vez que la vía del cambio político resulta ser la de una reforma (o ruptura) pactada y no la de ruptura a secas.
Para adecuarse a esta necesidad se requiere una estructuración organizativa, una dirección centralizada y una limitación del poder de las asambleas como órganos soberanos de decisión. Las formas asamblearias eran válidas mientras la movilización suponía un objetivo en sí misma, mejor cuanto más intensa y prolongada, pero no lo son tanto cuando es preciso acreditar un control sobre los conflictos y se ha entrado en una vía negociada para afrontar la crisis política en primer término y la económica inmediatamente después. En el nuevo escenario, ha de haber interlocutores capaces de encauzar las tensiones y de garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Más que reinventar el sindicalismo de clase, como parecían apuntar las teorizaciones formuladas en los últimos años del Franquismo (soberanía de las asambleas, permanente revocabilidad de los cargos, no diferenciación entre afiliados y no afiliados...) se impone recorrer caminos trillados: una confederación sindical, con su secretario general, sus órganos de dirección, sus estatutos, sus normas disciplinarias... y con un margen para tomar decisiones en nombre del conjunto de los trabajadores.
Desde que adquieren la forma de movimiento organizado, las Comisiones Obreras son vistas como germen de un sindicalismo unitario, superador de pasadas divisiones. Aunque a medida que se van dotando de un cierto esqueleto organizativo, por flexible que éste sea, algunas corrientes del movimiento obrero van quedando al margen, el anhelo unitario permanece vigente hasta la Transición, cuando se libra -y se pierde- la batalla definitiva a tal respecto. Llegados a este punto, el PCE es determinante en la decisión, ciertamente traumática, de convertirse en sindicato, así como en la estrategia de moderación adoptada por CC.OO. en todo el período (renuncia a la huelga general, freno a la radicalización de los conflictos, aceptación de sacrificios como fórmula para abordar la crisis económica...).
Si a lo largo del franquismo la movilización había constituido un objetivo en sí misma, con la Transición el PCE hace uso de su preponderancia en el movimiento obrero en un sentido distinto. Ofrece control de las movilizaciones a cambio de reconocimiento. Debe acreditar su fuerza y su condición de interlocutor necesario movilizando, pero también desmovilizando, o al menos poniendo coto a las movilizaciones. De nada sirven los acuerdos con quien no acredita su capacidad para garantizar una contrapartida. En este caso, el precio radica en la reducción de la conflictividad y la contención de las movilizaciones. Este será el signo dominante a lo largo de la Transición, especialmente cuando se advierten riesgos de desbordamiento o de radicalización. En momentos clave se producen desde el Partido intervenciones en CC.OO. para frenar la huelga general en Madrid (enero 1976), para evitar la radicalización de algunos conflictos laborales o para impedir la huelga general contra el Estatuto de los Trabajadores (el frustrado “sota, caballo y rey” de Marcelino Camacho). Estas interferencias se producen a través de reuniones paralelas de los efectivos sindicales del Partido, con presencia de algún dirigente político, donde se fija una posición que luego es trasladada a los órganos del sindicato y a las asambleas de trabajadores.
Cuando la resistencia interna es más fuerte, generalmente el “ruido de sables” es el argumento definitivo para poner coto a las reivindicaciones y finalizar los conflictos, así como para combatir a las tendencias más radicales en el seno de CC.OO. e incluso para expulsar a los recalcitrantes. Ejemplos de ello no faltan, llegando a echar mano de los argumentos con los que se condena el terrorismo para justificar la expulsión de militantes que han participado en movilizaciones violentas. Pero éstas son medidas aplicables a corrientes minoritarias. Respecto al componente mayoritario en el sindicato, no parece, en cambio, que la pura imposición sea la norma sino más bien la excepción. La disciplina de partido no es un ingrediente fundamental, a menos que sea entendida de forma subjetiva, como disposición a asumir las políticas adoptadas por la organización. La defensa de los Pactos de la Moncloa que emprende la línea mayoritaria de CC.OO. no es obligada sino de grado, aun cuando sea fuente de divisiones internas. Lo sucedido en el tramo final de la elaboración del Estatuto de los Trabajadores, al verse obligada la dirección del sindicato a ceder en sus posiciones, constituye la anomalía.
En condiciones de normalidad, esta relación entre sindicalistas y políticos que comparten una doble militancia funciona como un sistema de vasos comunicantes que, aunque desigual en cuanto al reparto de papeles, redunda en una simbiosis. La base sobre la que se asienta viene dada por el núcleo de dirigentes que hegemoniza ambas organizaciones, cuya unidad interna se ve reforzada por esa doble militancia. En un partido que sigue presentando un neto predominio obrero en cuanto al grueso de sus filas, pero en el que han adquirido un notable predicamento otros grupos sociales (profesionales, intelectuales...), la cohesión del componente obrero permite asegurar el predominio. Bajo la Dictadura y en los inicios de la Transición, un vasto plantel de cuadros forjados en la lucha sindical irá adquiriendo predicamento sobre el grueso de una afiliación mayoritariamente obrera, pasando en muchos casos a ocupar cargos en el Partido. Con independencia del ámbito -sindical o político- en el que estén desempeñando responsabilidades, se trata de un colectivo extremadamente homogéneo al que unen su extracción social, su experiencia militante, sus concepciones políticas y organizativas, sus horizontes ideológicas... Forman de este modo un grupo sin apenas fisuras que, durante años, permanece ajeno a posibles tensiones en demanda de una mayor autonomía de cada organización respecto a la otra. Por el contrario, el traslado de los debates y la intromisión en asuntos internos -especialmente del PCE en CC.OO.- sirve para apoyarse mutuamente frente a eventuales opositores o para conciliar enfrentamientos surgidos en el seno del sector dominante garantizando la continuidad del statu quo. En tanto mantenga su cohesión interna este colectivo está llamado a resolver en su favor cuantos enfrentamientos puedan ser planteados en el seno de una u otra formación.
La lógica que preside su actuación es la de un núcleo de dirigentes que alternativamente se apoya en su influencia sindical, recurriendo a la base obrera para asentar su predominio en el PCE, o bien apela a la disciplina de partido para asegurarse la hegemonía en CC.OO. El contexto de la Transición, con prioridades centradas en la esfera de lo político, en torno al asentamiento del sistema democrático, y un acusado protagonismo de los partidos favorece este tipo de relación, manteniendo soterradas las aspiraciones sindicales de una mayor autonomía. El fin de esta etapa, coincidiendo con la quiebra del PCE, sumida en una profunda crisis, determinará un cambio en el equilibrio de fuerzas y en la dinámica de relación entre ambas organizaciones, conduciendo a un progresivo distanciamiento.
Ahora bien, esta dinámica, que puede explicar en parte la naturaleza con la que se produce la aceptación sindical de “peajes” políticos en aras de los objetivos estratégicos o puramente electorales del Partido, no puede hacernos desconocer que ni todo el PCE es obrero ni toda CC.OO. es PCE, de modo que la superposición nunca resulta completa ni exenta de tensiones, obedeciendo en realidad a lógicas diferentes. Su soldadura se deriva de la eficacia que evidencia en cualquier pugna planteada frente a “enemigos interiores”. La dirección del Partido recurre al acusado sentido de la disciplina y la cohesión de los militantes obreros (cualidades de las que carecen otros grupos como profesionales, estudiantes o intelectuales) para responder a los desafíos internos de “renovadores” y críticos, cuya base social es predominantemente no obrera. A su vez, los dirigentes de CC.OO. echan mano de la disciplina de partido para hacer frente a minorías críticas en el seno del sindicato o incluso buscan el espaldarazo de los dirigentes políticos de mayor autoridad para solventar sus propias desavenencias dentro del sector mayoritario. Esa es al menos la evidencia de Asturias, de donde no hay que olvidar que procederán los dirigentes (Gerardo Iglesias y Gaspar Llamazares) que se hacen cargo de la situación en los momentos de más severa crisis política, primero en el PCE y más tarde en IU.
Pero quienes dirigen el PCE no son obreros sino políticos profesionales. Apparaticks que incluso pueden tener cierto desdén hacia la capacidad de los cuadros obreros (así apuntan los testimonios en lo referente a la actitud de Santiago Carrillo hacia Gerardo Iglesias, tanto al principio como al final de la relación entre ambos: en el fondo, era un minero). Para asentar una tutela efectiva sobre el sindicato, existe, no obstante, un problema que se revelará decisivo. CC.OO. nunca deja de preservar un grado de autonomía elevado, de mantener una configuración interna heterogénea, conflictiva y plural. Y, al cabo de la Transición, es mayor que el PCE no ya en términos de afiliación (algo lógico en un sindicato, que ha de ser una organización de masas más amplia que un partido) sino de capacidad de movilización y de influencia social. Con la crisis del PCE, la autonomía se vuelve para CC.OO. una cuestión de supervivencia y se hace efectiva mucho antes que en la “familia socialista”. A partir de ahí, los intentos de recomponer la influencia sindical del PCE y/o IU en CC.OO. no sólo han fracasado sino que se han revelado contraproducentes, al originar profundos desencuentros, de los que el más ilustrativo sería en que reinó entre Antonio Gutiérrez y Julio Anguita, precisamente en el momento en que CC.OO. -y el movimiento sindical en su conjunto- alcanzaba las más altas cotas de protagonismo social (huelga general del 14-D, Propuesta Sindical Prioritaria...) desde la Transición y cuando IU lograba crecer y dejando atrás la situación próxima al extraparlamentarismo de la que había nacido. A estas alturas, los tiempos de entrelazamiento de sindicatos y partidos, y más aún los de tutela de los primeros por parte de los segundos, habían pasado ya y desandar el camino no resultaba posible. El fracaso residiría, en todo caso, no en la incapacidad para reconstruir la relación conforme al viejo modelo sino en la impericia para procurar la sintonía entre la fuerza que cuestiona al Gobierno desde su izquierda y un sindicalismo de clase que se erige en principal artífice de la movilización social contra las políticas de corte neoliberal.
El reverso de este desencuentro y de la afirmación de la autonomía sindical producida desde la segunda mitad de los años ochenta viene dado por un empobrecimiento de los debates en el seno del sindicato. CC.OO. ha seguido dando cabida a corrientes contrapuestas que han mantenido viva la discusión acerca de cuáles han de ser sus directrices reivindicativas y organizativas, así como sus objetivos estratégicos. Aunque en las posiciones defendidas por unos y otros se puede advertir la mayor o menor proximidad a la línea dominante en IU, cuando no cierta nostalgia por parte de sectores minoritarios y aversión por parte de los mayoritarios respecto a los tiempos en los que inequívocamente se contaba con una fuerza política de referencia, lo cierto es que el papel de los partidos -y, en particular, del PCE- en las discusiones internas se ha reducido de forma ostensible. Por vez primera en su historia, CC.OO. cuenta con un núcleo dirigente que no presenta adscripción de partido y su secretario general no tiene ni ha tenido en el pasado militancia política. Y en su seno los debates se han “sindicalizado”, si entendemos por tal el relegamiento de los partidos a un papel casi irrelevante. En contra de lo que cabría presuponer, ello no ha redundado en un menor sectarismo en las conductas, que a menos siguen teñidas de los vicios del pasado. Tan sólo ha hecho más patentes los factores personales en las tomas de posición, despojando al debate de un cierto nivel de elaboración de los discursos y las propuestas que los partidos proporcionaban.La virulencia de los enfrentamientos internos por el control de los órganos de dirección se ha visto en buena medida despojada de ropajes capaces de revestir esa pugna de la apariencia de una disyuntiva entre modelos sindicales con perfiles claramente diferenciados. Un empobrecimiento que queda reflejado incluso en la denominación que reciben las tendencias: llamar “oficialistas” a unos y “críticos” a otros no comporta más contenido semántico que el de informar quiénes ostentan el poder y quiénes están privados de él, del mismo modo que identificarlos simplemente por el nombre de sus cabezas de fila (llámense éstos Gutiérrez, Moreno, Fidalgo o Benito) denota una personalización extrema. Obviamente, los desacuerdos sindicales existen y las divisiones no son inventadas, pero la contaminación con lo que no son sino movimientos y alianza de cara a tomar posiciones en aparatos de naturaleza burocrática es ostensible. Si en el pasado, la intervención de los partidos políticos explicaba los alineamientos, su desaparición de la escena no ha hecho ni más auténtico ni más rico el debate.
[1] VEGA, Rubén: “La relación con Comisiones Obreras”. En: BUENO, Manuel y GÁLVEZ, Sergio (coords.): Políticas de alianza y estrategias unitarias en la historia del PCE. Madrid, Papeles de la FIM, Nº 24, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2006, pp. 235-247

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