El PCE en la transición política española

TALLER DE HISTORIA DEL PCE "MARUSIA"
Jesús Sánchez Rodríguez[1]
En vísperas de la transición democrática en España es posible identificar varios proyectos políticos diferentes que abarcan desde el continuismo franquista hasta los abiertamente revolucionarios. En sus extremos se encontraban, a la derecha el proyecto continuista o inmovilista, y a la izquierda los proyectos revolucionarios con derivaciones terroristas. El papel jugado por estos dos proyectos, que tenían un marginal apoyo electoral, fue el de crear fuertes tensiones durante la mayor parte de la transición con objeto de hacer fracasar a ésta mediante una intervención militar que suponían beneficiaría a sus objetivos. Desplazándose hacia el centro, porque esta fue la trayectoria seguida por las diferentes opciones políticas en juego, y a la derecha e izquierda se encontraba el proyecto pseudo-reformista y el que impulsaba una inalcanzada ruptura democrática. El primero buscaba lograr una democracia limitada, mediante reformas parciales introducidas en el franquismo; teorizado por Manuel Fraga y ejecutado por Arias Navarro durante el primer gobierno de la monarquía, pronto mostró sus limitaciones y fue arrinconado. El proyecto de la ruptura democrática pretendía pasar a un régimen democrático mediante una ruptura clara con el sistema político y jurídico del franquismo a través de un gobierno provisional. Impulsado por la oposición de izquierdas, especialmente por el PCE, mostró rápidamente la insuficiencia de empuje y apoyos para forzar la ruptura, teniéndose que avenir a negociar, finalmente con el proyecto reformista una ruptura pactada. Porque efectivamente, este proyecto, el reformista, fue el que finalmente impuso la dinámica y las condiciones por las que discurriría la transición. Sus impulsores procedían del franquismo, pero sin las responsabilidades y compromisos de los inmovilistas o los pseudo-reformistas, y de los sectores de la oposición tolerada.
En el proceso de transición, la dinámica reformista tuvo éxito porque logró la hegemonía en la dirección del proceso político y porque consiguió cristalizar y aunar en una opción política dos fórmulas de legitimidad: la legitimidad asociada al cambio y a la democracia (donde la reforma personificaba los deseos de cambio y democracia de la mayoría de la población, junto a la necesidad de una mayor eficacia en la gestión política); y la legitimidad asociada al orden y la seguridad en el proceso de transición (una de las claves del proceso de transición fue el peso del miedo al conflicto frontal y, en el caso extremo, a la guerra civil). Pero además, la reforma requería credibilidad. De esta manera se unen dos necesidades complementarias: por un lado, los reformistas necesitaban de credibilidad tanto en los objetivos que perseguían como en los medios a utilizar en el proceso que conducía a ellos; por otro lado, los rupturistas necesitaban de credibilidad en lo que respecta al orden, la paz y la estabilidad del proceso, que por sí solos parecían incapaces de garantizar. Fruto de ambas necesidades es el proceso de conversaciones, pactos, compromisos, etc., es decir, el consenso, que se convierte al final en el argumento de legitimidad más consistente.[2]
El proyecto reformista arrancó políticamente con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente de gobierno, el 1 de julio de 1976, después de que fracasase el intento pseudo-reformista pilotado por Arias Navarro. El objetivo de la reforma se marcó en dos etapas; en la primera se aprobaría, inicialmente por las Cotes y luego en referéndum, la Ley para la Reforma Política; en la segunda se crearían las condiciones para el desarrollo de las libertades y la posibilidad de celebrar unas elecciones generales, que marcarían el final de este período. A partir de ese momento las Cortes democráticamente elegidas constituirían un nuevo régimen.
A finales de 1976 la oposición democrática perdió dos batallas contra el gobierno reformista cuyo efecto sería el dejar definitivamente la iniciativa del proceso en manos de éste. La primera derrota fue el fracaso de la jornada de paro general de 24 horas convocada por la COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales) el 12 de noviembre; la segunda, y más importante, fue la llamada a la abstención hecha por los organismos de la oposición al referéndum del 15 de diciembre para la aprobación de la Ley para la Reforma Política. La participación fue de 77,7% con un 94,1% de votos afirmativos, la abstención sólo fue significativa en Galicia y, especialmente, en el País Vasco, donde la participación fue de un 69,8% y un 53,9% respectivamente.
En el período que va del referéndum a las elecciones, el gobierno negoció con la oposición las diferentes medidas con las que se fueron creando las condiciones de libertad para garantizar el carácter democrático de las elecciones de junio de 1977. Durante este periodo hubo dos momentos críticos para la transición: el primero y más dramático se produjo en la semana final de enero cuando una ofensiva terrorista combinada de la extrema izquierda y extrema derecha puso en peligro el desarrollo del proceso democrático; el segundo momento crítico se produjo con la legalización del PCE, en abril, que encontró fuertes resistencias en medios militares. En los meses anteriores a esta etapa la oposición rupturista impulsó a fondo las movilizaciones con objeto de alcanzar sus objetivos e impedir la pseudo-reforma del gobierno Arias, alcanzándose el punto álgido en el primer trimestre de 1976 y teniendo su punto de inflexión en marzo con los sucesos de Vitoria, donde se produjeron la muerte de cinco trabajadores por la policía. No obstante, la actividad huelguística continuó siendo alta durante todo ese año y la primera mitad de 1977, siendo utilizada como un elemento de presión en la negociación de la oposición democrática con el gobierno. Sin embargo, la crisis económica, con su incremento continuo de la cifra de parados, y la competencia sindical terminaron llevando al movimiento obrero a posiciones defensivas a partir de 1980.
Las primeras elecciones democráticas dieron el triunfo a la UCD, que formó gobierno en solitario, con un importante éxito del PSOE. A ambos extremos, y a gran distancia quedaron el PCE y AP. También Obtuvieron una importante presencia en sus respectivas comunidades los nacionalismos vascos y catalán.
El período comprendido entre las elecciones de 1977-1979 se caracterizó por la política de consenso cuyos principales frutos fueron los Pactos de la Moncloa y la Constitución. En la primera reunión de las Cortes elegidas en 1977, éstas declararon su carácter constituyente, tras un primer intento por parte del gobierno de la UCD de sustraer esta competencia al órgano parlamentario recién elegido, y rápidamente se dio paso a la elaboración de una nueva Constitución. Para entender las características de proceso de su elaboración es necesario tener en cuenta algunos factores importantes. El más significativo de ellos fue el propio resultado de las elecciones de 1977, en las que quedó claro la victoria de las opciones políticas moderadas con un equilibrio electoral entre la izquierda y la derecha, así como la ausencia de crispación en ciertos temas políticos, en relación con el anterior período democrático abierto en 1931. Como consecuencia de esta situación se pudo adoptar una forma consensual que se extendió a tres esferas: la económica (Pactos de la Moncloa), la de las nacionalidades y la constitucional.
Los acuerdos constitucionales fueron el más básico de los pactos logrados, las formaciones de derecha planteaban una Constitución breve, sin referencia a cuestiones económicas, que recogiese la institucionalización de la monarquía, que garantizase a estabilidad gubernamental y con un procedimiento rígido de revisión constitucional. La izquierda, por su parte, terminó por aceptar una monarquía parlamentaria con poderes limitados y el principio de la economía de mercado matizado por el derecho a la planificación estatal. Otros temas conflictivos destacados fueron los ligados a la estructura territorial del estado o la enseñanza.
La mecánica del consenso, que tan beneficiosos resultados produjo en la elaboración de la Constitución, fue aceptada por los principales políticos. Si en el inicio de los debates constitucionales los votos de la UCD y AP aparecieron unidos y en oposición a los demás partidos políticos, pronto apareció el nuevo estilo en la toma de decisiones, que se inauguró en mayo de 1978 con relación al conflictivo tema de la educación. A partir de ese momento todas las discrepancias se abordaron con arreglo a unas reglas de juego cuasi consocionales entre socialistas, comunistas, centristas, catalanes y a veces vascos (quedó fuera de esta política AP). La política del consenso se basó en unos sencillos procedimientos para la regulación del conflicto: la necesidad de participación en las negociaciones de los partidos interesados, de manera que se comprometiesen a aceptar los resultados y se reforzase la legitimidad del método ; así como el reducido tamaño de las unidades negociadoras y el carácter reservado de las negociaciones para facilitar los compromisos.
Álvaro Soto considera el proceso constituyente español como atípico por dos motivos: ni se contaba con un gobierno provisional, ni tampoco se partía de una asamblea constituyente unicameral para la redacción del texto constitucional. Además, continúa, en este proceso constituyente existían dos condicionantes, el contenido de la Ley para la Reforma Política y el hecho de que la monarquía precediese a la Constitución y se insertase en ella:
“Ambos se presentan como hechos consumados y suponen una línea de continuidad con el régimen anterior, característica definidora del control reformista del proceso. No estamos por tanto ante un proceso constituyente originario e ilimitado, sino que procede directamente de la legalidad anterior, por lo que se conforma como derivativo”.[3]
Las elecciones de 1979 fueron ganadas nuevamente por la UCD aprovechando la imagen de Adolfo Suárez, presentado como el principal protagonista de la transición. El mapa electoral apenas sufrió ligeras modificaciones con respecto a las elecciones de 1977. Sin embargo las distintas elecciones celebradas entre 1979 y 1982 -las municipales de abril de 1979, las autonómicas del País Vasco y Cataluña de marzo de 1980, de Galicia en octubre de 1981 y de Andalucía en mayo de 1982- van modificando la relación de fuerzas existentes en el sentido de un descenso de la UCD y el PCE y un ascenso del PSOE y AP, a la vez que consolidan a los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña en sus respectivas comunidades.
En este período se pone fin a la política de consenso que marcó la actuación política en el anterior. Sólo el PCE continuó abogando por su mantenimiento en aras de la consolidación del proceso democrático y ante el peligro de involución que le seguía amenazando. El punto más claro de la ruptura del consenso lo supuso el anuncio por parte de la UCD, en junio de 1980, de presentar la candidatura de España a la entrada en la OTAN el año siguiente. Pero también en el ámbito sindical fue patente la ruptura del consenso con una clara marginación de CC OO del ámbito de los acuerdos que tuvieron lugar: primero fue la firma del Acuerdo Básico Interconfederal entre la UGT y la CEOE en junio de 1979 para encauzar la negociación colectiva, después fue el Acuerdo Marco Interconfederal firmado por ambas organizaciones en enero de 1980 y, finalmente, fue la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, en marzo de 1980, consensuado entre el gobierno y el PSOR. Solamente después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se volvería a un cierto clima de consenso en el ámbito laboral con la firma del Acuerdo Nacional sobre Empleo entre el gobierno, CEOE, UGT y CC OO. La estrategia de moderación por parte de la UGT, en un período de creciente atenuación de las movilizaciones laborales por la situación de desempleo en alza, unida a su trato preferencial por parte de la patronal y el gobierno, la llevó al éxito, por primera vez en 1982, en su objetivo de desbancar a CC OO en las elecciones sindicales.
DE LA RUPTURA DEMOCRÁTICA A LA RUPTURA PACTADA
El PCE se adentra en el proceso de transición política iniciado a la muerte del dictador con una política que viene definida por el término de ruptura democrática. Dicha política expresaba la oposición al proyecto de transformar el régimen a través de una serie de reformas, como preconizaban los sectores procedentes del propio franquismo. En la resolución política aprobada en el VIII Congreso del PCE se señala claramente:
“La solución al problema de España no consiste en ‘desarrollar’ las leyes e instituciones fascistas, sino en acabar con ellas mediante una ruptura de signo democrático”.[4]
La ruptura democrática es la táctica con la que conseguir las libertades democráticas en España, y como tal, “solamente puede efectuarla un Gobierno provisional de reconciliación nacional. Un Gobierno de amplia coalición democrática”.[5] Y si este es el instrumento para acabar con el régimen franquista, el método de conseguirlo, la condición para alcanzar la ruptura democrática es “el despliegue de crecientes acciones de masas, la realización de la gran acción democrática nacional”.[6]
De otro lado, se quiere evitar a toda costa asimilar la ruptura a un proceso violento, por eso Carrillo aclara que: “no se refiere a un acto de violencia, sino a la inevitable necesidad de abolir las leyes y las instituciones fascistas para levantar un Estado democrático”, y por ello mismo se argumenta que cuando la violencia sí puede hacerse inevitable es “si se prolonga el sistema actual, o se instala cualquier forma de continuismo”. [7]
Esta estrategia del PCE era compartida por el conjunto de la oposición de izquierdas, y por lo tanto no suponía una posición diferenciadora al respecto.[8] Lo que sí era diferenciador era el método de imponer esa ruptura, la llamada acción democrática nacional, es decir la huelga nacional, con otro nombre.
Ahora bien, la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos y la correlación de fuerzas en juego terminarán convirtiendo en papel mojado esta posición y todo el discurso sostenido por el PCE hasta ese momento. La preocupación por no quedar marginado, especialmente por no ser legalizado, o serlo muy tarde, se convertiría rápidamente en el principal motivo de actuación del PCE, marcando su estrategia en los inicios de la transición. Efectivamente, al comienzo de ésta el concepto de ruptura democrática va a ser sustituido por uno de contenido totalmente diferente, el de ruptura pactada. La explicación de este cambio la sitúa Gregorio Morán[9] en el mensaje que el Rey Juan Carlos hace llegar a Carrillo a través de Ceaucescu en diciembre de 1975, y en el cual le garantiza la restauración de la democracia y la legalización del PCE, y le pide a cambio paciencia y el fin de los ataques a la monarquía. La manera de recibir el mensaje y su contenido son reconocidos por Carrillo, quien sin embargo afirma que rechazó terminantemente “la proposición o sugestión del rey”.[10]
Hay que recordar que hasta ese momento la posición de los comunistas ante la monarquía representada por Juan Carlos era de absoluto rechazo:
“La monarquía de Juan Carlos es la monarquía del Movimiento, la monarquía encargada de continuar el sistema fascista. ¿Cómo vamos a aceptarla?”.[11]
No obstante, también hay que tener en cuenta que la fusión de los dos organismos unitarios ya suponía una cierta renuncia a la política de ruptura democrática. La primera ocasión en que se hace notorio el cambio de posición del partido es en el comunicado del Comité Ejecutivo de enero de 1976[12] en el que desaparece cualquier ataque a Juan Carlos, pero en el que, sin embargo, aún se emplea el término de ruptura democrática. Por ello, será el documento del PCE aprobado en la reunión del Comité Ejecutivo de 20 de marzo de 1976, titulado “Cuatro proposiciones del PCE para resolver el problema político”,[13] el que consagre definitivamente esta nueva estrategia. El contenido de estas cuatro proposiciones es el siguiente: a) Establecimiento de un acto de unidad de acción entre la Junta, la Plataforma, los órganos unitarios existentes en nacionalidades y regiones y los grupos democráticos que aún se hallan al margen de toda combinación. b) Concitar en torno a este acto la adhesión de los más amplios sectores sociales y de personalidades representativas. c) A partir de ese pacto proponer públicamente la apertura de una negociación a los elementos que se declaren reformistas y a representantes de las FAS y de la Iglesia para llegar a un acuerdo sobre la posible composición, programa y forma de instalar en el poder a un gobierno provisional o transitorio, capaz de presidir, con garantías para todos, un proceso constituyente. d) Mientras, reclamar derechos como el de huelga, reunión y manifestación pacífica, sin discriminación para ningún partido. Una amnistía, o cuando menos la puesta en libertad de los presos políticos y sociales y el regreso de los exiliados.
Para el PCE, estas cuatro proposiciones “suponen el camino más adecuado para lograr una solución democrática, rápida y pacíficamente, es decir, lo que llamamos una ruptura democrática pactada”.
La mejor definición de lo que significaba esta estrategia de ruptura pactada la expone Santiago Carrillo en sus Memorias:
La ‘ruptura pactada’ era una fórmula nacida del convencimiento de que la oposición democrática no tenía ni el poder ni la voluntad de poner fin al sistema produciendo una ruptura con sus propias fuerzas.
Lo habíamos constatado durante toda la existencia del franquismo y en estas últimas fases, viviendo ya en Madrid, para mí resultaba de una evidencia cegadora.
La única estrategia posible debía consistir en separar a los ‘evolucionistas’ o ‘reformistas’ del régimen, de los sectores ‘ultras’ que eran ya los únicos deseosos de mantener la dictadura; separarlos y conseguir un acuerdo con los reformistas, para ir desplazando a los ‘ultras’ y limpiando el camino a la instauración de las libertades democráticas”[14]
Se trataba de un giro no discutido ni interiorizado por el conjunto del PCE, en realidad se trataba de una adecuación práctica a la rápida situación política cambiante en tanto se mantenía en la teoría el mismo discurso rupturista.
El Pleno del Comité Central del PCE, celebrado en Roma en julio de 1976, en el que se hace una presentación pública de la dirección del partido, deja bien clara la nueva orientación del PCE al recordar que “Coordinación Democrática se ha pronunciado por la ruptura pactada”.[15]
Ruptura pactada y reforma pactada son dos términos que se emplearán indistintamente, bien por la oposición, bien por los reformistas del régimen, y cuya diferencia estriba en que:
la primera subraya la ausencia de continuidad política entre dos tipos de régimen y los principios de legitimación en los que se apoyan, mientras que la segunda enfatiza que el proceso formal se inicia derivando de la legitimidad anterior. En cualquier caso, ambas fórmulas coinciden en subrayar la importancia del acuerdo, el consenso o el compromiso”.[16]
En este nuevo planteamiento, los puntos fundamentales defendidos por el PCE son, tal y como recoge el Pleno de Roma, la congelación de la Ley de Asociaciones; la constitución de un Gobierno provisional, de reconciliación nacional, con un plazo limitado de actuación y cuya tarea esencial sería la de un comité electoral y la de garantizar la libertad para todos; la apertura de un periodo constituyente; la concesión de una amnistía general; y la constitución de Gobiernos autónomos en Cataluña, Euskadi y Galicia.
En septiembre de 1976 se inicia una relación formal, a través de intermediarios (Jaime Ballesteros y José Mario Armero), entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. El rimero busca mantenerse dentro del proceso de negociación que se iba a abrir, el segundo neutralizar al PCE, mediante su incorporación al proyecto de reforma política. En octubre tiene lugar la última reunión de Coordinación Democrática y tras depurarla de los personajes independientes que formaban parte de ella (Trevijano, Calvo Serer, etc.), se da paso a la siguiente etapa. En ella Coordinación Democrática pasa a denominarse Plataforma de Organizaciones Democráticas al incorporarse organismos unitarios y personalidades de Cataluña y otras regiones. El paso siguiente fue el nombramiento, en diciembre de ese mismo año, de la Comisión Negociadora de la Oposición que sería la encargada de negociar con el gobierno.
En estas condiciones tiene lugar, el 23 de noviembre de 1976, la reunión del Comité Ejecutivo del PCE por primera vez en España desde la guerra civil; en Ella Santiago Carrillo deja bien claro cuál es la verdadera naturaleza de la situación y la posición que debe adoptar el PCE. La iniciativa política corresponde a los sectores reformistas y lo único que se puede hacer es actuar en ese campo y obtener el máximo de concesiones posibles.
Efectivamente, el 25 de diciembre de 1976 se celebra el referéndum sobre la ley para la Reforma Política que, pese a la campaña abstencionista de la oposición, es aprobada por mayoría, significando un importante respaldo para el proyecto político del gobierno a la vez que un deterioro de la legitimidad simbólica de la oposición democrática que perdía así bazas de cara a la negociación con el gobierno.
Si el año 1976 acababa con la detención de Carrillo y su posterior puesta en libertad como un expediente para reconocer su presencia legal en España, 1977 se iniciaba con la matanza de abogados en la calle Atocha, acontecimiento en el que el PCE dio muestras de gran prudencia, a la vez que demostraba su capacidad de movilización, contribuyendo, en opinión de Carrillo, a la legalización de los comunistas:
“(la legalización) se impuso definitivamente a raíz del horrendo asesinato de los abogados laboralistas de Atocha y de la gran manifestación de duelo en la que la fuerza del PC apareció a la luz del día con tanta firmeza como disciplina”.[17]
LA LEGALIZACIÓN DEL PCE. LA ACEPTACIÓN DE LA BANDERA Y LA MONARQUÍA
El proceso de transición a la democracia tuvo momentos claves en los que determinadas actuaciones o decisiones implicaban la posibilidad de avanzar y consolidar el proceso democrático, pero también el riesgo de que se produjese un grave retroceso. Uno de esos momentos fue el de la legalización del PCE, el 9 de abril de 1977.
Tras el convencimiento por el PCE de la ausencia de posibilidades reales para alcanzar la ruptura democrática, una de sus principales preocupaciones fue la de evitar su marginación, y más en concreto la de conseguir su legalización, a la que se venía poniendo graves reparos desde los poderes fácticos. El PCE era consciente que la imposibilidad de participar en las primeras elecciones como tal partido redundaría en su marginación a favor de la consolidación de los socialistas. La campaña emprendida para lograr su legalización se basó en la vinculación de la legitimidad de las elecciones a la posibilidad de participación de todos los partidos políticos, entendiendo cualquier discriminación en la legalización de partidos o sindicatos como una negación misma de la democracia. Además, y en su favor, aducía las muestras de responsabilidad de las que venía haciendo gala durante la transición (el comportamiento durante los asesinatos de los abogados laboralistas en enero o la renuncia de Santiago Carrillo a formar parte de la subcomisión que debía examinar con el gobierno la cuestión de las nacionalidades y regiones) y el hecho de que partidos homólogos a él eran reconocidos legalmente en toda Europa. Sin embargo, después de alcanzada su legalización, otros partidos de la izquierda como el PTE, ORT, MCE y LCR, que en algunos casos formaban parte de los organismos unitarios de la oposición, no fueron legalizados hasta después de celebradas las primeras elecciones; no obstante, a pesar de esta situación el PCE no sólo no volvió a poner en duda la legitimidad de dichas elecciones, sino que como apunta Sánchez Montero su celebración se considerará como:
“Lo más revolucionario en este momento concreto en España, lo que más va a contribuir a lograr la legalización de todos los partidos”.[18]
Pero si dicha legalización fue un momento clave para el propio proceso democrático, también lo fue para los comunistas españoles. En ese momento se sellaría un compromiso del partido, no con la democracia, porque éste ya venía de lejos, sino con los símbolos que representaban la opción reformista. Si la actuación del PCE hasta ese momento había mostrado claramente su talante moderado y su esfuerzo por mostrarse responsable, el nuevo gesto, hecho con ocasión de su legalización, sería la confirmación pública de su aceptación de la vía reformista. Al parecer los términos de esta declaración del PCE habían sido pactados en la entrevista mantenida entre Carrillo y Suárez el 27 de febrero. El presidente del gobierno se comprometía a legalizar el PCE antes de las elecciones, rompiendo así la promesa realizada a los militares; y a cambio el secretario general del PCE se comprometía a aceptar la monarquía de Juan Carlos, la bandera y la unidad de España.
Pocos días después de producirse la legalización, Carrillo reunía al Comité Central del PCE, la primera vez que se hacía legalmente en España, y en medio de una gran tensión ambiental, consecuencia de la actitud del rechazo a su legalización mostrada por la cúpula militar, se aprobó la aceptación de los puntos negociados por el secretario general.[19]
Entre quienes sostienen la existencia de un pacto previo entre Carrillo y Suárez se encuentran Jordi Solé Tura o Manuel Azcárate. Este último justificará su postura de falta de oposición en aquellos momentos a las proposiciones de Carrillo, alegando que: “De hecho, todos nosotros fuimos en esa etapa tan importante unos peones de juguete. Sobre las posiciones importantes, Carrillo ya había asumido compromisos con Suárez”, y continúa explicando el contenido de dichos pactos:
“Reducido a sus términos más escuetos, el pacto entre Suárez y Carrillo consistía en comprar la legalidad del PCE a cambio de que éste, abandonando convicciones muy arraigadas, aceptase la monarquía con su bandera y toda su historia a cuestas. No era un trato equitativo. La legalidad del PCE quizás hubieran podido retrasarla los elementos más reaccionarios, pero era imposible negarla sin un retorno a los métodos del franquismo”.[20]
Se puede decir que el cambio fundamental fue la aceptación de la monarquía y la bandera, puesto que la defensa de la unidad de España era algo que el PCE había venido manteniendo desde antiguo. La nueva posición no afectaba a la persona que representaba a la monarquía en ese momento, puesto que las reservas hacia Juan Carlos como representante de la “monarquía del Movimiento” habían ido cediendo como consecuencia de la actitud de aquél, convertido en uno de los motores de la opción reformista del cambio democrático. En realidad, lo que se abandonaba con la declaración de abril del Comité Ejecutivo era la posición que había venido manteniendo el PCE sobre la necesidad de una consulta popular sobre la futura forma de Estado, es decir, para decidir si se prefería una monarquía o una república. El PCE no renunciaba a sus señas de identidad republicana, pero al plantear el dilema de esos momentos entre dictadura y democracia y no entre monarquía y república, la reivindicación republicana se alejaba de manera indefinida en el tiempo. La cuestión quedó saldada, pues, en esos momentos y la discusión sobre este tema, en el momento de redactar la Constitución, estaba exenta de incertidumbre; se podría discutir, por parte de los comunistas, los poderes del monarca, pero no el carácter monárquico del régimen, pues ésta fue para el PCE una cuestión que quedó cerrada a raíz de su legalización.
La justificación de Carrillo ante este nuevo viraje en las posiciones del PCE son de un alto contenido pragmático:
“La posición que se defendió entonces significaba una modificación de la que habíamos mantenido anteriormente, es decir, de la consulta popular en torno a si monarquía o república. Una campaña electoral sobre la cuestión hubiera roto profundamente la unidad de las fuerzas acordes en realizar un cambio democrático y hubiera dado a los militares “ultras” la posibilidad de un golpe de estado, con el pretexto de defender la monarquía.
Y por otra parte, en aquellas condiciones, si llegaba a realizarse el referéndum, lo hubiéramos perdido los republicanos y quisiéramos o no, la divisoria entre los españoles hubiera vuelto a repetir las contradicciones de los años treinta.
De mantener anteriores posiciones hubiéramos llevado a cabo una batalla infructuosa y de consecuencias gravemente negativas para la democracia. Dentro del PCE nadie contestó esta modificación táctica y en la izquierda tampoco suscitó críticas significativas”.[21]
Pero la nueva posición debía ser refrendada por el conjunto del partido, y para ello debía ser integrada en un discurso que la presentase como un nuevo acierto político del PCE, como una prueba de su sentido de la responsabilidad, a la vez que como una concesión táctica dentro de una estrategia justamente establecida. Esta fue la tarea que cumplió el IX Congreso, celebrado en abril de 1978. En su resolución sobre la Política de Reconciliación Nacional afirma que:
La voluntad del Partido Comunista de desterrar de nuestro país el clima de intolerancia y fanatismo que tan frecuentemente ha conducido nuestra historia por los derroteros de la guerra civil, se ha expresado en una nueva posición de los comunistas sobre temas tan manipulados desde el punto de vista ideológico como la Monarquía, la bandera, el Ejército, las relaciones con la Iglesia o con la derecha, etc. (...)
Si la monarquía favorece la consolidación de la democracia, el logro de una Constitución que configure una democracia parlamentaria, el Partido Comunista consideraría un grave error poner en peligro el proceso democrático, cuestionando la forma de gobierno (...) mientras la Monarquía no sea obstáculo a la ejecución de lo que el pueblo democráticamente decide, el Partido Comunista no cuestionará la actual forma monárquica de gobierno.
Sobre el tema de la bandera el Partido Comunista tomó en abril de 1977 la decisión de adoptar (...) la bandera roja y gualda del Estado. Una decisión normal que ayudó a crear un nuevo clima de comprensión entre la izquierda y ciertas instituciones, y que por lo demás ha sido adoptada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas (...) Probablemente sin esa decisión, tan criticada en su momento, hoy el tema se habría tornado inextricable y habría dado origen a no pocas contradicciones estériles y peligrosas para la democracia.[22]
Al PCE le llovieron todo tipo de críticas sobre su actitud, sobre todo desde su izquierda, pero de lo que nadie el acusó fue de mantener una actitud ambigua o desleal con la democracia. Muy al contrario, al PCE se le reconoció, y se le reconoce, el sacrificio que hizo en pro de conseguir llevar a buen puerto el proceso democrático, sacrificio que según la óptica puede ser contemplado, bien de una gran generosidad, sentido de la realidad y de la responsabilidad, bien como una autoinmolación que dejó sin perspectivas, ni proyectos a la clase trabajadora, y que contribuyó en gran parte al fenómeno que en esos momentos se iba a conocer como “desencanto”.
Sin embargo, ni la imagen de principal partido de la oposición durante el franquismo, ni la actitud responsable mantenida durante la transición le sirvieron al PCE a la hora de las elecciones. Es posible que la frustración producida por la falta de relación entre sacrificios y expectativas, por un lado, y los resultados electorales por el otro, contribuyera en gran medida al desarrilamiento del eurocomunismo.
LAS ELECCIONES DE 1977
La ruptura democrática se había mostrado inviable y con ello se había arruinado toda la línea política del PCE sobre la creación de las condiciones para la etapa de la democracia política y social con el final del franquismo, pero todavía se mantenía la expectativa de reproducir en España, al manos, el esquema político italiano, hacer del PCE un factor del mismo peso que el que jugaba el PCI en Italia. Esta expectativa se vendría también abajo con los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977. La atracción del ejemplo italiano era evidente en esta etapa del PCE, como se reocnocía en el Manifiesto-Programa:
“el ejemplo del Partido Comunista Italiano nos muestra cómo el Partido de la clase obrera, en las condiciones de un país democrático, puede convertirse en el punto de referencia de cuantos quieren sobrepasar la corrupción y la incapacidad de las clases dominantes, asumiendo los intereses de la democracia y de la nación”.[23]
La campaña electoral del PCE estuvo orientada por cinco ejes fundamentales:[24] El primero consistió en señalar a Alianza Popular como el enemigo prioritario, denunciándola como la principal fuerza de los adversarios de la democracia. El segundo eje de la campaña electoral comunista fue la neutralidad benevolente hacia el partido de Suárez, que a su vez correspondió de la misma manera a dicha actitud. El tercer eje de la estrategia electoral estuvo orientado contra el PSOE, al que quería sustituir, definitivamente, como principal partido de la izquierda española. El cuarto eje consistió en presentarse como el máximo abanderado del eurocomunismo, como un partido totalmente independiente de la Unión Soviética, y aquí entró la calculada aparición en plena campaña del libro de Carrillo Eurocomunismo y Estado. Finalmente el último eje lo constituy´p la moderación, expresada tanto en el lenguaje como en el programa, donde la mayoría de las propuestas que se recogían hacían referencia a demandas de tipo democrático, siendo la excepción, en el sentido de tener un contenido socialista, algunas reivindicaciones como la de que la futura Constitución garantizase “la posibilidad de transformar las estructuras económicas y sociales, conforme a la voluntad expresada mayoritariamente por el pueblo”. Por supuesto, estaba ausente del programa cualquier mención a la depuración de los aparatos heredados del estado franquista o a la exigencia de responsabilidades derivadas de la dictadura. Una de las consecuencias del fracaso de la ruptura democrática y de la posición de debilidad con que la oposición democrática entró en la transición fue esa especie de pacto tácito por el que se renunció a la exigencia de responsabilidades por cerca de 40 años de dictadura.
Los resultados que arrojaron dichas elecciones demostraron una vez más la equivocación de los análisis que hacía el partido. De ellas salió como partido mayoritario UCD, con el 34% de los votos y 165 escaños, recogiendo los éxitos del proceso de transición democrática llavada a cabo, desde la jefatura del gobierno, por Adolfo Suárez. La derecha autoritaria, que representaba Alianza Popular, quedó reducida a un partido minoritario, que no representaba ningún peligro a la continuación del proceso democrático, desde el punto de vista de su fuerza parlamentaria, pues obtuvo el 8% de los votos y 16 escaños. El PSOE volvió a recuperar la hegemonía electoral en el campo de la izquierda, que había mantenido históricamente hasta la guerra civil, dado que obtuvo en estas primeras elecciones democráticas el 28,9% de los votos y 118 escaños. La normalidad democrática hizo que la importancia de la influencia y el peso del PCE en la izquierda quedasen encerrados en un amplio paréntesis que abarcaba un largo, pero excepcional, período que iba desde la guerra civil hasta estas primeras elecciones; el PCE quedó muy lejos de los resultados de los socialistas y de sus propias expectativas, obteniendo el 9,2% de los votos, que se tradujeron en 20 escaños.[25] Esta cifra debe ser aún más matizada para comprender su verdadero significado, pues la diferente concentración del voto comunista hizo que el porcentaje fuese más alto gracias al importante resultado obtenido por el PSUC con un 18,4% de los votos.
Resulta interesante someter estos resultados obtenidos por el PCE a una doble comparación, en primer lugar con los resultados obtenidos en las primeras elecciones celebradas tras la derrota del fascismo por los dos partidos a los que el PCE quiere asimilarse en su papel y nivel de influencia política, el PCF y el PCE.
En segundo lugar la comparación puede realizarse con relación a los resultados electorales obtenidos por otros partidos comunistas con los que el PCE compartía, en la segunda mitad de los 70, algún tipo de similitud, bien sea su línea política eurocomunista, o la circunstancia de haber salido recientemente también de un régimen dictatorial, perteneciendo todos a la Europa meridional.[26]
A la vista de estos resultados era evidente que se devaluaba de manera significativa el peso político del PCE tanto en el ámbito de la política interna como dentro del conjunto de los partidos comunistas.
Se podría pensar que con estos resultados la actitud del PCE podría tender a endurecerse, podría producirse un giro a la izquierda en su discurso y en su práctica, buscando recuperar espacio político, a través de la confrontación, al no haberlo obtenido con su política de concesiones. Sin embargo la reacción fue toda la contraria: acentuó la política anterior buscando un mayor entendimiento con la UCD, tratando de aislar al PSOE, e intensificando su actitud moderada, lo que evidentemente redundó en una mayor estabilidad democrática, aunque, en opinión de Azcárate, perjudicó al proyecto eurocomunista:
“Aún más grave fue otra consecuencia (de la derrota electoral) para el PCE: para aumentar nuestra influencia electoral debíamos inclinarnos hacia la derecha. Con los pasó a la derecha que ya habíamos dado, el ‘flirt’ con Suárez para alcanzar la legalización, ahora la conclusión que Carrillo sacaba de las elecciones era la necesidad de acentuar esa orientación. Fue un gravísimo error, porque nos íbamos alejando de algunas señas de identidad que eran consustanciales a nuestra razón de ser.”[27]
Los análisis que de los resultados electorales obtenidos hace el PCE a través de distintos medios, y las justificaciones que se exponen, tienen en común la falta de autocrítica sobre sus propias responsabilidades y la persistencia del mal que le diagnosticó, ya en 1964, Fernando Claudín: un exceso de voluntarismo. En dichos análisis sobresalen dos aspectos. El primero es el intento por interpretar dichos resultados como positivos, a pesar de todo, para el PCE en base a su presentación como una victoria para la democracia debido a la marginación de la extrema derecha y el magro resultado de Alianza Popular, y también porque ha quedado demostrada la inclinación a la izquierda del electorado. El segundo aspecto que sobresale es la continua justificación de que los resultados obtenidos por el PCE no han sido consecuencia de la línea moderada sostenida, sino que, al contrario, una línea más radical le hubiera supuesto un mayor descalabro electoral.
Desde Nuestra Bandera, Manuel Azcárate interpreta los resultados con un tono de cierto resentimiento por la igualdad que en las elecciones se produce entre quienes combatieron al franquismo y quienes permanecieron pasivos durante la dictadura:
“el aluvión de votos que se han volcado a favor del PSOE suscita ciertos interrogantes. En nuestra opinión, hay que tener en cuenta que unas elecciones difieren de otras actividades políticas por el hecho de que en ellas participa la totalidad de la población. En la lucha contra el franquismo han tomado parte sectores amplios, pero sectores de vanguardia. En ese marco el protagonismo del PCE se ha plasmado con mucha claridad. Pero en la lid electoral también han pesado, y de forma decisiva, precisamente los sectores que no han luchado contra el franquismo, que han sido pasivos ayer, pero que hoy votan”.
Y continúa buscando las razones del éxito socialista, más que en un análisis realista del nivel de conciencia de la clase trabajadora y de las razones de la hegemonía socialista en Europa, a la que España se iba acercando en valores y comportamientos políticos, en razones de tipo conspirativo:
“el PSOE aparecía más ‘respetable’, tenía una actividad de partido legal durante más de un año y medio, había podido celebrar un congreso con la participación de jefes de gobierno y personalidades de Europa (...) el PSOE aparecía como un partido obrero de izquierdas, pero a la vez apoyado por los gobiernos de Europa occidental y aceptado por el Gobierno y las instituciones del Estado español, mientras que el Partido Comunista había sido objeto de toda clase de discriminaciones que le presentaban todavía como una opción ‘extremista’ (...) Al mismo tiempo el examen del voto a favor del PSOE muestra que, en parte, procede de sectores de la burguesía que consideran conveniente fortalecer en el seno de la izquierda la presencia del Partido Socialista Obrero Español con una representación parlamentaria poderosa.”
Y si estas son las razones con las que se justifican los resultados del PSOE, en la misma línea se encuentran las que se refieren al PCE. Partiendo de que la política desarrollada había sido la acertada, se valoran los:
“factores generales, objetivos, que creaban dificultades extraordinarias para votar al PCE. En pocas semanas tenía que deshacer una propaganda de cuarenta años que había imputado a los comunistas todos los pecados imaginables (...) Permanecía todo el aparato de Estado que había concentrado su represión contra el Partido Comunista. El miedo fue un freno directo al voto comunista (...) En extensas zonas rurales votar comunista era una heroicidad, cuando no una imposibilidad (...) la imposibilidad de votar para los jóvenes y los emigrantes, dañaron sobre todo al PCE (...) La ley Electoral (...) causó graves discriminaciones en detrimento del PCE”.[28]
Esta línea interpretativa es la del informe que Santiago Carrillo presenta al Comité Central celebrado el 25 y 26 de junio, donde además se añaden otras justificaciones para explicar la derrota, como es que la transición se desarrollase sin haberse llevado a cabo una ruptura democrática. Pero si bien es verdad que en Italia, Francia u otros países después de la derrota militar del fascismo surgieron unos poderosos partidos comunistas, no se puede olvidar que en el otro ejemplo al que se alude en el informe, Portugal, los resultados de las primeras elecciones celebradas el 25 de noviembre de 1975 reprodujeron la situación de España: un potente Partido Socialista (37,9% de votos y 116 escaños) frente a un disminuido Partido Comunista (12,5% de votos y 30 escaños). Es decir, en un caso con una ruptura clara con el anterior Estado dictatorial y una preponderancia de comunistas ortodoxos; y en el otro en una transición sin ruptura y con un partido comunista moderado, el resultado electoral es el mismo en términos de correlación de fuerzas en el campo de la izquierda.
La interpretación oficial es rechazada por otros autores[29] para los cuales habría que buscar las razones del fracaso electoral en dos puntos esenciales: el primero sería la disminución, incluso abandono, de la política de presión que el PCE había venido manteniendo hasta la transición, que le hacía aparecer como una oposición más difuminada que el PSOE y cuya consecuencia era un reflujo del apoyo popular; el segundo sería la imagen que proyectó el PCE, imagen sustentada por los militantes que formaban la dirección del partido y las cabeceras electorales, y que le vinculaban no sólo a la lucha antifranquista sino también a la guerra civil, un pasado que la sociedad española quería olvidar. La diferencia que en estos dos aspectos mantuvo el PSUC respecto al PCE podría ayudar a explicar la diferencia de resultados entre ambos.
El IX Congreso, celebrado diez meses después, podría haber sido el momento adecuado para profundizar en el análisis de los resultados electorales, pero sin embargo se prefirió pasar de puntillas sobre el tema, reduciéndose toda referencia a afirmar que:
“Para los comunistas, que tan difícilmente conquistamos nuestra presencia en las elecciones y con todos los condicionamientos históricos y actuales gravando sobre sí, el 9,24% conseguido en estas primeras elecciones democráticas constituye una importante base de partida para futuras confrontaciones electorales”.
Volviéndose a redundar en manifestaciones voluntaristas cuyo objetivo parece orientarse a hacer más llevaderos estos resultados para la militancia, y así, se continúa diciendo que:
“en todo caso, la votación obtenida por el PCE, el PSOE y otros partidos progresista confirma la viabilidad de nuestras tesis sobre el avance democrático del socialismo”.[30]
Sin embargo, diez años más tarde, otro dirigente del PCE reconocerá de manera ás realista el impacto decepcionante y desmoralizador de los resultados de estas primeras elecciones sobre la militancia comunista.[31]
Uno de los puntos débiles seguía siendo el discurso grandilocuente de la dirección del PCE que, sosteniendo siempre la justeza de su línea, arengaba a su militancia con la promesa de un avance inevitable al socialismo, en base a la cual se justificaba todo viraje, sin que la línea política estuviese sólidamente asentada en un análisis realista de la situación social. Después de la crisis de la dirección, en 1964, que se saldó con la expulsión de Claudín y Semprún, la crisis que empezaba a gestarse ahora sería la más grave y de consecuencias más nefastas para el PCE.
Tiempo después, cuando escribía sus Memorias, Santiago Carrillo seguirá sin reconocer las responsabilidades que la dirección del partido, y él en particular, pudiera haber tenido en el resultado y en la crisis posterior, y en ese sentido seguirá expresándose.
"Empezaba a darme cuenta del efecto que el reducido resultado iba a producir en una serie de camaradas, que habiendo merecido sobradamente el cargo de diputado por su participación en la lucha democrática y que al no ser elegidos iban a sentirse frustrados. Esta situación ibaa tener mucha influencia en los problemas internos que habría de conocer el PCE. Y la responsabilidad de ello iba a atribuírseme a mí, no a la ‘reprobación militar’, no a otros factores objetivos que indicaban que la recuperación comunista, de lograrse, iba a requerir tiempo”.[32]
El problema, sin embargo, parecía ser de adecuación histórica del proyecto comunista. Las preguntas seguían en el aire, sin ser contestadas: ¿Por qué los partidos comunistas europeos no habían desplazado a la socialdemocracia en la hegemonía sobre el movimiento obrero en Europa occidental? ¿Por qué no se había producido ni una sola revolución triunfante en Europa occidental? ¿por qué lo que no habían conseguido otros partidos comunistas influyentes como el italiano o el francés lo iba a conseguir el español?
El PCE había venido preconizando que en la etapa democrática se impondría su estrategia, la denominada democracia económica y social, que llevaría, a través de un largo período, el socialismo. Sin embargo, los discursos y proyectos elaborados durante la clandestinidad se estaban derrumbando en contacto con la realidad. No había habido ruptura democrática, no se había dado ninguna revolución política para eliminar al franquismo, ni se había producido ninguna huelga nacional. Y ahora, ni el PCE se había convertido en la fuerza hegemónica de la izquierda, ni la correlación de fuerzas producidas en las elecciones obligaba a formar ningún gobierno de coalición donde pudieran estar los comunistas. En consecuencia, ¿cuál iba a ser ahora la línea política a seguir por el PCE?.
LA POLÍTICA DE CONCENTRACIÓN DEMOCRÁTICA
Esta línea política va a ser la que el PCE definirá como política de concentración democrática. Y para justificarla se alegará que dados los resultados de las elecciones de junio de 1977 y la imposibilidad, en aquellos momentos, de articular una alianza de la izquierda, la política de concentración democrática era la única que podía llevar a la clase obrera a posiciones de poder con el objetivo de modificar la hegemonía de las fuerzas oligárquicas.[33] En un principio nadie en el PCE va a ponerla en duda, sólo después, cuando los resultados no sean los esperados y aparezca como la segunda grave derrota de su línea política, tras la de la ruptura democrática, aparecerán duras críticas a dicha política y sus plasmaciones concretas.
Aprobada en el pleno del Comité Central del 25 y 26 de junio de 1977, es presentada como continuación de la política del pacto para la libertad. De cara al partido se buscaba la consecución de dos efectos benéficos: el poder jugar un papel político superior al derivado de su peso parlamentario y obtener una mayor credibilidad democrática para contrarrestar los “cuarenta años de ininterrumpida campaña anticomunista”. La propuesta contenida en la política de concentración democrática era la articulación de un pacto entre las principales fuerzas políticas del país con los objetivos de terminar la democratización de los aparatos del Estado, la elaboración de una Constitución democrática y la realización de una política que hiciera frente a la grave crisis económica por la que atravesaba España. Las condiciones para su concreción tendrían que ser un equilibrio entre las fuerzas participantes, un apoyo mayoritario de los sectores sociales y un instrumento para llevarla a cabo: un gobierno de concentración. Sin embargo, prácticamente ninguna de estas condiciones se cumplieron, al concitar la oposición tanto de los principales partidos UCD y PSOE –el primero como consecuencia de la influencia de la oligarquía en su seno, y el segundo por orientarse hacia una política que lo convirtiese rápidamente en alternativa de gobierno-, como de los sectores económicos más importantes. Por otra parte, la imposibilidad de alcanzar un gobierno de concentración se sustituyó por los sucedáneos de acuerdos parciales, fundamentalmente los Pactos de la Moncloa a los que nos referiremos más adelante.
El análisis que el PCE hacía de la situación tras las elecciones generales lo resume perfectamente Enrique Curiel en los siguientes términos:
“La forma específica en que se había desarrollado el proceso de cambio político nos había llevado a una situación en la que un Parlamento democrático emergía inserto en todo el aparato político-institucional del franquismo. Estábamos ante unas Cortes Constituyentes ‘de facto’, pero no ‘de iure’”.
Como consecuencia de ello, sigue planteando el dirigente del PCE, los objetivos de los diputados comunistas en estas primeras Cortes democráticas serían fundamentalmente cuatro:
“1) Adoptar las medidas necesarias para alcanzar urgentemente los objetivos de la reconciliación nacional a través de una ley de Amnistía. 2) Organizar el trabajo del Parlamento respetando los principios fundamentales del la democracia parlamentaria y consiguiendo que las Cortes se convirtieran en el instrumento más importante para culminar el proceso de transición política. 3) Proceder de inmediato a designar una ponencia que iniciara la redacción de la futura Constitución española, que supondría la ruptura con el franquismo institucional. 4) Buscar soluciones urgentes para paliar la crisis económica, evitando que las consecuencias de la misma recayeran exclusivamente sobre los trabajadores”.
Partiendo de ese análisis y de esos objetivos, el método que propugna el PCE es el del consenso:
“la opción que se planteó desde las primeras semanas de funcionamiento de las Cámaras era la del bipartidismo o consenso. La estrategia del PSOE desde un primer momento estuvo perfectamente clara: imponer un sistema bipartidista en la organización del trabajo del Parlamento (...) Un año después de aquel debate (el del Reglamento del Congreso) podemos sentirnos satisfechos (...) Se han impuesto en la práctica métodos que buscan el acuerdo antes que la imposición”.[34]
Los objetivos del PCE para la nueva etapa se podrían resumir en dos ejes básicos: Primero, el gobierno de UCD no sería capaz, ni por su formación, ni por su base social, de afrontar las tareas que el país requiere, especialmente la de hacer frente al peligro involucionista; la consecuencia que se deriva de esta premisa es la propuesta de un gobierno de coalición, de un gobierno de concentración democrática. Segundo, era necesario recuperar los votos obtenidos por el PSOE, que legítimamente pertenecían al PCE; la consecuencia, esta vez, sería la de buscar un acuerdo con el partido de Suárez que marginase al PSOE.
LOS PACTOS DE LA MONCLOA
En octubre, además de la celebración del III Congreso del EPK, con la victoria del sector nacionalista, y del IV Congreso del PSUC, tendrá lugar un importante acontecimiento que terminaría suscitando una áspera polémica en el PCE: la firma de los Pactos de la Moncloa.
Rubricados por el gobierno y los partidos parlamentarios, su objetivo era hacer frente a la crisis económica iniciada en 1973, frente a la que no se había tomado ninguna medida por la prioridad dada a la resolución del problema político de la transición democrática. Después de celebradas las primeras elecciones generales, y con la legitimidad que ello confería al nuevo gobierno, se decidió abordar de manera urgente un problema que no podía demorarse por más tiempo. El método con el que se abordó este tema fue el que presidió las decisiones más importantes de todo este período de transición: el método del consenso.
De los acuerdos el gobierno obtenía la posibilidad de congelar los salarios, reducir el gasto público, restringir el crédito y aumentar la presión fiscal; como contrapartida, el gobierno se comprometía a realizar una reforma fiscal progresiva, introducir cambios en el ámbito de la educación y de la Seguridad Social, reorganizar el sistema financiero y poner en práctica una serie de urgentes reformas políticas.
La visión y, por lo tanto, la actitud de cada una de las tres principales fuerzas políticas ante los pactos era totalmente distinta. En la concepción del PCE se trataba de lograr un pacto político con ciertos contenidos económicos que sirviera de marco para la elaboración de la Constitución y como base operativa del gobierno de concentración. Para Adolfo Suárez, al contrario, se trataba de un plan económico con contrapartidas políticas que garantizara unos niveles de paz social imprescindibles para llevar a buen término la legislatura constituyente sin un acoso de los sindicatos. El acuerdo buscaba compartir las responsabilidades de las primeras medidas de ajuste. El tacticismo de Carrillo convirtió al PCE en un interlocutor privilegiado del gobierno, interesados ambos en dar una visión del PSOE como partido irresponsable. Los socialistas, por su parte, percibían que los Pactos no eran otra cosa que un intento de alianza Suárez-Carrillo para excluirles de las principales decisiones políticas. A la larga, la postura que terminaría imponiéndose sería la de Adolfo Suárez.
El PCE, que se convirtió en el máximo defensor de estos Pactos, basaba esta posición en razones de diverso tipo. En primer lugar, los Pactos de la Moncloa recogían, en lo esencial, las condiciones mínimas planteadas por el grupo comunista del Congreso y, en consecuencia, hacían un alegato a favor de las medidas contenidas en dichos acuerdos.[35] En segundo lugar estaba la consideración de los Pactos como un mal menor, adoptando una posición defensiva ante la crisis y sus consecuencias:
“El trabajador es consciente de que lo más valioso actualmente es la conservación y ampliación de los puestos de trabajo y de que para lograr eso es inevitable aceptar algunos sacrificios, porque de lo contrario, pese a no ser los trabajadores responsables de la crisis, la propia lógica capitalista de la economía española conduciría a un agravamiento acelerado de la crisis que propiciaría una involución política y que obligaría a que los sacrificios, en un plazo muy breve, hubieran de ser considerablemente mayores a los hoy precisos”.[36]
Bien entendido que los sacrificios a realizar, necesarios e ineludibles, tendrían que fundarse en:
un reparto de los costes del saneamiento económico, en un programa de transformaciones económicas y sociales que eliminen las más flagrantes injusticias del viejo régimen y en la consolidación de un marco político en el que la clase obrera y otras capas populares logren una participación, un peso específico, acorde con su importancia en la sociedad”.[37]
En tercer lugar, para el PCE se trata de abandonar las viejas formas de lucha mantenidas durante el franquismo, es decir, las movilizaciones de los trabajadores en las empresas y la calle, por una lucha a través de las instituciones con el objetivo de alcanzar mayores cuotas de poder, tal como contiene la resolución número 4 del IX Congreso:
“entre los trabajadores se está abriendo paso la idea de que la lucha de clases tiene que adoptar hoy formas distintas de las que tuvo bajo la dictadura. Ya no se trata sólo de conseguir el mayor salario posible de unas empresas que se beneficiaban de los privilegios al anterior régimen. En la hora presente, la estrategia obrera (...) habrá de ir prestando más y más atención a las formas de ocupar el espacio que corresponde a las clases trabajadoras en los órganos de poder político, económico y social del país”.[38]
En cuarto lugar, el PCE vincula el apoyo a los Pactos con la defensa de la democracia,[39] y aprovecha para atacar al PSOE por su inclinación a sustituir lo antes posible a la UCD en el gobierno:
en la hora presente, la aplicación de los Pactos de la Moncloa es una piedra de toque para saber si realmente se está por una efectiva consolidación de la democracia, o si se prefiere el juego peligroso de las ‘alternativas de poder’ a corto plazo”.[40]
Si las cuatro razones anteriores estaban orientadas hacia el conjunto de la clase trabajadora, la quinta tenía una clara orientación de consumo interno, al indicar que los Pactos:
tratan de introducir elementos de transparencia, control y racionalidad en la gestión de los fondos públicos y de eliminar los obstáculos más importantes para una transformación progresiva hacia la democracia política y social”.[41]
En este sentido redunda el secretario general del PCE en una entrevista que le hace Nuestra Bandera[42] cuando, en primer lugar, considera los Pactos de la Moncloa como “la cristalización de esa convergencia de que hemos hablado cuando nos hemos referido en otros momentos al Pacto para la Libertad”. Dando un paso más, afirma que “es un compromiso muy actual, diría que la plasmación de la Política de Reconciliación Nacional”. Y llega, por último, a afirmar, tras la pregunta del entrevistador sobre si el Pacto “introduce ya, reformas no sólo coyunturales, sino medidas y reformas estructurales en la perspectiva del socialismo” que:
en los acuerdos de la Moncloa están previstos cambios que pueden ser considerados como estructurales y punto de partida para, avanzando en esa dirección, crear las condiciones para el advenimiento de una democracia político-económica”.
Después de arruinada toda la política de cara a la transición, querer presentar los Pactos de la Moncloa como la plasmación precisamente de esa política era sobrepasar todos los límites del voluntarismo. Desde las propias posiciones eurocomunistas se llegan a calificar estas afirmaciones de “ilusiones”.[43]
En la misma entrevista, Carrillo utiliza la contestación a las críticas izquierdistas por firmar los Pactos para reafirmarse en lo que es el punto central de toda su argumentación: la vinculación entre democracia y socialismo y volver, así, las críticas en contra de los sectores a la izquierda del PCE:
Para nosotros, lo importante, es que el Pacto de la Moncloa consolida la democracia. Y como nosotros no establecemos ninguna barrera entre democracia y socialismo, como estimamos que la democracia es el camino hacia el socialismo, vemos en esa objeción el punto de vista –yo diría tradicionalista- de enfrentar la democracia con el socialismo”.
El PCE buscaba desesperadamente conseguir el gobierno de concentración democrática, participar en el gobierno y, dado el rechazo tanto de la UCD como del PSOE a esta propuesta, pensó encontrar un sucedáneo a través de la creación de un órgano de aplicación de los Pactos de la Moncloa que, en la práctica, funcionaría como una especie de supergobierno y al margen del Parlamento. La propuesta era claramente contradictoria con los objetivos que, según Curiel, se planteaba el PCE como trabajo parlamentario.
Así define su posición al respecto el propio Santiago Carrillo:
Suárez sugirió la posibilidad de reuniones periódicas en las que, junto con él, los líderes de los partidos políticos que firmasen, se ocuparan del desarrollo y seguimiento de los pactos. Alguien consideró este proyecto como una especie de supergobierno. El término era exagerado (...) Mas de todos modos, la regularización de ese tipo de reuniones hubiera asegurado a la izquierda un papel de control en la aplicación de los pactos de la Moncloa y en la elaboración concreta de las disposiciones para su aplicación. Ese control hubiera sido más efectivo en el parlamentario (...) Un órgano compuesto por el jefe del gobierno y los líderes políticos que entre otras cosas habría permitido una inteligencia mayor de los fines y propósitos de cada uno, una mejor comprensión mutua”.[44]
Pero tampoco esta propuesta del PCE encontró apoyos en los dos partidos mayoritarios. En definitiva, lo que pretendía era articular un mecanismo para incidir en las importantes decisiones que se tomaban en esta etapa de la transición con un peso superior al que le correspondía por sus resultados parlamentarios, pero las otras fuerzas políticas rechazaron seguir el juego que pretendía el PCE. Esto es lo que se puede interpretar de las propias resoluciones contenidas en su IX Congreso:
“El gobierno no tenía demasiado interés en un órgano de seguimiento que iba a condicionarle; y el PSOE, partido con más diputados en la oposición, se opuso terminantemente. Puede deducirse que lo que movió al PSOE a esta actitud era la idea de que un órgano de seguimiento apareciese ante la opinión pública como un sustitutivo al gobierno de concentración que proponíamos los comunistas”.[45]
Pero es que esta era precisamente la interpretación que se esforzaba en dar el PCE de los pactos, como recogen sus propios documentos:
“Los acuerdos de la Moncloa representan un éxito de la política de concentración democrática nacional propugnada por el Partido Comunista”.[46]
Si los Pactos de la Moncloa supusieron, en la opinión de la mayoría de los analistas de la transición política española, un importante apoyo para su consolidación, lo cierto es que en su resultado final debilitó la capacidad combativa de la clase trabajadora, que fue quien cargó con la parte principal de la crisis económica. En este sentido es como se expresa uno de los dirigentes del PCE y de CCOO, quien considera que, una vez que se percibió claramente la derechización de UCD con el incumplimiento de los Pactos de la Moncloa, el PCE debería haber iniciado una campaña de movilizaciones; sin embargo, su posición de defensa en solitario de los Pactos sin movilización le hizo aparecer:
“no como el partido de la oposición más dinámico y combativo (...) sino un partido de colaboración y freno de las movilizaciones que se hacían necesarias”.[47]
Los sacrificios impuestos a la clase trabajadora en los Pactos de la Moncloa hubiesen tenido una justificación ante aquella, o al menos ante su parte más combativa, porque no se puede olvidar que la mayoría apoyó al PSOE, si efectivamente la contrapartida hubiese sido. No sólo la consolidación de la democracia, sino además, un mayor peso político de la clase trabajadora.
Seis meses después de firmados, Carrillo ya denunciaba los graves incumplimientos que se estaban produciendo por parte del gobierno en lo estipulado en los pactos.[48] Y cuando Manuel Azcárate haga alusión a la frustración de los comunistas, se referirá a que: “a los dos años de los Pactos de la Moncloa era imprescindible reconocer que, en su casi totalidad no habían sido cumplidos”.[49] Esta frustración va a contribuir también en buena medida al fracaso del proyecto político del eurocomunismo.
El propio PCE enumera lúcidamente, desde la perspectiva del partido, las causas que terminaron haciendo fracasar los Pactos de los Moncloa:[50] En primer lugar la resistencia creciente del gobierno de UCD en cumplir los pactos, resistencia originada en las presiones ejercidas por los sectores oligárquicos; en segundo lugar, la total falta de entusiasmo del PSOE y la UGT por apoyar los pactos, siendo la actitud de este sindicato incluso de denuncia desde supuestas posiciones “izquierdistas”; también se reconoce la influencia en su fracaso de la beligerancia anti-pacto de las organizaciones de extrema izquierda que presentaron los acuerdos como un acto de traición a la clase trabajadora. Por último, expone las tres causas que se originaron en el propio comportamiento del PCE: la incapacidad para explicar el significado de un pacto elaborado y firmado en un tiempo muy corto; la aceptación pasiva, sin entusiasmo, del pacto por la mayoría del partido; y la dispersión de energías que vivió el PCE en ese momento con la puesta en marcha de la territorialización de sus estructuras y la preparación del IX Congreso.
Todo ello lo resume el dirigente comunista con una sentencia: los Pactos de la Moncloa no se cumplieron por las mismas razones que no se impuso la ruptura democrática o el gobierno de concentración democrática: porque el PCE no tuvo fuerza para ello. Sin embargo, y con la vista puesta en las consecuencias en el interior del partido, el reconocimiento de este nuevo fracaso podía llevar a ceder posiciones por parte de la dirección del PCE ante los opositores a la política de concentración y pactos, especialmente el sector dogmático, cuya línea de ataque a los Pactos de la Moncloa se basó en que, ante la actitud del gobierno y la oligarquía, el PCE debería haberlos denunciado e iniciar una campaña de movilizaciones para hacerlos cumplir. Por ello, la defensa que se hace de los Pactos, aún después del reconocimiento del fracaso, se basó en alegar la poderosa coalición de fuerzas que tuvo en contra y en presentarles como la única política posible en las condiciones en que tuvieron lugar.
LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Antes de abordar el significado del primer Congreso del PCE celebrado en la legalidad, es importante detenerse en un aspecto importante de la actitud del PCE respecto a la transición democrática, su actuación durante la elaboración de la Constitución.
Ya se han mencionado anteriormente los objetivos que ante las Cortes Constituyentes se planteó el PCE. La política de consenso, lo mismo en la elaboración de la Constitución que en la firma de los Pactos de la Moncloa, es justificada por el PCE sobre a base de la prioridad dada a la consolidación de la democracia como paso fundamental para poder seguir avanzando hacia el socialismo. Claramente se expresa en este sentido quien fue el representante comunista en la ponencia constitucional, Jordi Solé Tura, para quien lo prioritario era conseguir una Constitución democrática.
“el primer objetivo nuestro ha sido el contribuir a hacer una Constitución que consolide la precaria democracia actual y que permita abordar con éxito la doble tarea antes comentada: acabar de desmantelar el franquismo y realizar la reforma democrática de los aparatos del Estado”.
Y a continuación justifica esta prioridad por la necesidad de la consolidación democrática en el avance al socialismo:
“El socialismo en la democracia y la revolución de la mayoría implican la conquista de una auténtica democracia formal y la posibilidad que desde esta democracia es posible avanzar, con la movilización activa de la mayoría, hacia cambios sociales, económicos y políticos en profundidad que configuren lo que en nuestros programas denominamos la democracia política y social”.[51]
En este artículo está contenido un análisis urgente, pero clarificador, de lo que habían sido las claves de la transición política hasta ese momento para el PCE, claves a partir de las cuales sustentará su posición en la elaboración de la Constitución y en todo el proceso político de la época. Para ello nada mejor que proceder a una comparación con los anteriores procesos constituyentes que habían tenido lugar en España, es decir, los de 1810, 1869 y 1931. En la comparación se pone de relieve que en esos tres momentos hay en común:
“una situación de vacío institucional, una quiebra radical del poder dinástico, una súbita irrupción de importantes sectores del pueblo en la escena política, una crisis militar y una correlación de fuerzas favorables a los grupos de mayor voluntad transformadora radical”.
Sin embargo, y esto es lo importante a resaltar, la coyuntura del actual proceso constituyente es totalmente diferente. Hay un reconocimiento de que los aparatos fundamentales del Estado franquista han permanecido con ligeros cambios y de que la lucha de masas, a pesar de su amplitud, había sido protagonizado por vanguardias. Partiendo de estas premisas, en las que se reconoce que la iniciativa política corresponde a las fuerzas de derechas, es fácil deducir la línea de actuación que va defender el PCE; otra cuestión son las justificaciones que utilizará para defenderla en cada momento.
A la hora de hacer una defensa de la política del consenso, el PCE sostiene que dicha política no sólo ha posibilitado llevar a buen fin la Constitución, sino que ha evitado que su contenido fuese excesivamente derechista:
“Sin la política de consenso, sustentada desde un principio por los comunistas, la Constitución hubiera tenido una orientación hacia la derecha y muchas de las concepciones retrógradas de AP, compartidas por la derecha de UCD, estarían insertas en ella. Habría resultado muy grave porque, en ese caso, la izquierda y los nacionalistas catalanes quizás no hubieran podido votar la Constitución y el resultado de estas Cortes sería un rotundo fracaso y la apertura de una nueva crisis nacional favorecedora de los propósitos involucionistas”.[52]
Desde esta perspectiva era evidente, pues, que los comunistas no iban a plantear en la discusión del texto constitucional ningún objetivo maximalista. Efectivamente, los objetivos que se plantean conseguir son los que puede defender cualquier partido democrático progresista. Su máxima ambición en estas circunstancias se centra en:
“(el) reconocimiento de un marco de libertades y de principios de organización que permitan emprender, dentro del respeto a la Constitución, las transformaciones sociales, económicas y políticas de una democracia avanzada, de una democracia política y social como una vía de progreso hacia el socialismo en la libertad y la democracia”.[53]
El PCE, como otros partidos democráticos de izquierda –el PSOE en España o el PCI en Italia- se plantea la transformación socialista a partir del desarrollo de las potencialidades que ofrece una Constitución abierta y progresista. Para ello es necesario que el texto constitucional permita una interpretación flexible de las partes que sean necesarias utilizar con ese fin, tal y como expone un dirigente del PSUC:
“Los partidos obreros y democráticos se pueden ver confrontados con constituciones insatisfactorias, que exigen luchar por nuevos cambios constitucionales; esta es la situación en Francia, a partir de la implantación de la V República por De Gaulle. O se pueden encontrar con textos constitucionales satisfactorios que permiten un margen muy amplio de transformaciones sociales (como en Italia con la Constitución de 1947, que permite a los comunistas plantearse el avance al socialismo ‘a través de la democracia, es decir, aceptando y respetando el principio de la mayoría libremente expresada’); en este caso, la batalla se desplaza al terreno de las interpretaciones y aplicaciones concretas de la Constitución por parte de los gobiernos, de los altos tribunales, de la burocracia estatal, etc. (...) La lucha de clases se expresa desde ahora, también, en la aplicación e interpretación del texto constitucional.”[54]
En este ámbito, como en otros muchos por los que avanza el PCE, ya ha transitado el PCI, que en muchos de los casos ofrece una experiencia y una elaboración teórica en las que pueden apoyarse los comunistas españoles en su estrategia de transformación democrática al socialismo. La experiencia del PCI en este terreno comienza al finalizar la segunda guerra mundial cuando en países como en Francia e Italia los comunistas, debido al papel jugado en la resistencia antifascista, se encuentran en una situación en gran medida propicia para intentar avanzar directamente al socialismo. Sin embargo en ambos países los comunistas renuncian a emprender ese camino decantándose por una estrategia más gradualista que supone una reconstrucción de sus países con bases capitalistas pero introduciendo profundas medidas socializantes.[55]
En el caso del PCI la adopción de la nueva línea tendrá lugar en la conocida “svolta de Salerno”, en la que Togliatti hace adoptar sus tesis de colaboración con las demás fuerzas antifascistas con el objetivo de alcanzar una democracia avanzada. El proceso constituyente italiano termina cristalizando como un compromiso mediante el cual las fuerzas conservadoras aceptan la plasmación constitucional de un régimen democrático avanzado a cambio de que la clase obrera renuncie a transformaciones revolucionarias de la estructura económica. El resultado final es un texto constitucional elástico que permite la posibilidad de que cada fuerza política pueda llevar a cabo su programa dentro de la Constitución a través de diferentes interpretaciones de sus fundamentos esenciales.[56]
La experiencia italiana es expuesta de manera condensada por el dirigente del PCI, Aldo Tortorella, quien refiriéndose a la Constitución republicana de 1947 indica que supone:
“la llegada de un nuevo pacto social, no cerrado ya a la posibilidad de emancipación y liberalización de las masas oprimidas (...) lo que hace a esta Constitución distinta de las otras Constituciones democráticas de países con una estructura económica capitalista. En esta Constitución (...) está inscrita una orientación socialmente innovadora, tendencialmente igualitaria, que afirma la prioridad del interés general sobre el interés privado y se encuentra programáticamente orientada hacia las reformas”.[57]
A continuación se reconoce que en la adopción por el PCI de una vía democrática tuvieron una gran influencia las potencialidades contenidas en la Constitución:
“sería difícil, aun dentro de la afirmación, una visión laica del Estado y del partido, un compromiso pleno en el terreno de la democracia, si en el pacto constitucional se hubieran establecido limitaciones tales como que hicieran imposible la aspiración a la transformación social. Pero la Constitución italiana (...) nace con características no sólo fuertemente ‘garantistas’, es decir, de afirmación de libertades democráticas borradas por el fascismo, sino con la afirmación de nuevas libertades, cuya concepción es el resultado de la tradición del pensamiento marxista y de la lucha del movimiento obrero (...) La lucha se puede mantener, pues, en el terreno de la actuación plena constitucional”.[58]
Desde esta interpretación hay que reconocer un mayor mérito al PCE, el cual hace una apuesta por la vía democrática antes de tener las garantías constitucionales que obtuvieron sus homónimos italianos, aunque también es cierto que la correlación de fuerzas en cada una de las dos coyunturas históricas era mucho menos favorable al PCE que al PCI.
Al final de la elaboración de la Constitución ninguno de los partidos que había participado en el proceso, dentro de la filosofía del consenso, había roto esta dinámica y, por lo tanto, es lógico que su apoyo, en el momento de la aprobación, estuviese garantizado (la única excepción fue la del PNV). Pero también se hacía necesario para cada uno de los partidos implicados exponer ante sus militantes y electores cuáles eran las razones últimas en que se basaba el apoyo a ese concreto texto constitucional resultante.
Las razones que alega el PCE para explicar su apoyo a la Constitución las desarrolla Santiago Carrillo en el Discurso pronunciado el 5 de mayo de 1978 en la Comisión Constitucional del Congreso. La primera de ellas, común a cualquier partido democrático, es que en su articulado se recogen:
“una serie de principios democráticos fundamentales que obtienen, de entrada, por parte de los diputados comunistas, una actitud general favorable al documento”.
La segunda razón hace referencia a la flexibilidad constitucional para albergar la posibilidad de cambios sociales profundos a pesar de su carácter conservador:
“el proyecto es sin duda de tendencia conservadora (...) Sin embargo, dentro de esa limitación, tiene el mérito de no cerrar las puertas a los cambios estructurales, de no declarar, en definitiva, inconstitucionales, os cambios sociales que mañana podría reclamar la soberanía popular”.
Por eso nosotros no vemos en el proyecto de Constitución ningún obstáculo fundamental a la realización de nuestros ideales.[59]
A partir de estos dos pilares fundamentales en los que se basa el apoyo comunista a la Constitución, Carrillo pasa a justificar el respaldo a lo que se puede considerar un punto conflictivo para el PCE, el apoyo a la forma monárquica de Estado. El tema, como ya hemos visto, quedó zanjado a raíz de la legalización del PCE, pero ahora se trata de oficializar aquella posición en un acto solemne como es el apoyo al texto constitucional. Después de dar testimonio de su fe republicana y de reconocer el cambio de los comunistas respecto a Juan Carlos, al que reconocen el importante papel jugado en el cambio democrático, el secretario general del PCE realiza, en este discurso, una especie de pacto con la Monarquía al afirmar que “mientras la Monarquía respete la Constitución y la soberanía popular nosotros respetaremos la Monarquía.”[60]
En un discurso posterior, pronunciado el 4 de julio de 1978 en el Congreso de los Diputados, Carrillo concreta en cuatro los logros que justifican la participación de los comunistas en el consenso, porque a través de ellos se permite avanzar constitucionalmente hacia el socialismo:
“en primer término, la afirmación de que la soberanía nacional reside en el pueblo español (...) En segundo lugar, la proclamación de los derechos autonómicos de las diversas nacionalidades y regiones (...) El tercer logro es la inscripción del derecho del trabajo y del deber de trabajar, identificando así el título de ciudadano con el de trabajador (...) Y en cuarto lugar, la proclamación de que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, completada con la aceptación de la panificación económica y la intención de favorecer el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción y de cambio. Por eso hemos afirmado que con esta Constitución podríamos gobernar y aplicar nuestro programa los partidos que luchamos por una sociedad socialista, del mismo modo que pueden gobernar y aplicar el suyo los partidos burgueses”.[61]
Se vuelve a repetir, como lo hace ahora el representante del PCE en la ponencia constitucional, que en el texto definitivo se ha conseguido una orientación progresista superior al peso que tenía la izquierda:
Se trata, en definitiva, de un texto que traduce bastante aproximadamente la correlación de fuerzas actual. A pesar de todo se puede decir que si se considera globalmente es más avanzado, tiene un contenido más democrático que el que correspondería al juego de fuerzas en presencia”.[62]
Pero no todas las opiniones de la izquierda son coincidentes con este análisis que de la Constitución hace el PCE. Por ejemplo, Francisco Pereña parte de un acuerdo sustancial con el análisis de la situación política que describe Solé Tura, lo que él denomina una “democracia muy original” caracterizada por la supervivencia del aparato represivo del Estado franquista y del poder político y social de la oligarquía, la consolidación de la monarquía como fruto de la hegemonía de la derecha en el proceso de transición, y la hegemonía socialista en el campo de la izquierda, con un despegue no previsto de la UGT. Pero las conclusiones a las que llega sobre la Constitución son muy diferentes de las extraídas por la dirección del partido. Estima que en la Carta Magna “apuntan claros ribetes antidemocráticos” y que no contiene un mínimo de elementos progresivos, considerando incluso que se trata en este sentido de “una Constitución más reaccionaria que la de muchos países de la Europa capitalista”.[63] Estas características, continúa, son fruto del fracaso de la ruptura democrática, lo que es atribuido a la propia política seguida por el PCE.
DE LA CONSTITUCIÓN A LAS ELECCIONES DE 1982
Con la aprobación de la Constitución se abre una nueva etapa en el proceso de transición democrática que desembocaría en la victoria socialista de 1982.
El 1 de marzo de 1979 se celebran las segundas elecciones generales y el mapa electoral no sufre alteraciones muy importantes, UCD y PSOE mantienen en general sus posiciones aunque sufren retrocesos en Cataluña y el País Vasco a favor de los respectivos partidos nacionalistas (el PSOE también retrocede en Andalucía) y el PCE conoce un ligero avance. El 3 de abril tienen lugar las primeras elecciones municipales de este nuevo período democrático en España. La inclinación de los resultados a la izquierda propicia un acuerdo político entre el PCE y el PSOE que permite a estos partidos, especialmente al PSOE, hacerse con el gobierno de los más importantes municipios.
Este nuevo panorama, configurado por la existencia de una Constitución y la extensión del proceso democrático a los municipios, supone un cambio de las estrategias políticas que se traduce especialmente en el fin de la dinámica de consenso que había informado todo el período precedente.
La UCD entró en un proceso de derechización y de incremento de sus tensiones internas que la llevarían finalmente a su destrucción. Las presiones de los sectores económicos y católicos por orientar sus posiciones en el desarrollo de las leyes constitucionales fueron un factor importante en la agravación de sus problemas internos. La agudización de su situación se incrementó en 1980 cuando sufrió derrotas consecutivas, en Andalucía con motivo del referéndum de iniciativa autonómica, y en el País Vasco y Cataluña en las respectivas elecciones autonómicas. La sustitución de Suárez por Calvo Sotelo, en febrero de 1981, supuso la definitiva derechización de la UCD, por la que habían venido presionando los sectores económicos que, sin embargo, ante su irreversible hundimiento en las elecciones de Galicia y Andalucía, volvieron su apoyo hacia el partido de Fraga.
El PSOE trabajó durante este período por aparecer como una alternativa de gobierno creíble ante la claramente perceptible descomposición de la UCD. En este sentido tanto contribuyó a desgastar a la UCD en beneficio propio, como fue el caso de la presentación de la moción de censura contra el gobierno Suárez en 1980, como ayudó a sostener al gobierno de Calvo Sotelo ante el grave deterioro de la UCD. Con el mismo objetivo moderó su discurso y rechazó las continuas proposiciones del PCE para establecer un acuerdo de izquierdas, convencido de que su estrategia autónoma le reportaría mayores beneficios. Cuando este período llegue a su fin y se celebren las elecciones de octubre de 1982 el panorama electoral quedaría planteado en clave bipartidista, con la excepción del País Vasco y Cataluña, fundamentalmente porque los otros dos partidos que habían tenido un importante protagonismo en la primera etapa de la transición, el PCE y la UCD, habían alcanzado un alto grado de descomposición interna que les abocaba irremediablemente a un fracaso electoral sin paliativos.
En medio de la presión ejercida por los atentados terroristas y las conspiraciones militares, el punto crítico para la democracia en este período lo representa el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El PCE, sensible a los peligros existentes para la democracia y de que el final de la política de consenso hacía más irreal aún su política de concentración democrática, inició un cambio de táctica en busca de una nunca lograda unidad de la izquierda con el PSOE. Abandonada por los demás partidos la política de consenso, con un escaso margen de maniobra político –debido a su debilidad parlamentaria- y la incapacidad de retroceder a la dinámica de movilizaciones populares –rota en la primera fase de la transición- el PCE fue perdiendo protagonismo en la vida política del país a la vez que se hundía en sus enfrentamientos internos.
[1] SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús: “El PCE en la transición política española”. En SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús: Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982). Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004, pp. 265-299[2] Rafael del Águila, “La dinámica de la legitimadad en el discurso político de la transición”, R. Cotorelo, comp. Transición política y consolidación democrática. España 1975-1966, Madrid, CIS, 1992.[3] Álvaro Soto, La transición a la democracia. España 1975-82, Alianza Editorial, Madrid, 1988, pág. 65.[4] VIII Congreso PCE, Ed. Empresa Poligráfica, S.A., Bucarest, pág. 328[5] “Sólo por la ruptura democrática habrá democracia en España”. Editorial de Nuestra Bandera, número 83, enero-febrero de 1976, pág. 6.[6] Ibíd., pág. 10.[7] Santiago Carrilo, Mañana España, op. cit., pág. 9.[8] En la resolución política aprobada por el XIII Congreso del PSOE celebrado en Suressnes en octubre de 1974 se emplea el mismo concepto de ruptura democrática como forma de acabar con el franquismo.[9] Gregorio Morán, op. cit., págs. 513-4[10] Santiago Carrillo, El año de la peluca. Ediciones B, Barcelona, 1987, pág. 37.[11] “Discurso de Santiago Carrillo en una reunión de militantes”, Nuestra Bandera, número 79-80, marzo-junio de 1975, pág. 10.[12] Comité Ejecutivo del PCE, “Declaración Política. Anulación de las instituciones y leyes que impiden el ejercicio de los derechos ciudadanos”, Mundo Obrero, enero de 1976.[13] Comité Ejecutivo del PCE, “Cuatro proposiciones del Partido Comunista para resolver el problema político”, Documento, Madrid, 20 de marzo de 1976.[14] Santiago Carrillo, Memorias, op. cit., pág. 622.[15] Santiago Carrillo, “De la clandestinidad a la legalidad”, Informe presnetado al pleno del CC celebrado en Roma en julio de 1976, pág. 9.[16] José María Maravall y Julián Santamaría, “Transición política y consolidación de la democracia en España”, en La transición democrática española, op. cit., pág. 187.[17] Santiago Carrillo, Memorias de la transición, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1983, pág. 45[18] Simón Sánchez Montero, “Campaña electoral y situación política”, Mundo Obrero, Madrid, 1 de junio de 1977.[19] Mundo Obrero recoge las palabras que, con una gran carga de dramatismo emocional, Santiago Carrillo dirigió al Pleno del Comité Central. “Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy desde la guerra (...) en estas horas, puede decidirse si se va hacia la democracia o si se entra en una involución gravísima”. Mundo Obrero, Madrid, 20 de abril de 1977.[20] Manuel Azcárate, Luchas y transiciones, op. Cit., pág. 147[21] Santiago Carrillo, Memorias, op. Cit., pág. 676[22] IX Congreso del Partido Comunista de España, op. cit., pág. 60[23] Manifiesto-Programa del PCE, op. cit., pág. 16.[24] Fernando Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un Secretario General, op. cit., págs. 253-8.[25] Datos recogidos de: Richard Gunther, Giacomo Sani y Goldi Shabad, El sistema de partidos políticos en España: Génesis y evolución, op. Cit., pág. 45[26] Fuente: Julio Rodríguez Aramberri, “Origen y evolución del sistema de partidos en la España democrática. Un ensayo de interpretación”, en la obra Crisis de los partidos políticos, Ed. Dédalo, Madrid, 1980, pág. 109.[27] Manuel Azcárate, Luchas y transiciones, op. cit., pág. 161.[28] Manuel Azcárate, “Nace una democracia”, Nuestra Bandera, número 87, págs. 5-7[29] Julio Rodríguez Aramberri, op. cit., pág. 111. Álvaro Soto, op. cit., pág. 55.[30] IX Congreso del Partido Comunista de España, op. cit., págs. 64-5.[31] Simón Sánchez Montero, El futuro se llama libertad, op. cit., pág. 207.[32] Santiago Carrillo, Memorias, op. cit., pág. 669[33] Santiago Carrillo, “Sobre los problemas que plantea el V Congreso del PSUC”, Mundo Obrero, 16-22/1/81, nº 109[34] Enrique Curiel y Mª Antonia Calvo, “Los comunistas en las Cortes Constituyentes”, Nuestra Bandera, número 96, 1978, págs. 3-5.[35] Santiago Carrillo, “Discurso pronunciadoe el 27 de octubre de 1977 en el Congreso de los Diputados”, recogido en El año de la Constitución, Ed. Crítica, págs. 117-22.[36] IX Congreso del Partido Comunista de España, op. Cit., pág. 77.[37] Ricardo Lovelace, “Una respuesta política a la crisis”, Mundo Obrero, 20-6 de octubre de 1977.[38] IX Congreso del Partido Comunista de España, págs. 77-8.[39] Por ejemplo, Simón Sánchez Montero alega que el Pacto “nació en un momento difícil para la democracia, cuando ésta sufrió con la reunión de altos jefes militares en Játiva, del 13 al 16 de septiembre del 77, el primer envite de las fuerzas involucionistas (...) En aquella situación, la sola firma del Pacto cumplía ya una buena parte del objetivo político buscado con él”. Simón Sánchez Montero, “El Pacto de la Moncloa (II), Mundo Obrero 13-18/3/81, nº 117.[40] IX Congreso del Partido Comunista de España, op. Cit., pág. 78[41] Ibíd.., pág. 79.[42] “La Moncloa, el ‘Eurocomunismo’, el Partido...”, entrevista a Santiago Carrillo, Nuestra Bandera, número 90.[43] Joaquim Sempere, “Eurocomunismo, guerra de posiciones y alternativa de sociedad”, Nuestra Bandera, nº 79, 1979.[44] Santiago Carrillo, El año de la Constitución, op. Cit., págs. 29-31.[45] IX Congreso del Partido Comunista de España, op. Cit., pág. 32[46] Ibíd.., pág. 71.[47] Fidel Alonso, “Nuestra política no se ha desarrollado plenamente”, Mundo Obrero, 13-19/2/81, nº 113.[48] Discurso pronunciado por Santiago Carrillo el 6 de abril de 1978 en el Congreso de los Diputados, recogido en El año de la Constitución, op. Cit., pág. 91.[49] Manuel Azcárate, Crisis del eurocomunismo, op. Cit., pág. 91[50] Simón Sánchez Montero, “El Pacto de la Moncloa (II)”, Mundo Obrero, 13-19/3/81, nº 117.[51] Jordi Solé Tura, “La Constitución y la lucha por el socialismo”, Nous Horitzons, número 40, febrero de 1978, págs. 11-2[52] Santiago Carrillo, El año de la Constitución, op. Cit., págs. 17-8.[53] “Manifiesto electoral del PSUC”, Nous Horitzons, número 34, mayo de 1977, págs. 58-9.[54] Joaquim Sempere, “Els comunistas i el parlamentarisme”, Nous Horitzons, nº 33, abril de 1977, págs. 12-3.[55] En realidad, en la etapa final de la lucha contra el fascismo y el nazismo ambos partidos comunistas se convirtieron en la organización dominante en los organismos populares que se habían creado a tal fin, y la mayoría del partido se inclinaba por utilizar esta posición de fuerza alcanzada para la conquista del poder. En el caso francés oponen la nueva legalidad nacida de la Resistencia a las pretensiones de De Gaulle en una estrategia de doble poder. En Italia, los llamamientos de Togliatti a colaborar con el mariscal Badoglio contra los alemanes son desoídos. Sólo el regreso de los máximos dirigentes, Thorez y Togliatti, desde Moscú consigue hacer desistir a ambos partidos de sus iniciales proyectos por otros de colaboración con el resto de antifascistas.[56] José María Laso Prieto, “La concepción democrático-constitucional en el pensamiento de Togliatti”, en El pensamiento político de Togliatti, Fundación de Investigaciones marxistas, Madrid, 1986, pág. 108.[57] Aldo Tortorella, “De la lección gramsciana al eurocomunismo”, en Vías demcoráticas al socialismo, op. cit., pág. 24.[58] Ibíd, págs. 30-1.[59] Santiago Carrillo, El año de la constitución, op. cit., 66-8.[60] Ibíd.., pág. 71.[61] Santiago Carrillo, “Sí a la Constitución”, Mundo Obrero, 6-12 de julio de 1978.[62] Jordi Solé Tura, “La Constitución y la lucha por el socialismo”, Nous Horitzons, nº 40, febrero de 1978, pág. 15.[63] Francisco Pereña, “Ante el IX Congreso del PCE”, Materiales, nº 8, marzo-abril de 1978.

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