El Partido del antifranquismo 1956-1977

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Carme Molinero y Pere Ysàs[1]
NOTA INTRODUCTORIA
Perry Anderson afirmaba a comienzos de los años ochenta que la literatura sobre el comunismo europeo no sólo era excepcionalmente extensa, sino que resultaba insólitamente variada tanto en calidad como en orientación política. El historiador británico lo explicaba por la centralidad en nuestro siglo del movimiento comunista internacional como punto focal de los conflictos entre el capital y el trabajo.[2] Sin embargo, aunque en el período que nos ocupa la centralidad del PCE en España también es considerable, todos los autores que han revisado la literatura sobre el PCE lamentan la escasez de trabajos. David Ginard afirmaba en 1996 que la historia del PCE ofrece más preguntas que respuestas.[3] Resulta bastante deprimente observar la base bibliográfica sobre el comunismo español que Aldo Agosti tuvo disponible a finales de los años noventa para establecer un perfil histórico de los comunismos europeos.[4] Iniciado el siglo XXI continuamos más o menos igual; Francisco Erice, un autor conocedor de la cuestión, añadía recientemente que, al margen de escasez de trabajos, “el supuesto fin del comunismo no ha significado paralelamente el del anticomunismo y sus derivaciones historiográficas”.[5] ¿Será la actitud hacia el PCE otra de las múltiples herencias que nos dejó el franquismo?.
El objetivo de esta ponencia es analizar la acción del PCE y su repercusión en la vida Política y social, porque, en definitiva, como señalaba Gramsci y nos recuerda Anderson, “escribir la historia de un partido político equivale a escribir la historia de la sociedad de la que dicho partido es un componente”.[6] Se trata de acercarnos al papel del PCE en el marco de la lucha contra el franquismo,[7] de manera que nos referiremos a la historia interna -los debates y a las resoluciones congresuales más importantes-, pero solo para enmarcar la acción militante, con la que la organización contribuyó a conseguir reivindicaciones sociales y a abrir espacios de libertad.
Una última consideración; si el PCE se convirtió en el partido del antifranquismo por antonomasia fue en buena medida porque intentó acomodar su voluntad inflexible de derrotar el franquismo a las posibilidades que ofrecía la sociedad española de extender y visualizar la disidencia y, a partir de ésta, la oposición al régimen. La sociedad española experimentó desde finales de los años cincuenta y, sobre todo en los años sesenta y setenta, un proceso de transformación económicosocial y cultural profundo, que generó nuevas estructuras y nuevas necesidades a las que las organizaciones intentaron adaptar su estrategia y sus tácticas. Como señalaba Jordi Solé Tura en un excelente artículo de síntesis interpretativa, publicado hace ya casi veinte años, “a medida que el desarrollismo de los años sesenta introducía cambios en la sociedad española, las organizaciones del PCE tenían que hacer frente a situaciones nuevas que no respondían plenamente –o no respondían de la misma manera- a los planteamientos generales que se trazaban desde una dirección que seguía funcionando en el exilio. Y aunque esto no se traducía en planteamientos políticos diferentes, sí daba lugar a prácticas diferenciadas y a situaciones organizativas distintas” no solo entre el PCE y el PSUC, sino también entre los distintos núcleos organizados del PCE.[8] En ese sentido en distintas ocasiones nos referiremos al PSUC. La peculiar relación entre el PCE y el PSUC fue sintetizada por Gregorio López Raimundo en la imagen de ‘distintos gajos de la misma naranja’. Aunque ambas organizaciones compartían el mismo proyecto, al actuar en tejidos sociales distintos, se convirtieron en partidos significativamente diferentes. Así, será preciso en algunas ocasiones referirnos explícitamente al PSUC, porque desde mediados los años sesenta fue la organización que consiguió desarrollar con mayor plenitud la política comunista común, alcanzando una importantísima influencia social.
DE LA EXPLOSIÓN DE 1956 A LAS ESPERANZAS DE 1962
En 1956 la vieja dirección política del PCE, residente en la Europa Oriental y formada durante la guerra civil, fue sustituida por el núcleo parisino, mucho más joven, articulado en torno a Santiago Carrillo y Fernando Claudín. En el cambio de liderazgo fue decisiva la celebración del XX Congreso del PCUS, que marcó una frontera en la trayectoria del comunismo internacional. El nuevo escenario moscovita generó dudas en Dolores Ibárruri sobre cuales eran sus apoyos en la nueva coyuntura y en la reunión plenaria del Buró Político, celebrada en Bucarest desde abril a mayo de 1956,[9] Pasionaria aceptó la consolidación del núcleo de París que propugnaba la superación definitiva de los estragos de la guerra civil y la consecuente división de la sociedad española en vencedores y vencidos, presentando un programa mínimo para el establecimiento de un régimen democrático al que pudieran sumarse distintos sectores sociales y políticos. Era la nueva estrategia de Reconciliación Nacional, en la que también influyó la incorporación de España a la ONU a finales de 1955, símbolo de la aceptación internacional de la dictadura franquista y por tanto también de la inutilidad de cualquier política de futuro basada exclusivamente en la ilegitimidad de orígen del régimen. Ese mismo año se celebró el I Congreso del PSUC, en el que se aprobó la política de reconciliación nacional y se decidió que, en la práctica, la dirección del Partido se trasladara a Cataluña de la mano de Gregorio López Raimundo.
Los acontecimientos en España parecieron dar la razón al nuevo equipo dirigente, que había percibido claramente que en la sociedad española estaba tomando protagonismo una nueva generación, que provocaba con sus actitudes y actuaciones nuevas contradicciones susceptibles de adquirir una dimensión antifranquista. En las movilizaciones obrera y estudiantil de 1956, el PCE pudo comprobar los primeros resultados del cambio táctico decidido en 1948 e impulsado definitivamente desde el V Congreso, celebrado en 1954.[10] Los trabajadores, que todavía no habían recuperado el poder adquisitivo de preguerra, con su movilización quisieron hacer frente a la espiral inflacionista, pero si en aquel momento hubo mayor disponibilidad para la protesta fue por la decidida actuación de los militantes clandestinos a la hora de extender la reivindicación salarial. Nuevamente en 1957, en Madrid y Barcelona, se intentó reproducir el boicot a los transportes que tanto impacto tuvo en 1951 en la capital catalana. Al inicio de 1958 se impulsó también un movimiento huelguístico que tuvo éxito en Asturias, País Vasco y Cataluña,[11] al que la dictadura respondió con una represión durísima que, en el caso barcelonés, logró desarticular los núcleos de militantes obreros que se habían formado desde 1951.[12]
Si las huelgas de 1956 generaron nuevas esperanzas en los dirigentes comunistas, mayor impacto tuvo la movilización estudiantil en su percepción de que se estaban produciendo importantes cambios en España. Desde el inicio de la década de los cincuenta empezó a manifestarse entre la juventud universitaria una inquietud cultural, que inicialmente no era política, pero que con facilidad podía politizarse. Son muchos los testimonios de aquella experiencia que consideran que uno de los cambios más relevantes fue la extensión entre los jóvenes de un desasosiego moral y vital al mismo tiempo, un desprecio por la mezquindad del ambiente, un rechazo del provincianismo y una profunda convicción en una minoría de que debían ‘responsabilizarse’ ante la injusticia social, para compensar la actitud de sus padres porque, no es preciso recordarlo, la mayoría de los universitarios eran hijos de los ‘vencedores’. Como nos muestran las novelas del realismo social y ha sintetizado Jordi Gracia existía entre aquellos jóvenes un afán de autenticidad física y moral y una profunda simpatía por, y –se podría añadir- perplejidad ante, los que vivían en condiciones miserables.[13] Esa fue la materia prima –nueva- con que se encontró Jorge Semprún cuando llegó a Madrid como responsable de la política cultural del Partido; aprovechando las oportunidades ofrecidas por la nueva política del ministro de Educación, Joaquín Ruíz Giménez, no fue difícil encontrar propuestas concretas con las que dinamizar la vida universitaria y a la vez hostigar a la dictadura.
Como es bien sabido, las protestas obrera y, sobretodo, estudiantiles de 1956 hicieron pensar a la dirección en el exilio que las condiciones habían madurado rápidamente y era posible forzar la máquina de la movilización. Así en 1957 la presión sobre los militantes para que se presentaran a las elecciones sindicales verticalistas fue importante y, a pesar de la represión desatada en 1958, la dirección comunista no desistió de convocar movilizaciones de carácter estrictamente político para provocar el derrumbamiento inmediato del régimen. La primera –Jornada de Reconciliación Nacional- para el 5 de mayo de 1958 y la segunda –Huelga Nacional Pacífica- el 18 de junio de 1959, que además contó con la participación de grupos socialistas como el FLP, el MSC, la ASU y otros núcleos clandestinos todavía más reducidos, pero que con su firma visualizaban una pluralidad del antifranquismo, que existía poco más que en el papel pero que era fundamental para el desarrollo de las tácticas unitarias comunistas.
Estas jornadas han sintetizado buena parte de las críticas a la política comunista de aquel momento y por lo tanto puede ser relevante preguntarnos si tenían algún tipo de racionalidad esas convocatorias; desde luego los costes humanos podían ser elevadísimos, pues ponían en riesgo a los militantes y a su presencia en sus ámbitos de actuación, necesitándose, además, tiempo para poder reeemplazarlos. Al margen de los ilusorios objetivos finalistas de la dirección estas convocatorias voluntaristas respondían a una lógica. Por un lado, exigían poner en tensión la parte más dinámica del antifranquismo y observar hasta donde se podía llegar; la propia demostración de que ‘se actuaba’ atraía a las filas de la organización a los ‘espíritus inquietos’ que siempre existen en cualquier sociedad. No debe olvidarse tampoco que estas convocatorias forzaban a la dictadura –en un momento de apertura al exterior- a realizar un gran despliegue represivo, que en sí mismo recordaba las características del régimen. Por otro lado esas convocatorias permitían ponerse en contacto con otros núcleos opositores e intentar así desarrollar una política de alianzas, sumamente necesaria para los comunistas, que podían ser el núcleo clandestino antifranquista más importante, pero que se encontraba permanentemente aislado por el contexto de guerra fría; las convocatorias en sí también eran un factor de propaganda eficaz, aunque su seguimiento fuera muy reducido. Por tanto podría pensarse que, independientemente de los objetivos anhelados por la dirección comunista en el exilio, esas convocatorias se pueden inscribir en un contexto de objetivos a corto plazo. En cualquier caso, el análisis de las características de la movilización obrera de aquellos años, vinculada a reivindicaciones inmediatas, hacía previsible el fracaso de acciones políticas generales y, a pesar del subjetivismo imperante, en los años posteriores convocatorias como las de 1958 o 1959 quedaron para un futuro inconcreto. Eran necesarias otras alternativas.
LA “LUZ DE ASTURIAS” Y LA CRISIS EN LA DIRECCIÓN EN EL EXILIO
El VI Congreso del Partido celebrado en 1960 significó, como es bien sabido, la confirmación definitiva del cambio generacional en la dirección, iniciado ya en 1956 –Santiago Carrillo fue nombrado secretario general tras la dimisión de Pasionaria- y la aceptación práctica que las tareas fundamentales del Partido se desarrollaban en el interior, ratificada por la incorporación al máximo órgano de dirección –desde ahora Comité Ejecutivo y no Buró Político- de sus responsables, tales como Simón Sánchez Montero o Gregorio López Raimundo, en calidad de suplente.
Desde entonces empezaron a tomar forma, aunque al principio lentamente, las divergentes visiones de la realidad que existían entre los dirigentes en el exilio y los afincados en el interior, no en las grandes líneas políticas pero sí en su aplicación cotidiana. Por ejemplo, a las puertas de la década de los sesenta parecía que el mundo estaba cambiando rapidamente: el impacto de los procesos de descolonización, la revolución cubana, las tensiones que acompañaron a la coexistencia pacífica. Ese nuevo escenario impulsó nuevamente la denuncia del imperialismo que, por un momento, la dirección en el exilio pareció querer acompañar de acciones de protesta en la calle. Los militantes del interior no podían compartir la viabilidad de esas propuestas. Igualmente, la visión absolutamente distorsionada de la realidad que reflejan los documentos del Congreso y de los años inmediatos posteriores no respondía exclusivamente a la voluntad de espolear las protestas. Tampoco se explica por la necesidad que tenía cualquier organización clandestina como la comunista, que apostaba por el enfrentamiento abierto y continuado contra la dictadura, de ofrecer expectativas de realización del sueño: la caída del régimen; ¿cómo si no miles de individuos se esforzarían para conseguir el objetivo?. Aquel triunfalismo también reflejaba un análisis erróneo de la coyuntura político-económica por la que atravesaba el régimen. La situación económica era tan difícil en los últimos cincuenta, cuando las consecuencias de las medidas estabilizadoras estaban provocando la crisis industrial y una salida masiva de emigrantes al extranjero, que la dirección comunista creyó que el estallido social era probable, olvidando o minusvalorando el grado de desarticulación social que había conseguido la dictadura y el miedo extendido entre los trabajadores a las consecuencias de las protestas reivindicativas.
No obstante, 1962 puede ser considerado como un año importante en la historia de la España franquista, porque en aquel momento se aprecia claramente que se estaba redefiniendo los parámetros de la evolución del período, tanto en lo que afecta a la vida social como al ámbito político, y dentro de éste, tanto en lo que se refiere a la oposición como al propio régimen. Se extendía la percepción de que la situación podía cambiar, lo que no estaba claro era en qué dirección. Una vez confirmado el nuevo ciclo de crecimiento económico, una parte de la dirección comunista consideró que la dictadura sería incapaz de gestionar el cambio social que se iniciaba y la conflictividad obrera que había resurgido con fuerza.
Efectivamente, la primavera de 1962 sintetizó en buena medida la dinámica político-social que caracterizaría los años venideros: por un lado se produjo una importante movilización obrera para conseguir mejoras materiales en un contexto de fuerte crecimiento económico; en particular las huelgas mineras tuvieron especial impacto en el ánimo de la oposición.[14] Por otro lado, se puso de manifiesto la diversificación de la contestación al régimen, obligándolo a asegurarse el mantenimiento de apoyos y a intentar a atraer a sectores incipientemente críticos con algunas tentativas reformistas sui generis. Es decir a la dictadura se le planteaban nuevos retos procedentes de la reaparición incipiente de la movilización social, pero el régimen era fuerte y todavía se podía permitir un intento de mantener el apoyo de los adictos y de atracción de los disidentes, un proyecto que durará hasta 1969.
En este escenario de una nueva realidad que no presentaba salidas claras, porque dependían de fuerzas dialécticas, se produjo la crisis comunista de 1964. En 1964 Franco ya tenía 72 años y empezaba a ser frecuente, tanto en las filas del régimen como en las de la oposición la pregunta ¿después de Franco qué?. Contrariamente al optimismo de Santiago Carrillo, Fernando Claudín defendió con apasionamiento su análisis según el cual “no vamos a una situación revolucionaria de ese género. Vamos hacia un cambio de las formas políticas de dominación del capital monopolista, cambio que, a través de una serie de fases podrá llegar a ser más o menos democrático y que abrirá una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo español”, de manera que “la tarea de la revolución española que hoy está a la orden del día (..) es la liquidación de la forma fascista, franquista, del poder político del capital monopolista”.[15]
En términos globales la descripción de la situación en España era más ajustada en el análisis de Claudín que en el catastrofista que defendía públicamente Carrillo. Sin embargo, no fue la confrontación de posiciones –al menos entre los contrincantes principales- lo que provocó la crisis que culminó con la expulsión de Claudín y Semprún, sino la dinámica interna de control del poder en el seno del Comité Ejecutivo,[16] donde Santiago Carrillo fue capaz de mantener el control.[17]
A pesar de la indudable significación de la crisis “claudinista” y de los costes personales que tuvo para los expulsados y cuantos se solidarizaron con ellos, todo induce a considerar que ésta no se debería magnificar; fue una crisis de la dirección y, sobretodo, de la dirección en el exilio, que puso en evidencia nuevamente el mantenimiento de las prácticas estalinistas de anulación del disidente, aunque después los ‘acusadores’ incorporaran a la práctica política muchos planteamientos de los ‘acusados’. Porque, efectivamente, el protagonismo de la Huelga General en la estrategia comunista no era incompatible con el trabajo de masas que desarrollaban los militantes comunistas. Así, la crisis no afectó a la práctica social de los militantes; es decir, la crisis en la dirección no comportó la crisis en el partido y eso fue así porque la discusión pareció lejana a las necesidades del interior, y porque en los años sesenta un punto esencial en la trayectoria del comunismo era la diferenciación entre distintos planos estratégicos. Por un lado existían los objetivos a corto plazo –“la lucha por las libertades, por una democracia política y social”-, por otro las metas finales –“la conquista del poder por las masas laboriosas a fin de realizar el socialismo”-[18] y, en tercer lugar, pero en realidad lo más importante para este período, en que la forzada lucha clandestina se combinaba con una voluntad de visibilidad del activismo político, existía la autonomía relativa de sus militantes en los movimientos sociales.[19] En el caso del PSUC es conocido que las consignas viajaban de arriba abajo, evidentemente, pero también que las opiniones de abajo influían en la dirección. Progresivamente, y dentro de la disciplina que caracterizó siempre a la militancia comunista, las bases podían considerar que la dirección no tenía razón o sencillamente, como no llegaban consignas en tiempo y forma, los militantes decidían que era lo que se debía hacer.[20] La autonomía del activismo militante puede constatarse fundamentalmente a través de los testimonios orales ya que, pocas veces, la documentación escrita, que en buena parte procede de la dirección, nos muestra algo decisivo en aquellos años: la necesaria adaptación de la estrategia general a las condiciones reales de cada momento y lugar, que permitía el enraizamiento del militante en su entorno. También sus posibilidades de éxito. De manera que se puede afirmar que en particular el PSUC, refundado en su práctica en los años sesenta, se alimentó de la savia que le proporcionó la dialéctica constante de sus militantes con el conjunto de la sociedad catalana.[21] Aunque disponemos de menor información, el mismo fenómeno afectó a organizaciones del PCE, aunque posiblemente de forma menos intensa. Futuras investigaciones lo dirán.
MOVILIZACIÓN Y REPRESIÓN
Desde mediados de los años sesenta el resurgimiento del movimiento obrero y el activismo estudiantil proporcionaron a los comunistas la base social a partir de la cual poder influir en la sociedad, a la vez que hacer realidad la consigna de ‘salir a la superficie’. La movilización obrera fue creciendo de forma ininterrumpida desde 1966, aunque las fluctuaciones fueron significativas, debido sobretodo a la represión gubernamental y también a los vaivenes de la nueva organización obrera. Las Comisiones Obreras se consolidaron a partir de las experiencias de los años cincuenta y primeros sesenta, que hicieron ver a muchos activistas obreros, y entre ellos principalmente a los comunistas, la obsolescencia de los sindicatos clandestinos, que tan solo eran capaces de organizar a los trabajadores con previa militancia política.[22] Aunque de forma diversa según las zonas y los tiempos, el PCE constituyó la fuerza hegemónica en el seno de las CC.OO.; la consistencia de su aparato clandestino y la temprana definición de una estrategia coherente le otorgaron una primacía por la que, sin embargo, tuvo que batallar intensamente.[23] En CC.OO. ninguna organización política pudo hacer lo que determinaron sus dirigentes, porque una de las innovaciones más importantes de CC.OO. era su no definición ideológica –más allá del anticapitalismo genérico- y su voluntad unitaria respecto al conjunto de la clase obrera, que permitía que se acercasen a ellas trabajadores de muy distinta procedencia. Por otro lado ese mismo carácter comportó que distintas organizaciones políticas quisieran adecuar el nuevo movimiento obrero a sus presupuestos estratégicos; para los activistas los largos debates comportaron un gran desgaste de tiempo y de energías, pero para el movimiento la heterogeneidad conllevó vitalidad, aunque no es descartable que en algún momento y en algunas zonas también limitase su avance. Los comunistas intentaron convertir el movimiento obrero en el centro de su práctica política caracterizada, en líneas generales, por el mantenimiento de un equilibrio entre el hostigamiento continuado a la dictadura, la defensa de sus referentes socialistas y una movilización continuada, que pretendía ser lo más amplia posible. En palabras de Angel Abad “los comunistas querían un movimiento obrero de las libertades democráticas, como fase previa para el socialismo. Esta estrategia le inspiró todos sus movimientos tácticos: integración de universidad e intelectuales, rompimiento de la Iglesia, alianza con toda clase de fuerzas políticas y sociales para aislar a Franco, emergencia de los movimientos profesionales, defensa de las nacionalidades como elemento predemocrático, etc. El movimiento obrero, las Comisiones, fueron la fuerza de choque que abrió las brechas y tiró de esta política”.[24] Desde la perspectiva del PCE los grupos de la izquierda que se presentaba como ‘radical’ y que les acusaban de ‘reformistas’ tenían un único, e inviable, objetivo: hacer la revolución. En momentos difíciles, como 1967-1969, cuando la represión presionó a favor de la clandestinidad, las tensiones adquiririeron una gran virulencia pero finalmente las posiciones comunistas se impusieron, convirtiéndose Comisiones Obreras en pieza central del antifranquismo.
Lo mismo sucedió en el movimiento estudiantil, donde la radicalización se vio favorecida por el clima cultural internacional hacia el final de la década. Pero antes, a lo largo de la década de los sesenta, la hegemonía comunista dio coherencia a la resistencia universitaria antifranquista que se centró en la autoorganización democrática al margen del SEU, así como en el objetivo del cambio democrático de la Universidad.
Si bien fue en Madrid en 1965 donde se produjeron las primeras movilizaciones importantes, con gran repercusión pública, dado que fueron expulsados de la universidad varios catedráticos, solidarios con las reivindicaciones estudiantiles, fue en Barcelona y en 1966, donde se produjo la ruptura fundamental. Las Asociaciones Profesionales de Estudiantes, creadas en substitución del SEU, no obtuvieron ninguna legitimidad y los estudiantes celebraron elecciones libres en todas las facultades, excepto Farmacia, escogiendo cámaras de facultad y una junta de delegados de distrito, cuyos integrantes eran todos militantes comunistas excepto uno.[25] Aunque no eran muy numerosos, los militantes comunistas habían adquirido un gran ascendente entre buena parte de los estudiantes más inquietos y consiguieron su apoyo para la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona –SDEUB-. La creación del SDEUB comportaba una ruptura con la táctica comunista de infiltración en las organizaciones oficiales que, inicialmente, hizo que la dirección mostrara cierta prevención hacia el ‘empuje’ universitario.[26] La Caputxinada –la reunión constitutiva del sindicato estudiantil se celebró en un convento capuchino- se convirtió en un hito en la lucha antifranquista por diferentes motivos: obtuvo una gran resonancia ciudadana e internacional e hizo posible un salto cualitativo en la organización autónoma de los estudiantes; así el movimiento estudiantil se confirmó como uno de los espacios fundamentales de la movilización política con relativa repercusión ciudadana. En el curso 1967-68 ya se habían creado sindicatos democráticos de estudiantes en la mayoría de universidades españolas y se convirtieron en núcleos de agitación ciudadana, incluso en ciudades que hasta aquel momento habían estado al margen de cualquier conflictividad social, siendo generalmente aceptado que los meses transcurridos entre 1965 y 1968 fueron, en muchos aspectos, los más productivos políticamente del movimiento universitario en España.[27] Fue entonces cuando la universidad devino una preocupación de primer orden para el régimen franquista.
En la universidad se consiguió uno de los objetivos del programa de acción comunista: la unidad antifranquista. Así, en Barcelona, en particular, donde se estaba generando un nuevo clima político tanto por la intensidad de los conflictos como por la diversidad de los sectores simpatizantes con el antifranquismo militante, el éxito del SDEUB facilitó que a partir del movimiento de solidaridad con los estudiantes represaliados se formara la Taula Rodona de Forces Polítiques, el primer organismo unitario que se crea en España en el que se integraron organizaciones políticas que iban de la democracia cristiana a los comunistas.[28]
Paralelamente a la irrupción del nuevo movimiento obrero y de la extensión de las organizaciones autónomas de los estudiantes, la dirección comunista en el exilio, entre la que Santiago Carrillo acentuaba su protagonismo personal, intentaba proponer alternativas para la acción inmediata como las planteadas en el libro Un futuro para España,[29] en el que aparecía por primera vez una formulación de gran difusión posterior “la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura” como síntesis del motor de cambio social que debía conducir al socialismo.[30] Efectivamente, la presencia en las filas comunistas de intelectuales y profesionales, así como el estímulo del Partido a nuevos movimientos -como el Movimiento Democrático de Mujeres-, incrementó la audiencia del PCE en núcleos significativos de la clase media ilustrada.
Los dos últimos años de la década de los sesenta fueron muy difíciles, sin embargo. Después de las escisiones de influencia maoista, en 1968 la radicalización del escenario internacional, sobre todo por la vistosidad de la contestación universitaria, conllevó un cuestionamiento de las políticas, calificadas de “revisionistas” desde el nuevo izquierdismo, que los dirigentes comunistas estaban acentuando por la percepción de que la vida del ‘Caudillo’ no podía ser ya muy larga. No obstante, para el freno del activismo antifranquista fue mucho más determinante la reacción del régimen ante la percepción de que podía perder el control de la situación. La dictadura se decantó por una intensificación de la represión al constatar, por una parte, que se iban tejiendo complicidades entre sectores sociales que hasta aquel momento se habían mantenido pasivos y núcleos de militantes antifranquistas, y por otra, las dificultades para mantener la iniciativa política. Ese conjunto de elementos se combinaron y explotaron en 1969, año que si bien podemos considerarlo como el del inicio de la crisis del régimen, también fue difícil para la militancia comunista.
Podríamos señalar como síntesis de los años sesenta que ‘el Partido’ había incrementado su influencia social de forma muy destacable por tres causas fundamentales: por su presencia e impulso decidido de todos los movimientos susceptibles de plantear reivindicaciones de carácter social y político; en segundo lugar por su propuesta de reconciliación nacional que, aunque no tuvo interlocutores, era atractiva para quienes estaban dispuestos a luchar para acabar con el franquismo; y en tercer lugar por la propia debilidad de otras fuerzas políticas, que llevó hasta el PCE a personas que difícilmente se identificaban con los referentes comunistas tradicionales, pero que veían dentro de esa organización a buena parte de los activistas comprometidos en la lucha contra la situación existente. El mismo régimen, desde su mismo nacimiento, había convertido el término comunista en sinónimo de antifranquista, y las cárceles así lo reflejaban. El PCE pretendía convertirse en un partido ‘de masas’en la clandestinidad[31] en su apuesta por hacer realidad lo que negaba la legalidad y, ciertamente, los espacios de libertad parecían consolidarse al final de la década.
LA AFIRMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
El año 1968 fue particularmente denso en acontecimientos en el escenario internacional, y de la misma manera que el mayo francés afectaría de una u otra forma a los partidos comunistas y a los movimientos sociales, el agosto checoslovaco pondría a prueba la coherencia y las fidelidades del movimiento comunista internacional. En la dirección del PCE existieron pocas dudas respecto a la postura a tomar: aunque una minoría discrepó, se impuso la opinión que la intervención de fuerzas del Pacto de Varsovia para aniquilar la “primavera de Praga” debía rechazarse, tanto por lo que significaba de violación de la soberanía de un estado socialista como por la asfixia de una experiencia de socialismo “con rostro humano” muy próxima a planteamientos del propio PCE y de otros partidos comunistas. Por tanto, la coherencia se impuso sobre la fidelidad, cada vez más de carácter sentimental, hacia el PCUS y la Unión Soviética. La inmensa mayoría de la militancia del partido y de sus cada vez más numerosos simpatizantes apoyaron la decisión de desaprobar la invasión, aunque no sin algunas tensiones iniciales y sin que para muchos, en especial los más veteranos, ello constituyera un paso extremadamente doloroso.
Para la dirección soviética, la posición del PCE, reiterada sin vacilación por Santiago Carrillo, era intolerable y frente a ella adoptó una doble línea de actuación: por una parte apoyó a la minoría disidente, encabezada por Eduardo García y Agustín Gómez, que acabarían expulsados del partido y encabezando un grupúsculo sin futuro, el PCE-VIII Congreso;[32] por otra, sometió a una dura y continuada presión a la dirección que había optado por una posición “desviada”, aunque combinado dicha presión con ofertas de reconciliación. La Conferencia de Partidos Comunistas, celebrada en junio de 1969 en Moscú, fue escenario propicio para las presiones soviéticas, pero también para la afirmación de la posición independiente del PCE, lo que en aquellas circunstancias significaba la manifestación abierta de importantes divergencias con el PCUS y con los partidos comunistas que seguían fielmente a los soviéticos.[33]
La crisis en relación a Checoslovaquia comportó un cambio de gran calado en las relaciones del PCE con el PCUS. Ya nada volvería a ser igual; la dirección soviética miraría con creciente hostilidad las actitudes y posiciones de Santiago Carrillo, lo que serviría a éste para reforzar la imagen de independencia del PCE e incluso para intentar jugar un papel de mayor protagonismo en el seno del movimiento comunista europeo. En cuanto a la política española, la imagen de independencia del PCE servía tanto de desmentido de la habitual propaganda anticomunista del régimen presentando a los comunistas españoles como agentes de Moscú, como de atractivo para quienes se acercaban al PCE como principal instrumento de lucha contra la dictadura pero eran críticos con el régimen soviético.
El Manifiesto-Programa del PCE, aprobado en la Segunda Conferencia celebrada en julio de 1975, dedicaba un apartado a las “nuevas formas del internacionalismo proletario” en el que afirmaba que el PCE, “consecuente defensor de los países socialistas frente al imperialismo”, entendía que su política “ya no puede estar determinada por la necesidades de un país socialista como sucedía cuando la Unión Soviética era el único que existía con ese régimen social”. La forma en que “el proletariado de los países capitalistas desarrollados puede ayudar realmente a los pueblos de los países socialistas consiste, ante todo, en hacer triunfar la revolución”. Y para el triunfo de nuevas revoluciones “hace falta que cada Partido Comunista se funda estrechamente con su pueblo, con el momento concreto que éste vive”, en definitiva, que los partidos comunistas “sean, y así lo vean las masas de su país, totalmente independientes de cualquier otro Estado, incluso socialista”. Las nuevas formas de internacionalismo exigían “la unidad en la diversidad; la compatibilidad de la ayuda mutua con la crítica de camaradas; el respeto a la existencia de diferencias de opinión sobre el enfoque de unos u otros problemas; la aceptación de la diversidad de formas y modelos de socialismo; la exclusión de todo método de presión o de ingerencia en las relaciones entre partidos; la más amplia democracia en la actividad de nuestro movimiento”. Sobre estas bases “observadas efectivamente, el movimiento comunista mundial consolidará su fuerza y su unidad real, y conquistará mayor influencia y poder para avanzar en su obra de crear una Humanidad socialista”.[34]
Estas posiciones fueron las defendidas por la delegación del PCE en la Conferencia de Partidos Comunistas europeos celebrada en Berlín en 1976, en un momento de creciente aproximación entre diversos partidos comunistas de Europa occidental en defensa de un modelo de socialismo y de una vía al socialismo que situaba la democracia como característica fundamental tanto del proceso de cambio como del objetivo final, lo que fue denominado en aquel momento de forma poco apropiada “eurocomunismo”.[35] Con todo, ni el PCE ni otros partidos comunistas llevaron hasta sus últimas consecuencias las diferencias con el comunismo soviético, lo que habría comportado una crítica radical al régimen soviético e inevitablemente a la ruptura con el PCUS.
UNA CRECIENTE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y POLÍTICA
A partir de 1970 la conflictividad social y política creció continuadamente en España. Paralelamente, crecieron las organizaciones del PCE y la presencia de sus militantes en todos los movimientos sociales y en todos los espacios susceptibles de convertirse en “zonas de libertad”. En este contexto, los militantes comunistas, clandestinos como militantes del PCE pero con una actuación pública como activistas de los diversos movimientos sociales, tuvieron un destacado papel en la acción antifranquista. Al mismo tiempo, la extensión de militantes con tal perfil incidió en las características, prácticas y cultura política de la joven militancia comunista.
Numerosos estudios han demostrado ya como, desde el inicio de la década de los 70, la conflictividad obrera tendió a extenderse y a radicalizarse, lo que dio lugar a violentas intervenciones policiales que, a su vez, provocaron movilizaciones de protesta y solidaridad, a veces masivas, así como críticas y condenas al régimen desde sectores cada vez más amplios de la sociedad española. El protagonismo de las CCOO y de los militantes comunistas fue esencial en el impulso de las movilizaciones obreras y éstas constituyeron el mejor escenario para la captación de nuevos militantes, lo que reforzó las estructuras organizativas del PCE y sus posibilidades de actuación, en especial en los núcleos industriales y urbanos más dinámicos, pero también en zonas menos desarrolladas.[36] En este escenario de creciente movilización, el PCE se encontró con grupos que se definían comunistas –maoístas y trotskistas fundamentalmente- que con frecuencia convertían la crítica al PCE en el eje de su discurso e incluso de su actuación. Dichos grupos lograron una implantación limitada y muy desigual, pero forzaron que en determinados momentos y lugares una parte de la acción de los militantes debiera dirigirse también a polemizar con la retórica izquierdista y con las posiciones verbalmente revolucionarias que aquellos propugnaban.
Este fenómeno tuvo mayor presencia en el ámbito universitario, donde los efectos del mayo del 68 fueron lógicamente mayores. La contestación universitaria a la dictadura fue continuada en los años setenta, aunque su protagonismo social fue relativamente menor al de la segunda mitad de los años sesenta. Por otra parte, las más importantes movilizaciones estudiantiles fueron en protesta por acontecimientos extrauniversitarios, muchas veces acciones de protesta frente a la violencia policial contra los trabajadores. No obstante, el rechazo a la Ley General de Educación, aprobada en 1971, provocó también movilizaciones masivas que afectaron a toda la enseñanza, e iniciaron la extensión de la conflictividad a la educación secundaria, en tanto que en la universidad emergía el movimiento de profesores no numerarios, también con un importante papel de los militantes comunistas.[37]
Los militantes del PCE, junto con activistas de otros grupos, tuvieron también una actuación decisiva en la aparición y extensión durante la primera mitad de los años setenta de un movimiento vecinal que se convirtió muy pronto en un nuevo ámbito de movilización antifranquista, y que alcanzaría su madurez en los años de la transición.[38] El emergente movimiento vecinal ofreció rápidamente nuevas oportunidades para la extensión y penetración social del partido.
La conflictividad social, habitualmente con demandas explícitas de carácter socioeconómico, pero impulsada por militantes antifranquistas y con una dimensión política siempre implícita y cada vez más explícita, constituyó la más eficaz forma de acción contra la dictadura, a la que provocó una profunda erosión, crecientes tensiones internas y una continuada pérdida de apoyos. La conflictividad social comportó también el crecimiento de las actitudes críticas hacia la dictadura en sectores profesionales, lo que facilitó el incremento de las disidencias y finalmente de la militancia en el PCE de aquellos más propensos al compromiso antifranquista. La actividad de dichos profesionales –por ejemplo, abogados, licenciados y arquitectos- constituyó un apoyo esencial para sostener la movilización social. En las principales ciudades españolas, aunque con desigualdades notables, el PCE logró atraer a su filas o a su entorno a muchos profesionales, así como a numerosos intelectuales. En efecto, la crítica al franquismo desde el ámbito cultural, facilitada por el mantenimiento de una censura a veces simplemente estúpida, la tensiones provocadas por la aplicación de la ley de Prensa e Imprenta de 1966, y la reacción ante las actuaciones represivas violentas de la dictadura convirtieron a un sector amplio de intelectuales y de artistas en voces contra la dictadura. Y también en este ámbito el PCE logró una influencia notable y apoyos muy relevantes que merecerían ser objeto de un estudio detallado.
Por otra parte, la conflictividad obrera y vecinal incrementó la colaboración entre los militantes comunistas y católicos, tanto seglares como clérigos, y la utilización de recintos eclesiásticos para proteger actividades antifranquistas. No fue una casualidad que los miembros de la coordinadora general de CCOO, con Marcelino Camacho a la cabeza, fueran detenidos en junio de 1971 en un convento en Pozuelo de Alarcón.
La presencia en todos los movimientos sociales y en todos los ámbitos posibles a través de la acción continuada de los militantes, a pesar de los riesgos y de los golpes represivos, constituyeron los elementos esenciales que posibilitaron el reforzamiento del PCE y su liderazgo de la oposición a la dictadura franquista. Por otra parte, la propia retórica anticomunista del régimen, y acciones represivas como la anteriormente citada que dio lugar al proceso del Tribunal de Orden Público 1.001 contra CC.OO, acabaron prestigiando al PCE ante aquellos sectores de la sociedad española, cada vez más amplios y menos silenciosos, que rechazaban el franquismo.
En este contexto de creciente movilización antifranquista, se celebró en 1972, en las afueras de París, el VIII Congreso del partido. En él se ratificó la línea política seguida que tenía dos piezas esenciales: el “pacto para la libertad”, es decir, el objetivo de lograr un gran acuerdo de todas las fuerzas opuestas al continuismo franquista para establecer un régimen democrático en España, y la “alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura” para avanzar posteriormente hacia el socialismo. Un socialismo concebido como “una ampliación radical de la democracia y de los derechos del hombre, no como su disminución y menos como su supresión”, un socialismo “pluripartidista, con libertades políticas, con libertad de creación, con una confrontación ideológica abierta”,[39] es decir, un socialismo bien distinto del denominado “real”. El Congreso eligió un Comité Central formado por 118 miembros, con un elevado número de militantes jóvenes del interior, lo que significaba una renovación y un rejuvenecimiento del máximo órgano de dirección.
Tres años después, el Manifiesto Programa de 1975 confirmó y desarrolló la línea política, en un escenario internacional valorado de forma muy optimista tras la retirada norteamericana de Vietnam y cuando no eran aún previsibles todas las consecuencias de la crisis económica internacional : “La victoria del pueblo de Vietnam –donde el Partido de los Trabajadores ha fundido ejemplarmente la lucha nacional y la lucha revolucionaria- así como de los pueblos de Laos y Camboya, sobre los agresores imperialistas norteamericanos en uno de los grandes virajes de la historia mundial. Sus repercusiones son profundas en toda la situación internacional. Se ha modificado la correlación de fuerzas surgida después de la Segunda Guerra Mundial. La posición hegemónica de los Estados Unidos en el mundo capitalista ha sufrido un serio quebranto”.[40] El Manifiesto Programa confirmaba la política de “pacto para la libertad”, preconizando “una alternativa democrática que dé a la actual situación una salida en interés de las masas populares y facilite, a la vez, una convergencia entre las fuerzas de diverso signo interesadas en poner fin a la dictadura, sobre bases muy amplias, que no prejuzgue ni el régimen político ni las transformaciones sociales futuras, dejando estas cuestiones para su solución en un marco democrático”. Recuperadas las libertades, el PCE defendería una “democracia política y social”, como etapa intermedia hacia el socialismo, un socialismo que “solo podrá triunfar y consolidarse en esta zona de Europa a través del desarrollo pleno de la democracia, afirmando el valor de las libertades personales y colectivas, la no oficialización de una ideología de Estado, la articulación democrática y descentralizada del mismo, la pluralidad de partidos, la autonomía sindical, las libertades religiosas, la libertad de expresión, de la cultura, del arte y de las ciencias”,[41] en síntesis un “socialismo en libertad”.
LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD
En la estrategia de “pacto para la libertad”, la consecución de una amplia alianza de fuerzas antifranquistas era un requisito indispensable, por ello los esfuerzos del PCE para avanzar en esa dirección fueron continuados a pesar de los escasos resultados obtenidos con anterioridad a 1974. En esta cuestión la posición del PCE era difícil: buscaba interlocutores en una más deseada que real “derecha democrática”, apenas existente políticamente y poco propensa a relacionarse con los comunistas; deseaba también el acuerdo con el PSOE pero éste, sin apenas organización en el interior, estaba dividido entre la mayor parte de la organización en el exilio, en la que predominaba una actitud beligerantemente anticomunista, y los jóvenes renovadores que miraban con desconfianza a un PCE que constituía la fuerza hegemónica de la izquierda y del antifranquismo. Por otra parte, muchos de los pequeños pero muy activos grupos de la izquierda radical rechazaban las propuestas que calificaban de “revisionistas” y de “pacto con la burguesía” del PCE.
Solamente en Cataluña el PSUC logró articular una política unitaria que expresaba, en última instancia, la extensión y la singularidad del antifranquismo en aquella comunidad, expresada sobre todo por un amplio antifranquismo social. A partir de la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, y tras la experiencia del encierro de intelectuales en el monasterio de Montserrat durante el consejo de guerra de Burgos, el PSUC impulsó la creación en 1971 de la Asamblea de Cataluña, una amplia plataforma unitaria que agrupó a prácticamente todo el antifranquismo activo, desde la democracia cristiana catalanista hasta formaciones izquierdistas, así como a movimientos sociales y colectivos diversos, en torno a un programa básico de cuatro puntos sintetizados en el eslogan “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”.[42]
Finalmente, los continuados y muchas veces voluntaristas esfuerzos unitarios de la dirección del PCE acabaron logrando la creación de una plataforma con vocación unitaria en julio de 1974, la Junta Democrática de España, integrada, junto con el PCE, por el PSP dirigido por Enrique Tierno Galván, el PTE, el Partido Carlista, de Carlos Hugo de Borbón-Parma, Comisiones Obreras, e independientes como Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano. La Junta Democrática propugnaba la formación de un gobierno provisional “para restablecer las libertades, los derechos y los deberes democráticos”, la amnistía “de todas las responsabilidades de naturaleza política” y la “liberación de todos los detenidos por razones políticas y sindicales”, la “legalización de los partidos políticos sin exclusiones”, la libertad sindical y el derecho de huelga, así como el resto de derechos políticos de expresión, manifestación, etc. La Junta propugnaba también el reconocimiento “bajo la unidad del Estado español de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente”, así como la celebración de una consulta para que los españoles se pronunciaran sobre la forma de Estado.[43]
La creación de la Junta Democrática en París, coincidiendo con la enfermedad de Franco que provocó que el Caudillo tuviera que ceder temporalmente las funciones de Jefe del Estado al príncipe Juan Carlos, tuvo un notable impacto, a pesar del fracaso de las gestiones efectuadas ante Juan de Borbón para que realizara unas declaraciones al periódico Le Monde de apoyo a una alternativa democrática para España. La Junta agrupó a la parte más activa del antifranquismo, pero no logró incorporar a grupos que, aunque débiles orgánicamente, podían representar en un marco democrático a una parte amplia de la sociedad española. Sin embargo, hay que destacar que la ausencia del PSOE y de grupos democratacristianos y liberales tuvo que ver, más que con diferencias programáticas, con el recelo respecto al liderazgo del PCE, especialmente por parte del PSOE, preocupado además por el crecimiento de otros grupos socialistas; por su parte, a liberales y demócrata-cristianos les preocupó aparecer junto a organizaciones con una imagen radical. Con todo, la mera aparición de la Junta obligó a dichos grupos a una mayor actividad e iniciativa, lo que comportó casi una año después la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática.
La formación de la Junta Democrática, en un momento de creciente expresiones de la crisis de la dictadura que forzaban a todos los actores políticos a tomar posiciones, reveló también una manera de proceder en la dirección del PCE y particularmente de su secretario general, que no era nueva pero que ahora tendría un mayor impacto en las organizaciones del interior y que acabaría provocando tensiones importantes en el futuro, e incluso constituiría uno de los componentes de la crisis del partido al final del proceso de transición. Así, la formación de la Junta, sin suficiente información previa a las organizaciones del partido y sin considerar suficientemente los esfuerzos unitarios realizados en el interior provocó algunos problemas en lugares donde se había logrado formar Mesas Democráticas, como por ejemplo en Asturias o en Baleares,[44] e incluso en Cataluña donde finalmente la creación de una Junta fue descartada.[45]
La aparición de la Junta Democrática supuso un importante impulso a la actividad antifranquista. Un año después, en julio de 1975, en un contexto interior de agudización de la represión franquista ante la incontenible contestación pero al mismo tiempo de creciente crisis del régimen, el PCE celebró la II Conferencia, que aprobó el Manifiesto-Programa del partido. Democracia, unidad antifranquista y huelga nacional eran las piezas esenciales de la política comunista: democracia como objetivo, amplia unidad antifranquista como condición para hacerla posible, huelga nacional como instrumento para alcanzarla: “La Huelga Nacional es la movilización y el enfrentamiento de las más amplias capas antifranquistas encabezadas por la clase obrera contra el poder actual. Por eso el detonante natural de la Huelga Nacional habría de ser la huelga general política de la clase obrera y, desde luego, está claro que será su columna vertebral”. Las “luchas de la clase obrera, de los campesinos, los estudiantes y los intelectuales; de amplios sectores profesionales; las posiciones de la Iglesia; los progresos de la unidad; la actividad firme y resuelta de los comunistas y otras fuerzas democráticas, todo ello, en contraste con el proceso de descomposición de las fuerzas dominantes, es el camino seguro que nos conducirá a la Huelga Nacional”.[46]
Meses antes, el PCE había logrado un notable refuerzo con la integración, negociada desde la dirección del partido, de buena parte de los militantes del grupo Bandera Roja, lo que comportó un notable aporte de cuadros, en especial para el PSUC –Jordi Solé Tura, Jordi Borja, entre otros-, así como la visualización de la presencia de “cristianos en el partido”, especialmente a través de la figura de Alfonso Carlos Comín.[47] No obstante, la entrada directa de muchos de los incorporados a órganos directivos del PSUC y del PCE fue motivo de malestar entre sectores de la militancia.[48]
HACIA LA LIBERTAD
El escenario que permitiría la destrucción del franquismo no sería el dibujado en el Manifiesto Programa. Pero, ¿habría sido posible la creación de un régimen democrático sin la presión hacia un horizonte como el apuntado en dicho documento? o, formulado de otra manera, ¿la democracia configurada en la Constitución de 1978 habría sido posible sin la existencia de la opción rupturista?. En noviembre de 1975 la salud política de la dictadura estaba tan deteriorada como la salud física del dictador, pero la muerte de Franco no implicaba la muerte automática del régimen, y menos aún el establecimiento de la democracia. En los primeros meses de 1976, quedaron plasmados las tres grandes opciones para el futuro del país: el continuismo franquista, el reformismo gubernamental -diverso, limitado e indefinido en cuestiones esenciales-, y el rupturismo opositor. El PCE, junto con los grupos de la izquierda radical, fue el principal exponente del proyecto de ruptura democrática, cuyos pilares eran: gobierno provisional, reconocimiento inmediato de los derechos y libertades básicas, elecciones libres, y apertura de un proceso constituyente. Frente a la ruptura con el franquismo, el reformismo, o mejor los reformismos gubernamentales, proclamaban la necesidad de una democratización muy imprecisa mientras continuaban en pie y en plena actividad los instrumentos de la dictadura. A lo largo del primer semestre de 1976, el gobierno presidido por Carlos Arias, con Manuel Fraga como hombre fuerte, fue incapaz de convencer a ningún sector significativo de la oposición democrática de sus propósitos; más bien al contrario. En marzo, Junta y Plataforma se fundieron en una única organización unitaria, Coordinación Democrática , que presentó su propuesta de “ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un período constituyente que conduzca a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma de Estado y del Gobierno”. Coordinación Democrática expresó también su voluntad de conseguir la amnistía general, el retorno de los exiliados, el ejercicio pleno de las libertades políticas y sindicales así como de los “derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español”.[49]
La movilización social y política de los primeros meses de 1976 mostró la capacidad de presión del antifranquismo, pero también sus límites. En todo caso, en esos meses el continuismo franquista entró en vía muerta en tanto el reformismo del gobierno Arias-Fraga naufragaba ante la resistencia de los continuistas y la presión de los rupturistas. La intranquilidad ante la evolución de la situación política se manifestó en el entorno de la Corona, cuya preocupación fundamental era la consolidación de la institución. Con tal fin, tras la muerte de Franco, Juan Carlos había hecho llegar un primer mensaje a Santiago Carrillo para transmitirle su voluntad democratizadora y para pedirle tiempo para materializarla.[50] Sin duda tal mensaje fue una sorpresa, considerando la deplorable imagen que tenía Juan Carlos en todos los medios antifranquistas. Para el PCE el tiempo era un factor esencial y no podía dejarse escapar la mínima oportunidad para lograr el final de la dictadura, pero tampoco podía aceptar la exclusión temporal en un eventual proceso de cambio. Por ello, el Comité Ejecutivo decidió a principios de 1976 el traslado de la dirección, con Carrillo a la cabeza, al interior de España, donde los acontecimientos empezaban a acelerarse.
La formación del gobierno presidido por Adolfo Suárez implicó un impulso al reformismo gubernamental y mayor precisión en el mensaje democratizador, aunque manteniendo muchas indefiniciones sobre el alcance real y los límites de las reformas. Sin embargo, la oposición democrática seguía desconfiando de la acción gubernamental, a pesar de haberse instalado ya en la propuesta de “ruptura pactada” –que obviamente implicaba el acuerdo entre los reformistas y los demócratas- y del inicio de contactos directos entre representantes gubernamentales y dirigentes de los grupos opositores más moderados.
En los últimos meses de 1976, con el gobierno Suárez fortalecido tras la aprobación, primero en las Cortes y después en referéndum de la ley para la Reforma Política, y con una creciente tolerancia gubernamental hacia otras formaciones, incluido el PSOE, el PCE decidió forzar su presencia pública. La reunión del Comité Central, celebrada en Roma en el mes de julio, había significado ya una salida a la luz de los principales dirigentes del partido. La reunión de Roma tuvo mucho de acto de escenificación, pero también se tomaron decisiones para la salida a la luz de las organizaciones clandestinas del interior así como para adaptar las estructuras del partido a la nueva situación; entre esas decisiones una ha sido considerada especialmente importante por sus efectos: la creación de agrupaciones territoriales como base de la organización en detrimento de las organizaciones sectoriales, lo que tuvo consecuencias netamente negativas en el ámbito intelectual y cultural. La política de salida a la luz comportó finalmente la detención en Madrid, donde se había instalado desde febrero, de Santiago Carrillo en el mes de diciembre, aunque pronto fue puesto en libertad y, por tanto, “legalizado”.
Los primeros meses de 1977 fueron decisivos para el proceso de transición: el gobierno Suárez había logrado claramente hacerse con la iniciativa política, aunque al precio de ir asumiendo los objetivos, aunque no los instrumentos, de la oposición democrática, llenando así de contenido su reformismo y ampliando sus límites. Por su parte, la oposición había logrado la más amplia unidad posible con la creación en octubre de la Plataforma de Organismos Democráticos, pero con una peso cada vez mayor de las posiciones más posibilistas. Abiertas las conversaciones con la Comisión de los Nueve, parecía que se avanzaba decididamente hacia unas elecciones libres. En este momento la legalización del PCE se convirtió en la cuestión esencial de todo el proceso.
Probablemente fue tras las tensas semanas de enero de 1977 –destaca entre los acontecimientos de aquellos días el asesinato de los abogados de CCOO, militantes del PCE, en el despacho laboralista de la calle de Atocha en Madrid- cuando Suárez llegó a la conclusión que no era posible la celebración de unas elecciones que fueran consideradas legítimas interior y exteriormente sin el PCE y sin alcanzar un acuerdo mínimo con la oposición democrática; ello implicaba ir mucho más allá de las previsiones hechas en los meses anteriores, por ejemplo, con el compromiso adquirido por Suárez ante la cúpula militar de excluir a los comunistas de la nueva situación política. En este nuevo escenario, los contactos entre el PCE y el gobierno, iniciados discretamente en septiembre, culminaron con la entrevista entre Suárez y Carrillo a final de febrero, pocos días antes que el gobierno se viera forzado a permitir la reunión en Madrid de los secretarios generales del PCE, del PCI y del PCF.[51]
La legalización del PCE no llegó hasta el 9 de abril, en plena Semana Santa, y provocó una notable convulsión entre los sectores franquistas y en el Ejército, que hizo pública una nota expresando su profundo malestar; el ministro de Marina, Pita da Veiga, presentó su dimisión en una tentativa de provocar una crisis gubernamental. Fueron momentos muy tensos pero no lograron alterar el rumbo político. Por su parte, la reunión del Comité Central PCE celebrada pocos días después aprobó la adopción de la bandera bicolor y la aceptación de la monarquía, decisiones que provocaron una notable conmoción entre militantes y simpatizantes comunistas. ¿Eran imprescindibles tales gestos simbólicos para dar satisfacción al gobierno y tranquilizar a los sectores que del continuismo habían pasado ya al involucionismo?. Tanto o más que los gestos en sí mismos, la forma de tomar decisiones de la máxima importancia provocó el malestar de una militancia joven, formada políticamente en el seno de los movimientos sociales desarrollados desde los años sesenta, muchos de base asamblearia, y más acostumbrados al debate político que a la rígida disciplina de épocas anteriores.
Sin embargo, la cercanía de las elecciones dejo poco tiempo para el análisis y el debate. El partido se volcó a una campaña electoral que fue vivida por casi toda la sociedad española como una auténtica fiesta democrática. Los resultados de las elecciones del 15 de junio, no la ley para la Reforma Política o los planteamientos reformistas gubernamentales, fueron los que permitieron abrir un proceso constituyente que culminaría con la aprobación de la Constitución de 1978 y la derogación de la totalidad de leyes fundamentales franquistas.
El 15 de junio de 1977 abrió una nueva etapa en la vida política española y en el PCE. El resultado obtenido por el PCE y el PSUC, casi el 10% de los votos y 20 diputados, fue considerado como un fracaso. Sin embargo, al margen de cómo lo viviera el partido, tal valoración debe matizarse. Las candidaturas comunistas, en particular el PSUC que obtuvo el 18% de los votos y se convirtió en el primer partido en Cataluña, lograron sus mejores resultados en la mayoría de las zonas urbanas e industriales, con la excepción del País Vasco, que habían protagonizado la más importante conflictividad social y política contra la dictadura. También allí donde los candidatos estaban fuertemente enraizados en los movimientos sociales, especialmente en Cataluña. Por otra parte, era muy difícil obtener un elevado voto comunista en aquellas zonas donde la presencia militante había sido más débil. La tardía legalización, contestada además desde las Fuerzas Armadas, el anticomunismo –franquista y no franquista- instalado en la sociedad española-, numerosos errores del partido – entre ellos la propia campaña electoral y algunas candidaturas- y, paralelamente, el atractivo del PSOE, con dirigentes jóvenes, sin vínculos con la guerra civil, con un discurso que mezclaba izquierdismo y moderación, y contando con apoyos internacionales extraordinarios, explican también el resultado del PCE, muy inferior a sus optimistas expectativas.
NOTA FINAL
Desde 1977 a 1982 el PCE tuvo un notable protagonismo en la vida política española. Su contribución el proceso constituyente fue muy relevante y en las primeras elecciones locales celebradas en 1979 logró importantes éxitos. Sin embargo, pronto emergieron viejas y nuevas tensiones, muchas generadas o agudizadas por el estilo de dirección de Santiago Carrillo –apoyado activa o pasivamente por la mayoría del Comité Central-, que se reveló incapaz de gestionar la nueva situación del partido en todos los planos. Dichas tensiones, más la dificultad de pasar de ser el “partido del antifranquismo” a solamente el segundo partido de la izquierda, a notable distancia de los socialistas, acabó generando una serie de crisis internas que provocaron la pérdida de militancia y, finalmente, el derrumbe en las elecciones de octubre de 1982. ¿Estaba el PCE en tanto que partido del antifranquismo abocado a la marginalidad o a la desaparición con el fin franquismo?. Pensamos que la respuesta a esta pregunta es claramente negativa, pero argumentarla sería motivo de otra ponencia.
[1] MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere: “El partido del antifranquismo (1956-1977)”. En BUENO, Manuel, HINOJOSA, José y GARCÍA, Carmen (Coords.): Historia del PCE.I Congreso 1920-1977. Volumen II. Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004, pp. 13-32[2] ANDERSON, Perry. La historia de los partidos comunistas. En SAMUEL, Raphael (Ed.). Historia
Popular y teoría socialista, Barcelona, Crítica, 1984, p. 150.
[3] GINARD, David. Aproximación a la bibliografía general sobre la historia del movimiento comunista en el estado español (1920-1995). En ERICE, Francisco (Coord.), Los comunistas en Asturias 1920-1982. Gijón, Ediciones Trea, 1986, p. 29[4] AGOSTI, Aldo. Bandiere rosse. Un profilo storico dei comunismi europei, Roma, Editori Riuniti, 1999.[5] ERICE, Francisco. Tras el derrumbe del Muro: un balance de los estudios recientes sobre el comunismo en España. Ayer nº 48, 2002, p. 316.[6] ANDERSON, Perry. La historia de los partidos comunistas. En SAMUEL, Raphael (Ed.). Historia
Popular..., p. 154.
[7] Una primera aproximación en HERMET, Guy. Los comunistas en España. París, Ruedo Ibérico, 1972. Excelentes monografías son ERICE, Francisco (Coord.). Los comunistas en Asturias 1920-1982, Gijón, Ed. Trea, 1996. GINARD, David. L’oposició antifranquista i els comunistes mallorquins. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998. SANTIDRIAN, Victor Manuel. Historia do PCE en Galicia (1920-1968). A Coruña, Ediciós Do Castro, 2002.[8] SOLE TURA, Jordi. Unidad y diversidad en la oposición comunista al franquismo. En FONTANA, Josep (Ed.). España bajo el franquismo. Barcelona, Crítica, 1986, p. 128.[9] Reflexiones de interés sobre la batalla interna entre ‘jóvenes’ y ‘viejos’ en los organismos dirigentes en TOMAS, Facundo, “El Partido Comunista de España y la primera formulación de la reconciliación nacional”, en Estudis d’Història Contemporània del Pais Valencià, nº 2, 1981, pp. 317-323. Véase todo el proceso en MORAN, Gregorio. Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 266-276. Más recientemente SANTIDRIAN, Victor Manuel, Historia do PCE..., pp. 431-436. En esta documentadísima obra se realiza un análisis detallado de los textos políticos que, más allá de las resoluciones congresuales, permiten observar las líneas maestras de la acción política impulsada desde el exilio.[10] Era una vieja táctica comunista que Togliatti también había impulsado en la Italia fascista: “Nuestro deber es entrar en estas organizaciones y organizar la lucha por nuestros principios”. TOGLIATTI, Palmiro. Lezioni sul fascismo. Roma, Editori Reuniti, 1976, p. 111.[11] Una visión de conjunto en RUIZ, David (Dir.). Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid, Siglo XXI editores, 1993.[12] MOLINERO, Carme, YSÀS, Pere. Comissions Obreres. En GABRIEL, Pere et al. Comissions Obreres de Catalunya, 1964-1989. Una aportació a la història del moviment obrer. Barcelona, Empúries, 1989, pp. 42-43.[13] .- GRACIA, Jordi. Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962). Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996, pp. 65-94.[14] Carrillo proclamó que “los mineros de Asturias siguen siendo el ejemplo más alto, la conciencia del proletariado español. Van por delante, marcando el camino, abriendo la ruta a sus hermanos de clase”. CARRILLO, Santiago. Los mineros de Asturias siguen siendo el ejemplo más alto. En Mundo Obrero nº 15, 2ª quincena septiembre 1963. Véase VEGA, Rubén (Coord.). Las huelgas de Asturias y su repercusión internacional, Gijón, Trea, 2002.[15] El texto continuaba señalando, en cursiva para resaltarlo que “La solución definitiva de esta área será una gran victoria popular y nacional, un gran paso hacia otras transformaciones democráticas y, en definitiva, hacia el socialismo”. Véase CLAUDIN, Fernando. Documentos de una divergencia comunista. Barcelona, El viejo Topo, 1978, p.6 y p.10.[16] Gregorio Morán ofrece una amplia explicación de las tensiones políticas y, sobretodo, enfrentamientos y actitudes personales de los participantes en el conflicto. Véase MORAN, Gregorio. Miseria y grandeza .., pp. 381-406 La documentación del debate en Claudín en CLAUDIN, Fernando. Documentos de una....[17] Posiblemente el deseo de no abundar en un episodio del que no se sienten especialmente orgullosos Santiago Carrillo y otros dirigentes comunistas, al ser resuelto con métodos estalinistas, haya provocado que hasta ahora no hayan aportado, verdaderamente, las claves de su posición en el enfrentamiento. Jordi Solé Tura considera que la causa de la ruptura fue más compleja. Santiago Carrillo creía que las propuestas de Fernando Claudín eran prematuras y llevarían a la escisión del PCE, porque en aquel momento las nuevas líneas de actuación todavía no habían madurado y era evidente que el proceso de cambio en España sería lento y largo. SOLE TURA, Jordi. Una història optimista. Memòries, Barcelona, Edicions 62, 1999, p. 210 . Un balance sobre la dirección de Santiago Carrillo y la trayectoria del PCE en PRESTON, Paul. Eurocomunismo. Estadio superior del estalinismo. La democratización del Partido Comunista de España.
Estudis d’Història Contemporània del País Valencià, nº 9, 1991.
[18] Ambos entrecomillados en CARRILLO, Santiago. Después de Franco ¿qué?: la democracia política
y social que preconizamos los comunistas, Editions Sociales, París, 1965, p. 147.
[19] Entre otras, en las memorias de Marcelino Camacho hay buenos ejemplos de la distancia entre las formulaciones políticas y la práctica militante. CAMACHO, Marcelino. Confieso que he luchado. Madrid. Ediciones Temas de Hoy, 1990. También CEBRIAN, Carme. Estimat PSUC, Barcelona, Empúries, 1997, p. 62.[20] Varios ejemplos: el más importante quizás se produjo en 1965 cuando el II Congreso del PSUC reabrió la posibilidad de integración del PSUC en el PCE. La reacción contraria y la argumentación de militantes intelectuales hizo desistir a la dirección de impulsar dicho cambio; véase CEBRIAN, Carme. Estimat PSUC..op. cit. pp. 81-83. Otros ejemplos de la permeabilidad de la dirección a los planteamientos de la base la ofrece Josep Fontana al explicar que “los mecanismos de transmisión de base, dirección y vuelta son lentos, difíciles, a veces no son acertados y a veces las organizaciones de base decidían que la dirección no tenía razón. Uno de estos ejemplos es en los años 1961-1964, cuando organizamos el comité de intelectuales de Barcelona. A indicación de la dirección organizamos un congreso de cultura catalana, pero cuando obtuvimos las adhesiones, que eran muy brillantes, y el documento central, la dirección nos dijo: basta, aquí ya podeis parar, lo único que interesa es ese manifiesto para publicarlo; entonces nos miramos entre nosotros y decidimos que la dirección no tenía razón y que había que seguir adelante..”. Véase FONTANA, Josep. La historia del PCE. Nuestra Bandera nº 100. 1979, pp. 14-15. Tomás Chicharro ha repetido en diversas ocasiones que eran los militantes comunistas, a la vez activistas de CC.OO., quienes decidían la política obrera del partido. Véase Debat Comissions Obreres, 1968-1969: Repressió i crisi. Quaderns. Barcelona, Centre de Treball i Documentació, Barcelona, 1981, pp. 116-117. Pere Fages ha señalado la advertencia de la dirección de la peligrosidad del encierro en Montserrat en relación al Consejo de Burgos, encierro que desaconsejaba, pero los militantes y simpatizantes siguieron adelante y aquel acto se convirtió en una referencia del antifranquismo.[21] CEBRIAN, Carme. Estimat PSUC... op. cit. Barcelona, Empúries, 1997, p. 14.[22] Entre la amplísima bibliografía véase RUIZ, David. Historia de Comisiones... GOMEZ ALEN, José. As CCOO de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo. Vigo, Xerais, 1995. BABIANO, José. Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid 1951-1977). Madrid, Siglo XXI editores, 1995. MOLINERO, Carme y YSÀS, Pere. Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad en la España franquista. Madrid, Siglo XXI editores, 1998. PEREZ, José Antonio. Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.[23] Un actualizado estado de la cuestión en VEGA, Rubén. La historia de Comisiones Obreras. Red de Archivos de Comisiones Obreras/Universidad de Castilla la Mancha. V Encuentro de Investigadores del Franquismo. Albacete, Edición electrónica, 2003.[24] Debat Comissions Obreres, 1968-1969: Repressió i crisi. Quaderns. Barcelona, Centre de Treball i
Documentació, Barcelona, 1981, p. 90.
[25] COLOMER, Josep Mª. Els estudiants catalans sota el franquisme, Barcelona, Curial, 1978, pp. 206-209.[26] CEBRIAN, Carme. Estimat PSUC... op. cit. pp. 86-87.[27] FERNANDEZ BUEY, Francisco. La insólita, aunque breve, experiencia de un sindicato democrático bajo el fascismo (1965-1968). Materiales, nº 2, 1977, p. 72. Sobre el acentuado carácter político del movimiento estudiantil español, por encima de los rasgos ‘antisistema’ más extendidos en Europa véase CAMARERO, Arturo. Características generales, objetivos y adversarios del movimiento estudiantil madrileño bajo el franquismo. Revista Internacional de Sociología, 1981. Justamente una crítica al escaso componente sindical del SDEUB a partir de 1967 y al alejamiento entre vanguardia y masa estudiantil en LOPEZ RAIMUNDO, Gregorio. Problemes del moviment de masses. Apartat 5è de l’informe al CC del PSUC, 1967. Escrits. Cinquanta anys d’acció 1937-1988. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1988, pp. 61-65.[28] Igualmente, de que el clima político estaba cambiando a pasos acelerados en Barcelona es buena muestra la manifestación de 130 sacerdotes, que pretendían entregar un escrito contra las torturas al estudiante comunista Joaquim Boix, y acabaron corriendo ante la policía por la Vía Layetana.[29] PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Un futuro para España: la democracia económica y política. París, Colección Ebro, 1967[30] En ese mismo 1967 Santiago Carrillo escribe la “alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura [refleja] las fuerzas más dinámicas y progresistas del desarrollo social. Esta alianza tiene aún que desarrollarse y estructurarse más ampliamente, pero se presenta ya como una realidad naciente de gran porvenir. (..) La alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura dará en tierra con la dictadura franquista”. CARRILLO, Santiago. Nuevos enfoques a problemas de hoy, París, Éditions Sociales, 1967, pp. 91-92[31] La expresión ‘partido de masas en la clandestinidad’ se encuentra en AZCARATE, Manuel. La política de reconciliación nacional. FUNDACION DE INVESTIGACIONES MARXISTAS. Sesenta años en la historia del Partido Comunista de España. Madrid, FIM, 1980, pág. 182 El texto ha sido reproducido en Contribuciones a la historia del PCE, Madrid, FIM, 2004.[32] En 1970, la expulsión de Enrique Lister y otros cuatro dirigentes prosoviéticos completó la salida del partido de quienes rechazaban el nuevo rumbo del PCE en relación al PCUS y la URSS. Ver, MORAN, Gregorio. Miseria y grandeza... op.cit. pp. 450-452 y 456-462.[33] CARRILLO, Santiago. Memorias. Planeta, Barcelona, 1993, pp. 504-507.[34] Manifiesto Programa del Partido Comunista de España, Editado por el CE del PSUC, pp. 100-102.[35] La explicación de la vía democrática al socialismo y la definición de un modelo socialista distinto y distante del denominado “socialismo real” fue desarrollada en CARRILLO, Santiago. “Eurocomunismo” y Estado. Barcelona, Crítica, 1977, aunque las elaboraciones teóricas más consistentes procedían del Partido Comunista Italiano, con el que se consolidó una relación preferente, plasmada en la declaración de Livorno de junio de 1975[36] Junto a la bibliografía ya citada en la nota 21 ver BALFOUR, Sebastián. La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1994. ORTEGA LOPEZ, Teresa María. Del silencio a la protesta. Exploración, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza, Granada 1936-1977. Granada, Universidad de Granada, 2003. DOMÈNECH SAMPERE, Xavier. Quan el carrer va deixar de ser seu. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.[37] Sobre la contestación universitaria, junto al ya citado libro de Josep M. Colomer, ver CARRERAS ARES, Juan José, RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (eds.). La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991. SANZ DÍAZ, Benito. Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975. Valencia, CCOO PVFEIS-Albatros, 2002.[38] Ver especialmente CASTELLS, Manuel. Crisis urbana y cambio social. Madrid, Siglo XXI, 1981.[39] VIII Congreso del Partido Comunista de España, PSUC, 1972.[40] Manifiesto Programa.. op. cit. pp. 89-90[41] Ibídem, p. 103.[42] Sobre la Asamblea de Cataluña, ver BATISTA, Antoni, PLAYÀ MASET, Josep. La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya. Barcelona, Empúries, 1991.[43] Programa de la Junta Democrática de España en DÍAZ-PLAJA, Fernando, La España franquista en sus documentos, Plaza&Janés, Barcelona. 1976, pp. 551.[44] VEGA, Rubén. El PCE asturiano en el tardofranquismo y la transición, en ERICE, Francisco (coord..). Los comunistas en Asturias, 1920-1982. Gijón, Ediciones Trea, , 1996, pp. 178-179. GINARD, David. L’oposició antifranquista i els comunistes mallorquins (1939-1997), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pp. 259-260.[45] CEBRIÁN, Carme. Estimat PSUC... op. cit., pp. 142-143.[46] Manifiesto Programa del PCE..., p. 145.[47] SOLE TURA, Jordi. Una història... op.cit. pp. 299-325.[48] CEBRIAN, Carme. Estimat PSUC… op.cit., pp. 135-143.[49] Declaración de Coordinación Democrática, Madrid, 26 de marzo de 1976.[50] Gregorio Morán considera decisivo el mensaje de Juan Carlos a Carrillo para la actuación del PCE. MORÁN, Gregorio. Miseria y grandeza.... op. cit. pp. 505 y 514.[51] MORAN Gregorio. Miseria y grandeza... op. cit. pp. 537-539. CARRILLO, Santiago. Memorias... op. cit. pp. 652-654.

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